El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
El fuerte rally que experimentaron las acciones argentinas durante los últimos meses comenzó a dar paso a una etapa de mayor selectividad. Si hasta hace poco el mercado compraba casi cualquier papel local ante la expectativa de una mejora de la economía, ahora los analistas empezaron a diferenciar entre las empresas con mayores perspectivas de crecimiento y aquellas cuyo recorrido aparece más limitado.
Ese cambio quedó reflejado en el último informe de estrategia de Allaria, que ubicó a Loma Negra, Aluar, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y BBVA Argentina entre las acciones con menor potencial de suba para lo que resta de 2026. La selección no implica una recomendación de venta, sino que identifica a las compañías que, según el broker, ofrecerían un rendimiento relativamente inferior frente a otras alternativas del mercado.
La señal más clara recae sobre Loma Negra, Aluar y Molinos Río de la Plata, tres empresas estrechamente ligadas al desempeño de la economía real. La recuperación más lenta de la actividad, especialmente en sectores como la construcción, el consumo y la industria, comenzó a moderar las expectativas sobre la evolución de sus resultados.
Para Facundo Pascual, asesor financiero, el denominador común de las compañías que Allaria ubica entre las menos atractivas es que dependen de variables que todavía no mostraron una recuperación contundente. «Todas dependen de una variable que aún no repuntó con fuerza: el consumo interno, la obra pública y la industria liviana. Loma Negra necesita que la construcción privada y la obra pública convaliden con volumen lo que el precio ya anticipó. Aluar enfrenta un consumo industrial que todavía no traccionó y depende del tipo de cambio para sostener su competitividad exportadora», explicó.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, sostuvo que esa diferenciación responde al contexto macroeconómico. «El retraso en la construcción impacta de forma directa a empresas como Loma Negra y Ternium, mientras que la lentitud en la recuperación del consumo frena a Molinos Río de la Plata», explicó.
El retraso en la construcción impacta de forma directa a empresas como Loma Negra y Ternium, mientras que la lentitud en la recuperación del consumo frena a Molinos Río de la Plata.
El ejecutivo agregó que no todos los sectores enfrentan el mismo escenario. «Un peso apreciado favorece a exportadoras como Aluar y Molinos Agro», señaló. Aun así, considera que las mayores oportunidades continúan concentrándose en el sistema financiero. «Hacia adelante vemos el mayor potencial de crecimiento en los bancos, principalmente Galicia y Macro», afirmó.
Pascual también vinculó la posición de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y BBVA Argentina con esa misma dinámica. «Las dos alimenticias cargan con un consumo masivo que sigue siendo el más golpeado del panel. Y BBVA es la contracara bancaria de ese escenario: sin un crecimiento sostenido del crédito privado, el negocio tradicional de los bancos no logra revalorizarse al mismo ritmo que las utilities o las empresas de servicios públicos», señaló.
Javier Madanes Quintanilla, CEO de Aluar.
En el caso de Molinos Agro y BBVA Argentina, Allaria mantuvo una recomendación positiva, aunque las ubicó entre las compañías con menor potencial relativo respecto del resto de su cartera sugerida. La lectura del mercado es que buena parte de las expectativas favorables ya se encuentran incorporadas en sus valuaciones actuales.
Del otro lado aparecen las empresas que siguen concentrando el optimismo de los analistas. El informe ubica entre las favoritas a compañías vinculadas con la energía y la infraestructura, como Transener, Comercial del Plata, Metrogas, Ecogas, Transportadora de Gas del Norte y Edenor, sectores que todavía cuentan con catalizadores propios asociados a las inversiones, la normalización tarifaria y el desarrollo de Vaca Muerta.
Para Daniel Pesalovo, operador financiero, la selección de Allaria refleja más una lectura sobre la economía que una crítica a las empresas. «Más que una cuestión de las compañías, esto refleja las dudas que todavía existen sobre la velocidad de la recuperación económica en Argentina. Las empresas vinculadas al consumo, la construcción y la industria necesitan que la actividad se acelere para justificar una mejora importante en sus resultados futuros», sostuvo.
El rally de bonos, la baja del riesgo país y la recuperación de algunas utilities no necesariamente se trasladó al consumo, la construcción o la industria. Cuando un broker pone al final de la tabla a una cementera, una aluminera, dos alimenticias y un banco, lo que está diciendo es que la City espera una recuperación más lenta o incierta de esos sectores.
Según el operador, ese escenario explica por qué el mercado comenzó a privilegiar otros sectores. «Es lógico que los inversores prefieran compañías con mayor potencial de crecimiento o con catalizadores más claros, como el sector energético, que además vuelve a verse favorecido por la presión sobre el precio internacional del petróleo», indicó.
Pesalovo agregó que la mirada de los inversores ya empieza a incorporar otro factor: el calendario político. «También aparece en el horizonte el escenario electoral de 2027, que genera incertidumbre. En ese contexto, muchos inversores buscan compañías con buenos fundamentos y menos expuestas a la coyuntura política. Esa selección también responde a la necesidad de reducir volatilidad dentro de las carteras», concluyó.
Para Pascual, la clave del informe es que el mercado comenzó a separar la mejora de los activos financieros de la evolución de la economía real. «El rally de bonos, la baja del riesgo país y la recuperación de algunas utilities no necesariamente se trasladó al consumo, la construcción o la industria. Cuando un broker pone al final de la tabla a una cementera, una aluminera, dos alimenticias y un banco, lo que está diciendo es que la City espera una recuperación más lenta o más incierta de esos sectores, no que las empresas estén mal gestionadas», concluyó.
La fotografía que muestra Allaria confirma que el mercado dejó atrás la etapa de las apuestas generalizadas sobre Argentina. Con varias acciones acumulando importantes subas desde fines del año pasado, los analistas comenzaron a separar ganadores y perdedores según las perspectivas de cada sector. En ese nuevo escenario, la recuperación de la economía real será determinante para que compañías ligadas al consumo, la construcción y la industria vuelvan a recuperar protagonismo frente a las energéticas y los bancos, que hoy siguen encabezando las preferencias de buena parte de los inversores.
La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas
Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.
Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.
Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.
Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.
Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.
Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.
El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.
En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.
Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.
Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió
Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.
Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.
Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.
La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.
De la batalla cultural a una política internacional coordinada
Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.
Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.
En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.
Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.
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Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.
La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.
Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.
En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.
Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.
Juez, Zimmerman y Camau Espínola
Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».
A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.
Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.
Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.
Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso.
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