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Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.

Por Roque Pérez para NLI

Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.

Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.

La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.

De Margaret Thatcher a la bandera argentina

Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.

Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.

Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.

La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.

Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.

El cambio no es menor. Tampoco parece casual.

Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.

Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.

Una causa nacional convertida en salvavidas político

Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.

No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.

Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.

El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.

Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.

Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.

El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.

El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.

El riesgo de confundir soberanía con marketing

Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.

La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.

Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.

Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.

La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.

Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.

Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.

Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.

Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei

El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.

Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.

Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.

Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.

Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.

Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.

Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.

Malvinas merece algo mucho más serio que eso.

Merece una política de Estado.

Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.

 

 

Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.

Por Roque Pérez para NLI

En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.

Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.

La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda

La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.

Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?

No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.

Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.

En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.

La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.

Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina

El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.

El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.

Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.

Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.

¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?

El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.

Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.

Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.

Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.

La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?

Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.

En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.