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EL CERO NO SUMA

Argentina, país que desde un 24 de noviembre del 2010 por el Decreto 1800 y posteriormente ratificado en ley 26.870 en el año 2013, declara al Vino como su bebida nacional. Esta ley que busca difundir las características culturales que implique la producción, elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones. El vino es un «alimento» y se entiende al vino argentino, sobre la base de la alimentación diaria de la población, en consumo responsable, en los momentos de disfrute familiar pero además teniendo en cuenta que detrás de cada botella de vino existe el trabajo de miles de obreros, productores, elaboradores, empresarios y comercializadores y qué su promoción y difusión no puede ser impedida por ninguna legislación que se contraponga a la ley 26.870.

Irónicamente, un mismo 24 de noviembre, pero de nuestro año actual, 2022, la cámara de diputados da media sanción, con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, a una irracional, inviable, aberrante e inconstitucional ley que pide modificar un artículo de la Ley de Tránsito 24.449 y estipular que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre»

Sabemos que un gran porcentaje de los accidentes de tránsito son causa de conductores que se encuentran alcoholizados, con valores de alcoholemia por encima de los permitidos actualmente y que es una problemática social que se debería tratar y solucionar. Hasta acá todos de acuerdo.

Pero… una la ley de alcoholemia cero ¿soluciona el problema? ¿Es factible? La respuesta es NO.

Personalmente me sumo a la premisa de no consumir bebidas alcohólicas si se va a conducir un vehículo, pero un control que se base en mediciones que arrojan el valor cero, exento de toda tolerancia, implica un error conceptual desde el punto de vista metrológico y una arbitrariedad desde el punto de vista jurídico.

Los alcoholímetros, utilizados para medir el alcohol en los controles, deben ser capaces de medir en el rango que va de 0,00 g/l hasta, al menos, 1,50 g/l. En funcionamiento normal, pueden indicar falsos positivos y/o negativos ya que presentan una incertidumbre de medición como todos los equipos de control, además deben calibrarse, ergo es porque se descalibran, y ¿cómo sabemos cuándo se descalibró o no? El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) ente encargado de la calibración de los alcoholímetros de todo el país, ratifica lo establecido por ley de que el margen de error máximo aceptado es de 0.041g/l en condiciones de laboratorio, por ende, en condiciones de operatoria callejera, lo errores pueden ser mayores.

Además de los errores de medición pueden generarse falsos positivos a causa del llamado alcohol endógeno, que se produce de forma natural en el organismo de los seres humanos debido a múltiples factores como ciertos tipos de diabetes o ayunos prolongados. Todos estos errores y/o variables podrían hacer que una persona que no ingirió ni una sola gota de alcohol dé un test de alcoholemia positiva.

La tolerancia legal cero es una aberración. Una medida, legalmente se determina a través de un valor nominal, una unidad de medida y un margen de tolerancia, dicho eso, una ley 0 no sólo sería ilegal, sino que de cumplimiento imposible. La tolerancia cero en cualquier caso es inverosímil porque toda medición tiene implícito un margen de error y no existe la exactitud absoluta en ningún tipo de aparato de medición.

Un estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre todos los siniestros fatales de tránsito entre 2015 y 2017 reveló que en ninguno de los casos se presentó un valor de alcoholización inferior a 0,5g/l. Por ende, el problema está en las personas que sobrepasan los límites ya establecidos y no en las que sí cumplen. ¿Se entiende que no es necesario bajar los parámetros actuales de control?

La Organización Mundial de la Salud sugiere un nivel máximo legal de alcoholemia que no supere los 0,5g/l, valor establecido en la mayor parte de los países del mundo. Algunos incluso tienen un poco más.

Como ya podemos ver, la solución no pasa por generar una ley imposible de “alcoholemia cero al volante”, sino de intensificar los controles con personal idóneo y sumamente capacitado, aumentar la educación y concientización de los conductores; generar leyes que apunten más a la prevención, como las leyes europeas o la ley Emilia de Chile, en las cuales consideran delito grave a quienes circulen al volante con niveles superiores a 1,0g/l en el caso de las europeas y 0,8g/l en la de Chile; controlando y penando severamente a quien no las cumpla, con suspensiones del carnet hasta incluso con años de cárcel.

Los países más avanzados en materia de alcohol y conducción, controlan entre el 15 y el 30% de su población por año,
en Argentina los controles apenas alcanzan en promedio al 1% de los habitantes.

Como dije anteriormente el problema no está en los valores de control que tenemos vigentes hoy día en nuestra ley (eso demostró el estudio de CABA) sino que está en las personas que los exceden y es ahí donde se debe buscar la solución y no en una reducción de los mismos y muchos menos aún con una pseudo-medida como la tolerancia cero.

No necesitamos leyes nuevas, sino que necesitamos que se empiecen a hacer cumplir y respetar las que ya tenemos y en caso de sacar alguna nueva para mejorar esta debe ser seria, abordada con fundamentos técnicos y reales y no una ley con título tribunero que no logra solucionar nada.

Si yo, un simple ciudadano, pude investigar y asesorarme en el tema, con información real y fundamentada, las personas que ocupan un cargo de toma de decisiones también pueden hacerlo, es más deberían y tienen la obligación de hacerlo.

