El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana del acto de firma de convenios para el desarrollo de los talleres de formación laboral del Programa Emprender que implementa el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro. La rúbrica de los mismos fue encabezada por el titular del Ministerio Juan José Deco.
En la oportunidad Orazi destacó que “es una gran noticia retomar el Programa durante este año ya que el contexto de pandemia del 2020 no permitió llevarlos adelante”.
“El desarrollo de estos talleres involucra a muchos actores, desde el Municipio hasta distintas instituciones, y por supuesto al Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, manifestó.
El Intendente agradeció al Ministro Deco por “el acompañamiento permanente durante este tiempo en el que logramos sostener y afianzar el trabajo conjunto”.
Por su parte, Deco señaló que “tenemos muchas expectativas en el desarrollo del programa. Estos talleres son muy importantes para nosotros, para las entidades intermedias y para todas las personas que se capacitan”.
La firma de convenios involucró a 15 instituciones para la puesta en marcha de 49 cursos.
Para conocer la disponibilidad de cupos, horarios y requisitos de los mismos, así como para llevar adelante la inscripción, los interesados pueden dirigirse a la institución que dicta la propuesta, o a la delegación del Ministerio de Desarrollo Humano local.
Durante el acto estuvieron presentes la Legisladora Silvia Morales, el Delegado del Ministerio Cristian Aristan, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y los concejales Claudia Maidana, Silvio Rodríguez y Agustina Fernández.
Florencio Randazzo quedó involucrado en la investigación de la ruta de las coimas: su nombre aparece en la libreta de apuntes que el fiscal federal Franco Picardi incorporó a la causa como parte de la prueba en el caso de la Andis.
La revelación surge de una foto de la libreta que integró Picardi al expediente, publicada en exclusiva por Clarín, en la que el ex ministro de Transporte aparece vinculado a la empresa GMS, que sería de su propiedad.
Los cuadernos serían de Miguel Ángel Calvete, un lobbysta vinculado a los Menem que era el nexo con proveedores. Según la investigación, Calvete tenía influencia directa sobre Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex encargados de la Andis, «a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la Andis y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Miguel Ángel Calvete a través de sus empresas y con esos vínculos logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada», sostiene el dictamen del fiscal Picardi, que investiga las coimas que involucran al ex funcionario libertario y por la que se mencionó el destino de un tres por ciento para Karina Milei.
Por esta investigación inicialmente quedó involucrada la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, pero en los cuadernos de Calvete se suman otras firmas, en lo que parece una prolija descripción del circuito de coimas y los porcentajesa repartir. Picardi secuestró varios cuadernos manuscritos de Calvete, con fechas, empresas, contactos, porcentajes de dinero. Es en ese material que aparecen GMS y Randazzo.
En los cuadernos de Calvete, lobbysta que vinculado a los pedidos de coimas libertarios a empresas, aparece una detallada descripción de las firmas, fechas y hasta porcentajes que se repartían. En esos textos manuscritos aparece la firma GMS y el nombre de Randazzo.
Como los Menem además de influencia sobre la Andis también la tienen sobre Vialidad donde ubicaron a Marcelo Campoy, no se descarta que esa página de la libreta de Calvete se refiera a contratos de Vialidad. De hecho, junto al nombre de Randazzo, aparece el apellido Menem y la palabra «seguridad». Los Menem tienen una empresa de seguridad y no les parece inapropiado contratar con el Estado que integran, como hicieron en el Banco Nación. Ahora la justicia federal podría abrir un nuevo capítulo con los contratos de Vialidad.
De hecho, la firma vinculada al ex ministro de Transporte fue contratada en abril del 2023 por la empresa estatal Corredores Viales, que controla Vialidad, que le adjudicó la licitación privada 2/23 a GMS por USD 360.400 más IVA. El servicio: un sistema de telegestión del alumbrado durante 36 meses. Un círculo perfecto donde el diputado nacional y el proveedor del Estado son dos nombres para la misma persona.
Spagnuolo con Karina Milei, los Menem y Romina Diez.
En su momento, la Oficina Anticorrupción avaló ese contrato sin pestañear, como reveló El Disenso. Sostuvo que «no había impedimento legal» porque Randazzo es diputado nacional, no funcionario del Ejecutivo. Pero omitió un detalle nada menor: GMS SA tenía una deuda activa de más de $155 millones y, aun así, el Estado le prometía otros $200 millones.
Pero GMS ya había recibo adjudicaciones por USD 86 millones. «No es un conflicto de interés. Es un conflicto de sentido común», dijo a LPO un ex funcionario.
Como sea, el nombre de Randazzo y su empresa se leen con claridad en la foto de una de las páginas de la libreta que el fiscal Picardi adjuntó a su dictamen, donde pide la detención de Spagnuolo y otros funcionarios libertarios.
Randazzo fue muy funcional al gobierno de Milei durante todo su mandato, lo ayudó con el quórum en instancias claves y presentó una lista por afuera del peronismo en las pasadas elecciones que obtuvo dos puntos. No le alcanzaron para renovar la banca, pero si para que el peronismo bonaerense no ganara las elecciones de octubre.
La libreta de Picardi que vincula a GMS con Randazzo.
La investigación se realizó sobre 158 personas durante un año. Los resultados de un reciente estudio de un laboratorio privado confirmaron las alentadoras investigaciones previas relacionadas con el uso de cannabis medicinal sobre pacientes con epilepsia refractaria, lo cual abre la posibilidad de aplicarla a otras patologías. Las conclusiones fueron rotundas. Quedó comprobado que el…
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En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Un poder a medida del desguace
Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.
El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.
El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.
Con este DNU, queda a merced de un funcionario.
¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?
Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:
No avanzan los gasoductos troncales.
Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.
El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.
Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.
Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos
En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.
Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.
Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.
El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario
El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.
Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.
La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.
¿Qué puede pasar si lo eliminan?
Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:
Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
Incremento del costo energético para hogares e industrias.
Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.
En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.
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