El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
Mientras avanzan las denuncias por el escándalo $LIBRA y los vuelos de lujo de Manuel Adorni, el oficialismo despliega una estrategia en el Congreso para frenar interpelaciones y evitar que las investigaciones alcancen al núcleo más cercano de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El Congreso de la Nación atraviesa una parálisis que lejos está de ser casual. Según reveló Nicolás Valdez en el portal En Orsai, el oficialismo libertario impulsa un verdadero “blindaje político” para evitar que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción escalen hasta el corazón del poder: Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.
La maniobra no es menor. En un contexto donde crecen las sospechas por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y los viajes en jets privados, el gobierno optó por bloquear herramientas básicas de control parlamentario, como las interpelaciones y la conformación de comisiones clave.
Un congreso paralizado para evitar explicaciones
De acuerdo a la información publicada por En Orsai, la estrategia oficialista consiste en dilatar el funcionamiento del Congreso y frenar cualquier intento de la oposición de llevar a Karina Milei o Adorni a dar explicaciones públicas.
En ese marco, figuras del oficialismo en el Senado y Diputados rechazaron pedidos de interpelación, minimizando denuncias que ya tienen derivaciones judiciales. La decisión de postergar el armado de comisiones no sería una cuestión administrativa, sino una táctica deliberada para ganar tiempo y desactivar investigaciones incómodas.
El trasfondo es evidente: evitar que el escándalo $LIBRA —que investiga posibles maniobras millonarias— y las sospechas sobre financiamiento de vuelos privados impacten de lleno en la cúpula del gobierno.
El escándalo que el gobierno no quiere discutir
Las denuncias en torno a $LIBRA ya no son un tema marginal. Se trata de una causa que apunta a un entramado de promoción financiera que habría generado pérdidas millonarias a inversores, con posibles vínculos con el entorno presidencial.
A esto se suma el caso de Manuel Adorni, señalado por viajes de lujo que no logra justificar. La combinación de ambos episodios representa un golpe directo al discurso “anticasta” con el que Milei llegó al poder.
Sin embargo, lejos de habilitar explicaciones, el oficialismo optó por cerrar filas. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, aparece así convertido —según la caracterización de En Orsai— en un espacio de contención política para evitar que el escándalo avance.
Ajuste, crisis social y silencio institucional
El blindaje parlamentario no ocurre en el vacío. Se da en medio de una crisis social cada vez más profunda, con aumento del desempleo, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.
En ese contexto, la decisión de bloquear el debate legislativo también tiene consecuencias concretas: se postergan discusiones urgentes sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales, mientras el oficialismo prioriza contener el costo político de los escándalos.
La combinación es explosiva: ajuste económico, denuncias de corrupción y un Congreso paralizado.
Una estrategia que tensiona la democracia
Lo que está en juego no es solo un caso puntual, sino el funcionamiento mismo de las instituciones. El bloqueo de mecanismos de control y la negativa a dar explicaciones públicas abren interrogantes sobre el rumbo del sistema democrático.
Porque cuando el Congreso deja de controlar al Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe. Y cuando eso ocurre en medio de denuncias graves, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.
El “blindaje” libertario ya no es una hipótesis: es una práctica en marcha. Y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, empiezan a sentirse mucho más allá de los pasillos del Congreso.
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Pablo Moyano le plantó una fuerte protesta a uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, el geselino Gustavo Barrera, a quien acusó de provocar el despido de más de 40 trabajadores afiliados a Camioneros por el corte del contrato con una empresa de barrido y recolección de residuos.
El conflicto suma tensión a la interna del peronismo y amaga con espiralizarse a otros municipios, también gobernados por dirigentes del axelismo. Por eso, Moyano hizo un pedido expreso a Kicillof para que interceda.
Fuentes al tanto del conflicto señalaron a LPO que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictará la conciliación obligatoria para acercar las partes, a la vez que está la posibilidad de que Kicillof y Moyano se reúnan en el transcurso de la semana.
Ha llegado a la intendencia con los votos del peronismo, los compañeros trabajadores le han hecho campaña para que sea intendente y lo primero que hace es cagarlos, traicionarlos
Al liderar la protesta con quema de neumáticos frente al municipio, Moyano cruzó en duros términos a Barrera. «Este mamarracho es presidente del PJ de Villa Gesell, fíjate la incongruencia», dijo.
Y agregó: «Ha llegado a la intendencia con los votos del peronismo, de los trabajadores, los compañeros le han hecho campaña para que sea intendente y lo primero que hace es cagarlos, traicionarlos».
El estallido surge a raíz del corte del contrato que el municipio hizo con la empresa Santa Elena, a cargo de parte del barrido y recolección de residuos en la ciudad balnearia, medida que afectó a casi 45 trabajadores afiliados a Camioneros.
Recientemente, la gestión de Barrera anunció que se hacía cargo de la recolección de residuos «ante el incumplimiento de la empresa Santa Elena».
«Se realizarán las intimaciones correspondientes, aplicando sanciones en caso de persistir el incumplimiento», había informado la comuna días atrás. Con el corte del contrato, el conflicto estalló.
«Parece que el intendente se olvidó que los recolectores fueron esenciales en pandemia, muchos murieron y hoy los traiciona de esta manera», dijo Moyano, que sostuvo: «Le pediremos al gobernador Axel Kicillof, que interceda».
Además, advirtió que esta situación está a punto de estallar en otros municipios a cargo de intendentes del peronismo. «La Plata quiere echar a 150 compañeros de recolección», acusó en dirección a la gestión de Julio Alak. Ante eso, Moyano advirtió: «No vamos a permitir un solo despido».
Pablo Moyano se agrupa en el ala de dirigentes sindicales cercanos al kirchnerismo, lo que le valió una fuerte interna con su padre Hugo.
Ahora, las tensiones escalan y se visibilizan en cruces con administraciones locales del peronismo por contratos relativos a la recolección de residuos, área históricamente controlada por Camioneros.
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