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Orazi visitó el Motoclub Reginense

En el marco de la recorrida por distintas instituciones, el Intendente Marcelo Orazi visitó el Motoclub Reginense. En la oportunidad fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, quienes le agradecieron el acompañamiento del Municipio en la realización del 37° Campeonato Patagónico de Karting, haciendo entrega de una mención especial.

Además Orazi y los referentes de la institución dialogaron sobre el desarrollo de la competencia y la aplicación de los protocolos, además de la posibilidad de ampliar las categorías participantes.

En este sentido, el Intendente hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando todas las medidas preventivas contra el COVID-19. “Debemos cuidar todas las actividades que hoy podemos desarrollar, en este caso la deportiva y el deporte motor, porque sabemos que esto también contribuye a nuestra salud”, enfatizó.

Durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

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  • Peter Thiel le ofreció a Milei una arquitectura de poder para gobernar con los datos de la SIDE

     

    El perito en IA e ingeniero en telecomunicación Ariel Garbarz alertó este viernes que el dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, Peter Thiel, le ofreció a Javier Milei sus servicios para «gobernar con datos cruzados» para controlar a la ciudadanía. El modelo de Thiel es el que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE pero también en Gran Bretaña, el Estado de Israel y tres estados federales de Alemania, tal como informó LPO.

    Según Garbarz, Thiel le había hecho la misma propuesta al Presidente en noviembre de 2024, cuando se conocieron. «Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar», explicó el especialista a LPO.

    Por eso, Garbarz creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir, a través de la Agencia de Seguridad donde quería ubicar a Diego Valenzuela. «Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo pero no», comentó.

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    La principal preocupación de este docente universitario es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto de la SIDE 941/25. En ese texto, se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea desde la información de ARBA hasta el Renaper.

    La oposición manifestó, a través de declaraciones aisladas, su rechazo a ese DNU en el Congreso pero hasta ahora permanece en estado de impotencia política para voltearlo.

    1/12URGENTE : El ofrecimiento que Peter Thiel le habría hecho a Milei -según lo que circula entre colegas de seguridad informática- no sería software sino «An architecture of power based on mass surveillance and social control.»

    — Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) April 23, 2026

    Garbarz plantea que Palantir es «un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina». «El contrato estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa», posteó en X y agregó: «es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico».

    A su criterio, la plataforma sirve para «manipular y someter la voluntad popular y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera».

    El contrato con Palantir estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa, y es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico.

    Desde el bloque peronista admiten que el decreto forma parte del temario que buscarán construir para la convocatoria a una sesión especial, después que se presente Manuel Adorni en el recinto este miércoles. «Tenemos que reunir el quórum y eso va a costar, quizá nos tengamos que aguantar un par de convocatorias sin lograr quórum pero, cuando lleguemos, vamos a contar con los votos», se esperanza un kirchnerista.

    Mientras tanto, el DNU de la SIDE está vigente, pese a que la impericia política del gabinete de Milei mitigue parcialmente la amenaza sobre garantías de los ciudadanos.

     

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  • En Uruguay también crece la bronca por el decreto de Sturzenegger que elimina el practicaje en los buques

     

    La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.

    LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras. 

    El enojo con el decreto comenzó  por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».

    Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo. 

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    Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata. 

    En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.  

    La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.

    «Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.

    Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron. 

    Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos

    Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata. 

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    Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos. 

    «La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.

     

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