La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina informa que desde el 20 al 23 de septiembre se realizará la tradicional muestra de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en formato virtual. Para acceder a la misma los interesados deberán ingresar al link muestradecarreras.uns.edu.ar
Para quienes no tienen acceso a internet desde sus domicilios, se pondrá a disposición las oficinas de Punto Digital ubicadas en Libertad 25.
La muestra incluye diferentes stands de todos los Departamentos Académicos de la UNS y otras instituciones educativas de Bahía Blanca. Estarán disponibles videos, folletos digitales y charlas en vivo. Se podrán realizar consultas por chat y videollamada.
‘La UNS en la región’, programa destinado a acompañar a los estudiantes que debieron permanecer en sus lugares de origen por razones relacionadas a la pandemia COVID-19 y del cual la Municipalidad es parte, tendrá su propio stand.
Luego del 23 de septiembre, la plataforma seguirá online hasta diciembre para que los interesados puedan acceder en el momento que lo deseen.
La interna en la cúpula libertaria sumó este sábado un capítulo de alto voltaje: Santiago Caputo deschavó que Martín Menem impulsó personalmente un usuario digital anónimo que lo criticaba en X.
Todo comenzóó con un posteo de la cuenta @PeriodistaRufus, una usina libertaria muy activa en redes, que publicó un video contra Santiago Caputo y Manuel Vidal. El problema apareció en el link de Instagram que acompañaba el contenido.
Al abrir el enlace para acceder a la previsualización del post, la cuenta asociada que figuraba era la de Martín Menem. El líder de las Fueras del Cielo no dejó pasar la oportunidad de gastar al presidente de la Cámara de Diputados, al que no dudó en exponer directamente y tildar de «gaga», el nuevo giro de la comunidad libertaria digital para calificar a los torpes.
Para colmo, luego del deschave, el tuit fue borrado en una admisión de culpabilidad notable. Pero para entonces, Caputo ya había activado sus propios trolls que se encargaron de martizar al riojano por la torpeza.
«No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados», afirmó el troll Nobody, en referencia a los Menem y atrás de ese posteo se desencadenó el ataque. «Pero si pusieron a un boomer vendedor de suplementos…», agregó el usuario Pug casi Pitbull, en obvia referencia al negocio de suplementos deportivos de Martín Menem.
«Guerra total», afirmó a LPO un dirigente libertario que conoce de cerca a Caputo y Menem. En efecto, Santiago Caputo venía evitando chocar directamente con los Menem, pero luego que la administración Trump lo convocara de urgencia a Washington para conocer de primera mano el estado de situación del gobierno de Milei –como reveló en exclusiva LPO-, parece haber decidido marcar un límite a la ofensiva de los riojanos.
Los Menem vienen intentando desde el año pasado disputarle a Caputo la hegemonía digital del espacio libertario: contrataron a una consultora para que les muevan cuentas en las redes y junto a Lilia Lemoine y Tronco intentaron armar un grupo propio de influencers, que Milei recibió en Olivos.
Pero hasta ahora ninguno de los esfuerzos de los riojanos logró el volumen de las cuentas asociadas a Las Fuerzas del Celo que combinan de manera bastante eficaz militancia digital real con trolls inventados.
Patricia Bullrich fue el miércoles pasado a pedirle apoyo a uno de los senadores aliados para acelerar el trámite de los pliegos de los jueces que mandó el gobierno pero su colega la frenó en seco. La ex ministra se sorprendió con la respuesta que tuvo que escuchar: «ahora no vamos a avanzar con esto, esperemos», le contestó el legislador.
Bullrich, que camina por los pasillos del Senado pletórica y enérgica, se quedó en silencio pero comprendió la dificultad del oficialismo por el escándalo de Manuel Adorni, antes que el contratista revelara que el funcionario le pagó USD 245 mil para hacer las refacciones de la casa en el country de Indio Cuá.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios «están complicados» para juntar los votos que precisan en el recinto, algo que enciende las alarmas del ministro Juan Bautista Mahiques y una parte del Poder Judicial, donde se agolpan jueces y fiscales concursados para las más de 200 vacantes del sistema.
En rigor, los detalles sobre la cascada, el mármol travertino y el rumor de los sobresueldos detonaron la furia de los gobernadores, que ya venían masticando bronca por la falta de recursos en sus distritos y la intención de Javier Milei de eliminar las PASO. «Si no le mandan el telegrama de despido rápido, no habrá sesión por buen tiempo», dijo a LPO un legislador radical.
Otro integrante de la bancada de la UCR sostuvo que «el efecto Adorni está complicando mucho más que los pliegos». «Todo impacta en la gestión y la gestión necesita dar buenas noticias, por eso la falta de gestión del gobierno es tan negativa e impactante como la mala gestión», comentó.
El peronismo seguía deliberando al cierre de esta nota sobre la chance de judicializar la pelea por los lugares que le quitó Bullrich en las comisiones en general y la de Acuerdos en particular, donde se dictaminan precisamente los pliegos de los jueces. Pero el peso del interbloque de José Mayans, que cuenta con 25 miembros, se juega más que nada en el recinto: con solo 12 voluntades más, la oposición puede voltear los pliegos de los candidatos que mandaron Milei y Mahiques.
Juan Bautista Mahiques.
Ese cálculo inquieta a Bullrich. Los radicales son 10 pero, además, presta atención a los movimientos de aliados como Flavia Royón, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Los cuatro se mueven en tándem con los designios de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
Pero a ese lote se puede sumar el nombre del correntino Carlos «Camau» Espínola, que colaboró desde el principio con las leyes importantes para la Casa Rosada pero figura ahora entre los que pondrían reparos. «Los dialoguistas miran mucho al oficialismo y, si comienza el desbande, no serán ellos los que entren a la tumba», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones en el Congreso.
Si no le mandan el telegrama de despido rápido a Adorni, no habrá sesión por buen tiempo.
También es una incógnita la conducta que podrían adoptar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo mismo que los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
Como sea, el plan del ministro de Justicia es avanzar con el envío de 30 pliegos más en estos días, mientras continúa el cronograma de audiencias públicas para los candidatos cuyos expedientes ya ingresaron a la comisión de Acuerdos. En total, Milei habrá remitido cuando culmine esta nueva tanda un centenar de pliegos pero Bullrich deberá sortear la dificultad de conseguir el respaldo de los senadores que responden a gobernadores cercanos a la Rosada, durante el casting de Karina para encontrarle un relevo a Adorni.
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
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