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Muestra virtual de las carreras de la UNS

La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina informa que desde el 20 al 23 de septiembre se realizará la tradicional muestra de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en formato virtual. Para acceder a la misma los interesados deberán ingresar al link muestradecarreras.uns.edu.ar

Para quienes no tienen acceso a internet desde sus domicilios, se pondrá a disposición las oficinas de Punto Digital ubicadas en Libertad 25.

La muestra incluye diferentes stands de todos los Departamentos Académicos de la UNS y otras instituciones educativas de Bahía Blanca. Estarán disponibles videos, folletos digitales y charlas en vivo. Se podrán realizar consultas por chat y videollamada.

‘La UNS en la región’, programa destinado a acompañar a los estudiantes que debieron permanecer en sus lugares de origen por razones relacionadas a la pandemia COVID-19 y del cual la Municipalidad es parte, tendrá su propio stand.

Luego del 23 de septiembre, la plataforma seguirá online hasta diciembre para que los interesados puedan acceder en el momento que lo deseen.

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  • Despidos encubiertos y un éxodo de médicos de cabecera extreman la crisis de atención por Pami

     

    La faltante de médicos de cabecera pone en jaque el sistema de atención a los afiliados de Pami y, a estas alturas, es la preocupación central de numerosos centros urbanos del país.

    En los gremios y organizaciones que representan a los profesionales del sector denuncian que es «inviable» el pago de 2.100 pesos por mes por paciente.

    A eso, acusan que médicos que alzaron la voz contra ese ajuste tuvieron como represalia la quita masiva de pacientes, dejándolos con un mínimo que los empuja a la renuncia.

    También, hay ciudades donde advierten que los cambios drásticos en las cápitas de atención apuntan a trasladar pacientes a médicos cercanos a libertarios que manejan oficinas locales de Pami.

    Renunció el viceministro de Salud presionado por la crisis del Pami

    Todo eso está provocando un éxodo de médicos de cabecera que está diezmando la atención en varias ciudades, donde ya se registran turnos médicos con plazos de meses.

    En el Pami de Tandil les dijeron a los jubilados que el objetivo es contar con una base de 33 médicos de cabecera. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

    Por caso, en Tandil este viernes los jubilados de la organización Adultos Mayores en Lucha, Amalu, denunciaron en la oficina local de Pami la «alarmante falta de financiamiento» y «la cantidad de profesionales que desertan de ser médicos de cabecera».

    Como respuesta, en el Pami local les dijeron que el objetivo es contar con una base de 33 profesionales. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

     En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados. 

    Frente a eso, en el Hospital «Julieta Lanteri» de Tandil manifestaron preocupación por la situación: «Los adultos mayores tienen capacidad de saturar el resto del sistema de salud si su obra social no les da respuesta», dijo la directora ejecutiva de ese centro de salud, Martina Iparraguirre.

    En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados.

    En Olavarría, denuncian una reasignación masiva de médicos de cabecera que dejó a cientos de pacientes sin la atención de profesionales que llevaban su historia clínica por más de 20 años.

    Denuncian un atraso del 102% en los montos que perciben los prestadores de Pami

    Ahí, las acusaciones se dirigen al titular del Pami local, el también concejal libertario Guillermo Lascano. «Esta es una decisión recontra arbitraria fue tomada por Lascano para favorecer a médicos ligados a su partido político», señalaron fuentes del sector al portal local Infoeme.

    En el conurbano, en tanto, hay afiliados que denuncian que les llegan mensajes de las oficinas locales de Pami que les informan que «al día de la fecha no disponemos de cupo para asignación de médico de cabecera». Eso, lo advierten en Merlo, Morón y otros puntos de zona oeste.

    En Córdoba, en tanto, denuncian que hay médicos a los que, tras exponer públicamente sus reclamos por la situación del Pami, les quitaron cerca de 500 pacientes de forma intempestiva.

    «Lo que hacen es quitarles el 90% de los pacientes asignados. Eso significa dejarlos con una carga horaria mínima y, en la práctica, sentirse despedidos», dijo Carlos Mulqui, de la organización Médicos de Cabecera al plantear «despidos encubiertos».

