En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.
Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.
En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.
Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.
Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.
“No sabés en qué te estás metiendo”
De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.
En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.
Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.
Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas
El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.
Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.
Denuncia formal y un posible “modus operandi”
La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.
En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.
La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.
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Jorge Macri analiza denunciar ante la Corte el incumplimiento de Toto Caputo de la cautelar que impuso un pago mensual a la Ciudad por la coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad.
Nación acumula 430 mil millones de pesos de deuda con la Ciudad desde agosto de 2025, cuando los pagos comenzaron a retrasarse. «Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte», razonan en el gobierno porteño.
En efecto, el fallo de la Corte establecía que Nación debía pagarle a la Ciudad por goteo el 1,55% correspondiente a la Coparticipación. Eso implicaba transferencias diarias y automáticas al tesoro porteño. Apremiado por el déficit, Toto decidió hacer transferencias semanales de forma discrecional.
Al principio, Nación cumplió con los envíos, pero a los pocos meses comenzaron los retrasos. El peor momento llegó tras las elecciones porteñas de mayo y entre agosto de 2025 y enero de 2026 se acumularon 430 mil millones de pesos de deuda.
Semanas atrás hubo una reunión entre Jorge y Toto Caputo, pero no se registraron avances. Esta es una discusión paralela al fondo de la cuestión, que tiene que ver con el porcentaje total de Coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández y que todavía está pendiente de resolución del máximo tribunal. Mientras sigue analizando ese tema, la Corte concedió la cautelar con un porcentaje menor que el que pretende recuperar la Ciudad, que es la que ahora está incumpliendo Caputo.
Caputo nos debe más de 430 mil millones, semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte.
Por eso, ahora en el gobierno porteño piensan en denunciar a la Corte el incumplimiento, aunque la respuesta del tribunal es incierta. «A la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado», dijeron fuentes judiciales. En rigor, hasta ahora la Corte ha evitado confrontar con Milei.
«Hay 19 provincias que tienen reclamos por la coparticipación, esto recién arranca. Son cuestiones que tiene que discutir la política», agregaron las fuentes judiciales.
La cuestión no parece sencilla: cuando Nación propuso los pagos semanales en lugar de transferir por goteo, la Ciudad buscó que la justicia obligara a Nación a cumplir la mecánica original prevista por la Corte. Pero no hubo suerte: en el palacio de tribunales consideraron que su tarea estaba cumplida tras la promesa de Nación.
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