Estas son las frases salientes del intendente de Villa Regina Dr. Marcelo Orazi expresadas en la reciente conferencia de prensa brindada por el Comité de Crisis en el Municipio reginense.
«Ratificamos algunas medidas de protección, como la obligatoriedad del barbijo en la vía pública y dentro de los comercios»
«La intención del municipio es que la gente no circule, es un tema complicado con la función de los bancos pero después de las 15hs creo que logramos aplacar la ciudad»
«Un porcentaje mayor de los que no cumplían han tomado conciencia de la situación que estamos viviendo»
«Está prohibida la actividad deportiva al aire libre, porque llevaría a que haya mucha gente en circulación»
«Por ahora no está habilitado el delibery el día domingo»
«Nos vamos a guiar por los decretos nacionales y provinciales»
«No nos tenemos que relajar porque no tengamos ningún caso en Regina»
«Los intendentes vamos a tener la facultad de ir viendo como funciona cada localidad para ir tratando de ver que podemos flexibilizar»
«El destino de las donaciones las resuelve el comité de crisis, la municipalidad cumple la función de acopio»
«En el decreto no distinguimos un horario especial para la atención de personas mayores, pero está establecido que de 07 a 09 hs recomendamos que concurran las personas mayores de 60 años»
El Partido Laborista es el principal derrotado de las elecciones municipales que se celebraron en Reino Unido. El partido de Keir Starmer sufrió una paliza electoral que pega de lleno en el liderazgo del primer ministro y dota de mucha legitimada a Reformas UK, el partido del euroescéptico de ultraderecha Nigel Farage que pasó de 2 a 500 bancas municipales bajo la promesa de deportaciones masivas.
Farage dijo que los resultados marcan «un cambio histórico en la política británica». En efecto, la jornada fue presentada como una referéndum a la gestión laborista y esta derrota amenaza con desencadenar movimientos para destituir a un líder que los llevó al poder en julio de 2024.
Aunque Starmer descarte cualquier salida, son muchos los analistas británicos que dudan de que pueda liderar el partido en las próximas elecciones nacionales, que deben celebrarse antes de 2029. El viceprimer ministro David Lammy advirtió al partido de que no derrocara al primer ministro, diciendo que «no se cambia de piloto durante el vuelo».
El Partido Verde también esperaba aumentar su porcentaje de votos y ganar cientos de concejales en centros urbanos y ciudades universitarias en una muestra que los resultados reflejan una fragmentación de la política británica tras décadas de dominio laborista y conservador. También se espera que el Partido Conservador pierda terreno, y que los centristas liberaldemócratas consigan algunos avances.
El partido de Keir Starmer sufrió una paliza electoral que pega de lleno en el liderazgo del primer ministro y dota de mucha legitimada a Reformas UK, el partido del euroescéptico de ultraderecha Nigel Farage que pasó de 2 a 500 bancas municipales bajo la promesa de deportaciones masivas.
Reform UK se presenta con un mensaje antiestablishment y antiinmigración, también aspira a avanzar en Escocia y Gales, aunque los nacionalistas independentistas Partido Nacional Escocés y Plaid Cymru tienen más probabilidades de formar gobierno en Edimburgo y Cardiff.
Luego de ganar con contundencia hace dos años y avanzar con reformas importantes como la nacionalización de los ferrocarriles, la popularidad de Starmer se desplomó tras la reforma de la asistencia social.
Nigel Farage.
Su Gobierno se ha esforzado por lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos destrozados y reducir el costo de la vida, tareas que se han visto dificultadas por la guerra de Irán, que ha bloqueado los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
A su vez, el primer ministro se ha visto aún más perjudicado por su desastrosa decisión de nombrar embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein salpicado por el escándalo.
Esta derrota puede acelerar la interna laborista con figuras que aspiran a liderar como el secretario de Salud, Wes Streeting, la ex viceprimera ministra Angela Rayner o el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham.
Por otra parte, Starmer podría verse presionado por el partido para que fije un calendario para su salida tras un concurso de liderazgo ordenado. «No creo que Keir Starmer deba sobrevivir a estos resultados. Tenemos que ser más audaces e ir más allá. Y, francamente, necesitamos un nuevo liderazgo para lograrlo», dijo el legislador laborista Jonathan Brash, que representa a Hartlepool en el Parlamento.
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La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
