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Orazi participó de la apertura de la jornada del programa ‘Familias rionegrinas solidarias’

El Intendente Marcelo Orazi participó este jueves en la apertura de la jornada de trabajo del programa ‘Familias rionegrinas solidarias’ que se realizó en el Galpón de las Artes.

En la oportunidad el Intendente destacó la importancia de la actividad ya que, sostuvo, significa “el primer paso para implementar el programa en nuestra ciudad”.

“Hay mucho para hablar de la familia y de la solidaridad. Regina es una ciudad solidaria por excelencia. La solidaridad en sí misma encierra una esencia enorme, pero ligada a la familia y a los fines de este programa se vuelve fundamental para niños, niñas y adolescentes cuenten con un entorno en el que se sienta contenido, y en el que puedan desarrollar vínculos sanos y estables”, sostuvo.

Además, en sus palabras, Orazi recordó también la importancia de cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por la Coordinadora Provincial del programa Gimena Sus, la Subdelegada del programa de Fortalecimiento Familiar Natalia Cabeza y la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra.

Tras la apertura, las instituciones participantes continuaron con la jornada de trabajo para la aplicación de este programa que promueve el acogimiento familiar temporal para  niños/as y adolescentes, menores de 18 años, quienes, por una medida excepcional  debieran ser separados de su núcleo familiar conviviente.

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    La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.

    «Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.

    Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.

    Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.

    Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.

     Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención 

    Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.

     Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda. 

    Para Lugones, los jubilados del Pami mayores de 80 años son «una carga muy grande»

    Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».

    En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».

    En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».

    Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».

    Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».

     

     

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    Vaciamiento en el INTA: el Gobierno activó un plan de retiros voluntarios y crece el temor por despidos masivos

     

    Sigue el vaciamiento del Estado.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo sistema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que vuelve a encender alarmas dentro del organismo científico y técnico más importante del país en materia agropecuaria. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, habilita el programa durante todo mayo y se inscribe en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por Milei y Federico Sturzenegger.

    La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.

    El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.

    Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.

    Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos

    La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.

    En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.

    La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.

    El trasfondo político detrás del recorte

    Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.

    Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.

    El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.

     

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