Estas son las frases salientes del intendente de Villa Regina Dr. Marcelo Orazi expresadas en la reciente conferencia de prensa brindada por el Comité de Crisis en el Municipio reginense.
«Ratificamos algunas medidas de protección, como la obligatoriedad del barbijo en la vía pública y dentro de los comercios»
«La intención del municipio es que la gente no circule, es un tema complicado con la función de los bancos pero después de las 15hs creo que logramos aplacar la ciudad»
«Un porcentaje mayor de los que no cumplían han tomado conciencia de la situación que estamos viviendo»
«Está prohibida la actividad deportiva al aire libre, porque llevaría a que haya mucha gente en circulación»
«Por ahora no está habilitado el delibery el día domingo»
«Nos vamos a guiar por los decretos nacionales y provinciales»
«No nos tenemos que relajar porque no tengamos ningún caso en Regina»
«Los intendentes vamos a tener la facultad de ir viendo como funciona cada localidad para ir tratando de ver que podemos flexibilizar»
«El destino de las donaciones las resuelve el comité de crisis, la municipalidad cumple la función de acopio»
«En el decreto no distinguimos un horario especial para la atención de personas mayores, pero está establecido que de 07 a 09 hs recomendamos que concurran las personas mayores de 60 años»
Socorristas en Red es una red de activistas feministas que se viene organizando desde el año 2012 para dar información y acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar en su decisión de abortar para que lo hagan de manera segura, acompañada y cuidada. La Red forma parte de la campaña por el derecho…
Hoy comienza la tercera y última semana de la colonia de invierno destinada a niños y niñas de entre 5 y 10 años organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. La actividad se desarrollará durante lunes, miércoles y viernes según el siguiente cronograma: *14 a 15,30 horas: concentración Plaza de…
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.
Pinarello acusó al juez Inchausti de difundir información de la causa cuando regía el secreto de sumario, aplicar tratos diferenciados a distintos imputados y la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a un imputado.
También recusó al juez y solicitó formalmente que sea apartado de la causa en la que lo investiga, al considerar que existen elementos como «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que ponen en duda su competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Pinarello está siendo investigado de ser el presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.
Entre los principales ejes que justifican el pedido de recusación, se destaca un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al magistrado y al padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión durante una reunión en el despacho de Inchausti por diferencias de criterio institucional.
Pinarello asegura que en aquel encuentro el magistrado le manifestó a su padre que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, «duraría poco tiempo en el cargo», con una referencia expresa a las consecuencias que podría sufrir su carrera profesional.
La recusación sostiene que aquel conflicto nunca fue superado y que terminó proyectándose sobre la causa que actualmente involucra a Pinarello. Como elementos para fundamentarlo, la presentación enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se extiende hasta el día de hoy y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el tratamiento que recibió en comparación con otro de los imputados en la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según señala la recusación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya, decisión que posteriormente fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que terminó otorgándole ese beneficio.
Asimismo, Pinarello sostiene que, mientras Otero Cao había podido salir del penal sin que previamente le colocaran una tobillera electrónica, en su caso el juzgado condicionó la salida a la instalación del dispositivo. Esa situación provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión pese a que la Cámara ya había dispuesto su domiciliaria. Además, denuncia que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones establecidos para su coimputado.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. Él afirma que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, sostiene que desde el Juzgado y la Fiscalía se construyó una narrativa según la cual había sido capturado cuando intentaba darse a la fuga, versión que luego fue reproducida por distintos medios de comunicación.
Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los principales capítulos de la denuncia que Pinarello realizó ante el Consejo de la Magistratura. Allí señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre la investigación, las hipótesis acusatorias y circunstancias personales de quienes estaban vinculados al expediente. Por ese motivo, pidió que se investigue específicamente el origen de esas filtraciones.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no sólo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de manera que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una secuencia de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa», expresó Pinarello en la presentación.
