Este miércoles, los mercados internacionales comenzaron a experimentar los impactos de los nuevos aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los futuros del Dow Jones cayeron un 2,7%, los del S&P 500 un 3,9% y los del NASDAQ 100 un 4,7%.
Las grandes empresas tecnológicas también se vieron afectadas. Apple, que obtiene gran parte de sus ingresos de China, registró una caída del 6%. Otras compañías como Nvidia, Tesla, Alphabet (Google), Amazon, Meta y Microsoft también sufrieron pérdidas. Nvidia, en particular, perdió un 4%, mientras que Tesla se desplomó un 4,5%.
El dólar también se debilitó, cayendo a un nivel de 102,98 en el índice que lo mide frente a otras seis monedas, el valor más bajo desde mediados de octubre.
La incertidumbre generada por estas medidas comerciales provocó una fuga de capitales hacia activos más seguros, lo que impulsó al oro. El precio del metal precioso subió un 0,67%, alcanzando los 3.147 dólares por onza.
El escándalo por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni ya dejó de ser un problema individual para transformarse en una crisis política que golpea de lleno a Milei. Esa fue la tesis central de la durísima editorial que realizó la periodista Nancy Pazos en C5N, donde describió al oficialismo como un Gobierno que “se vino abajo como una cascada” en medio de denuncias, internas y deterioro económico.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La conductora de Inteligencia Artesanal vinculó directamente el caso de las millonarias refacciones atribuidas a Adorni con el relato del ajuste libertario. En su intervención recordó las denuncias sobre las casas, las reformas por cientos de miles de dólares, los viajes y los gastos de lujo que rodean al ahora jefe de Gabinete, mientras el Gobierno sostiene el discurso del sacrificio y la motosierra para jubilados, universidades y sectores populares.
“La cascada de Adorni se hizo viral porque es el símbolo perfecto de este Gobierno”, sostuvo Pazos al referirse a la polémica construcción en el country Indio Cuá. Y remató con una frase que rápidamente empezó a circular en redes y programas políticos: “Destruyen comedores y construyen cascadas”.
El desgaste político que ya no puede ocultarse
La editorial llegó en una semana especialmente complicada para la Casa Rosada. A las investigaciones judiciales contra Adorni por inconsistencias patrimoniales y presunto enriquecimiento ilícito se sumaron nuevas revelaciones sobre gastos millonarios, silencios oficiales y conferencias de prensa controladas donde el funcionario evitó responder preguntas incómodas.
En paralelo, el Gobierno volvió a quedar enfrentado con las universidades nacionales ante la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes, en medio del conflicto por el financiamiento educativo y el ajuste presupuestario.
Ese contexto es el que Pazos utilizó para plantear que el problema ya excede a Adorni y golpea directamente a Milei. Según expresó, la caída en la imagen del oficialismo no se explica solamente por los escándalos personales sino por una economía que no mejora y un ajuste que impacta sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
“No empezaste a caer por la cascada, sino por el ajuste”
En el tramo más filoso de su editorial, Pazos le habló directamente a Milei y cuestionó el rumbo económico del Gobierno. La periodista sostuvo que, si la situación económica fuera favorable, el caso Adorni probablemente no tendría el mismo impacto político. Pero aseguró que el deterioro social y económico volvió explosiva cualquier denuncia de privilegios dentro del oficialismo.
“No empezaste a caer en las encuestas por la cascada. Empezaste a caer por Caputo, por el no plan, por la motosierra que corta universidades y comedores”, lanzó la conductora, apuntando también contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
La frase sintetizó un clima político cada vez más complejo para el Gobierno, que intenta recuperar agenda con anuncios económicos y promesas de inversiones mientras las denuncias judiciales, los cuestionamientos patrimoniales y el conflicto social siguen acumulándose alrededor de la administración libertaria.
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La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
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