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Orazi recibió al Subsecretario de Seguridad Vial

El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.

En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.

Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.

Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.   

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    La norma fue aprobada con los votos de la UCR, el PRO y los libertarios, mientras que el peronismo la rechazó.

    La modificación al Código contravencional prevé penas de 20 a 50 días de detención para las bandas que se organicen en eventos masivos, de 10 a 30 días para quien cuide coches de manera ilegal en cualquier calle o lugar de la Ciudad y más de 60 días para los organizadores del negocio. Las penas se endurecerán en caso de acoso a los dueños de vehículos.

    Jorge Macri festejó la sanción de la ley. «Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien», expresó a tono el discurso sus últimos meses.

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     El Gobierno volvió a mostrar superávit en mayo y Javier Milei salió a celebrarlo: «el granítico ancla fiscal». Pero debajo de ese número prolijo apareció un dato incómodo para el relato oficial. El gasto en universidades fue una de las partidas que más creció en términos reales, una tendencia que se acentuará en los próximos meses cuando comience a ejecutarse el acuerdo que firmó el Gobierno para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte.

    El otro gasto que subió fue el destinado a subsidios de servicios públicos que aumentaron nominalmente $784.178 millones. Energía explicó $523.417 millones y transporte $258.687 millones, a pesar de los aumentos tarifarios, o mejor dicho para contenerlos por su presión inflacionaria.

    El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, después de pagar intereses de deuda por $1.445.754 millones. Con ese resultado, el acumulado de los primeros cinco meses llegó a 0,7% del PBI en el resultado primario y a 0,2% del PBI en el financiero.

    Ese 0,7% tiene valor político. Es la mitad de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI que el Gobierno renegoció con el FMI para 2026. La meta original era más exigente: 2,2% del PBI. El Fondo la bajó luego de la revisión del programa y el acuerdo técnico que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

    El número también tiene una lectura menos épica. La meta anual quedó en torno de $16,4 billones. A mayo, el Gobierno acumuló cerca de $6,98 billones de superávit primario. Es decir, llegó con aire a junio, aunque todavía tiene por delante el pago de aguinaldos y una segunda mitad del año donde la recaudación no muestra una recuperación sólida.

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    De hecho, la consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% para el primario y 25,2% para el financiero, en la comparación interanual.

    La consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. 

    Los ingresos totales de mayo fueron $14.531.657 millones, con una suba nominal de 27,8% interanual. Los recursos tributarios crecieron 30%. El impulso central vino de Ganancias, que saltó 72,5% por el vencimiento de sociedades. En cambio, los derechos de exportación siguieron en baja y cayeron 17,4% interanual.

    La caída de los recursos obedeció fundamentalmente a los impuestos ligados a la actividad interna, como el IVA neto de reintegros con una baja del 11%, los aportes y contribuciones a la seguridad social que cayeron 4,4%, los débitos y créditos y los impuestos internos un 16,7%. Los tributos ligados al exterior también continuaron cayendo, tanto los derechos de exportación como los de importación. 

    Cuando se descuenta la inflación, se ve el deterioro del superávit. Según IARAF, los ingresos totales cayeron 4,1% real interanual. Los tributarios bajaron 2,4% y los no tributarios retrocedieron 22,5%. El gasto primario también cayó, aunque menos: 2,2% real. Por eso, el superávit primario de mayo fue 14,9% menor al de un año atrás.

    Ahí aparece una tensión clave. En abril, el Gobierno había encendido luces amarillas porque el gasto subió en términos reales mientras los ingresos caían. En mayo corrigió esa foto, pero no del todo: los ingresos bajaron más que el gasto. 

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    El dato más político está en las universidades. IARAF registró que las transferencias a universidades crecieron 78,5% real interanual en mayo. Fue el mayor aumento entre los componentes del gasto. En la ejecución oficial, las transferencias corrientes al sector público subieron 47,4% nominal, explicadas por un salto de 89,1% en las transferencias universitarias.

    Ese movimiento revela que pese a su discurso blindado, el gobierno tocó un límite en el ajuste universitario y es evidente que las masivas protestas terminaron mellándolo. El aumento responde a recomposiciones parciales en medio de la pelea, pero todavía no refleja el reciente acuerdo que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, una suba de 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento de 50% para las becas Manuel Belgrano.

    Un acuerdo transitorio mientras se espera el fallo de la Corte Suprema sobre el  incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

    Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables.

    La otra cara del superávit está en las partidas que siguen ajustadas. El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al mes anterior. IARAF marcó caídas reales fuertes en gasto de capital a provincias, otros gastos corrientes y otras funciones (gastos operativos del sector público)

     Los principales recortes se dieron en el gasto de capital (obra pública), que tuvo una caída del 3,8% interanual nominal, siendo los rubros más afectados agua potable y alcantarillado, una hipoteca al futuro sanitario del país.

    El punto más delicado no está en el comunicado de Economía sino en lo que queda debajo de la línea. El FMI ya había advertido que, si se computa el componente real de los intereses capitalizados, el resultado financiero deja de verse tan prolijo. En su staff report, el organismo señaló que el superávit de caja global de 0,2% del PBI de 2025 pasaría a un déficit de 0,8% del PBI si se incorporaran esos intereses.

    La discusión volvió a circular con fuerza en redes. Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables por 2,5% del PBI. 

     

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