     

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  • La deuda como pregunta política

     

    En entrevistas recientes, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores, mientras la morosidad de las familias argentinas alcanza niveles récord. En diálogo con LN+, planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado «pasarle la cuenta a todos los demás». Preguntó, retóricamente, si a esos deudores «alguien les puso una pistola en la cabeza» para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los «ataques del kirchnerismo». Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había usado casi la misma fórmula -«un acuerdo entre privados»- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.

    La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente. Según el Banco Central, la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%. Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.

    Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado. Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas: cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos. 

    La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.

    La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos. La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas. En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.

    En Una Historia de Como Nos Endeudamos (Siglo XXI editores) muestro que la deuda de las familias ha sido una arena fundamental a través de la cual los ciudadanos le atribuyeron crédito o culpa a los gobiernos democráticos de la Argentina desde 1983, mediando la relación entre ciudadanos y Estado y moldeando tanto las condiciones materiales como las expectativas morales y políticas con que los argentinos evaluaron a sus sucesivos gobiernos.

    Cada ciclo político desde el retorno de la democracia puede leerse en esa clave -incluido el que llevó al gobierno al actual presidente.

    Democracia indexada (1983-1989). La crisis de la deuda externa y la alta inflación marcaron el comienzo de los años ochenta en América Latina. En Argentina, la redemocratización ocurrió en ese contexto, tras la dictadura de 1976-1983. El gobierno de Raúl Alfonsín fue puesto a prueba por una ola creciente de endeudamiento hipotecario: las familias no lograban sostener los pagos a causa de la inflación, y las clases medias entraban en una espiral sin precedentes de descenso social.

    Democracia neoliberal: deuda y promesa de estabilidad (1991-2001). El plan de convertibilidad del gobierno peronista de Carlos Menem unió deuda familiar y deuda soberana: mientras la primera crecía, la segunda garantizaba la estabilización y las reformas neoliberales que ampliaron el consumo —inmuebles, electrodomésticos, autos, viajes—, financiado externamente por el Estado. La crisis de 2001 cerró el ciclo: ambos tipos de deuda se volvieron impagables y las calles se llenaron de protestas.

    Democracia posneoliberal: deuda y promesa de inclusión (2003-2015). Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina prometieron corregir los efectos del neoliberalismo, apoyados en el boom de las materias primas. La tarjeta de crédito se convirtió en pasaporte de consumo para sectores históricamente excluidos: mientras el Estado argentino pagaba su deuda soberana, nuevas deudas familiares sostenían la promesa de inclusión —un ciclo dependiente de condiciones volátiles.

    La deuda en la democracia promercado (2015-2019). Mauricio Macri sucedió ese ciclo con créditos hipotecarios e inclusión financiera como banderas promercado. Tras una fuerte devaluación del peso —que no evitó un nuevo préstamo del FMI—, los ingresos se evaporaron y las deudas aumentaron; pedir prestado a familiares y usar la tarjeta para comida, remedios y alquiler se volvió cada vez más habitual. El estrangulamiento de la deuda soberana y familiar catalizó el cambio de gobierno.

    Democracia bajo la pandemia y la alta inflación (2019-2023). La deuda de la pandemia y el retorno de la inflación por encima del 100% anual explican el descontento social y el apoyo creciente a la extrema derecha. A diferencia de otros países, que ampliaron la deuda pública para financiar la emergencia sanitaria, el gobierno argentino tuvo que negociar la deuda soberana heredada, lo que limitó su política asistencial —y empujó el crecimiento de la deuda familiar, orientada apenas a preservar la vida cotidiana. En ese escenario de fatiga económica y cansancio moral emergió Javier Milei, canalizando el resentimiento contra la clase política y prometiendo la liberación de la inflación y de la deuda.

    Tu deuda no es tu culpa

    En diciembre de 2023, Javier Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo marcado por el agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación aislada, ni la devaluación -era la sensación de haber hecho todo bien (trabajar, ahorrar, sacrificarse) y aun así no alcanzar; la percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo diera frutos.

