En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.
Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.
En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.
Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Si hay algo importante que había perdido el equipo argentino de fútbol antes de la victoria con Nigeria era precisamente el habla. Cuando los conflictos aparecen las resistencias se levantan, y el silencio es un telón de acero que no permite ver ni oír el escenario. La imagen de Lionel Messi hablando con su equipo…
YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
El Intendente Marcelo Orazi y el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega se reunieron con los integrantes de la Asociación Volantes de General Roca y Federación 11 Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginóbili con el fin de ultimar detalles del Rally Ciudad de Villa Regina a disputarse el 23, 24 y 25 del corriente mes.La…
El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Viedma con la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor. En primer lugar, se avanzó con la relocalización de la Comisaría de la Familia, donde también se acordó que funcionará un espacio para la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)….
En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
Guido Sandleris puso sobre la mesa la principal paradoja que enfrenta Javier Milei rumbo a 2027: «la economía está mucho mejor que cuando asumió, pero el Gobierno está perdiendo el apoyo de la gente».
El expresidente del Banco Central hizo este diagnóstico en la Bolsa de Comercio de Córdoba, horas antes de la exposición de Luis Caputo, y con una mirada muy distinta sobre las chances electorales del oficialismo. Mientras el ministro de Economía se mostró este miércoles «sumamente optimista» con la reelección de Milei, Sandleris advirtió que la dinámica política del Gobierno viene siendo negativa.
«Todas las encuestas son muy inciertas a un año de las elecciones», aclaró. Pero luego se concentró en los indicadores de confianza. Según su lectura del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «el valor tiende a ser consistente con el resultado electoral».
La conclusión es inquietante para la Casa Rosada: «Si las elecciones fueran hoy, Milei obtendría 40%». Y agregó que «la dinámica viene siendo negativa para Milei».
Sandleris comparó además la evolución de la confianza durante la actual gestión con la de Mauricio Macri. «En el mes tres de cada uno de los gobiernos están casi iguales», señaló. La incógnita, dijo, es «si va a continuar la tendencia negativa».
El problema es que el deterioro de la confianza ocurre mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora sustancial.
«Hay equilibrio fiscal, hay superávit de balance comercial, el dólar está estable; la economía está mucho mejor», sostuvo. Y agregó que Argentina crecerá por segundo año consecutivo y que también se espera crecimiento en 2027, con una inflación sustancialmente menor.
«Es paradójico», resumió: «El Gobierno parece estar perdiendo el apoyo de la gente, pero los números de la economía son mucho mejores de los que recibió Milei».
Para Sandleris, la explicación está en que la recuperación todavía no llegó a las variables que más impactan sobre la vida cotidiana. «La mejora impactó en algunas variables, pero todavía no impactó en salarios y empleo», sostuvo.
Estimó que la economía crecerá entre 2% y 2,5% este año, pero advirtió que ese crecimiento es moderado y, además, muy heterogéneo. Los sectores que más crecieron, explicó, «son menos mano de obra intensivos».
«Hubo muy poca creación de empleo con Milei», afirmó. Y marcó un dato especialmente sensible: «El empleo registrado cayó y creció el empleo no registrado».
También señaló que los salarios reales privados están alrededor de 4% por debajo de los niveles anteriores, mientras que la caída fue todavía mayor en el sector público.
A eso se suma el aumento de las tarifas. «No sólo los salarios no crecieron sino que el gasto en servicios públicos creció. Es lógico que el consumo sufra cuando crecen las tarifas de servicios públicos», explicó.
El consumo se recuperará, según su pronóstico, pero «nada excepcional».
Sandleris también puso la lupa sobre el crédito al consumo. La mora y las situaciones irregulares alcanzaron niveles récord y, según explicó, muchos consumidores se acostumbraron durante años a que la inflación licuara sus deudas.
«Uno no ve un mercado de crédito al consumo dinámico en lo que viene», advirtió.
El diagnóstico no implica, para Sandleris, que Milei haya fracasado. Por el contrario, fue explícito en reconocer las dificultades que heredó. «Quiero ser justo con el Gobierno de Milei: pretender que en dos años y medio se resuelvan todos los problemas no era algo razonable. Milei heredó una situación explosiva», sostuvo.
Pero ahora el problema es el calendario electoral.
«El rumbo debe mantenerse», dijo, aunque reclamó acelerar el crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. También pidió evitar un rebote inflacionario y un sobresalto cambiario.
En ese escenario apareció una herramienta concreta: la obra pública.
«Un elemento dinamizador inmediato es la obra pública a un año de las elecciones. Deberíamos estar viendo más movimiento ahí», planteó.
Sandleris consideró que al Gobierno «le costó comenzar con los proyectos de reparación de rutas», pero sostuvo que «hay espacio para la obra pública» sin sacrificar el equilibrio fiscal.
También reclamó encontrar alternativas para dinamizar el crédito. Y puso un límite temporal muy concreto: «Los próximos seis meses». Después, advirtió, «es tarde».
«Después del primer trimestre de 2027 será muy tarde para dinamizar la economía antes de las elecciones», sostuvo.
La advertencia de Sandleris adquiere mayor peso en un momento en que el oficialismo empieza a ordenar su estrategia electoral con un eventual acuerdo con el PRO. La coincidencia temporal no es menor: mientras el Gobierno busca ampliar su base política para 2027, uno de los economistas que mejor conoce la dinámica de las crisis argentinas advierte que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola para garantizar la reelección.
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