El Intendente Marcelo Orazi participó de la mesa de trabajo convocada por la Agencia de Desarrollo Económico CREAR Río Negro para compartir ejes y objetivos a desarrollar durante este año. En la oportunidad estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
En el encuentro estuvieron presentes la Subsecretaria en Coordinación Técnica Administrativa del CREAR María Eugenia Casi, el referente local del CREAR Atilio Caverzán, la Legisladora Marcela Ávila y representantes de las Universidades del Comahue y de Río Negro y de las Cámaras de Comercio y de Productores, Escuela Agraria, INTI entre otros.
En la oportunidad, el Intendente Orazi expresó que “el CREAR es un lugar donde los distintos actores económicos de la ciudad, empresarios, micro emprendimientos, Universidades, Escuela Agraria e instituciones pueden acercarse asiduamente más teniendo en cuenta la conexión con el Parque Industrial y su inscripción en el RENPI y llevar adelante proyectos que nos permitan el desarrollo sostenido de la ciudad”.
“La presencia de cada uno de ustedes en este primer encuentro adquiere otra relevancia teniendo en cuenta los factores que hoy se nos presentan más que favorables para la concreción de proyectos productivos e innovadores”, señaló.
Por su parte, Casi indicó que “debemos empezar a pensar en un lugar físico y poder bajar todos los programas que la provincia de Río Negro tiene y poder compartir con cada uno de ustedes lo que se está haciendo y poder aprovechar esta capacidad del Crear para desarrollar todas sus herramientas de inversión y desarrollo productivo. Poner en la mesa que viene aportando cada uno y que podemos aportar de cara a éste año de acuerdo a la realidad de cada uno”.
“En definitiva hay actores que no necesitan un crédito, pero sí un acompañamiento, que se asesore en determinados temas, que se capacite. Para ofrecer nuestros productos en el mercado interno y externo necesitamos que sean de calidad, indicó”.
La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.
La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.
El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.
Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.
El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024
Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.
Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.
El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.
Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.
En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.
El regreso de Chubut al mercado internacional no pasó desapercibido. En un contexto global adverso y con Argentina todavía bajo la lupa de los inversores, la provincia logró colocar deuda por USD 650 millones, triplicó la demanda y consiguió cerrar una tasa del 9,45%.
La emisión fue a 10 años, con tres años de gracia, lo que lleva el primer vencimiento de capital a 2029. La provincia recibió ofertas por USD 2.200 millones, más de tres veces el monto buscado. El dato entusiasma en Rawson: lograron colocar todo lo que fueron a buscar en un mercado internacional que viene golpeado.
El armado combinó bancos internacionales como JP Morgan y Santander con colocadores locales como Puente, Balanz, Allaria, Macro Securities y el Banco del Chubut, entre otros. La red fue amplia y permitió captar demanda en distintos segmentos.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
En los hechos, la provincia entró en una situación de default técnico durante ese período, cuando no podía afrontar los vencimientos en dólares y tuvo que renegociar condiciones con los acreedores.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
La reestructuración estiró plazos, bajó pagos en el corto plazo y llevó el vencimiento final hacia 2030. Pero dejó una marca. El mercado no olvida. Cada punto de tasa hoy carga ese antecedente.
Hay un dato político. Chubut volvió al mercado internacional después de más de una década de acceso limitado y crisis recurrentes. No es menor para una provincia que tuvo dificultades incluso para pagar salarios.
«Nacho está contento. Había tensión por el contexto, por Argentina y por el historial de Chubut», dijo un funcionario del gobierno. «Triplicaron las ofertas, bajaron la tasa todo lo que pudieron, la dejaron debajo de 9,5 y colocaron todo. Lograron lo que fueron a buscar», agregó. La lectura interna mezcla alivio y validación.
Los fondos tendrán un destino mixto. Una parte irá a cubrir vencimientos de capital, otra a refinanciar deuda y un tramo a obras de infraestructura. La estrategia es clara: ordenar el perfil de pagos y ganar margen en el corto plazo.
