EL PLANETA ESTÁ EN PELIGRO

El IPC de julio marcó 2,1%, cortó tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. En la comparación interanual, el aumento de precios llegó al 33,8%. 

El dato tiene además una composición que complica el relato oficial. La inflación núcleo, que busca medir la dinámica más persistente de los precios, fue de 1,8%. Pero los estacionales saltaron 4,5%.  

El límite del ajuste aparece con mayor claridad cuando se mira el precio de los servicios. Todos los rubros relevantes quedaron por encima del IPC general. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 2,2%, impulsados por los ajustes parciales de las tarifas de luz y gas. Comunicación subió 2,4%, por las actualizaciones de telefonía e internet. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los aumentos de las cuotas de medicina prepaga. Y Transporte encabezó la lista con un incremento del 3,1%, como consecuencia de los ajustes de las tarifas del transporte público en distintas regiones del país. 

El fenómeno deja una tensión que el Gobierno conoce bien. Los bienes pueden responder más rápido al freno de la actividad y al ancla cambiaria, pero los servicios cargan tarifas, contratos y precios regulados que todavía buscan recuperar terreno. 

El economista Alfredo Romano, de Romano Group, calificó directamente el número como un «mal dato». Para Romano, el resultado confirma que «pasar de 33% anual a un dígito no es una recta descendente. Es una meseta con recaídas». 

Romano puso además la discusión en perspectiva histórica. Recordó las experiencias de Martínez de Hoz, Alfonsín, la Convertibilidad tardía y Mauricio Macri para sostener que la Argentina tiene antecedentes poco alentadores con los procesos largos de desinflación. A su juicio, esos programas fueron interrumpidos por agotamiento político y social o por la aparición de la restricción externa, es decir, la falta de dólares. 

Desde esa lectura, Romano volvió a defender la dolarización. Considera que puede ser una alternativa «subóptima» desde el punto de vista teórico, pero más realista frente a la historia argentina. 

«Sin inflación de un dígito sostenida no hay crédito de largo plazo. Sin crédito, no hay consumo estructural ni desarrollo. La pregunta no es si el gradualismo es teóricamente superior. Es si Argentina, con este historial, tiene la paciencia para sostenerlo una década sin interrumpirlo. La evidencia dice que no», completó este analista. 

El dato también reavivó el cruce entre Luis Caputo y los economistas que siguen con lupa el programa. Gabriel Caamaño viene advirtiendo sobre las tensiones que aparecen debajo de la superficie de la estabilización, mientras Economía sostiene que el proceso de desinflación continúa y que las oscilaciones mensuales no modifican la tendencia. 

Caputo salió a defender el número con otra vara. Destacó que la inflación núcleo fue de 1,8%, que los regulados avanzaron 2,1% y los estacionales 4,5%. Pero sobre todo puso el foco en el promedio móvil de tres meses: remarcó que cayó 0,2 puntos respecto de junio y quedó en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado. 

También celebró la baja del 1,3% en prendas de vestir y calzado, que definió como «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional» iniciada en enero de 2017. 

Gabriel Caamaño recogió el guante. Coincidió con Caputo en que «el mejor dato del IPC de julio fue la núcleo en 1,8% mensual» y advirtió que el mes «volvió a enseñar que los procesos desinflacionarios no son lineales». Por eso sostuvo que «no hay mucha ola alarmista que hacer». 

Pero enseguida le pegó al cambio de métrica elegido por Economía para mostrar la continuidad de la desinflación: «Ahora que la núcleo sin carne la tienen amordazada en algún sótano del conurbano, salió al ruedo el promedio móvil tres meses», ironizó. Y cerró: «Igual es mejor que amputar el índice y vivir todo en clave mensual».

El intercambio expuso dos maneras de mirar el mismo tablero: para el Palacio de Hacienda importa la trayectoria; para los analistas, cuánto cuesta sostenerla y cuánto margen queda antes de que las tensiones cambiarias, monetarias y de actividad vuelvan a filtrarse en los precios. Julio dejó justamente esa advertencia. 

La presencia de Gastón Salmain entre el público durante una audiencia de un juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando dejó flotando en el Ministerio Público Fiscal la idea de un mensaje de parte del magistrado. En efecto, el juez federal de Rosario afronta un pedido de juicio político por causas de corrupción que pueden llevar a su destitución y, en ese caso, a la activación de un pedido de prisión preventiva ya concedido.

Salmain, que en los dos años que lleva en Rosario acumula tres causas penales -y dos son por pedir sobornos-, asistió la semana pasada en Buenos Aires a una de las audiencias de la causa conocida como «Sueños compartidos», donde están acusados entre otros los hermanos Sergio y Pablo Schocklender. Los fiscales federales allí son dos funcionarios de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac): su titular, Diego Velasco, y Juan Argibay Molina, que tiene asiento en Rosario.

Ambos participaron de la acusación contra Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.

Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción

El abogado que asiste a acusados en Sueños Compartidos, Yamil Castro Bianchi, es uno de los abogados de Salmain en el pleito por el cual el juez ya está camino a juicio, y por el que eludió la prisión preventiva por la inmunidad que le otorgan sus fueros. En la audiencia celebrada por el desvío de dinero para la construcción de viviendas sociales que tiene imputados a los Schoklender, el juez federal bajo reproche apareció llamativamente entre el público.

Y fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso. Fue durante su intervención en la que defendió a Daniel Nasif y Silvia Nasif, ex funcionarios para los cuales la fiscalía pide penas de prisión efectiva en el marco de la causa Sueños Compartidos.

Fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso.

Al cuestionar el monto de la pena que pedían los fiscales a sus asistidos, Castro Bianchi dijo: «Tendría que haber menos doctores Velasco porque la acusación fiscal no es ni más ni menos que la crítica a una política de Estado que era darles a los que menos tienen. Pero para poder diferenciarme del acusador, el día que a mi me toque pedirle pena al señor Salmain en la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema yo sí voy a empezar por el mínimo porque ahí nos tenemos que diferenciar sobre determinados principios que tenemos al momento de ejercer nuestra profesión».

¿A qué se refería el abogado cuando dijo que le pediría pena a Velasco en relación a «la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema»? Esto es por una idea defensiva de Salmain, al menos hasta ahora sin demostración en evidencia, que plantea reiteradamente en su juicio. 

Lo dijo Salmain cuando fue imputado de un nuevo pedido de coima, esta vez destinado hacia el ex director regional de la AFIP Santa Fe Carlos Vaudagna. Salmain sostuvo entonces que sus causas eran un armado que atribuyó de modo manifiesto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP

«Esta persecución guarda estrecha relación por una investigación que tramita en Comodoro Py, y que examina la posible existencia de una asociación ilícita que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos», planteó Salmain cuando lo imputaban de gestionar un soborno de 100 mil dólares para quedarse con el control de las causas penales de Vaudagna.

La intención de Salmain es radicar sus causas en Comodoro Py, pero la jueza federal María Romilda Servini lo rechazó. Luego el polémico magistrado pidió que se investigara a Rosatti por los contenidos de una carta en que otro imputado en las mismas causas, el escribano santafesino Santiago Busaniche, anunciaba que se quitaría la vida por un complot que atribuye al titular del máximo tribunal, que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y que tiene como fiscal actuante a Ramiro González.

Fue algo muy inhabitual y muy extraño. También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos.

Para Salmain, parece recurrente el hábito de mandar mensajes en plena audiencia en donde resulta acusado. Cuando lo imputaban de haber ordenado vender dólares durante el cepo al empresario dueño de Attila, el ahora imputado Fernando Whpei, el magistrado aludió a que había hecho lo mismo con empresarios de medios de Rosario.

En la audiencia de hace diez días, no solamente aludió a Rosatti. También pareció mandar un mensaje al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien aludió explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística que lo mencionaba. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

Ahora, de manera inesperada y en otro juicio, el abogado de Salmain apuntó contra los fiscales que acusan a su cliente, en un juicio donde estos funcionarios participan. «Fue algo muy inhabitual y muy extraño», comentaron a LPO desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación. «También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos», resumió el funcionario que habló con este medio, y agregó: «un mensaje más».

En el juzgado de Ariel Lijo siguen con atención el avance del caso Cerimedo y analizan sumar a la causa Andis los audios reveladores que dijo tener en su poder Nadia Beller, la ex novia del consultor detenido en Bolivia por intento de homicidio.

En una serie de entrevistas que concedió tras el atentado de dos sicarios que le pegaron tres tiros, Beller contó que tenía «horas de grabación» de conversaciones que comprometerían al propio Cerimedo. En su relato, planteó que él y Natalia Basil, su esposa, «filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei». La referencia apunta a los audios en los que se escuchaba al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, contando la trama de las coimas y el presunto desvío del 3% para Karina Milei.

La diputada Marcela Pagano pidió la semana pasada que Lijo le tome declaración a Beller. La intención de Pagano es que el material que la mujer atacada admitió que tenía en su poder se incorpore como prueba a la investigación. Fuentes con acceso al juzgado de Lijo admitieron a LPO que se está estudiando sumar el material que pueda aportar la boliviana.

Hasta el momento, el fiscal Franco Picardi, que instruye en la causa Andis, no apeló a los audios de Spagnuolo para avanzar en la investigación del caso, algo que esperaban que sucediera desde el gobierno para poder impugnar lo actuado bajo la teoría del fruto obtenido del árbol envenenado. La Casa Rosada se movió ni bien estalló el escándalo para demostrar que los audios habían sido objeto de una operación de inteligencia y, por ende, no podían utilizarse para abrir una causa judicial.

Por eso, Picardi se valió de la prueba construida a partir de la información que encontró en los operativos sobre la casa de la familia Kovalivker, los teléfonos y las computadoras. Pero el juez Lijo mandó a peritar los audios de Spagnuolo de todos modos.