El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri recorrieron el miércoles la calle Libertad, donde se trabaja en la construcción del boulevard y el recambio de luminarias a luces LED. Además ya se completó el retiro de la carpeta asfáltica existente y se proseguirá en otras etapas con la construcción de pavimento y de una bicisenda.
En general, la obra presenta un avance del 35%, cumpliéndose de esta manera con los plazos previstos en el convenio.
“Estuvimos constatando los avances y se trabaja a buen ritmo. Me parece muy buen diseño para una arteria de la ciudad muy utilizada por los reginenses. Estimamos que a fines de mayo, a este ritmo, la obra va a estar finalizada”, manifestó Valeri.
Agregó que “el pavimento es lo más rápido. Lo más importante es lo que se está haciendo en estos momentos que es la adecuación del suelo para que dure en el tiempo”.
Por otro lado, y tras su diálogo con el Intendente Orazi, Valeri manifestó que “tanto él como su equipo trabajan para poner de pie a una de las ciudades más importantes de Río Negro. La obra de la calle Libertad es el puntapié de una gestión que tenemos el gobierno de la provincia con el Intendente para los próximos tres años. Es la primera gran obra y Villa Regina necesita muchas más”.
En el gobierno de Javier Milei quieren meter presos a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en marzo para poder correrlos de la AFA sin que la FIFA descalifique a la Selección del Mundial.
La evaluación interna que hacen en el gobierno es que hasta marzo inclusive es probable avanzar en la detención del Chiqui porque en la medida que avance el calendario hacia el Mundial, será más riesgoso detenerlo por las consecuencias que podría traerle a La Scaloneta.
La FIFA le impidió a Guatemala, Kuwait e Indonesia participar del mundial de Rusia 2018 porque detectó la intervención del Poder Ejecutivo o el Judicial en las asociaciones. En el caso de Guatemala, la FIFA descalificó al país de las eliminatorias luego de la destitución judicial de dirigentes de la federación local, lo que consideró como injerencia estatal.
En el gobierno creen que si meten preso a Tapia el escenario será diferente y habrá margen para negociar con la FIFA un proceso de normalización que no afecte la participación del equipo de Messi en Estados Unidos, México y Canadá.
En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. Por más que el tribunal de ética de la AFA está integrado por jueces federales, Tapia no tiene una defensa fuerte y las causas avanzan por dos carriles diferentes.
En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder.
El juez federal Luis Armella investiga los vínculos de Tapia y Toviggino con la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero. En tanto que el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, también investiga a Toviggino por lavado de dinero por la compra de una mansión con helipuerto en Villa Rosa, Pilar.
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en el estadio de Santiago del Estero que construyó Gerardo Zamora, jefe del Tesorero de la AFA.
El gobierno, por el contrario, tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos. Por eso, en el gobierno festejaron cuando Armella procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.
Sánchez, que se negó a declarar como arrepentida, fue detenida preventivamente en su domicilio. El objetivo del gobierno es que alguien termine quebrándose para llegar a Tapia y Toviggino, que para colmo arrastran una relación turbulenta desde hace meses. Toviggino, el tesorero y el hombre que más suele exponerse en nombre de la asociación, no quiere ser el chivo expiatorio en el caso de que el Chiqui se vea obligado a entregar piezas.
El gobierno tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos.
Tapia explota su buena relación con Messi y los jugadores de La Scaloneta, al menos en el plano de la imagen pública. En el plano político, el Chiqui se recuesta en el respaldo de Conmebol y su estrecho vínculo con el paraguayo Alejandro Domínguez y de la FIFA, que confirmó al argentino como miembro pleno de su Consejo Directivo en medio de la guerra con Milei. Tanto Infantino como Domínguez se mostraron junto a Tapia la semana pasada, en un fuerte gesto de apoyo.
Pero la Justicia argentina corre por otros canales y Tapia se enfrenta a dos inconvenientes vernáculos. Uno es el nexo del juez Aguinsky con Patricia Bullrich, que tomó la bandera del gobierno contra la AFA. Otro es el distanciamiento con Daniel Angelici. La relación con el Tano se rompió hace años y ahora es más necesaria que nunca, visto el panorama judicial nublado que se le presentó al número uno de la asociación del fútbol.
Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.
Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.
El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.
Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.
El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.
Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.
Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.
No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.
El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.
La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.
¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.
La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.
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El gobernador bonaerense apuntó contra el atraso cambiario y advirtió que la sangría de dólares por viajes al exterior es una postal más de una economía que se enfría. Los datos del INDEC confirmaron la caída del turismo receptivo y el fuerte aumento de argentinos que viajan fuera del país.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Axel Kicillof volvió a poner en palabras lo que en la provincia de Buenos Aires ya se siente en la calle. Tras la difusión de los últimos datos del INDEC sobre la balanza turística, el gobernador calificó como “un desastre” la gestión de Milei y señaló que el problema no es cultural ni aspiracional, sino estrictamente económico: atraso cambiario y recesión.
Según explicó el mandatario bonaerense, la lectura de los números oficiales desmiente cualquier relato optimista. “No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, ironizó en declaraciones radiales, para luego subrayar que el fenómeno responde a una moneda artificialmente cara que expulsa turistas y empuja a los argentinos a gastar afuera.
Un déficit que crece y se lleva dólares
Los datos publicados por el INDEC fueron contundentes. En noviembre, la cantidad de turistas que ingresaron al país cayó 2,7%, mientras que los viajes de argentinos al exterior se dispararon un 15,3%. El resultado fue un déficit de 224 mil turistas en un solo mes, con el consecuente impacto negativo en la salida de divisas.
En números absolutos, durante noviembre ingresaron a la Argentina 491.400 turistas, mientras que salieron 763.800. La diferencia no solo refleja un desequilibrio turístico, sino también una presión adicional sobre las reservas, en un contexto donde el propio gobierno nacional hace del ajuste y la escasez de dólares su bandera.
Para Kicillof, estos indicadores no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de una política económica que encarece el país en dólares, enfría el consumo interno y castiga a las economías regionales, particularmente a aquellas que dependen del turismo.
La provincia en crisis
El gobernador fue más allá del turismo y trazó un diagnóstico general de la situación productiva bonaerense. “No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, advirtió.
La caída del turismo receptivo impacta de lleno en la costa atlántica, en los destinos rurales y en los polos gastronómicos, que ven reducirse la demanda justo en un contexto de costos en alza y consumo deprimido. Menos visitantes implica menos trabajo, menos ingresos y más cierre de comercios.
En ese marco, Kicillof volvió a diferenciar dos modelos. De un lado, un esquema que apuesta al atraso cambiario y al ajuste como ancla; del otro, la necesidad de una política económica que proteja la producción, el empleo y el mercado interno. Los números del INDEC, lejos de ser una estadística más, funcionan como una señal de alerta temprana de un rumbo que, según el gobernador, conduce a una crisis cada vez más profunda.
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