    Mis investigaciones de 2023 mostraban ese estado de ánimo difundido transversalmente: quien había pedido prestado para comer y la clase media que no llegaba a fin de mes compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional -de que las deudas no eran el precio de algo, ni el escalón hacia ningún lugar, sino simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

    Argentina no está sola en este cuadro. Basta mirar a Brasil, donde en abril de 2026, por primera vez desde que el indicador se mide, más de cuatro de cada cinco familias declararon tener algún tipo de deuda. El 80,9% marcó el máximo histórico de la serie de la Encuesta de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic), realizada por la Confederación Nacional de Comercio, y no fue un pico aislado: fue el quinto mes consecutivo de récords, con el índice avanzando aún más en mayo, al 81,6%. Según el Banco Central brasileño, la porción del ingreso familiar comprometida con el pago de deudas saltó de cerca del 22% en 2019 al 29,7% a fines de 2025 —casi un tercio del presupuesto doméstico ya reservado antes de llegar a la heladera, al alquiler o a la factura de luz. Frente a ese cuadro, el gobierno federal relanzó en mayo el Novo Desenrola Brasil, un programa de renegociación de deudas para familias, estudiantes y pequeños negocios asfixiados por el crédito caro —una respuesta, se podría decir, en las antípodas de la que ensaya el gobierno argentino.

    La deuda de las familias volvió a infiltrarse en la disputa electoral brasileña, como seis años antes ya había atravesado la elección que llevó a Lula a su tercer mandato -y reaparece ahora que busca la reelección. Las finanzas domésticas ocupan un lugar cada vez más central en la política contemporánea, los ejemplos se acumulan más allá de Argentina y Brasil: difícilmente se entienda el ascenso de Gabriel Boric en Chile sin el malestar del endeudamiento exorbitante de las familias chilenas, herencia de un modelo que privatizó la educación, la salud y la previsión social y empujó al crédito a llenar el vacío dejado por el Estado. Del mismo modo, la crisis política española que proyectó a Podemos al gobierno no se explica sin las movilizaciones de hipotecados, cuya indignación contra los desalojos le dio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una centralidad que ningún partido tradicional supo anticipar.

    La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias. Es allí, en la frontera donde los significados morales y políticos del endeudamiento se encuentran con las expectativas dirigidas al Estado, donde la confianza —o la desconfianza— en la promesa democrática se decide día tras día.

    La sociología de la deuda enseña algo que la economía suele olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero, sino el momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa, el deudor que no supo administrarse, el gobierno que no controló la inflación, o el sistema que prometió lo que no podía cumplir?

    En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible: los hogares que se endeudaron para sobrevivir, que esperaron que el ajuste de Milei trajera estabilidad y ven acumularse la morosidad sin que el horizonte se abra, están en ese umbral moral en el que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político. Que el propio Presidente responda a esa pregunta diciendo que no es asunto del Estado sino «un acuerdo entre privados» no cierra la discusión: la reabre, porque son millones de hogares los que, todos los días, deciden si esa respuesta les resulta creíble o buscaran devolver a esas palabras un rechazo tan profundo como el que llevo al propio Milei a la presidencia. 

    La entrada La deuda como pregunta política se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    BIOGRAFÍA DE UNA MANO (parte II)

    Levantarse de madrugada para hornear el pan y las facturas se estaba convirtiendo en un verdadero placer. ¿Verdadero placer? Quizás el apretujar y acariciar las masas era eso que la mano iba sintiendo, y que la acercaba a los bordes de una difusa verdad escondida debajo de sus uñas.Llueve. Llueve lento. Llueve a veces. Llueve…

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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    BON VA

    Una encuesta es una investigación realizada sobre  una  muestra  de  sujetos  representativa  de  un  colectivo  más  amplio, no nos sorprende que ésta en particular coincida de alguna manera con una editorial publicada en #latapa hace poco más de un año atrás (“Existe una ruptura entre la política y los reginenses”) un día después de las…

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