El gobierno nacional declaró la emergencia económica, productiva, financiera y social, por un año, a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa, según el decreto 1125/2017 publicado en el Boletín Oficial.
El decreto faculta al presidente Mauricio Macri a instrumentar regímenes especiales de prórroga y de facilidades para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La emergencia se decretó en consonancia con la ley 27.354 que establece estos beneficios a los actores directos de la cadena de producción de peras y manzana que incluye productores, empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores.
Así, el sector frutícola, uno de los más golpeados de la región patagónica y el que moviliza en gran parte la economía de nuestra ciudad comenzará el año con un beneficio impositivo que le permitirá equilibrar, en parte, la crisis actual por la baja competitividad de precios y la competencia con los productos importados. Durante los últimos años, los productores frutícolas no solo se enfrentaron a la recesión económica, sino que sus actividades se vieron fuertemente afectadas por las complicaciones climáticas: fuertes vientos e incendios, y caída de granizo.
Sin embargo, la decisión política y económica que toma el gobierno nacional no deja de ser un paliativo para toda la cadena productiva. «Aproximadamente son unos 800 millones de pesos los que se patean para el año que viene, porque supuestamente las economías regionales, y la nuestra en particular, irían a mejorar. No es lo que se está pidiendo en un sentido global, lo que se necesita es tener una política productiva para el alto valle que es lo que no se tiene, esa es la cuestión de fondo», informó a #LATAPA el secretario de la cámara de productores de Villa Regina Pablo Castel.
«El 2018 va a ser un año complicado para los productores, desde el punto de vista del mercado interno se va a continuar con problemas de precio y de colocación en parte por la baja de consumo, la merma en la producción y la situación económica del país. Respecto a la exportación estimo que va a mejorar el precio en relación al 2017 que no alcanzó los 20 centavos de dólar para la fruta elegida», explicó Pablo Castell. «Pero va a seguir habiendo problemas de fondo, relacionados a la estructura y a como se equipara el costo de producción con el precio», concluyó el productor local.
El sector frutícola sigue sin tener un proyecto integrador serio a largo plazo que logre posicionarlo en los mercados extranjeros y solucione la problemática de los costos de producción. Los grandes productores pisotean a los pequeños, los pequeños luchan por no perder lo poco que tienen. Tampoco la fruticultura regional dio el paso hacia adelante respecto a la modernización de la producción, la tecnología todavía no es aliada y eso es fundamental en los tiempos que corren. Las estructuras de comercialización siguen siendo vagas y quebrantables. El cambio debe ser radical, el trabajo debe ser complementario e integrado entre toda la cadena de producción.
El 13 de enero habrá asamblea general de productores, posiblemente en General Roca o Allen.
