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Muestra virtual de las carreras de la UNS

La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina informa que desde el 20 al 23 de septiembre se realizará la tradicional muestra de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en formato virtual. Para acceder a la misma los interesados deberán ingresar al link muestradecarreras.uns.edu.ar

Para quienes no tienen acceso a internet desde sus domicilios, se pondrá a disposición las oficinas de Punto Digital ubicadas en Libertad 25.

La muestra incluye diferentes stands de todos los Departamentos Académicos de la UNS y otras instituciones educativas de Bahía Blanca. Estarán disponibles videos, folletos digitales y charlas en vivo. Se podrán realizar consultas por chat y videollamada.

‘La UNS en la región’, programa destinado a acompañar a los estudiantes que debieron permanecer en sus lugares de origen por razones relacionadas a la pandemia COVID-19 y del cual la Municipalidad es parte, tendrá su propio stand.

Luego del 23 de septiembre, la plataforma seguirá online hasta diciembre para que los interesados puedan acceder en el momento que lo deseen.

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  • Llaryora le hace un guiño al macrismo y suma a Lacunza

     

    Martín Llaryora decidió apelar al manual de supervivencia de su mentor, Juan Schiaretti, y reactivó formalmente el histórico pacto de convivencia política con Mauricio Macri.

    En medio de una delicada crisis política, el mandatario cordobés concretó un fuerte giro hacia el plano amarillo con la incorporación de dos figuras de peso identificadas con el PRO a la conducción del Banco de Córdoba (Bancor): el exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza, y el empresario industrial Ércole Felippa, quien condujo Fadea durante el Gobierno de Macri.

    La jugada excede por completo los andariveles de la gestión financiera. Las llegadas de Lacunza al directorio y de Felippa a la vicepresidencia son parte de una maniobra de altísimo voltaje político para oxigenar al Gobierno. En momentos donde la gestión provincial acumula frentes de conflicto internos, Llaryora busca refugio en la histórica sintonía que la provincia mantiene con el universo fundacional del PRO.

    Durante el mandato presidencial de Macri (2015-2019), el entonces gobernador Juan Schiaretti tejió una sólida y blindada alianza con el líder del PRO, basada en la mutua necesidad y el fuerte sentimiento antikirchnerista del electorado cordobés. Es un entendimiento histórico que se remonta al exilio de Schiaretti en Brasil, donde fue cobijado por el grupo Macri.

    Aquel entendimiento -que los radicales locales siempre denunciaron como un «pacto» que les impidió ganar la provincia- garantizó gobernabilidad para ambos lados de la grieta. Macri trataba a Córdoba como su «cuna política» y» Schiaretti le garantizaba gobernabilidad en el Congreso a través de sus diputados.

    Con el arribo de Lacunza, Llaryora revive esa sociedad política informal, reactivando los viejos canales de diálogo con el macrismo en un contexto de dispersión nacional.

    La decisión de sumar a Felippa -exjefe de la Unión Industrial de Córdoba y expresidente de Fadea con Macri- y a Lacunza no es casual. El exministro de María Eugenia Vidal y del tramo final de Cambiemos a nivel nacional ya venía orbitando la provincia; el año pasado había sido el expositor estrella en las jornadas de negocios organizadas por el propio banco provincial, donde terminó de consolidar los lazos con la primera línea del oficialismo cordobés.

    Los números que maneja la entidad financiera también explican el apuro político. Si bien los balances del primer trimestre mostraron una recuperación con utilidades netas por $9.176 millones (revirtiendo el rojo del trágico 2025), la verdadera alarma que encendió los despachos oficiales es el índice de morosidad, que trepó al 8,54%.

    La crisis golpea a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. En ese escenario de vulnerabilidad económica y tensión social, Llaryora sabe que la estabilidad de los números no alcanza si no está respaldada por un esquema de gobernabilidad robusto y con fuerte gestualidad al círculo rojo cordobés.

    De hecho, al anunciar los cambios en el banco, Llaryora dijo: «Contar con un banco provincial fuerte, moderno y competitivo es una decisión estratégica para el presente y el futuro de los cordobeses».

     

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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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