El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
El gobierno nacional declaró la emergencia económica, productiva, financiera y social, por un año, a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa, según el decreto 1125/2017 publicado en el Boletín Oficial. El decreto faculta al presidente Mauricio Macri a instrumentar regímenes…
La crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y el desgaste político empiezan a reflejarse con fuerza en las encuestas. Un nuevo relevamiento mostró que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras crece el malestar social y se profundiza el rechazo a la situación económica del país.
Por Roque Pérez para NLI
Los números confirman una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde comienzos de año: el Gobierno pierde apoyo incluso entre sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023. Según distintos sondeos publicados en las últimas semanas, la desaprobación presidencial ya oscila entre el 55% y el 65%, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída del consumo y salarios pulverizados.
La encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reveló además que una parte importante de la población asegura que “ya no soporta” la situación económica actual. El dato expone un fenómeno que empieza a perforar el relato oficial sobre la supuesta recuperación: el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana y cada vez más familias llegan con dificultad a fin de mes.
El deterioro no aparece solamente en la evaluación económica. También se observa una fuerte caída en la valoración personal de Milei. La consultora CEOP Latam detectó que la imagen positiva presidencial cayó hasta apenas superar el 34%, muy lejos de los niveles que había alcanzado luego de las legislativas de 2025. Incluso, cuatro de cada diez votantes que lo apoyaron en el balotaje afirman que hoy no volverían a elegirlo.
Otro estudio, elaborado por Zuban Córdoba, mostró que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria, el peor registro en varios meses. El informe vincula directamente la caída del Gobierno con los escándalos políticos, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la crisis social.
En paralelo, otras consultoras vienen detectando un patrón similar: caída de expectativas, descreimiento respecto del rumbo económico y creciente agotamiento frente al ajuste permanente. La combinación entre tarifazos, salarios deprimidos y recesión empieza a erosionar incluso al núcleo duro libertario.
La situación también impacta en el plano regional. Un informe de CB Global Data ubicó a Milei entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen del momento, tras registrar una fuerte baja en su valoración positiva.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el discurso del “sacrificio necesario”, aunque los números muestran otra realidad: cada vez más argentinos consideran que el costo del modelo económico es demasiado alto y empiezan a expresar ese rechazo en las encuestas. La pregunta que empieza a recorrer la política argentina es si el Gobierno todavía tiene margen para sostener el ajuste sin que el deterioro social termine convirtiéndose en una crisis política más profunda.
Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel.
Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.
El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas.
Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.
Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.
“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”,dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.
Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia.
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El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula:
“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.
En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.
En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa.
Cumplir y volver.
A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?
Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.
“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con su propia vida”.
En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.
Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.
La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.
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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.
Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.
“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.
Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.
Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.
Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.
“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.
Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.
“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.
“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.
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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre, cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.
El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.
“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, diceNazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.
Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”.
La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.
Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.
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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.
Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.
El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita.
Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.
Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.
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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.
El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.
A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.
Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.
Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.
En el SUM ‘Eva Unaiche’ de barrio Nuevo, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha este jueves el ‘Curso de educación vial en mi barrio’ con el objetivo de acercar a los vecinos la realización de los trámites para obtener ‘Mi primer licencia’ y la Renovación de licencia de…
La crisis de la construcción está complicando los planes de Marcelo Mindlin en Loma Negra. Las acciones de Loma Negra atraviesan un momento delicado, marcado por el cambio en su conducción, fundamentos complicados y la caída de la construcción que condiciona su desempeño en el mercado.
Durante más de dos décadas, la compañía estuvo bajo la órbita de capitales brasileños, primero con Camargo Correa y luego a través de InterCement. Esa relación se convirtió en un factor de incertidumbre creciente en los últimos años, a medida que la controlante acumulaba una deuda superior a los USD 2.000 millones y entraba en un proceso de recuperación judicial en Brasil en 2024. El riesgo latente era una eventual venta de activos para hacer frente a sus compromisos.
