MICROPLÁSTICOS: CONTAMINACIÓN CIEGA

A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.

Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.

Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.

Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.

Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases» 

Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).

En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.

Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.

Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno

En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.

Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.

El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora 

El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.

Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.

«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.

Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. 

El empresario Guillermo Tofoni violó un off the record de manera insólita luego de revelar que entregó a los medios «en mano» el material para la investigación sobre el desvío de fondos de la AFA a cuentas fantasma.

La Nación reveló el domingo que la asociación que preside Claudio «Chiqui» Tapia estaba siendo investigada en EEUU por movimientos de fondos a sociedades fantasmas por 42 millones de dólares a la empresa TourProdenter LLC de Javier Faroni, un empresario de espectáculos que pertenece al Frente Renovador.

Tofoni es el impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que está vinculado estrechamente a la diputada Juliana Santillán y tiene el aval de Daniel Scioli y Javier Milei para avanzar contra Tapia.

La AFA salió a defenderse tras la investigación y acusó a Tofoni de mover la causa en los medios pese a que el proceso judicial fue rechazado tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Tapia denuncia una campaña de Cúneo en su contra tras la filtración de los desvíos de USD 42 millones 

Con una honestidad brutal, el propio Tofoni se encargó de confirmar las acusaciones de la AFA en su contra y expuso a los periodistas de una manera negligente.

«Días pasados entregué en mano al periodista @nicolaspizzi el resultado de una apertura de documentos que solicité a la Justicia de los EE.UU en el marco de una demanda en curso en la Argentina. Con la convicción moral y ética de aportar claridad y transparencia a la prensa arg», tuiteó Tofoni.

La AFA informó esta semana que la causa que mueve Tofoni ya fue rechazada tanto en la justicia argentina como la estadounidense: «han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho», dijo la asociación en un comunicado.

«Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como ‘investigaciones’, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios», dice el comunicado de AFA.

El Gobierno formalizó el aviso de pago a los bonistas que deberá concretarse el próximo viernes. Cumplió con el trámite administrativo, pero todavía no tiene todos los USD 4.300 millones que deberá depositar.. 

 Este martes el Banco Central volvió a comprar dólares, esta vez por una suma importante: USD 83 millones. Las estimaciones del mercado dan cuenta de un volumen de USD 578 millones operados, por lo que el BCRA compró en forma directa alrededor de un 7% del total, en línea con la nueva política monetaria que impuso el FMI.

 El aviso de pago de Economía fue presentado ante el Bank New York Mellon, representante de los acreedores. Con esa decisión, el Palacio de Hacienda buscó despejar cualquier duda de pago. Pero es una señal al mercado, no una transferencia efectiva. 

La verdadera historia no está en el anuncio sino en la ingeniería financiera contrarreloj para llegar a los USD 4.300 millones. Por eso las miradas de la City se corrieron de inmediato hacia las fuentes de financiamiento. 

El Congreso de EEUU advierte que Argentina se enfrenta a un default o una devaluación

Al cierre de 2025, según los registros oficiales, el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones. Menos de la mitad de lo necesario para cubrir el vencimiento.  Pero esos depósitos muestran una dinámica inestable. En las últimas semanas del año crecieron con fuerza y luego volvieron a caer. Hubo fuertes variaciones diarias producto de compras y ventas de divisas realizadas por Caputo para frenar el dólar. 

En el Palacio Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. 

Parte del monto se explica por la colocación del bono en dólares AN29, lanzado el 10 de diciembre. Esa fallida emisión permitió captar apenas USD 910 millones a una tasa superior al 9%. Caputo esperaba juntar un piso de USD 1.500 millones. Además tuvo un costo político y financiero: tensó aún más la relación del Gobierno con los bancos locales. En el sistema financiero local admiten que el AN29 fue leído como una señal incómoda. No solo por el esfuerzo que implicó absorberlo, sino porque profundizó los reclamos cruzados.  

En el Palacio de Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. Incluso sumando todo, queda un faltante cercano a los USD 2.000 millones. Ahí aparece el tramo más delicado. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Una de las opciones en danza es el swap del Tesoro norteamericano, pero esa vía quedó bajo una lupa incómoda tras un informe del Congreso de Estados Unidos. El documento fue lapidario: cuestiona la discrecionalidad en el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria y sugiere acortar plazos, exigir reportes casi inmediatos y reforzar el control legislativo sobre este tipo de financiamiento. El mensaje de Washington es inequívoco. Menos margen para acuerdos opacos y más exigencias de transparencia. Incluso se plantea la posibilidad de divulgar los términos y condiciones de los acuerdos con gobiernos extranjeros y evaluar los riesgos que esos programas implican para los fondos involucrados. 

Sospechan que el Banco Central pagó el vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas

Con ese telón de fondo, el escenario que gana terreno es un repo con bancos internacionales. Se habla de unos USD 2.000 millones, a tasas muy elevadas y con garantías todavía poco claras. En los despachos circula la versión de un bono bajo legislación local, aunque justamente ese punto genera dudas entre los potenciales prestamistas. 

En Economía repiten que nadie duda del pago. Y el mercado coincide. El default no está en el escenario base. El problema es el costo. 

El peor resultado es seguir drenando reservas, que ya acumulan un rojo superior a los USD 16.000 millones. En ese caso, el pago se haría igual, pero a costa de profundizar el deterioro del Banco Central. Ya ocurrió con el Bopreal, cuando se usaron depósitos de la gente. 

 Los números lo confirman. Las reservas brutas cerraron este lunes en USD USD 44.187  millones, pero las reservas netas siguen en negativo, cerca de los USD 16.000 millones. La diferencia no es contable: es estructural. De ese total, USD 14.000 millones pertenecen al FMI y están bloqueados para uso doméstico; otros USD 18.000 millones corresponden al swap con China, del cual una tercera parte ya fue utilizada. El resto, lo que queda disponible, son los encajes, es decir depósitos en dólares de la gente, que el Central inmoviliza.