El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
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Axel Kicillof trabaja en silencio para seducir al radicalismo y sumarlos a su carrera para la presidencia. Todo es muy incipiente, pero en la provincia de Buenos Aires apunta a un acercamiento con el sector que lidera Miguel Fernández, mientras que en el resto del país busca tender puentes al menos con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.
Armadores de Kicillof sostienen que los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes podrían concretar un cierre electoral con Axel, antes que firmar un acuerdo con Javier Milei. Parte de esa premisa tiene que ver con el reciente viaje del bonaerense a Corrientes donde mantuvo un encuentro público con Valdés.
Sin embargo, a pesar del optimismo del axelismo, los movimientos de Pullaro y Valdés no parecen tan claros. Por caso, el correntino tuvo que salir a decir, tras la foto con Kicillof, que está en contra de las PASO. Una manera de mantener abiertos los puentes con los libertarios.
Pullaro en tanto, parece más reticente todavía a un acuerdo electoral con el peronismo. Este viernes, el gobernador de Santa Fe se mostró en la capital junto a Mauricio Macri recorriendo obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
Las intenciones del gobernador de sumar al radicalismo a su armado político no son nuevas. Se sabe que en 2023 Kicillof le ofreció a Fernández -ex presidente del Comité Provincia- la vicegobernación. Fernández rechazó la oferta, en una decisión que hoy todavía se discute en algunos sectores del radicalismo.
Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro.
En la provincia, pese a la lista de unidad que se logró semanas atrás, el radicalismo está fracturado. El senador Maximiliano Abad recuperó la conducción del Comité Provincia y busca un acuerdo con La Libertad Avanza o con un eventual resurgimiento de Juntos por el Cambio. Abad sostiene que el radicalismo debe ir a 2027 en un frente electoral.
La elección de 2025 fue desastrosa para todo el radicalismo bonaerense. La alianza con Somos Buenos Aires lo llevó a perder nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
El radicalismo siempre tuvo un nicho de poder en la provincia: los intendentes que controlan distritos importantes del verde interior bonaerense. Sin embargo, en septiembre pasado 17 de los 28 intendentes perdieron la elección.
A fines de mayo, un grupo de intendentes radicales se mostraron junto a Kicillof en un acto enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia. La foto disparó versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.
Lo cierto es que esos puentes siempre estuvieron abiertos. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.
Como sea, las versiones obligaron una desmentida. En un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei». Esa movida, también forzó la candidatura de Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos) en la carrera por la Gobernación.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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