Más maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales

Mientras en la Argentina el gobierno de Milei insiste en empujar el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas como si fueran sinónimo de modernidad, los números del fútbol mundial cuentan una historia muy distinta. El ranking de los 50 clubes más valiosos del planeta deja un dato contundente: tres de los cinco primeros son entidades civiles, manejadas por sus socios y sin propietarios privados.

Por Ignacio Elfratini para NLI

El dato que incomoda al discurso pro SAD

Según el ranking internacional de clubes más valiosos elaborado por Sportico, el podio y el top cinco están lejos de responder al modelo empresario que se intenta vender como inevitable. Real Madrid, FC Barcelona y Bayern Munich, tres gigantes absolutos del fútbol mundial, no son sociedades anónimas, no tienen accionistas mayoritarios ni fondos de inversión detrás. Son clubes de socios, asociaciones civiles sin fines de lucro, gobernadas por sus miembros.

El contraste es evidente: Manchester United y Liverpool, los otros dos clubes que completan el top cinco, sí responden a esquemas privados, con dueños, holdings y decisiones concentradas en pocas manos. Sin embargo, el liderazgo económico y deportivo global sigue estando en manos de entidades civiles.

Socios, democracia interna y poder real

En el caso de Real Madrid y Barcelona, el modelo es claro y directo: los socios eligen autoridades, definen el rumbo institucional y mantienen la propiedad colectiva del club. No hay accionistas, no hay dueños, no hay posibilidad de venta del patrimonio social.

Bayern Munich, por su parte, funciona bajo el esquema alemán del 50+1, que garantiza que el control del club permanezca siempre en manos de la asociación de socios, incluso cuando existen sociedades comerciales para la gestión profesional. El poder de decisión, político y estratégico, sigue siendo de los miembros.

Este dato no es menor: el club más dominante de Alemania y uno de los más poderosos de Europa no solo no es una SAD, sino que tiene prohibido serlo.

El mito del “sin SAD no hay competitividad”

Uno de los principales argumentos del lobby pro SAD en la Argentina es que sin capital privado los clubes quedan condenados al atraso, la improvisación y la quiebra. El ranking mundial demuestra lo contrario. Los clubes más valiosos del planeta, los que más facturan y los que más títulos ganan, no necesariamente tienen dueños privados.

Incluso dentro del top 50, las entidades civiles no son una rareza: Borussia Dortmund, Ajax y Eintracht Frankfurt también conservan estructuras asociativas con control de socios, mientras que la mayoría de los clubes privados dependen de magnates, estados extranjeros o fondos financieros.

Argentina: el verdadero debate de fondo

En este contexto, el intento de imponer las SAD en el fútbol argentino aparece menos como una modernización y más como una transferencia de poder. Pasar de clubes de socios a sociedades anónimas no significa eficiencia automática, sino pérdida de control democrático, riesgo de vaciamiento patrimonial y ruptura del lazo social y cultural que define a los clubes en la Argentina.

Los números internacionales desarman el relato oficial: el éxito deportivo y económico no depende de tener dueño, sino de gestión, identidad, masa social y proyecto institucional.

Un modelo que resiste

Mientras Milei y su entorno insisten en importar un modelo que ya fracasó en varios países, el fútbol global muestra que las entidades civiles no solo sobreviven, sino que lideran. Tres de los cinco clubes más valiosos del mundo son prueba viviente de que el fútbol puede ser grande, rentable y competitivo sin dejar de ser de sus socios.

El problema, entonces, no es el modelo asociativo. El problema es quién quiere quedarse con los clubes.

Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.

Por Tomás Palazzo para NLI

El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.

No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.

Un Estado que deja de controlar

La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.

El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.

La privatización que no se nombra

El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.

Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.

Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.

Milei y el Estado mínimo en acción

La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.

Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.

En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.