La conducción autónoma ha sido un campo de intensa investigación en los últimos años, a medida que las empresas y los investigadores buscan desarrollar sistemas cada vez más capaces y seguros. Sin embargo, los desafíos asociados con la comprensión de escenarios de conducción complejos y la toma de decisiones en tiempo real han dificultado el progreso.
Recientemente, ha surgido un nuevo enfoque prometedor que aprovecha el poder de los Modelos de Lenguaje Multimodales (MLLMs) para abordar estos retos. Un ejemplo destacado de este avance es OpenEMMA, un marco de trabajo de código abierto para la conducción autónoma de principio a fin.
OpenEMMA, desarrollado por investigadores de la Universidad de Texas A&M, Cranberry-Lemon University y otras instituciones, utiliza una combinación de MLLMs y técnicas avanzadas de razonamiento para lograr una planificación de trayectorias eficiente y precisa.
La clave del enfoque de OpenEMMA radica en su uso del proceso de razonamiento en cadena de pensamiento (Chain-of-Thought). En lugar de generar directamente la trayectoria futura, el modelo primero produce representaciones intermedias como vectores de velocidad y curvatura, que luego se integran para obtener la trayectoria final. Este enfoque se inspira en la forma en que los humanos conducen, lo que le confiere una mayor interpretabilidad y alineación con el mundo real.
Además, OpenEMMA incorpora un modelo especialista visual, específicamente YOLO11n, para mejorar la detección de objetos 3D en escenarios de conducción. Esto permite al sistema percibir con precisión los elementos clave del entorno, como otros vehículos, peatones y señales de tráfico, lo que es fundamental para una conducción segura y eficiente.
Un aspecto notable de OpenEMMA es su capacidad de adaptarse a una variedad de MLLMs diferentes, como LLaVA-1.6, Llama-3.2 y Qwen2-VL. Los experimentos realizados en el conjunto de validación del conjunto de datos nuScenes demuestran que OpenEMMA supera de manera significativa a los enfoques de línea de base, lo que demuestra su efectividad, generalización y robustez.
Quizás lo más emocionante es que OpenEMMA es de código abierto, lo que lo convierte en una plataforma accesible para que la comunidad de investigación continúe explorando y mejorando los sistemas de conducción autónoma basados en MLLMs. Al compartir el código, los conjuntos de datos y los pesos de los modelos, los autores esperan acelerar el progreso en este campo emocionante.
En resumen, OpenEMMA representa un importante avance en la conducción autónoma, aprovechando los últimos avances en MLLMs y técnicas de razonamiento para lograr una planificación de trayectorias eficiente y precisa. A medida que la comunidad de investigación continúe explorando y refinando este enfoque, es emocionante imaginar el impacto que puede tener en el futuro de la movilidad autónoma.
Link al proyecto: https://github.com/taco-group/OpenEMMA
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
En esta ocasión Fabian Mitidieri nos trae la semblanza de este rosado dulce natural de la familia Millaman que cuenta con su bodega y viñedos ubicados en cercanías a la capital rionegrina. La Bodega y viñedos de la familia Millaman se encuentran ubicados en San Javier a unos 30 km de Viedma y elaboran vinos…
El gobierno no activó negociaciones formales con los gobernadores para frenar la moción de censura de Manuel Adorni en el Senado y en las provincias creen que al jefe de gabinete le soltaron la mano.
La oposición está juntando los votos para remover a Adorni en la sesión del próximo jueves que, como anticipó LPO, se tejió en una diagonal subterránea entre el peronismo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Para interpelar a Adorni o para sacarlo del cargo se necesita una mayoría absoluta del total de los miembros de cada cámara. En el Senado eso implica 37 votos.
Como Mauricio Macri está pidiendo por todos los medios que echen a Adorni, el gobierno está obligado a negociar con los senadores que responden a los gobernadores aliados. Pero eso no está sucediendo.
En los últimos días empezó a instalarse la teoría de una jugada tácita de los Milei para que el Congreso les saque de encima el problema de Adorni. Como no quieren echarlo, la moción de censura se convirtió en un canal para correr al jefe de gabinete y victimizarse al mismo tiempo.
La senadora salteña Flavia Royón
Por eso la sensación que tienen los gobernadores es que los Milei le soltaron la mano a Adorni y no reciben señales de la Rosada. «Nadie está hablando con nadie», admitió a LPO uno de los gobernadores que tiene representación propia en el Senado.
«Manuel está librado a su suerte», aseguran entre los gobernadores aliados. Y advierten que el gobierno no tiene autoridad para pedirle nada a los bloques aliados y a las provincias con el Adorni-Gate.
Los gobernadores tienen en la mano las encuestas que lo muestran a Adorni como un salvavidas de plomo. «Es un tema ético-moral, institucional, con 75% de la sociedad diciendo que no le cree nada al jefe de Gabinete», dijeron a LPO cerca de uno de los gobernadores.
«A Milei los aliados y los gobernadores lo han acompañado en muchos temas y reformas. Pero en este tema el desmanejo fue total y solo habría costo político y perdida de capital para cualquiera que quiero defenderlo», dijeron a LPO allegados de uno de los gobernadores con mejor diálogo con la Rosada.
Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso
Desde las provincias aliadas le mandaron una señal a la Rosada para tratar de activar algún tipo de negociación. Flavia Royón, la salteña que responde al gobernador Sáenz, dio un indicio de cómo podrían actuar algunos aliados el jueves si finalmente reciben un llamado de Balcarce 50.
«Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso», dijo Royón este lunes a Futurock. El de la salteña fue una especie de ultimátum amigable: le da un aire incierto al gobierno para que corra al funcionario, atando su suerte a los tiempos de la Justicia.
