El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió esta mañana la Avenida General Paz donde desde el miércoles se realizan trabajos de pintura demarcando con líneas blancas discontinuas para separar los carriles y con líneas continuas amarillas en los cruces y puentes. En la oportunidad, acompañado por el Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad Mario…
Todo había empezado como en una película floja: un grupo de guardavidas en una playa de Monte Hermoso que estaba entrenando en enero de este año encuentra un bolso en la orilla del mar y al abrirlo advierten varios ladrillos de cocaína. Eso desata una investigación fiscal que termina este lunes, 700 kilómetros más arriba, con cinco detenidos en la zona de San Nicolás por intentar sacar desde el río Paraná 500 kilos de cocaína en buques que transitan por la Hidrovía.
Es una situación que tiene una habitualidad notoria, que implica cargamentos de cocaína con destino de exportación, y que cada tanto se registran con situaciones en la que son detectados. En esta ocasión hubo una pesquisa de meses que desembocó este lunes con una vigilancia encubierta realizada por Prefectura Naval en Ramallo que siguió a una lancha con tres tripulantes en cercanías del club Somisa. El seguimiento dejó ver que a la lancha subían varios bultos de una camioneta y que después seguía viaje hasta San Nicolás, hasta acercarse a un buque amarrado en el Puerto. Cuando izaban los bultos al buque los encargados de la tarea fueron detenidos.
Esta es una práctica tan rutinaria que la Prefectura Bajo Paraná dispuso vigilancias en la zona portuaria de Rosario hasta San Lorenzo, en Santa Fe, ya que la mayor cantidad de casos detectados se dan en esta zona. Los fiscales federales de la de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) le hicieron saber a Prefectura Naval que la organización bajo seguimiento «podía operar entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria» donde posiblemente contaminarían buques en navegación.
El bolso encontrado el 26 de enero en Pehuén Co tenía 35 kilos de cocaína en casi veinte panes. Los panes tenían diferentes etiquetas. Dos decían «Moncler» y «Stefano Ricci». Eso orientó las pesquisas de la Procunar. La cercanía del lugar donde fue encontrado el bolso con lugares donde amarran buques de ultramar en el puerto bahiense dejaban vislumbrar que la carga podía ser transportada fuera del país.
Después de las detenciones, en una audiencia tras el descubrimiento de la cocaína que iba a embarcar en San Nicolás, la fiscal federal Patricia Cisnero explicó que la contaminación de buques en la Hidrovía es un fenómeno reiterado. Se le llama «rip-off» y consiste en «acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación», mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.
Las pericias del bolso encontrado en Pehuen Có en enero y otros elementos determinaron que había sido adquirido por Sebastián Di Seri y que iría a ser despachado en un buque a ultramar. Lo que se cree es que ese bolso se cayó al agua y se perdió entre otros que sí fueron subidos a cubierta.
El segundo hecho del planteo fiscal ocurrió este lunes en San Nicolás cuando se intentó subir a un buque en el puerto 499 kilos de cocaína. Parte de esa carga, unos 232 kilos, estaban en la lancha aledaña al barco. El resto de la sustancia se encontró en 7 bolsos en un garaje de la calle Laprida 245 en Ramallo, a veinte kilómetros, que tenían un peso total de 267 kilos. Eran parte de la misma operación, dijeron los fiscales Cisnero y el titular de Procunar, Diego Iglesias.
Para determinar la conexión entre el caso de Bahía Blanca y San Nicolás fue fundamental una operación en Mercado Libre. Se supo que el 18 de marzo de 2025 Sebastián Di Seri había comprado 25 bolsos estancos de 80 litros. Esos bolsos tenían características coincidentes con los encontrados en uno y otro lugar.
El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitieron más tarde a los fiscales de Procunar establecer vínculos entre Di Seri con las personas que, meses después, serían detenidas esta semana en San Nicolás. Estos son Damián Leyria, Antonio Straccia, Jorge Ayala y Jorge Miño. También con las evidencias obtenidas se reconstruyeron distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.
La fiscal Cisnero dijo este martes en audiencia que en las últimas semanas las tareas de inteligencia permitieron inferir que se preparaba una nueva operación de contaminación de un buque.
En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.
El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un trailer a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada «Gran Brack». Fueron los vehículos seguidos hace cuatro días que llevaron al decomiso de los 500 kilos.
Las líneas intervenidas a Di Seri, el que había comprado los 25 bolsos en Mercado Libre, dieron pautas razonables de que buscaban infectar un barco con el cargamento de cocaína. Un ejemplo fue una conversación captada a Straccia el 22 de marzo
-Escuchá, mañana le dije al «capitán» que nos mande la plata que nosotros le dejamos allá cuatro.
Una llamada de Leyra del 24 de julio indicó a los investigadores que se iba a producir una maniobra de tráfico de cocaína.
-Está ahí, pero no confirman, nosotros no podemos salir hasta que confirmen boludo. Estamos los seis. Tengo un hombre dentro de mi casa hace tres días. Estamos trabados, no nos contestan de arriba-, dijo Leyra hace dos semanas.
Su interlocutor le respondió: «Está complicado el tema de los barcos ahora». Y aludió a algún tipo de iluminación para identificar puntos de contacto.
El 28 de julio Leyra se comunicó con Ayala. Le dijo: «Escuchame viejo, se suspendió. Está viniendo Gustavo (por Straccia), igual te van a dar la plata. Ahora vamos a trabajar en Rosario, ahora te cuento, va para allá, va par Rosario».
