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La interna libertaria estalló en vivo y dejó al descubierto una denuncia explosiva: la ex aliada del oficialismo, Marcela Pagano, apuntó directamente contra Manuel Adorni y lo vinculó con movimientos millonarios en criptomonedas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Por Roque Pérez para NLI

El escándalo alrededor de Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje político tras las declaraciones de Marcela Pagano, quien aseguró que el funcionario “tiene 3 millones de dólares en una billetera virtual”. La denuncia no surge en el vacío: aparece en pleno avance judicial sobre su patrimonio y en un contexto de creciente acumulación de sospechas.

La intervención de Pagano se dio en televisión, donde no solo puso cifra concreta al presunto circuito de dinero sino que además sugirió que hay elementos suficientes para seguir la trazabilidad de esos fondos. Según planteó, el foco no debe limitarse a las criptomonedas sino también a las billeteras virtuales, donde —según afirmó— existirían registros de movimientos que permitirían reconstruir el origen del dinero.

Una denuncia que apunta a la “ruta del dinero”

El dato más explosivo no fue solo el monto, sino el encuadre político que le dio la propia Pagano. La diputada habló directamente de la necesidad de investigar lo que denominó la “ruta del dinero” vinculada al entorno de Milei, insinuando conexiones que podrían escalar más allá del propio Adorni.

En ese sentido, sostuvo que el funcionario tendría cuentas en más de una billetera digital —mencionando incluso plataformas específicas— y que con “el dato de una sola wallet” sería posible acceder a la trazabilidad completa de las operaciones, incluyendo quién depositó y hacia dónde se movieron los fondos.

La gravedad institucional del planteo es evidente: no se trata solo de una acusación mediática, sino de una línea de investigación potencial que podría derivar en medidas judiciales concretas si se aportan pruebas.

Enriquecimiento bajo la lupa y señales que se acumulan

La denuncia de Pagano se suma a un cuadro ya comprometido para Adorni. El funcionario viene siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara un crecimiento patrimonial difícil de explicar en relación con sus ingresos declarados.

En paralelo, trascendieron gastos millonarios, compras de propiedades, viajes al exterior y operaciones en dólares que alimentaron las sospechas. Todo esto configura un escenario donde la aparición de fondos en billeteras virtuales no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio.

La propia Pagano fue aún más allá al vincular el caso con el escándalo de $LIBRA y deslizar que existiría una estructura de manejo de dinero dentro del oficialismo, con roles asignados para canalizar fondos.

Un frente interno que se vuelve peligroso

Lo que convierte esta denuncia en particularmente delicada es su origen: no proviene de la oposición tradicional, sino de una ex integrante del espacio libertario. Eso le otorga un peso político distinto y deja al descubierto fisuras internas que hasta ahora el gobierno intentaba disimular.

Mientras Milei sostiene públicamente a su funcionario, el cerco político y judicial parece cerrarse. La combinación de denuncias cruzadas, investigaciones en curso y filtraciones constantes instala un clima de crisis permanente dentro del oficialismo.

En ese contexto, la frase de Pagano —“3 millones de dólares en una wallet”— deja de ser solo un titular impactante y se convierte en un dato que podría marcar un punto de inflexión si logra ser probado en sede judicial.

Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.