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Más maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales

Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la presentación del camión regador que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Regina con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión superior a los $8 millones.

Esta maquinaria se suma a la motoniveladora que llegó el mes pasado y que había sido comprada a través del mismo mecanismo en un trabajo en conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores de la zona.

El camión es un Fiat Iveco 170 E con caja de 10000 litros. La unidad cuenta con una bomba para riego, lo cual permitirá conectar una manguera y así colaborar con los bomberos en caso de alguna intervención.

Al igual que la motoniveladora, el camión también se destinará al mantenimiento de los caminos rurales, lo que demuestra el compromiso de la gestión municipal para mantener en condiciones las vías que son de vital importancia para el sector productor.

“Concretamos el proyecto que habíamos hablado con los integrantes de la Cámara de Productores de utilizar el dinero que tenemos en conjunto en las cámaras de transferencia del Ente Fitosanitario para que sea destinado a la producción”, manifestó el Intendente Orazi durante la presentación.

Agregó que “ahora vamos a tener dedicado casi al 100% una motoniveladora y un camión regador, ambos 0 Km, que van a acompañar el mantenimiento de los caminos rurales. Va a llevar un tiempo ponerlos en condiciones pero luego será repasarlos y repararlos”.

“Estoy muy contento con esta adquisición y seguiremos trabajando en conjunto con la Cámara, ese es el objetivo que nos venimos planteando de acá para el futuro”, señaló finalmente.

Durante la presentación Orazi estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el titular de la Cámara de Productores, Mauricio Molinaro.

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    La represa Futaleufú, otra licitación bajo sospecha: el Gobierno prepara un proceso para favorecer a grupos cercanos al poder

     

    La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

    Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

    La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

    Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

    La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

    No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

    Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

    Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

    La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

    El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

    El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

    La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

    Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

    Una política energética cada vez más concentrada

    La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

    En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

    Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse

    La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

    Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

     

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  • Despidos encubiertos y un éxodo de médicos de cabecera extreman la crisis de atención por Pami

     

    La faltante de médicos de cabecera pone en jaque el sistema de atención a los afiliados de Pami y, a estas alturas, es la preocupación central de numerosos centros urbanos del país.

    En los gremios y organizaciones que representan a los profesionales del sector denuncian que es «inviable» el pago de 2.100 pesos por mes por paciente.

    A eso, acusan que médicos que alzaron la voz contra ese ajuste tuvieron como represalia la quita masiva de pacientes, dejándolos con un mínimo que los empuja a la renuncia.

    También, hay ciudades donde advierten que los cambios drásticos en las cápitas de atención apuntan a trasladar pacientes a médicos cercanos a libertarios que manejan oficinas locales de Pami.

    Renunció el viceministro de Salud presionado por la crisis del Pami

    Todo eso está provocando un éxodo de médicos de cabecera que está diezmando la atención en varias ciudades, donde ya se registran turnos médicos con plazos de meses.

    En el Pami de Tandil les dijeron a los jubilados que el objetivo es contar con una base de 33 médicos de cabecera. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

    Por caso, en Tandil este viernes los jubilados de la organización Adultos Mayores en Lucha, Amalu, denunciaron en la oficina local de Pami la «alarmante falta de financiamiento» y «la cantidad de profesionales que desertan de ser médicos de cabecera».

    Como respuesta, en el Pami local les dijeron que el objetivo es contar con una base de 33 profesionales. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

     En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados. 

    Frente a eso, en el Hospital «Julieta Lanteri» de Tandil manifestaron preocupación por la situación: «Los adultos mayores tienen capacidad de saturar el resto del sistema de salud si su obra social no les da respuesta», dijo la directora ejecutiva de ese centro de salud, Martina Iparraguirre.

    En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados.

    En Olavarría, denuncian una reasignación masiva de médicos de cabecera que dejó a cientos de pacientes sin la atención de profesionales que llevaban su historia clínica por más de 20 años.

    Denuncian un atraso del 102% en los montos que perciben los prestadores de Pami

    Ahí, las acusaciones se dirigen al titular del Pami local, el también concejal libertario Guillermo Lascano. «Esta es una decisión recontra arbitraria fue tomada por Lascano para favorecer a médicos ligados a su partido político», señalaron fuentes del sector al portal local Infoeme.

    En el conurbano, en tanto, hay afiliados que denuncian que les llegan mensajes de las oficinas locales de Pami que les informan que «al día de la fecha no disponemos de cupo para asignación de médico de cabecera». Eso, lo advierten en Merlo, Morón y otros puntos de zona oeste.

    En Córdoba, en tanto, denuncian que hay médicos a los que, tras exponer públicamente sus reclamos por la situación del Pami, les quitaron cerca de 500 pacientes de forma intempestiva.

    «Lo que hacen es quitarles el 90% de los pacientes asignados. Eso significa dejarlos con una carga horaria mínima y, en la práctica, sentirse despedidos», dijo Carlos Mulqui, de la organización Médicos de Cabecera al plantear «despidos encubiertos».

     

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Un comentario

  1. Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!

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