#NOALALEYDEALCOHOLEMIACERO

Agradezco por el asesoramiento y la información técnica al Ing. Fabian Pons y a OVILAM (Observatorio Vial Latiniamericano).

Por Facundo Gagliano – Sommelier Internacional
@cu4trodecopa

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  • Kicillof designó al Cuervo Larroque como armador nacional y a Bianco en provincia

     

    Axel Kicillof reunió en Casa de Gobierno a sus legisladores y confirmó al Cuervo Larroque como su armador político a nivel nacional de cara a la carrera presidencial. El gobernador bajó línea a los suyos y blanqueó algo que ocurría en los hechos pero que nunca había sido expresado. Además, dijo que Carlos Bianco será el encargado de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.

    La reunión se planteó como una cumbre entre la mesa chica de ministros con perfil político junto al grupo de legisladores nacionales que integran Jorge Taiana, Huguito Moyano, Hugo Yasky, Juan Marino, y Santiago Cafiero, y los senadores y diputados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Legislatura bonaerense.

    La confirmación de Larroque al frente del armado nacional es una definición importante dentro del hermetismo que caracteriza al núcleo político que rodea a Kicillof. Fuentes del MDF aclara que los roles no serán estancos. Que el cuervo tendrá recorridas por territorio bonaerense y Bianco por las provincias, pero la definición para por un ordenamiento dentro de la línea interna del peronismo que trabaja en la candidatura presidencial de Kicillof.

    Kicillof busca asegurarse el apoyo de los intendentes y ordenó impulsar un proyecto que elimine la traba a sus reelecciones

    Durante la reunión, Kicillof les pidió a sus candidatos a gobernador que caminen por la provincia y que las definiciones llegarán más adelante. Axel cuenta cinco candidatos: Carlos Bianco, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y a Fernando Espinoza. Este último es el menos lanzado del grupo, pero a Kicillof le sirve tener un abanico de candidatos con distintos perfiles.

    Ayelén Durán, José Galván y Ana Luz Balor.

    El pedido fue que todos salgan a recorrer la provincia y que eviten los roces. El desafío es evitar las pujas y tensiones que se dan a nivel local que inevitablemente toman bando por uno u otro candidato. Kicillof pidió evitar esas situaciones. El ministro de Gobierno será clave en su rol de armador provincial en ese trabajo.

    En tanto, el gobernador les pidió a sus legisladores avanzar en la segunda mitad del año con una ley en la Legislatura que permita a los intendentes volver a pelear por otro mandato.

    Máximo abre la puerta a un acuerdo con Kicillof: «No estamos en veredas opuestas»

    LPO había adelantado que el gobernador había decidido reflotar en el Senado un proyecto que el año pasado presentó Ayelén Durán. Ese es segundo el axelismo la mejor opción para empezar a discutir el trámite legislativo, aunque se muestran abiertos a los cambios que puedan proponer tanto la oposición como el resto del peronismo.

    Ana Luz Balor y Diego Nanni.

    Los legisladores del Movimiento Derecho al Futuro prefieren mantenerse cautos ante la interna con el kirchnerismo y buscan moverse con cuidado. Sin embargo, tomaron la decisión de retomar el proyecto de Durán como muestra de que están interesados en resolver la traba legal que afecta a unos 80 intendentes de la provincia.

    El objetivo es poner paños fríos a las tensiones que surgieron en los últimos días respecto de la reelección de los intendentes. Hubo algunos trascendidos sobre pedidos de un juez de la Suprema Corte a cambio del voto de para reinstalar las reelecciones indefinidas y también -según fuentes del MDF- la condición de levantar la consigna Cristina Libre como condición para votar el beneficio para los jefes territoriales.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • Lacunza se lanzó como candidato a presidente del PRO pero no está afiliado

     

    Hernán Lacunza sorprendió con el anuncio de su candidatura a presidente por el PRO, pero en el partido amarillo anticiparon que ni siquiera está afiliado.

    En el PRO confirmaron a LPO que antes de hacer el anuncio, Lacunza le avisó a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, sus ex jefes en la Nación y en la provincia, que le dieron el visto bueno. Macri no sólo avaló la jugada sino que avivó a los periodistas de que su ex ministro haría ese anuncio.

    LPO explicó que el anuncio de Lacunza tiene un costado cordobés. El economista fue designado por Martín Llaryora como director del Banco de Córdoba (Bancor), poco después de una cumbre secreta entre Llaryora y Macri, revelada en exclusiva por LPO, donde se habló de un armado político.

    El clima cambió para Llaryora con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y hoy está mucho más de un acuerdo con Milei, como reveló este medio.

    Por eso el gobernador está negociando un acuerdo con la Rosada que incluye el armado de una opción libertaria light para las elecciones en Córdoba en 2027. Para llegar a esa negociación en una posición de mayor fortaleza, a Llaryora le conviene la amenaza de Lacunza para asustar a Milei en la primera vuelta.

    De hecho, en el propio PRO admiten que la candidatura de Lacunza sería sólo una manera de dificultar el camino de Milei a la reelección. «Con tres puntos le complicamos la elección a Milei», dicen en ese sector.

     

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