Ese capítulo se cerró el 6 de abril de 2026, cuando el empresario Marcelo Mindlin, a través de Latcem y junto a Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, tomó el control de InterCement tras la homologación de su reestructuración.
Bruno Bonacina Rogliano, asesor financiero en Bull Market Brokers, tiene una mirada positiva del desembarco de Mindlin. «Es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida», afirmó Rogliano.
El nuevo esquema accionario, con Latcem controlando el 38,7%, trajo un cambio clave en la percepción del mercado. No solo se despejó el riesgo financiero de la controlante, cuya deuda fue reprogramada hasta 2031 sin vencimientos relevantes en el corto plazo, sino que además ingresó un perfil inversor con experiencia en ciclos largos de infraestructura.
Para Loma Negra, desaparece el «overhang» que pesaba sobre la acción y se suma un refuerzo de capital de USD 110 millones para sostener la operación. Pero eso no implica que el camino esté despejado. Bonacina lo resumió con claridad al señalar que «todo esto ocurre sobre un balance operativo que todavía muestra las cicatrices de 2025», marcando que el cambio financiero convive con desafíos operativos vigentes.
Mindlin es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida.
En términos operativos, la compañía todavía arrastra las secuelas de un 2025 débil. El EBITDA cayó a USD 146 millones desde los USD 198 millones del año anterior, con márgenes presionados y una recuperación de volúmenes más lenta de lo esperado. La demanda de cemento creció apenas 5,6%, reflejando un sector de la construcción que nunca terminó de despegar.
Aun así, hubo algunos indicios de piso. En concreto, el negocio de hormigón creció 62% interanual en volúmenes y el segmento ferroviario mejoró su rentabilidad. Además, la empresa mantiene una estructura financiera razonable, con deuda neta de USD 183 millones y un apalancamiento de 1,47x.
En el mercado, esa combinación de señales se traduce en cautela. El ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza a cerca de USD 11 y acumula un año y medio de lateralización.
En este punto, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, indicó que la situación «no es casualidad» porque «la compañía cementera cuyo negocio depende en buena medida de la obra pública pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura».
A esto se sumó el encarecimiento de los costos de construcción, que frenó proyectos privados y postergó decisiones de inversión.
«Loma Negra presenta fundamentos operativos sólidos y una estructura financiera relativamente robusta. Sin embargo, la dinámica del precio de la acción refleja su elevada exposición al ciclo económico y, en especial, al de la construcción, que aún muestra signos de debilidad y alta volatilidad», comentó Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria.
El negocio de Loma Negra depende en buena medida de la obra pública y pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura
«La compañía ha evidenciado presión sobre márgenes en un contexto de costos crecientes y cierta limitación en la capacidad de trasladarlos a precios. Hacia adelante, el potencial de apreciación está condicionado a una recuperación más sostenida de la actividad, tanto en obra privada como, en especial, pública. En este marco, la tesis de inversión luce más dependiente del ciclo macro que de drivers idiosincráticos», añadió.
Sin embargo, empiezan a aparecer factores que podrían cambiar el escenario. Por un lado, el Gobierno habilitó a varias provincias (como Córdoba, Santa Fe y Mendoza) a licitar y gestionar rutas bajo esquemas de concesión con peaje.
Por otro lado, la construcción privada mostró señales de recuperación: en el primer trimestre de 2026, los metros cuadrados registrados crecieron cerca de un 20% interanual.
En este marco, el consenso de analistas proyecta un crecimiento de ventas de Loma Negra del 25% para 2026, con recomendación de compra y un precio objetivo cercano a USD 15 por acción, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 30%.
Durante este martes, el personal del área de mantenimiento de la Dirección de Tránsito y Protección Civil comenzó con las tareas de pintado de color amarillo del cordón cuneta ubicado sobre la margen norte de calle Juan Bautista Alberdi entre Villarino y Juan XXIII. En ese sector estará prohibido el estacionamiento de acuerdo a lo…
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