El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
Una disputa que excede el caso Vialidad
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
La pelea por el futuro político del peronismo
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
¿Marketing político?¿Respuesta al clamor popular? Nuevamente el Ejecutivo se encuentra en el centro de la polémica al presentar el proyecto de reforma del “Régimen penal Juvenil”. Pero antes de preguntarse si dicho proyecto enmarcado en el programa Justicia 2020 es “correcto” o no, deberíamos hacer foco en otras cuestiones. Como siempre, el pilar fundamental de…
Hugo Passalacqua y Carlos Rovira escaló hasta el punto de no retorno. Tras quedarse con gran parte de su aparato político, el gobernador de Misiones empezó a atacar el poder económico del otrora hombre fuerte de la provincia y cortó un contrato millonario que beneficiaba directamente al dueño de los streaming Blender y Carajo, Augusto Marini.
Se trata del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed que es parte de CaleGroup, el
holding de empresas del libertario Marini. La app Alegramed fue puesta en marcha durante la pandemia y a través de ella los misioneros podían sacar turnos en el sistema de salud público.
En Misiones dicen que Alegramed es la principal fuente de financiamiento de Marini y creen que con ella sostiene los streaming porteños, que como quedó claro en la crisis de Blender le dan pérdida.
El gobierno misionero le pagaba a Alegramed alrededor de 9 dólares mensuales por cada uno de los 350 mil usuarios que tenía. Un negocio fenomenal que algunos creen era del propio Rovira, el padrino de Marini.
Ahora, el gobierno de Passalacqua está desarrollando su propia aplicación y los misioneros empezaron a ser avisados que Alegramed será dada de baja a fin de mes. La versión en la provincia es que ya se cortaron los pagos a la empresa de Marini, que ahora depende de los contratos ferroviarios que le empezó a dar el gobierno nacional.
El fin del contrato con Alegramed es parte de un avance de Passalacqua sobre las cajas de Rovira, en una confirmación de que la guerra política entre los caudillos misioneros no tiene retorno.
Días atrás, Passalacqua le sacó a Rovira el control de dos de las principales cajas económicas de la provincia: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la distribuidora de energía. Ambas estaban en manos de alfiles del exgobernador, que fueron desplazados al igual que todas las segundas líneas.
Passalacqua también había cortado la concesión de un hotel del Instituto de Previsión Social en Posadas, que manejaba un grupo empresario al que también ligan a Rovira. Otras proveedoras del Estado provincial tendrían el mismo destino que la app de Marini.
Carlos Rovira
La disputa entre Rovira y Passalacqua comenzó cuando el gobernador anunció su intención de buscar un nuevo mandato
en 2027, contra los deseos del caudillo provincial que quería mantener la potestad de elegir al candidato del oficialismo.
La histórica estrategia de Rovira -que dejó la gobernación en 2007 pero controlaba políticamente la provincia desde la Legislatura- fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder. Por eso su plan era imponer en 2027 al vicegobernador Lucas Romero Spinelli.
Pero Passalacqua se retobó y consiguió el apoyo de casi 70 intendentes que antes respondían a Rovira. El caudillo entonces avisó que ponía fin al sello Frente Renovador de la Concordia y lanzó Encuentro Misionero. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron con un armado propio.
LPO reveló días atrás que dirigentes importantes del oficialismo misionero estaban intentando un acercamiento entre Passalacqua y Rovira, que habría dado algunas señales de que aceptaría un nuevo mandato del actual gobernador. Pero la mediación por ahora no avanzó y Passalacqua decidió ir a fondo contra el poder económico del rovirismo.
A través del Decreto 126/21, la Municipalidad de Villa Regina llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: *Poseer título de Abogado, con no menos de 2 años de ejercicio en la profesión. Deberán acompañar certificaciones del colegio de abogados y/o…
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. “La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182…
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina pone en conocimiento de los vecinos algunas consideraciones relacionadas con la turbidez que el agua ha presentado en los últimos días. En principio, y como se informó anteriormente, esto se debe a las recientes precipitaciones que se dieron en la región del Alto…
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