El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana del acto de firma de convenios para el desarrollo de los talleres de formación laboral del Programa Emprender que implementa el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro. La rúbrica de los mismos fue encabezada por el titular del Ministerio Juan José Deco.
En la oportunidad Orazi destacó que “es una gran noticia retomar el Programa durante este año ya que el contexto de pandemia del 2020 no permitió llevarlos adelante”.
“El desarrollo de estos talleres involucra a muchos actores, desde el Municipio hasta distintas instituciones, y por supuesto al Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, manifestó.
El Intendente agradeció al Ministro Deco por “el acompañamiento permanente durante este tiempo en el que logramos sostener y afianzar el trabajo conjunto”.
Por su parte, Deco señaló que “tenemos muchas expectativas en el desarrollo del programa. Estos talleres son muy importantes para nosotros, para las entidades intermedias y para todas las personas que se capacitan”.
La firma de convenios involucró a 15 instituciones para la puesta en marcha de 49 cursos.
Para conocer la disponibilidad de cupos, horarios y requisitos de los mismos, así como para llevar adelante la inscripción, los interesados pueden dirigirse a la institución que dicta la propuesta, o a la delegación del Ministerio de Desarrollo Humano local.
Durante el acto estuvieron presentes la Legisladora Silvia Morales, el Delegado del Ministerio Cristian Aristan, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y los concejales Claudia Maidana, Silvio Rodríguez y Agustina Fernández.
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Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial
El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».
Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.
Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.
Martín Menem, en recinto.
Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.
La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.
Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.
Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».
En Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por la Gobernadora Arabela Carreras en Casa de Gobierno, oportunidad en la que repasaron las obras y las iniciativas que se llevan adelante entre la Provincia y el Municipio y los proyectos en carpeta. De esta manera, el Intendente y la Gobernadora dieron continuidad al diálogo que…
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
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