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Orazi recibió al Subsecretario de Seguridad Vial

El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.

En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.

Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.

Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.   

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  • Las ventas cayeron un 18% en Córdoba y crece el fiado para comprar alimentos

     

    El principal logro que exhibe el gobierno de Javier Milei -la desaceleración de la inflación- todavía no consigue traducirse en una recuperación de la economía real. Al menos eso reflejan los últimos informes de las principales entidades comerciales de Córdoba, que muestran una fuerte caída de las ventas, un deterioro de la rentabilidad y un creciente endeudamiento de las familias para comprar alimentos.

    Mientras el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró para junio una inflación de apenas 1,87%, la más baja de los últimos once meses, la actividad comercial continúa en retroceso tanto en los grandes corredores comerciales como en los negocios de cercanía.

    Los datos de la Cámara de Comercio de Córdoba son contundentes. Durante junio las ventas minoristas cayeron 18% interanual en unidades y la rentabilidad retrocedió 20% respecto del mismo mes de 2025. En comparación con mayo, las ventas volvieron a bajar otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.

    La serie confirma una tendencia que comenzó a profundizarse en marzo. Ese mes las ventas habían caído 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio volvió a ubicarse en un muy elevado 18%.

    La rentabilidad muestra un deterioro todavía mayor: pasó de una caída interanual del 15% en marzo al 24% en abril, 22% en mayo y 20% en junio, obligando a muchos comerciantes a resignar márgenes para sostener el nivel de actividad.

    El clima entre los comerciantes tampoco mejoró. Apenas el 11% aseguró haber cumplido las expectativas de ventas durante junio. Aunque representa una leve recuperación respecto del crítico 5% registrado en abril y del 9% de mayo, continúa muy lejos de un escenario de normalización.

    Pero el dato más preocupante aparece cuando se observa qué ocurre con los alimentos, el rubro más sensible para medir el consumo cotidiano.

    Según el Centro de Almaceneros, las ventas en los comercios barriales de alimentos retrocedieron 8,6% interanual durante junio, incluso en un contexto donde la inflación de alimentos se desaceleró hasta el 1,7%, el menor incremento mensual desde julio de 2025.

    El informe atribuye esa moderación principalmente a la estabilidad de los precios de la carne vacuna, que prácticamente no registró aumentos durante junio e incluso mostró bajas cercanas al 2% en algunos cortes.

    Sin embargo, el alivio en los precios no alcanzó para recomponer el poder de compra de las familias.

    Los indicadores sociales muestran un escenario delicado: el 56,6% de los hogares aseguró no haber logrado cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria; el 53,2% redujo la cantidad diaria de comidas; el 32,4% sufrió situaciones de hambre sin poder resolverlas y el 11,4% declaró haber atravesado períodos en los que debió alimentarse una sola vez al día.

    La forma en que hoy se financia la alimentación también refleja el deterioro del ingreso disponible. Nueve de cada diez hogares recurrieron a algún mecanismo de crédito para comprar comida. El 39,3% compró fiado en almacenes de barrio, el 38,4% utilizó tarjetas de crédito y el 11,2% necesitó dinero prestado. Apenas uno de cada diez hogares pudo adquirir alimentos sin recurrir a financiamiento.

    Ese fenómeno también empieza a golpear a los propios comercios. Según el informe, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad llega al 17,7%, un nivel que pone en riesgo la continuidad financiera de numerosos pequeños negocios.

    El cuadro deja en evidencia una de las principales tensiones que enfrenta el programa económico nacional. La estabilidad de los precios comienza a consolidarse -el IETSE proyecta una inflación cercana al 30% para todo 2026-, pero esa mejora macroeconómica todavía no logra recomponer los ingresos reales ni reactivar el consumo privado.

    En una provincia como Córdoba, donde el consumo interno constituye uno de los principales motores de la actividad comercial, la fotografía de junio muestra que la desinflación todavía no llegó a los bolsillos. Los precios crecen cada vez menos, pero las ventas siguen en caída libre y una porción creciente de los hogares necesita crédito, fiado o ayuda familiar para llegar a fin de mes.

     

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  • Escándalo: Metrogas repartirá 60 mil millones en dividendos, mientras le debe esa cifra al Estado

     

     Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.

    La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.

    El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.

    Uribelarrea consiguió USD 400 millones en medio de la pulseada por Metrogas

    Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.

    La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

    La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

    El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.

    Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.

    No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas. 

    La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri. 

    Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.

    En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.

    El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.

    En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico. 

    Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.

     

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