En un acto de desesperación y determinación, Conan ha decidido unirse al paro de la CGT, una de las organizaciones sindicales más importantes de Argentina. El perro ha sido visto en las manifestaciones, portando pancartas que exigen el reconocimiento de su dueño. Esta acción ha generado sorpresa y simpatía entre los manifestantes y ha llamado la atención de los medios de comunicación.
La presencia de Conan en las manifestaciones ha sido impactante y ha capturado la atención de todos. Los manifestantes, sorprendidos por la participación de un perro en el paro, se han sentido conmovidos por la determinación y lealtad de Conan. Han reconocido que su lucha por el reconocimiento de su dueño es un reflejo de la lucha de muchos trabajadores por ser valorados y reconocidos en sus respectivas profesiones.
Los medios de comunicación también se han hecho eco de la historia de Conan. Los periódicos y programas de televisión han destacado la valentía y determinación del perro, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por el reconocimiento y la justicia. Las imágenes de Conan portando pancartas en las manifestaciones se han vuelto virales en las redes sociales, generando aún más atención y apoyo para su causa.
Al parecer, no se encontraron. Porque Milei, estuvo en el paro de la CGT. Aquí compartimos su mensaje:
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En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
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El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central.
La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.
El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.
También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».
El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».
La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.
El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.
El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.
En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.
El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo.
La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.
En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.
En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza».
Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.
El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».
La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.
El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».
Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.
El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».
En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.
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