El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana del acto de firma de convenios para el desarrollo de los talleres de formación laboral del Programa Emprender que implementa el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro. La rúbrica de los mismos fue encabezada por el titular del Ministerio Juan José Deco.
En la oportunidad Orazi destacó que “es una gran noticia retomar el Programa durante este año ya que el contexto de pandemia del 2020 no permitió llevarlos adelante”.
“El desarrollo de estos talleres involucra a muchos actores, desde el Municipio hasta distintas instituciones, y por supuesto al Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, manifestó.
El Intendente agradeció al Ministro Deco por “el acompañamiento permanente durante este tiempo en el que logramos sostener y afianzar el trabajo conjunto”.
Por su parte, Deco señaló que “tenemos muchas expectativas en el desarrollo del programa. Estos talleres son muy importantes para nosotros, para las entidades intermedias y para todas las personas que se capacitan”.
La firma de convenios involucró a 15 instituciones para la puesta en marcha de 49 cursos.
Para conocer la disponibilidad de cupos, horarios y requisitos de los mismos, así como para llevar adelante la inscripción, los interesados pueden dirigirse a la institución que dicta la propuesta, o a la delegación del Ministerio de Desarrollo Humano local.
Durante el acto estuvieron presentes la Legisladora Silvia Morales, el Delegado del Ministerio Cristian Aristan, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y los concejales Claudia Maidana, Silvio Rodríguez y Agustina Fernández.
Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
Nuestros bomberos llevan casi 58 años de colaboración ininterrumpida y desconsiderada para con la comunidad reginense. Hoy 2 de junio conmemoran su día a nivel nacional. Hoy los festejamos a ellos. A los bomberos. A él. Al bombero vecinx, amigx, estudiante, padre/madre, hijx, trabajadxr. Al que corre, pedalea, acelera. Para llegar a tiempo. Para quizás…
La senadora Cándida López denunció este lunes al personal de Seguridad del Senado por «golpes» y «manoseo» cuando llegó a las puertas de su oficina, junto a un cerrajero, para abrirlas. El escándalo se produjo porque Victoria Villarruel cambió las cerraduras de los despachos de los senadores salientes para administrar la entrega de las llaves a los nuevos integrantes, una resolución que comunicó vía decreto en septiembre pasado.
Desde el entorno de la legisladora, indicaron que la fueguina radicó su denuncia en la comisaría del Congreso. En su testimonio acusó lesiones en un tobillo, constatadas por personal médico del Senado, pero también «manoseos en la zona de los glúteos» y «en su zona pélvica delantera».
López interpreta que las agresiones están vinculadas a la fórmula que eligió para prestar juramento en el recinto el viernes pasado, cuando prometió sobre los evangelios «por los 30 mil desaparecidos», haciendo especial énfasis en la cifra frente a la Vicepresidenta, que acredita trayectoria militante en grupos caracterizados por lo que se conoce como negacionismo frente a los crímenes de lesa humanidad.
Fuentes vinculadas a Villarruel consideraron «una provocación» la actitud de la senadora López. «Esto empezó cuando asistió a la jura acompañada de 9 personas y hoy vino al Senado con un cerrajero, lo que de muestra que no está en sus cabales», explicaron, y agregaron que «la Vicepresidenta comunicó todo en un decreto de septiembre y acordó los términos con los presidentes de todos los bloques».
López sostiene que Villarruel cambió la cerradura y mandó a colocar una faja en la puerta de la oficina que pretende el viernes pasado, después de la sesión de la jura. Después de la escena de los forcejeos y las agresiones, la fueguina volvió acompañada por Juliana di Tullio, quien logró sonsacarle a uno de los vigilantes que Villarruel ingresó al despacho, donde López había dejado su computadora personal. «Si te falta algo, ya sabés», dijo Di Tullio.
Además, López consideró: «Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo».
