Este miércoles, los mercados internacionales comenzaron a experimentar los impactos de los nuevos aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los futuros del Dow Jones cayeron un 2,7%, los del S&P 500 un 3,9% y los del NASDAQ 100 un 4,7%.
Las grandes empresas tecnológicas también se vieron afectadas. Apple, que obtiene gran parte de sus ingresos de China, registró una caída del 6%. Otras compañías como Nvidia, Tesla, Alphabet (Google), Amazon, Meta y Microsoft también sufrieron pérdidas. Nvidia, en particular, perdió un 4%, mientras que Tesla se desplomó un 4,5%.
El dólar también se debilitó, cayendo a un nivel de 102,98 en el índice que lo mide frente a otras seis monedas, el valor más bajo desde mediados de octubre.
La incertidumbre generada por estas medidas comerciales provocó una fuga de capitales hacia activos más seguros, lo que impulsó al oro. El precio del metal precioso subió un 0,67%, alcanzando los 3.147 dólares por onza.
El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.
La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.
La promesa libertaria empieza a perder potencia
El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.
La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.
Del “aguante” ideológico al cansancio económico
El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.
En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.
El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
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