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PAUTA OFICIAL: Silencios que cuestan millones

PorRuben Lagras Publicada el

La pauta publicitaria es el dinero que un gobierno le paga a un medio para difundir las acciones del Estado. Al no estar regulado, el reparto de la pauta oficial es utilizado como un sistema de premios y castigos. La provincia de Río Negro es un caso paradigmático.

¿Por qué es un problema?
Principalmente porque hay funcionarios con la potestad de desembolsar millones de pesos como una “compra directa” sin tener que dar explicaciones. Los más favorecidos son los medios hegemónicos, consolidando su posición dominante. También son recompensados aquellos medios o periodistas afines al gobierno. Esta situación afecta notablemente el derecho a la libertad de expresión y la diversidad de voces.

En primer lugar, alcanza con analizar las erogaciones al Diario Rio Negro. Sin dudas el medio regional de mayor influencia. En el mes de marzo la Secretaria de Comunicación y Prensa de la provincia le pagó al Diario Río Negro la suma de $3.383.035 por “publicidad institucional”.
En febrero el mismo medio recibió $4.301.730 y en enero $2.523.667 bajo el mismo concepto. Por la edición de la carrera “Yo Corro Las Grutas” se le pagó $786.500 y todavía más llamativo es que por un solo día de publicidad (31/12/2018) Nelson Cides habilitó el pago de $479.765 ($19.990 por hora).


Pero eso no es todo, la Secretaría de Comunicación y Prensa es sólo una de las áreas del Estado que le paga por publicidad al Diario Río Negro. En lo que va del año el Ministerio de Turismo que conduce la candidata a vicegobernadora Arabela Carreras le pagó al medio $1.000.000 en publicidad del suplemento “Voy”. Otra de las cajas favoritas es Lotería de Río Negro, que desembolsó $393.956 en publicidad para un programa radial de la empresa. Es decir, desde el 31 de diciembre a la fecha el Diario Río Negro recibió del Estado provincial $12.868.653, ósea casi $143.000 por día durante los primeros 90 días. Sin duda una de las empresas más prosperas de la provincia, en una época dura para la mayor parte de la población. Hay que tener en cuenta que no estamos sumando ingresos de otras áreas del Estado, más que las mencionadas (Sec. De Comunicación, Ministerio de Turismo y Lotería).

Vale mencionar que entre febrero y marzo la Secretaria de Comunicación también aprobó el gasto de $9.282.184 en “publicidad institucional en distintos diarios” sin mayores detalles. Esto totalizaría un gasto en lo que va del 2019 de más de 22 millones de pesos. Entre los otros grandes ganadores del reparto se encuentran, por ejemplo, Canal Seis del Grupo Clarín y Diario El Cordillerano de Bariloche, de los mismos dueños de ANRoca y el diario Noticias de Viedma. Grandes empresas que se llevan la mayor cantidad de plata.

Por su parte las Pymes del rubro se reparten sumas que van desde los $5000 hasta los $90.000 según criterio exclusivo del funcionario a cargo. Esta situación limita notablemente la labor periodística, ya que hay medios y programas que se sostienen exclusivamente de la pauta provincial. Para otros es muy difícil su subsistencia sin ese dinero, teniendo en cuenta el contexto económico de recesión. Por ende, el periodista que incomoda al gobierno puede terminar perjudicando a la empresa en la que trabaja, lo que en algunos casos deviene en la pérdida laboral.

En resumen, así funciona un mecanismo de control sobre medios y periodistas. Esto se traduce en limitaciones en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, teniendo en cuenta que estos derechos son básicos para una democracia real. Los medios son forjadores y reproductores de discursos que moldean la opinión pública y se ven limitados por el manejo inescrupuloso de los fondos públicos. Se han presentado varios proyectos para regular el reparto de la pauta oficial, pero ninguno ha prosperado. Mientras tanto los millonarios dueños de los “grandes” medios de comunicación (entre otros negocios) siguen acumulando riquezas,
ampliando el margen con los pequeños que luchan por sobrevivir.

Hace algunos días, charlando con un amigo periodista me dijo “el periodismo no es para llenarse de plata”. La frase me sonó acertada y le respondí “sí te llenás de plata estás haciendo otra cosa”. Sin embargo, hay gente que sí se llena de plata.
Esto no sería un problema si el periodismo no fuera un elemento fundamental de la democracia y si los fondos no fueran públicos. Para reflexionar al respecto dejo una frase del gran periodista rionegrino Rodolfo Walsh, quién decía “el periodismo es libre o es una farsa”. Saquen sus propias conclusiones.

Fuente:  Compras - Río Negro
                                                

Portada: Germán Busin
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Periodista - Comunicador - Docente

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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

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    Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

    Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

    Siempre antes, nunca después

    El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

    Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

    Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

    La responsabilidad que no prescribe

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