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EN LA AGRIA ESPERA…

Lxs trabajadorxs de La Reginense siguen manifestándose en búsqueda del pago de sus haberes de marzo y febrero (aquí toda la info). Hoy (martes) por la mañana se presentaron en las instalaciones centrales del municipio de Villa Regina con la intención de dialogar con el intendente Marcelo Orazi con el principal objetivo de que el ejecutivo local colabore en la búsqueda y gestión de las soluciones a los problemas de 51 familias reginenses. La presencia pacífica en el municipio se debió al incumplimiento de lo prometido por el partido oficialista.

Sobre el cierre de la semana pasada los trabajadores de la icónica sidrera tuvieron una sensación de alivio ya que luego de presentarse en el Concejo Deliberante recibieron la comunicación del concejal Silvio Rodriguez del bloque Juntos Somos Rio Negro con la noticia proveniente de provincia que se estaban gestionando mediante el ministro de producción Carlos Banacloy los pagos (totales o parciales) de sus haberes. A esto sumarle, el compromiso del presidente del CD Edgardo Vega de la entrega de 51 módulos alimentarios de manera inmediata para cubrir (en parte) la urgencia de las familias. Sin embrago el compromiso de la entrega de módulos que era inmediata no se realizó, y el pago que se propuso resolver antes de este lunes, tampoco. El alivio duró poco.

“Después de habernos presentado en el CD, un Concejal me llamó telefónicamente para comunicarme que se estaba gestionando el pago de lo que se nos debe y se iba a realizar entre el jueves de la semana pasada y el lunes. Cuando estuvimos en el CD tomaron el compromiso de gestionar un módulo alimentario rápido para asistir a los trabajadores ya que como les comunicamos en ese momento hace dos meses que no tenemos ningún tipo de ingreso quedando fuera del sistema”, así lo explica el referente de los trabajadores Juan Caniupán.

Este módulo se iba a entregar la semana pasada y no se cumplió al igual que la transferencia del dinero adeudado. Asique ante esa falta de respuesta nos presentamos hoy (martes) en el municipio para comunicarle la situación al intendente buscando colaboración y respuestas por parte del ejecutivo. Como también saber si nos podían dar un panorama más claro de cómo estaba nuestra situación en cuanto al cobro de lo que se nos debe y la asistencia rápida del módulo alimentario. Necesitamos saber que va a pasar con nuestros depósitos, nuestros salarios, si realmente se va actuar rápido ya que no se cumplió con lo transmitido desde provincia”, cuenta Caniupán.

 Y agrega el intendente entendió y se comprometió a dar un respuesta entre hoy y mañana. Una respuesta concreta sobre el depósito al que se había comprometido provincia.  No nos atendieron como lo esperábamos, hubiéramos preferido una reunión o un dialogo abierto fuera del municipio. Fue una situación un poco tensa pero nuestra intención no era escrachar a nadie sino más bien encontrar colaboración para la resolución de este problema”.

A su vez, otra noticia caló hondo y repercutió fuerte sobre el grupo de trabajadores, el interventor José Perez fue removido del cargo y si bien durante esta semana seguirá asistiendo será solo para hacer el traspaso de gestión con las nuevas interventoras Karina Rosetani y Andrea Damen. La sensación de los trabajadores es que si bien no les soluciona el problema inmediato, sienten que los están escuchando y que luego de tanto trajín el avispero se agitó.

“En base a eso si tuvimos una respuesta positiva podría decirse ya que provincia tomó nota, por más que no resuelva el problema sentimos que fuimos escuchados  porque se tomó la decisión de apartar al interventor de su cargo. El lunes se hizo oficial y durante aproximadamente una semana el interventor actual hará el traspaso de información y pondrá en situación a las nuevas interventoras que pasan a tomar funciones, ellas son contadoras de la ciudad de Villa Regina Karina Rosetani y Andrea Damen”, así lo expresan los trabajadores.

Las nuevas interventoras ya han hecho presencia en La Reginense teniendo contacto sobre la situación. A partir de ese cambio de mandato ellas se van a hacer cargo de la administración y de la intervención. “En principio es algo positivo pero no deja de ser algo que no sabemos cómo va a terminar y nos resuelve el problema inemdiato de seguir son cobrar lo que se nos adeuda”.

“Ahora no nos queda otra que esperar y si no tendremos que ver si endurecemos la medida para la semana que viene, nosotros abogamos por el cobro de lo que nos corresponde. Esto es algo que a nosotros nos tiene en vilo desde hace meses y todos los días desde que nos despertamos hasta que nos dormimos”, sentencia Caniupán agobiado por la situación.

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  • La Ciudad arranca con una mega obra para conectar Belgrano y la Costanera

     

     En los próximos días comenzará la construcción del anillo de La Pampa, una de las principales obras del mandato de Jorge Macri. El proyecto conectará Figueroa Alcorta con la Costanera a la altura de La Pampa y servirá para descongestionar el tránsito de la zona.

    Una UTE integrada por Roggio y Chediack ganó la licitación organizada por AUSA y en los próximos días comenzarán a instalarse los obradores en la zona.

    El túnel vehicular tendrá doble mano e irá desde Figueroa Alcorta hasta la Costanera y atravesará por debajo la Autopista Lugones, las vías del FFCC Belgrano norte y Cantilo.

    Eso permitirá deshacer los embudos que suelen producirse en el puente de Echeverría y liberará el tráfico de la zona.

    Jorge Macri se amigó con Mauricio y se despeja su candidatura a la reelección

    La obra, que está a cargo del Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa, también prevé un puente peatonal con forma de anillo que tendrá locales gastronómicos y un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

    Se espera que el proyecto esté terminado a mediados de 2027 será el más importante que encarará el gobierno porteño junto con la nueva estación de Constitución, donde convivirá la línea F y la C.

    Render del anillo que se complementa con el túnel vehiular.

     

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    A once años de la muerte de Nisman: el armado político-mediático-judicial que convirtió un suicidio en bandera de la derecha

     

    Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un expediente sin pruebas, pero con relato

    Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.

    A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.

    La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.

    La operación: cuando la política reemplazó a la justicia

    Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.

    La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.

    Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.

    El trampolín de la derecha y el silencio posterior

    El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.

    Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.

    La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.

    Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.

     

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