Los cuestionamientos se producen sobre un magistrado que ya había sido objeto de otras denuncias y críticas a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también se desempeña como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (son los únicos 2 juzgados penales federales en Mar del Plata, es decir, tiene el monopolio de la justicia penal federal de la ciudad). A lo largo de sus 15 años como magistrado, ha sido blanco de acusaciones por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y se lo conoce como «el juez encarcelador» por su fama de primero encarcelar y luego investigar.
En esta oportunidad, Pinarello solicitó que Inchausti sea apartado de la causa «en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial». En caso de que el propio magistrado no considere procedente su apartamiento, el acusado pidió que las actuaciones sean elevadas inmediatamente al tribunal superior para que resuelva el planteo.
Maximiliano Pullaro cerró un acuerdo con el socialismo y otras fuerzas políticas para sancionar una nueva Ley Electoral que permite que un candidato se presente con hasta tres fórmulas diferentes dentro de un mismo frente. Una modificación que complica al PRO.
La nueva norma no es una Ley de Lemas, aunque en algún punto remite a aquel diseño. En el gobierno de Pullaro se cuidaron de aclarar que a diferencia de los lemas en los que distintos candidatos de una fuerza sumaban sus votos al que salía primero, aquí los votos se dividen.
En efecto, los lemas permitía sumar los votos de distintos candidatos de un mismo partido y convirtieron las elecciones en un festival de listas. La derogó el peronista Jorge Obeid. Ese cambio permitió que en 2007 Hermes Binner se convierta en el primer gobernador socialista del país.
Ahora, la reforma que impulsó el socialismo dentro del frente gobernante Unidos, habilita que el candidato a gobernador compita en las PASO acompañado con hasta tres candidatos a vice, que deberán ser distintos y respetar la paridad de género.
Cada fórmula aparecerá como una opción independiente y los votos no se acumularán: pasará a la elección general la combinación que obtenga más votos dentro de la alianza.
Cada fórmula aparecerá como una opción independiente y los votos no se acumularán: pasará a la elección general la combinación que obtenga más votos dentro de la alianza. La fórmula se completa con una lista de diputados, que deberá presentarse obligatoriamente junto con el postulante a gobernador.
Clara García
De esta manera, Unidos ordena la sucesión oficialista y permite que Pullaro encabece distintas fórmulas sin quedar atado a una única candidata a vice. Aunque técnicamente no replica la Ley de Lemas tradicional porque los votos de las fórmulas no se suman, mantiene la misma lógica: un mismo candidato a gobernador podrá apoyarse en distintas opciones internas y aparecer varias veces en la oferta electoral del frente.
En Unidos dicen que esta reforma complica especialmente al PRO y particularmente a Gisela Scaglia que en la elección pasada renunció como vicegobernadora para encabezar la lista de diputados nacionales con la promesa de que en 2027 iba a volver a integrar la fórmula con Pullaro. Ahora, Scaglia deberá ganarle al aparato socialista y al radical para llegar a las generales como vice.
En el peronismo creen que Pullaro ya tiene cerrado un acuerdo con La Libertad Avanza y que esta ley electoral le permite atar al socialismo a la coalición y evitar fugas antes de las elecciones provinciales.
Gisela Scaglia, diputada
Por otro lado, el dictamen también establece un piso del 1% del padrón en las PASO para pasar a las generales y que al menos una de sus listas internas obtenga el 0,6%. Luego en las generales, el piso se eleva y para ingresar al reparto de las 50 bancas de Diputados se exigirá el 4% del padrón provincial. Las bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, eliminando el esquema actual que garantiza 28 diputados a la fuerza más votada y reparte los 22 restantes entre las minorías.
En las PASO habrá una boleta única separada para cada categoría: gobernador, diputados, senador, intendente y concejales. En las generales, en cambio, gobernador y diputados compartirán una misma boleta, con la posibilidad de votar la lista completa o cortar entre ambas categorías. El mismo sistema se aplicará para intendente y concejales, mientras que los candidatos a senador departamental seguirán apareciendo en una boleta separada.
Este domingo a las 17hs se realizó en la plaza de los próceres de Villa Regina la marcha convocada por LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) en adhesión al mes mundial de la concientización de la prevención del cáncer de mamas. La institución también invitó a decorar con el color rosa los frentes…
Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
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