La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina informa que desde el 20 al 23 de septiembre se realizará la tradicional muestra de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en formato virtual. Para acceder a la misma los interesados deberán ingresar al link muestradecarreras.uns.edu.ar
Para quienes no tienen acceso a internet desde sus domicilios, se pondrá a disposición las oficinas de Punto Digital ubicadas en Libertad 25.
La muestra incluye diferentes stands de todos los Departamentos Académicos de la UNS y otras instituciones educativas de Bahía Blanca. Estarán disponibles videos, folletos digitales y charlas en vivo. Se podrán realizar consultas por chat y videollamada.
‘La UNS en la región’, programa destinado a acompañar a los estudiantes que debieron permanecer en sus lugares de origen por razones relacionadas a la pandemia COVID-19 y del cual la Municipalidad es parte, tendrá su propio stand.
Luego del 23 de septiembre, la plataforma seguirá online hasta diciembre para que los interesados puedan acceder en el momento que lo deseen.
Juan Bautista Mahiques logró que el Senado dictamine este miércoles los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la sala A y B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. La importancia estratégica de ese nombramiento radica en que por allí tramita la causa contra el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Tovillino, por evasión.
De hecho, Greenway había fallado a favor de Tapia el pasado 24 de abril, en el marco de una causa que investigaba el supuesto desvío del pago indemnizatorio por un partido suspendido de la Selección Argentina contra su par de Israel en 2018. La sospecha era que el dirigente del fútbol habría destinado ese dinero a la adquisición de inmuebles pero el magistrado lo sobreseyó. Un senador opositor deslizó que «dos semanas después llegó la retribución política».
Catania, por su parte, acredita 18 años como juez e ingresó de «pinche» en ese mismo fuero para el que concursó antes que Néstor Kirchner lo promoviera a la justicia ordinaria. «Estoy convocado para integrar la cámara de apelaciones que solo cuenta con 2 integrantes de 6 y la necesidad de los nombramientos está a la vista», dijo durante la audiencia pública y agregó: «conozco la dinámica de esas salas porque trabajé cinco años».
Según el candidato, «la Cámara tiene considerables atrasos porque solo tiene dos personas para trabajar y uno de los ejes centrales en los que debería trabajar es en acelerar la tramitación de los procesos». Por esa misma razón, fuentes judiciales deslizaron ante LPO que Mahiques gestó un blindaje con la promoción de los dos jueces para que ocupen un cargo en cada sala y, al mismo tiempo, puedan subrogar en otras si alguna investigación cayera por sorteo en un juzgado vecino.
Mahiques está arreglando los temas de la AFA pero en el caso de Adorni se enteran los periodistas antes que nosotros.
Esa maniobra despierta malestar tanto en Casa Rosada como en el Congreso. «Mahiques está arreglando los temas de la AFA pero en el caso de Adorni se enteran los periodistas antes que nosotros», se quejó un senador en referencia a las revelaciones que produce el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo.
En efecto, el poderoso magistrado de Comodoro Py pelea contra Mahiques por la Procuración General de la Nación, un objetivo todavía lejano porque aún no se puso en juego pero los sitúa en una guerra de posiciones.
Alejandro Catania y Juan Galván Greenway.
Por eso, la interpretación de dos jueces gravitantes en los tribunales de Retiro es que la jugada de Lijo para peritar los audios de Diego Spagnuolo en la causa de las coimas de la Andis no sería para congraciarse con Karina Milei sino para validar la prueba y mantener la causa abierta. «La puso en el freezer», resumió uno de ellos.
Es conocida la bronca de Macri con Lijo, porque no cerró la causa Correo, una suerte de manifestación de su poder. Aunque apenas se conoció su decisión sobre Andis, se especuló con la chance que todo fuera un intento por cerrar el caso e impugnar lo actuado por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, que había subrogado el juzgado hasta febrero, al cierre de esta nota prevalecía la hipótesis del manejo del tiempo.
En ese contexto, Mahiques no está mostrando resultados a Karina, mientras que Javier Milei honró su compromiso con rapidez al enviar el pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, antes que su hijo asumiera en el gabinete. Un funcionario del gobierno recordaba en las últimas horas que Santiago Caputo le avisó al Presidente cuando, por imposición de Karina, barrieron a Sebastián Amerio del ministerio: «Mahiques es su propio jefe».
Un funcionario del gobierno recordaba en las últimas horas que Santiago Caputo le avisó al Presidente cuando, por imposición de Karina, barrieron a Sebastián Amerio del ministerio: «Mahiques es su propio jefe».
Acaso genere también resquemor que otro de los pliegos que juntó las firmas fue el de María Julia Sosa, la ex secretaria del juez Julián Ercolini. La postulante fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, después de 36 años de trayectoria, y su dictamen es otra conquista de Comdoro Py en medio del asedio judicial contra el gobierno.
Por lo demás, este miércoles también se produjo una reunión en la Cámara Alta entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y sus pares de los bloques aliados. La intención del oficialismo sería, precisamente, convocar a una sesión cuanto antes, con el objetivo de aprobar los pliegos de los jueces.
Como informó LPO, Bullrich tiene dificultades para juntar el quórum por el retaceo de recursos de Milei y Toto Caputo a los gobernadores y por el efecto Adorni. «Si el gobierno no logra pronto que el Senado sesione, corre el riesgo que los pliegos se difieran para después del mundial y todos entren en modo electoral, demasiado tarde para negociar nada», soltó una fuente judicial. El dead-line no corre solo para la ex ministra de Seguridad, sino también para Mahiques.
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Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
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