La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina viene trabajando a través de distintos programas con el objetivo de otorgar herramientas para acceder al mundo laboral a personas de distintas edades.
Uno de ellos es ‘Promover Igualdad’ que está destinado a desocupados mayores de 18 años que tengan certificado de discapacidad. A través de este programa, más de 10 beneficiarios realizan tareas en distintas dependencias municipales, como en la Oficina de Empleo, la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura, Turismo y Tránsito.
De esta manera, además de adquirir experiencia laboral, encuentran un espacio de contención y formación.
El descalabro del Pami llegó a un punto límite este lunes con el paro por 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos (en algunos casos hasta más del 50%) a partir de lo dictado en una reciente resolución.
Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias siguen alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.
Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.
El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del Pami, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron «inconsultos» y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio», advierten en Appamia.
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida «implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas». Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.
En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.
Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de Pami hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un «desguace» de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
El malestar de los empleados de esa gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades «que se vayan».
LPO contó que la tensión en el gobierno por la crisis en el Pami es total, al punto que Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene nada que ver con la obra social de los jubilados. «Depende del Ministerio de Salud», dijo la ministra para despegarse y dirigir las responsabilidades a Mario Lugones.
Es que, además de la crisis de funcionamiento, en el Pami proliferan denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones.
LPO reveló en exclusiva que el Pami le otorgó una licitación por miles de millones a Oxígeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, ex funcionario de Pami muy cercano a Toto Caputo.
Ahora, trascendió que la obra social de los jubilados hizo una contratación millonaria para la locación de inmuebles con Inversora Eslava, empresa cercana a los Menem a través de uno de sus ejecutivos, Kevin Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem.
Villa Regina fue sede del encuentro de la Mesa Regional de Género y Diversidad del Alto Valle Este que reunió a referentes provinciales y de los municipios de la zona. La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron de la reunión. Se…
A través del programa ‘Empleo Joven’ coordinado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina, jóvenes de entre 18 y 24 años tienen la posibilidad de acceder a puestos de trabajo reales y así desarrollar sus primeras prácticas en el mundo laboral. En los últimos dos meses, 17 chicas y chicos se…
La vigilia había comenzado hacía ya tres décadas, La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito venía abriendo un camino, que muchxs fuimos encontrando cada unx a su tiempo. El 8 de agosto, esa fecha que esperábamos desde que se consiguió la media sanción en diputados, nadie podrá negar que fue…
El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad. En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial. “Como comunidad hermanas y vecinas, es mi…
Patricia Bullrich empujó al bloque libertario al papelón al cierre de la sesión de este miércoles, cuando todos los bloques votaron una proyecto de resolución de Eduardo Wado De Pedro para declarar el compromiso del Senado con la consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La jefa del bloque oficialista buscó entorpecer el debate y hasta trató de dejar sin quórum el recinto pero la jugada no le salió y terminó arrastrando a la bancada de LLA a la abstención. La declaración de Wado, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos por los militares, se aprobó por unanimidad, con 49 votos por la afirmativa y 20 abstenciones del oficialismo.
La iniciativa del senador peronista contaba con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y el santacruceño José María Carambia. Aunque sus efectos prácticos eran meramente declarativos, su aprobación tiene una potencia simbólica que incomoda a Bullrich y otros dirigentes del gobierno.
El texto de la resolución decía: «El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976». «Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables de la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia», completaba.
Sin embargo, Joaquín Benegas Lynch intervino en el debate para plantear que la dictadura fue fruto del «terrorismo» y las «organizaciones guerrilleras».
Por eso, Bullrich insistió hasta el final con maniobras para trabar el tratamiento del proyecto. De Pedro accedió a conversar durante la tarde para arribar a un texto consensuado pero, ante la falta de acuerdo, el interbloque de José Mayans propuso que se votara la parte resolutiva de la declaración sin la incorporación de los fundamentos, que suelen estar imbuidos de consideraciones políticas sin inhibiciones ideológicas.
Bartolomé Abdala.
A las 18:40, la jefa de bloque oficialista leyó un texto que le pasaron por WhatsApp, para contraponer al del kirchnerismo. En su pieza, se borraba la referencia a la consigna que defienden los organismos de derechos humanos sobre la memoria, la verdad y la justicia y se incorporaba la «condena a cualquier tipo de violencia», algo que para la jurisprudencia argentina roza la equiparación entre los crímenes de Estado y la violencia de organizaciones guerrilleras.
De hecho, Bullrich apeló a su usuario en la red social X para quejarse después de la sesión. «El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta», tipeó.
De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp.
Además, aseguró que «se terminó el monopolio de la memoria». «La historia es completa o no es», afirmó.
Su frustración ya había empezado a percibirse durante la discusión, cuando tuvo que pedir un cuarto intermedio al presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala, para ver si llegaba a elaborar un proyecto. Bullrich había querido hallar un atajo antirreglamentario que el puntano Abdala no sabía cómo impedir, en medio de los gritos del peronismo, para que se sometiera a votación el proyecto de De Pedro y, si no reunía suficientes voluntades, se aprobara su propuesta.
El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ
Pero eso tampoco prosperó. De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp. «Deme un cuarto intermedio, deme tiempo para que pueda presentarlo», dijo la senadora con gesto burlón que incluyó hasta un guiño de ojo.
La discusión por un simple proyecto de resolución acaso esconde un debate subterráneo en el gobierno, que se reaviva cada año en las cercanías del 24 de marzo: el indulto a los represores condenados por lesa humanidad.
Una altísima fuente de LLA le explicó a LPO que, aún cuando no se conozca nada más que rumores al respecto, una gestión de ese tipo estaría reñida con la legalidad. «El kirchnerismo sentó jurisprudencia y ahora no se puede indultar en lesa humanidad, como indultó (Carlos) Menem en los 90′», argumentó.
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