Todos estos elementos indiciarios permitieron que Prefectura siguiera y detuviera al grupo que fue llevado a audiencia este martes ante la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.
«Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país», sostuvo Iglesias durante la audiencia, según indicó el portal Fiscales.gob.ar.
El jefe de la Procunar detalló que por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares. Si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.
La jueza dejó presos a los cinco detenidos y les impuso prisión preventiva por 180 días.
Los casos en donde se advierte droga son esporádicos y no indican que es porque la droga no pase. En junio de 2025 se descubrió, por la denuncia de un capitán de un buque filipino, un cargamento de 470 kilos de cocaína en el buque de tripulación amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva pasó por Córdoba, donde encabezó el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Y allí, frente al Círculo rojo mediterráneo salió a bancar el accionar de Gustavo Gauna, el comisario de la Federal que disparó, de civil, en la marcha contra la Ley de Tierras del pasado jueves.
Monteoliva respaldó la portación de arma por parte del efectivo de civil al decir que «es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada». «Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», dijo la cordobesa Monteoliva en la disertación en la Bolsa de Comercio.
Situación, la del comisario Gauna que derivó en una denuncia y una citación a la integrante del Gabinete nacional al Congreso por parte de la oposición.
«Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves», dijo Monteoliva, visiblemente molesta.
Tensión que se hizo más notoria cuando le preguntaron en el recinto, y frente al empresariado cordobés, por la polémica de la bandera de Malvinas en el Mundial. «Lo aclaro una vez más: las recomendaciones no fueron mías. Quien define los parámetros es la FIFA», dijo e insistió con «el dibujito de las banderas», frase que repitió este mediodía en Córdoba.
«Lo que hicimos fue comunicar para que la gente no se quedara con la entrada en la mano y la camiseta puesta. Este es el Gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas. Hay otros que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada», afirmó Monteoliva.
De los líderes de la oposición, particularmente de ese eje que componen el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez, quien estuvo fue el referente libertario. No así el integrante de la Cámara alta, muy crítico de Monteoliva por su pasado como funcionaria de De la Sota en el acuartelamiento policial en el 2013 y muy cercana, ahora, al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Quien se sentó en la mesa central junto a Bornoroni y al presidente de la entidad, Manuel Tagle.
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Los aliados empujaron este jueves al gobierno a retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la ley de manejo del fuego y la media sanción de la iniciativa de Federico Sturzenegger terminó desflecada. Pese que Patricia Bullrich logró retener el voto de los 10 radicales, los tres del PRO, los dos misioneros y la chubutense Edith Terenzi para la votación en general, ese fragmento del dictamen se desplomó por la falta de respaldo de casi todo el arco de los bloques dialoguistas, como ocurrió con el capítulo de extranjerización de la tierra.
Frente a la estampida de senadores contra el pomposo proyecto, el oficialismo tuvo que conformarse con la aprobación de los capítulos referidos a la agilización de los desalojos y el recorte de las facultades del Estado en las expropiaciones, menos de un tercio del contenido que ambicionaba el gobierno cuando lo mandó al Congreso en marzo.
El derrumbe fue tan estruendoso que el fueguino Agustín Coto anunció que La Libertad Avanza aceptaba quitar los artículos referidos al manejo del fuego y José Mayans le retrucó que retirasen la ley completa.
Bullrich se fue enterando a lo largo de la tarde cómo se le escapaban los respaldos, con el mismo efecto cascada que le hizo perder la ley de tierras. El discurso torpe de Joaquín Benegas Lynch también contribuyó a quemar los puentes con los senadores aliados, a los que el libertario entrerriano tildó de «ignorantes» y «tibios» por sucumbir ante «el show mediático» que supuestamente se montó contra la venta de terrenos a extranjeros.
Esa intervención de Benegas Lynch, que ensayó al principio de la sesión para rechazar la impugnación que presentó Juliana di Tullio para impedir que vote por conflicto de intereses ante la revelación de LPO, detonó la mayoría de los 44 que armó Bullrich durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. Si el vínculo había quedado resentido esta semana por la mala praxis de la jefa de bancada oficialista, los dichos del senador que se dedica a valuar y vender campos en su actividad privada terminaron de estallarlos.
En efecto, los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento que barría con las sanciones o limitaciones a los propietarios de hectáreas que se incendiasen para luego enajenarse. Así fueron cayendo los anuncios del radical Maximiliano Abad, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi.
Royón, en el Salón Eva Perón.
Abad explicó en su exposición que esa parte del proyecto era «regresivo» y que «la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establecen el principio de no regresión ambiental». En tanto, Royón había avisado que, más allá de los cabildeos que se produjeron durante meses en el despacho de Víctor Zimmermann en el Senado para retocar la ley, «todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y por eso votaría en contra.
La chubutense Terenzi y la tucumana Ávila, fundamentales para voltear el capítulo de tierras, también se opusieron y fastidiaron los planes del gobierno.
Los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento de Manejo del Fuego.
Finalmente, el proyecto quedó compuesto por lo que fuera el Capítulo I, referido a la Expropiación y Regularización Dominial, el Capítulo II, dedicado a los Procesos de Desalojo y el Capítulo V, sobre el Registro de la Propiedad Inmueble.
El primero fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra y el segundo cosechó 36 voluntades por la afirmativa y 33 por la negativa. Terenzi se abstuvo después de explicar que no compartía la orientación del articulado pero también advirtió que lo que se estaba legislando aplicaba solo a la Capital Federal porque el resto de las jurisdicciones tenían su propio régimen de desalojos.
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