En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.
Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.
En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.
Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Axel Kicillof encabezó este jueves una reunión con intendentes donde trazó un durísimo diagnóstico sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires y el impacto de esa crisis en los municipios. «Abrió el paraguas», fue la conclusión de uno de los presentes.
En dos extensos documentos elaborados por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se analiza el impacto de las políticas de Milei a nivel país y en la provincia. En esos trabajos se destaca que la capacidad instalada industrial, a nivel nacional, llegó a 53,6% en enero, el peor registro de la década. Con 270.000 puestos de trabajo perdidos a nivel nacional desde diciembre del 2023, en los que la provincia se lleva la peor parte con 164.000 desocupados nuevos y una tasa de desempleo que trepa al 9,4%.
Los estudios presentados confirman que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y confirma que ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero.
Para hacer frente a este desastre, Kicillof anunció el estado de las demandas ante la Corte Suprema contra Nación por distintos fondos que se cortaron y dijo que si recupera algo de lo que Javier Milei le debe a la provincia, lo coparticipará con los intendentes.
La actividad fue anunciada como una jornada que llevó como título: «Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios». El gobernador y su ministro de Economía, Pablo López fueron los oradores ante un auditorio conformado por intendentes.
Kicillof reveló que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero.
Se esperaba una asistencia masiva, pero sólo llegaron a La Plata 62 de los 135 intendentes bonaerenses. En su mayoría era parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna de Kicillof dentro del peronismo. «Si nos convocan a conversar sobre los problemas no dudaríamos en ir, pero de ninguna manera vamos a participar de un acto para escuchar un diagnóstico que ya conocemos», dijo a LPO un intendente del PRO.
Kicillof recordó que la provincia mantiene siete denuncias en la Corte Suprema por fondos que el gobierno libertario dejó de enviar a la provincia. En el presupuesto que se aprobó en diciembre se incluyó un Fondo de Recupero de Deudas, un espacio contable donde apuntar el dinero que eventualmente llegue a las arcas bonaerenses en caso que el máximo tribunal falle en favor de la provincia.
Hoy ese fondo está en cero, pero Kicillof prometió coparticiparlo con los municipios, una promesa que cuesta visualizarla a corto plazo y que asoma muy lejos en el horizonte de cara a las emergencias que los intendentes enfrentan en estos días. Por lo pronto, el gobernador dijo además que los municipios deberán adherir a un convenio, algo que seguramente los obligará a desfilar por Casa de Gobierno y sacarse una foto con Kicillof.
Kicillof fue un poco confuso al hablar del pago de la primera cuota del Fondo de obras para Municipios (FEFIM), uno de los temas que meas interesaba a los intendentes. Se trata de un fondo para los municipios que se incluyó en el presupuesto y que está conformado por el 8% de la deuda que tome la provincia. En la ley se incluyó un un piso de financiamiento por 250 mil millones cuya primera cuota se vence el último día de abril. «Vamos a hacer el mayor esfuerzo para pagar en tiempo», dijo Kicillof sin dejar en claro si lo pagará o no.
La provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense. La situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico.
La jornada arrancó con una exposición técnica del ministro de Economía respecto de la situación de la provincia. Dijo que las políticas económicas del gobierno libertario tuvieron un severo impacto en el territorio bonaerense y que ese es el motivo por el cual los intendentes sufren la caída de recursos de coparticipación.
López dijo que la provincia sufrió dos años consecutivos (2024-2025) de la caída de la actividad económica. Habló de una caída generalizada en todos los sectores con un promedio del 8,2%.
También destacó que la industria funciona con apenas el 50% de la capacidad industrial instalada. «Ni en la pandemia llegamos a semejante caída», dijo. En tanto, dijo que la industria textil y la industria automotor sufren una caída que llega al 25%.
Román Bouvier, Lisandro Hourcade y Martín Randazzo.
También dijo que la deuda del Gobierno nacional con la provincia alcanza los $15 billones y, si se suma la pérdida de recaudación, llega a más de $22 billones acumulado en estos dos años
«Ésta cifra muestra que la provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense», dijo el ministro y agregó que «lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico».
Faltaron muchos intendentes de distritos importantes del conurbano. Entre ellos el Grupo AFA: Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Tampoco estuvieron Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas). Los tres cercanos a Cristina Kirchner.
Hubo algunos camporistas como Julián Álvarez (Lanús), Juan Ignacio Ustárroz (Mercedes) y Leonardo Botto (Luján). Éstos dos últimos alineados con Wado De Pedro. También fueron cinco radicales que tienen puentes fluidos con Kicillof: Nahuel Mittelbach (Ameghino), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid) y Javier Andrés (Alsina).
Juan Manuel Cerezo, Alberto Gelené y Sebastián Walker.
Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La trama oculta del “subsidio a los ricos”
El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.
Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.
Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal
Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.
En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.
El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.
La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.
Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida
Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.
En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.
La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.
El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.
El negocio financiero y la arquitectura del privilegio
El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.
En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.
Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.
El Estado como garante de la desigualdad
Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.
En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.
La ilusión del sacrificio compartido
El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.
Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.
Un modelo con beneficiarios definidos
Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.
Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.
La discusión de fondo
La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.
La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.
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