La operación deja una señal. En un país con restricciones externas, con el riesgo país todavía alto y con el financiamiento escaso, una provincia que venía de reestructurar deuda logró captar dólares a largo plazo.
Los parlasureños libertarios Fabricio «Faber» Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez se rebelaron contra el ministro Pablo Quirno y el director del Mercosur por la Cancillería, Rubén Ruffi, que pretenden que sus representantes en el parlamento regional rechacen la reincorporación de Venezuela.
Ruffi, el hombre de Karina que detona los acuerdos del Mercosur, mantuvo una reunión por Zoom y otra presencial en el Palacio San Martín pero los diputados de LLA se mantuvieron incólumes. «No nos pagan ni los viáticos pero nos llaman para darnos órdenes», fue lo que explicó uno de los asistentes al encuentro con el ex embajador argentino ante El Salvador.
La postura oficial de la Cancillería genera desconcierto entre los pocos legisladores parlasureños de Javier Milei. «Venezuela cerró con Donald Trump, Estados Unidos es nuestro principal aliado pero la Cancillería está en contra», argumentan los libertarios disidentes.
LPO ya informó que Ruffi es un duro, con una carrera diplomática que trascendió los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En los pasillos de Cancillería, le dicen «El Talibán», por su dogmatismo, y lo definen como un funcionario prolijo que cultiva una estricta disciplina con su rutina de gimnasio y cama solar.
El nerviosismo de Quirno y Ruffi obedece a que el lunes próximo sesionará el Parlasur en Montevideo y el regreso de los venezolanos al recinto podría ser tratado. De hecho, el presidente pro témpore del cuerpo, el paraguayo Rodrigo Gamarra, se reunió con diplomáticos caraqueños en el Parlatino realizado en Panamá el mes pasado y se manifestó a favor del retorno.
En ese contexto, uno de los kirchneristas en la delegación argentina recordó que «la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la conformación de su delegación parlamentaria para el período 2026-2031 y la comunicó oficialmente al Parlamento del Mercosur, en un gesto que en términos diplomáticos equivale a volver a sentarse en la mesa». Los venezolanos fueron relegados del bloque regional en 2017, bajo la invocación del Protocolo de Ushuaia que define parámetros de apego a la democracia.
Rodrigo Gamarra.
Tras la invasión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, los parlasureños de Brasil, Uruguay y Paraguay, según el cálculo de los peronistas, comenzaron a dar señales de normalización en las relaciones con los venezolanos. Aún cuando los bolsonaristas resisten, el vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que «Venezuela está suspendida del Mercosur, pero como ahora atraviesa un momento diferente, eso será reconsiderado».
Además, el argentino Gabriel Fuks impulsó la creación de «una comisión de acercamiento» para propiciar canales informales con actores del gobierno de Delcy Rodríguez. «Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana», planteó.
Esa hoja de ruta fue la que gatilló la estrategia del boicot que diseñó Ruffi para frenar el avance del reingreso de los representantes de Venezuela.
Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana.
Un parlasureño libertario que dio el portazo el año pasado por las peleas con el salteño Alfredo Olmedo relativizó las chances de que prospere la reincorporación en lo inmediato y atribuyó la resistencia de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez a una «operación» del kirchnerismo para la que necesita esos cuatro votos. Sin embargo, los kirchneristas aducen que no hay nada que votar.
En el Parlasur, debaten 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El quórum para sesionar es de 38, mientras que el piso para aprobar disposiciones es de 59.
Fuentes diplomáticas advirtieron ante LPO que la resistencia de la Cancillería no estaría en objeciones sobre la cuestión democrática sino en la competencia con el país caribeño en materia energética, por la magnitud de las reservas petroleras de PDVSA. «La comparación de los recursos venezolanos con el desarrollo de Vaca Muerta y otros activos locales genera preocupación en sectores del Gobierno y también en actores empresariales del rubro», dijeron.
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