El Intendente Marcelo Orazi recibió en la mañana de este martes al Subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro Marcelino Di Gregorio para abordar distintos temas relacionados al trabajo conjunto entre esa área y el Municipio. De la reunión también participó el Director de Tránsito y Protección Civil Mario Figueroa.
En la oportunidad dialogaron sobre el Plan Provincial de Seguridad Vial que lleva adelante el Gobierno de Río Negro que comprende distintos ejes entre los que se encuentran el control de velocidades, educación vial y el fortalecimiento del Observatorio Vial.
Asimismo se abordó la función del Registro provincial de antecedentes de tránsito que plantea un trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas municipal con el objetivo de centralizar información y tener una base de datos unificada.
Por otro lado, se analizará la firma de un convenio para la implementación del Programa de control de velocidades en la ruta nacional 22.
El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas.
Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras.
Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años.
Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial.
Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026».
«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.
La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto.
Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape.
La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.
Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.
Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».
En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años.
Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI.
La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera.
El campamento de Vicuña en San Juan.
No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.
Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país.
Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.
Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».
Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho.
Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década.
Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio.
Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen.
El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.
Javier Milei convocó a los legisladores libertarios para este lunes, a las 15, a una charla sobre el libro «La Economía en una lección», en el Salón Héroes de Malvinas, en Casa Rosada. Fuentes del oficialismo indicaron a LPO que recién a partir de ese momento habría novedades sobre el proyecto de Presupuesto 2027 que el Presidente enviaría al Congreso.
Por reglamento, el Poder Ejecutivo tiene que remitir la ley de leyes a la Cámara Baja, como máximo, el 15 de septiembre, es decir, este martes. Sin embargo, la oposición está inquieta ante la posibilidad de que el gobierno profundice el ajuste de las partidas sensibles.
En efecto, el último informe del IARAF concluyó que este año «registraría la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años». El recorte, más allá del credo del gobierno, se debe a la caída de la recaudación.
El mismo instituto informó que las transferencias corrientes a provincias y municipios cayeron un 86,6%, comparando los primeros ocho meses del año con el mismo período de 2023. En la categoría de bienes de uso, que incluye la realización de obra pública, el derrumbe fue similar: ronda un 83,6% por debajo del último año del gobierno anterior.
Un diputado peronista se preguntaba este domingo si LLA podía llegar a inflar la recaudación estimada para «camuflar el ajuste en un año electoral». «Van a dibujar al alza la recaudación», planteó.
Que nadie disfrute la hipótesis de que vengan con un presupuesto invotable para prorrogar el de este año. Vienen con un presupuesto de ajuste en términos reales y cuánto más ajuste propongan, más cerca del rechazo estarán para administrar el de este año como se les antoje.
El ex legislador y actual director de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, alertó que «no hay que tomar en serio el proyecto de Ley de Presupuesto». «El motivo es simple: el propio Presidente Javier Milei y el Ministro Toto Caputo no consideran que el Presupuesto sea un instrumento central de la política económica. Además, no creen que deba cumplirse», escribió en la red social X.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch.
Rodríguez está persuadido que en 2024 y 2025 fue el gobierno quien decidió que no hubiera presupuesto y no la oposición quien se lo impidió. A su criterio, Milei y Caputo aspiran al manejo discrecional de los recursos.
Un legislador experimentado afirmó a LPO: «Que nadie disfrute la hipótesis de que vengan con un presupuesto invotable para prorrogar el de este año. Vienen con un presupuesto de ajuste en términos reales y cuánto más ajuste propongan, más cerca del rechazo estarán para administrar el de este año como se les antoje».
En la bancada libertaria carecían al cierre de esta nota de cualquier detalle sobre el Presupuesto pero ya habían despejado su agenda. Después de la charla económica que encabezará el Jefe de Estado este lunes, los diputados están citados para una cena en el local de LLA Provincia de Buenos Aires, ubicado en Caseros al 500, en Ciudad de Buenos Aires. A ese tipo de eventos no suele ir Milei pero lo relevaría Karina.
Luego será tarea del presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lync, abrir la ronda de visitas de funcionarios para defender la propuesta del gobierno.
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Un video que la propia diputada libertaria Celeste Ponce difundió este lunes en sus redes sociales desató la polémica. El motivo es que la propia parlamentaria de La Libertad Avanza apareció en las aguas del río Jordán en una ceremonia de bautismo que ella misma protagoniza.
«Hoy morí para renacer en Cristo… no soy más esclava», dice el posteo que hizo la misma Ponce en sus redes y estallaron los comentarios en contra de la diputada oriunda del sur de Córdoba.
Principalmente, ante la consulta acerca de dónde salieron los fondos para costear el viaje hasta si se tomó o no licencia en la Cámara baja para poder realizar el tour por Medio Oriente.
Ponce viajó al sitio arqueológico de Al-Maghtas, ubicado en la ribera oriental del río Jordán, en el Líbano, por su profundo simbolismo. Ya que es el lugar donde se realizó el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista y es un sitio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.
No obstante, como se contó, muchos usuarios en redes salieron al cruce de la situación de Ponce. Entre ellos, uno que le dijo: «¿para financiarte estas pelotudeces privadas querías ser funcionaria pública?» a lo que la propia Ponce le respondió desde una cuenta secundaria en Instagram que también es de ella y se llama @lacruzadademaria.
«Que Dios te bendiga y te haga ver las cosas con claridad, no con maldad. Abrazo grande», dijo Ponce desde esa cuenta y remató con un versículo de Mateo: «porque de la abundancia del corazón habla la boca».
Los que oficiaron de anfitriones de Ponce en Medio Oriente fueron Marcos y Fernanda Brunet dos influencer religiosos que siguen desde hace años a Milei y lo manifestaron en sus redes en el 2023 a días del balotaje.
Ambos también forman parte de la Iglesia Toma Tu Lugar cuyo templo fue inaugurado en agosto del año pasado y está ubicado en la zona sur de la capital cordobesa. El templo evangélico tiene algunas maniobras articuladas con el oficialismo en Córdoba. Como en abril de este año cuando le cedieron las instalaciones del Concejo Deliberante para una muestra de arte que contó con la presencia de Brunet.
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