En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.
Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.
En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.
Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
La nueva mesa política del gobierno se reunió este viernes para diseñar la estrategia para conseguir el apoyo de los gobernadores para sacar la reforma laboral y encontró rápidamente la respuesta: la eliminación del capítulo de ganancias que les recorta un billón y medio de pesos a las provincias.
La mesa la integran Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem. Este viernes se sumó Luis «Toto» Caputo durante la primera parte de la reunión, justamente para hablar del capítulo de ganancias que piden sacar los gobernadores.
La maniobra del gobierno de introducir en la reforma laboral una reforma impositiva, fue revelada por LPO en una columna exclusiva del diputado Guillermo Michel, ex titular d ela Aduana.
De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año. El argumento de la Rosada es que gracias a la reforma laboral, las provincias suplirán esa quita gracias a la generación de empleo.
De aprobarse el artículo 191 de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, las provincias tendrían un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, es decir, 1,5 billón de pesos por año.
Los gobernadores no se tragan esa historia y para eso apoyaron el Presupuesto 2026, para saber de antemano cuántos fondos tendrán disponibles. Un escenario mucho más terrenal que el del futuro próspero que vende el Ejecutivo.
En el gobierno admitieron a LPO que ya están trabajando en moderar la curva del impacto del artículo de ganancias, pero que quieren sacar la reforma como sea para dar una señal al mercado, al FMI y a la Casa Blanca.
‘Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. ¿Qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede? Bueno, ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores’
La estrategia discursiva será insistir con que van a hacer cambios y que la votación sea a libro cerrado. Lo mismo hicieron con el Presupuesto y finalmente la oposición les propinó un golpe que llevó a Milei a analizar el veto de la ley de leyes. Los más experimentados del gabinete dicen que el artículo será la zanahoria para que no les rompan el corazón de la reforma.
«La idea de los gobernadores es bancar la reforma, pero necesitan mostrar que consiguieron frenar una bomba para irse tranquilos a las provincias», dijo a LPO una fuente que participa de las negociaciones.
El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.
Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.
«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.
Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.
Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly
Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.
Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.
Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.
Matías de Urraza.
El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.
El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,
En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.
Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.
Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.
Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.
Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.
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El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.
La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.
Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
Lorena Pokoik, en Diputados.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».
Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».
El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.
Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana el acto en conmemoración por los 205 años de la Declaración de la Independencia Argentina que se desarrolló en la Plaza de los Próceres. En la oportunidad estuvo acompañado por los legisladores Silvia Morales y Luis Albrieu, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales Claudia Maidana,…
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