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MICROPLÁSTICOS: CONTAMINACIÓN CIEGA

La industria textil es el cuarto mercado con mayor impacto negativo en el cambio climático por debajo de la alimentación, el sector inmobiliario y los transportes.

La industria textil es responsable del 20% del desperdicio de agua en el mundo y del 8% de los gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones Unidas. Cada año se confeccionan 100.000 millones de prendas en el mundo y, según cifras del último informe Pulse of the Fashion Industry elaborado por la Global Fashion Agenda. Un problema que ni el reciclaje ni la segunda mano son capaces de mitigar, advierten de que solo el 13% acaba reciclándose, el 87% restante termina en un basurero o incinerada.

Cada año se fabrican aproximadamente 5.000 millones de jeans en el mundo. Según el Proyecto Agua Segurapara fabricar un pantalón de jean de 800 g, se consumen alrededor de 8.000 litros de agua, aproximadamente la misma cantidad que necesita una persona promedio a lo largo de 7 años. Además, durante el proceso de fabricación se emiten cerca de 32 mil millones de kg de CO2 y se utilizan 10 mil millones de kg de colorantes.

Pero no todo tiene que ver con la producción: ¿Qué pasa durante la vida útil del producto? Cada vez que lavamos el jean, desprende microfibras que no son biodegradables y terminan en los océanos, medio millón de toneladas de microfibras textiles por año según un estudio del Banco Mundial, y peor aún, pueden permanecer en la naturaleza durante 50 años.

Un problema que ni el reciclaje ni la segunda mano son capaces de mitigar, advierten de que solo el 13% acaba reciclándose, el 87% restante termina en un basurero o incinerada.

Un reciente estudio científico realizado por investigadores del CONICET demuestra que el área marina protegida Namuncurá Banco Burdwood, contendría los mismos valores de contaminación por microplásticos que las costas de China, siendo este el principal productor de plásticos en el mundo. El Banco Burwood es una meseta submarina situada en el Atlántico Sudoccidental, a 200 km al sur de las Islas Malvinas.

Este banco se ubica en el borde norte de la Placa de Scotia y representa la extensión hacia el este de la Cordillera de los Andes. Esta área protegida tiene tres categorías de manejo: Reserva Nacional Marina, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina Estricta. Así se describe en el sitio Argentina.gob.ar.

Como lo explica la Dra. en biología Rosana di Mauro en el artículo Microfibras textiles: la contaminación que no vemos: «Las Microfibras antropogénicas son fragmentos microscópicos de fibras, mayormente de origen textil, que se desprenden del uso cotidiano y lavado de las prendas de vestir«. Y agrega: «son contaminantes pasivos de todos los ambientes terrestres y acuáticos del planeta».

Cada vez que lavamos el jean, desprende microfibras que no son biodegradables y terminan en los océanos, medio millón de toneladas de microfibras textiles por año.

Respecto de la composición de las mismas afirma que «El poliéster en particular, que es un tipo de PET (Polietileno Tereftalato), es el compuesto más abundante que se ha encontrado en los océanos de ambos polos y hasta en las profundidades más recónditas del planeta. También hay microfibras contaminantes que están básicamente compuestas de celulosa o algodón, que son igual de peligrosas y persistentes en el medio marino, ya que deben pasar por los mismos procesos químicos que las fibras sintéticas para poder utilizarlas en la composición de las prendas de vestir».

Con las fibras cortas y envejecidas, se genera una problemática mayor, porque no solamente son abundantes, sino que están degradadas por lo que se van transformando en partículas cada vez más pequeñas. Y más pequeñas no significa menos peligrosas, sino posiblemente mucho más nocivas porque son muy difíciles de detectar y la posibilidad de sacarlas del medio es casi nula.

Paula Kaeser Marcela Laudonio,  autoras del artículo Microfibras textiles: la contaminación que no vemos, exponen: «La mayoría de la ropa que usamos está confeccionada con poliéster, por ende contiene grandes cantidades de petróleo. Disminuir la producción de prendas de vestir realizadas con esta fibra, es fundamental para reducir el consumo de combustibles fósiles, principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático.»

Disminuir la producción de prendas de vestir realizadas con esta fibra, es fundamental para reducir el consumo de combustibles fósiles, principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cada año se confeccionan 100.000 millones de prendas en el mundo, lo que conlleva una generación de residuos y un impacto ambiental alarmantes. Este nivel de producción resulta en que 92 millones de toneladas textiles terminan en la basura cada año.

Es por este motivo que cuando hablamos del concepto “diseño sustentable” aplicado a la producción de ropa que se realiza con plástico reciclado, estamos omitiendo que el problema de las microfibras no solo persiste sino que se agrava, ya que esa fibra reciclada, al estar más gastada, desprende más microfibras durante el lavado. Un solo lavado de 6 kg libera aproximadamente 700.000 fibras microscópicas de plástico en el medioambiente.

¿Qué podemos hacer los consumidores?

  • Cuidá tu ropa, no la trates como si fuera descartable. Acordate que el mejor residuo es el que no se genera.
  • Tratá de comprar ropa de buena calidad. En este caso, menos es más, unas pocas prendas más caras pero buenas son mejores que muchas remeras baratas que duren solo una temporada.
  • Intercambiá prendas, podés proponerlo en tu grupo de amigas o buscar redes de intercambio en Facebook.
  • Comprá ropa usada, cada día hay más ferias americanas, así como cuentas en Instagram y páginas web con gran variedad de artículos y envíos a todo el país.
  • Dejá de seguir cuentas que incentivan el consumo constante, gran parte de nuestro deseo de comprar entra por los ojos y se instala en nosotrxs como angustia, carencia y necesidad de pertenencia.
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  • El caso Fontevecchia complica la estrategia de Cristina para ser candidata

     

    La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.

    El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.

    Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.

    Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.

    «Cristina se podría presentar a las PASO», advierte el nuevo abogado de la ex presidenta

    Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable. 

    Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.

    En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.

    Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.

    La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina. 

    Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.

    Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina. 

    La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.

    Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.

    La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.

    El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.

    La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.

    Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.

    Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.

    «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.

    Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.

    El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».

    Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».

    El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.

    Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.

    Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.

     

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