Un senador libertario criticó a su colega fueguina y deslizó que su actitud pudo estar impulsada por el kirchnerismo, más allá de que la Vicepresidenta habría acordado con las autoridades de las distintas bancadas, incluido el formoseño José Mayans. «Esto va a empezar a pasar seguido porque hay senadores que responden más a la superestructura que a las conducciones de bloques», dijo.
Según el equipo de la senadora agredida, el gabinete de López venía desempeñándose en las oficinas del senador saliente Sergio Leavy, una decisión que alegan haberle comunicado a la titular del Senado a través de las autoridades del interbloque de UP. «Ningún otro despacho en el Senado fue fajado, ni le cambiaron la cerradura, estando senadores del oficialismo y de la oposición con acuerdos políticos similares a los de López y Leavy», informó la fueguina en un comunicado de prensa.
López acudió este lunes con un cerrajero, según su vocero, luego que Villarruel no respondiera a sus mensajes y llamados durante el fin de semana. En el forcejeo con el personal de seguridad, la senadora sufrió una lesión en el tobillo derecho, constatada por el doctor Gustavo Apreda, médico del Senado.
Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo.
La guerra por los despachos no es una novedad en el Congreso. En diciembre de 2023, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano sacaron sus escritorios al pasillo porque no les daban oficinas.
LPO reveló la semana pasada que incluso el jujeño Ezequiel Atauche, ex jefe de la bancada libertaria, sufrió un piquete de los senadores oficialistas ingresantes para que les garantice los mejores lugares dentro del palacio, una posición preciada para los legisladores. El fantasma del descrédito inicia para algunos cuando se los desplaza o confina a los edificios anexos de la cámara.
Avanza la construcción del campo de deportes del Nacional Buenos Aires en Puerto Madero y el complejo podría inaugurase a fin de año o a principios de 2026. Contará con un gimnasio de parqué para deportes como básquet, vóley y handball y una cancha de césped sintético en el techo.
El campo de deportes está ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad, aunque cuando fue inaugurado en 1915, la zona era poco menos que un páramo. Con la explosión de Puerto Madero, el terreno estuvo varios años en disputa, hasta que en 2018 se le reconoció al secundario que depende de la UBA la propiedad del lugar.
La Corporación Puerto Madero, que tuvo a cargo el desarrollo de la zona desde 1989, fue la encargada de construir el complejo. El masterplan del barrio establecía que el organismo debía destinar 10 mil metros cuadrados a la educación pública.
En 2022 se firmó el convenio que dio inicio a las obras con la presencia de Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti por la UBA, la rectora Valeria Bergman por el Buenos Aires y las autoridades de la Corporación.
La estrella de la remodelación del campo será el gimnasio techado de 2852 metros cuadrados que incluye un SUM en el primer piso y una cancha de césped sintético en el techo.
El espacio de planta baja tiene 44 por 28 metros y siete metros de altura y la posibilidad de instalar una red para vóley, aros de básquet y arcos de handball . En el mismo nivel se instaló una cafetería, una oficina de administración, un consultorio médico y un atrio central.
Además hay un gimnasio y una zona de escalada deportiva, conectados visualmente con los niveles superiores mediante una colina y una rampa aeróbica.
La entrada del campo de deportes está sobre Avenida de los Italianos y tiene un estacionamiento descubierto de 780 metros cuadrados. El diseño exterior incluye rampas que conectan todos los niveles del complejo.
Durante el mes de diciembre, la Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Obras Públicas, puso en marcha el plan de recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. En la Calle España desde Ruta 22 hasta la Avenida 9 de Julio y en la Avenida General Paz desde Ruta 22…
Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, en la semana del 7 al 11 de febrero, se llevaron a cabo los siguientes trabajos: Se repararon 200 luminarias en distintos puntos de la ciudad y se realizaron cambio de las mismas, de sodio a tecnología LED en Calle 25 de Mayo. Dentro de las…
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