En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.
Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.
En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.
Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Karina Milei pareció enterarse que en el gobierno se andaba diciendo que los libertarios le habían perdido el miedo y lanzó un contraataque feroz contra Santiago Caputo.
Los embates de Las Fuerzas del Cielo contra los Menem, la caída de Manuel Adorni y los desafíos de Patricia Bullrich llevaron a que en cuestión de horas, la hermana del presidente atacara al asesor estrella por dos bandas y en los temas que más le duelen.
La Inspección General de Justicia, que responde al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso el foco en la Fundación Faro, que maneja el hermano de Caputo, Francisco, junto al «intelectual» Agustín Laje. El organismo que depende del ministro que puso Karina para desplazar a Caputo de la operatoria judicial le pidió a la Fundación Faro que informe quiénes le realizaron donaciones millonarias.
Según informó Chequeado, la fundación declaró ante la IGJ haber recibido $ 4.957 millones en concepto de «Donaciones, cursos, talleres y prevención» durante 2024, su primer ejercicio completo bajo la estructura actual. El organismo pidió que se informe quiénes realizaron esos aportes, cuándo se efectuaron y por qué montos. Una situación morbosa para quienes prometen discreción a sus aportantes privados.
‘Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina’, dijeron a LPO en el gobierno
El otro golpe llegó a la noche con un anuncio de Manuel Adorni, enviado por la propia Karina. «A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin», tuiteó el jefe de gabinete.
El monopolio lo tienen justamente los empresarios que Caputo metió en la Hidrovía y Transener, entre otros negocios. La VTV es uno de los históricos negocios del Grupo Neuss, que tienen la explotación bonaerense desde el año 1995, en pleno menemismo.
En la Ciudad, gracias a la mano amiga de Guillermo Dietrich, los Neuss manejan la VTV desde 2016. El negocio es interminable: todos los autos que circulan están obligados a portar la oblea que se renueva cada año a un precio mayor al año anterior. En la provincia, un distrito con 17,5 millones de habitantes, la VTV ya cuesta 100 mil pesos por auto.
Karina buscó con estos dos trompazos recuperar el terreno que cree que perdió a raíz de la relación fortalecida entre Caputo y su propio hermano. También se vio amenazada ante el avance de Bullrich, que ya está lanzada para la presidencia y se animó a desafiarla dos veces en un mes, primero con el pedido de la declaración jurada de Adorni y ahora con el apoyo al pliego de la cuñada de Hugo Alconada Mon.
«Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina», dijeron a LPO en el gobierno y recordaron que cada uno que empleó esa frase, como en la película Candyman, terminó mal.
El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.
Un beneficio sin límites patrimoniales
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.
En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.
Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.
La promesa oficial y las dudas del mercado
La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.
El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.
La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.
Ajuste para unos, alivio para otros
La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.
Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.
La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.
El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.
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