Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la presentación del camión regador que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Regina con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión superior a los $8 millones.
Esta maquinaria se suma a la motoniveladora que llegó el mes pasado y que había sido comprada a través del mismo mecanismo en un trabajo en conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores de la zona.
El camión es un Fiat Iveco 170 E con caja de 10000 litros. La unidad cuenta con una bomba para riego, lo cual permitirá conectar una manguera y así colaborar con los bomberos en caso de alguna intervención.
Al igual que la motoniveladora, el camión también se destinará al mantenimiento de los caminos rurales, lo que demuestra el compromiso de la gestión municipal para mantener en condiciones las vías que son de vital importancia para el sector productor.
“Concretamos el proyecto que habíamos hablado con los integrantes de la Cámara de Productores de utilizar el dinero que tenemos en conjunto en las cámaras de transferencia del Ente Fitosanitario para que sea destinado a la producción”, manifestó el Intendente Orazi durante la presentación.
Agregó que “ahora vamos a tener dedicado casi al 100% una motoniveladora y un camión regador, ambos 0 Km, que van a acompañar el mantenimiento de los caminos rurales. Va a llevar un tiempo ponerlos en condiciones pero luego será repasarlos y repararlos”.
“Estoy muy contento con esta adquisición y seguiremos trabajando en conjunto con la Cámara, ese es el objetivo que nos venimos planteando de acá para el futuro”, señaló finalmente.
Durante la presentación Orazi estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el titular de la Cámara de Productores, Mauricio Molinaro.
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El talón de Aquiles del proyecto de reelección de Martín Llaryora como gobernador de Córdoba es la gestión de la capital provincial de Daniel Passerini, que arrastra muy bajos niveles de aceptación. Muy consciente de este flanco, el gobernador lanzó un impactante plan de obras para las principales ciudades de la provincia, pero que tiene como eje a Córdoba Cital.
«No hay nada, si no existe Llaryora 2027. En otras palabras: en Córdoba, el peronismo se acaba por un buen tiempo si se termina Llaryora». Así graficó una de las personas que más conoce al gobernador cordobés el escenario que vive el oficialismo provincial de cara al 2027 y donde el único objetivo que prevalece al resto es el operativo reelección del mandatario.
Dentro de ese marco, la primera consigna es surfear la ola de la sintonía fina con la Nación sin alterar al peronismo duro, pero dando señales al Círculo Rojo y, en este tramo, diferenciarse del modelo libertario sin gritar ni exponerlo. Esto último con fondos que empezarán a derramar en los municipios más grandes de la provincia de Córdoba en formato de obras y por un monto global que alcanza los 130 mil millones de pesos.
La consigna es impregnar la lógica en las ciudades más grandes de un gobernador que fue intendente y que considera que lo básico debe estar al cien por ciento: bacheo, alumbrado y espacios verdes. Parte de lo que hizo en la capital cordobesa antes de ser gobernador.
«Llaryora es muy del intendente del interior del interior y lo va a repetir en las ciudades grandes. Lógicamente, entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección», dijo un funcionario que conoce detalles de esa inyección de fondos para obras, que incluyen la construcción de dos grandes viaductos elevados, uno inaugurado semanas atrás y otro en marcha.
Llaryora entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección.
Pero además de la capital cordobesa se incluirá en el plan de obras a Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta Gracia y también aquellas que no son gobernadas por el PJ, siempre y cuando haya sintonía con el intendente.
En el entorno del gobernador saben que hay municipios que están al límite y sienten, desde hace varios meses, la ausencia de llegada de fondos de la Nación. Suplir eso es una manera de diferenciarse sin lanzar dardos en redes o mensajes públicos.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini.
Por otro lado, la relación de Llaryora y Passerini, entró en una fase de menos tensión según reconocen en ambos campamentos.
«Hubo una propalación de ambos lados que no le sirvió a nadie. Entonces, creo que lo mejor fue entender que el objetivo es uno solo y que para que se cumpla se tienen que dar una serie de factores. Entre ellos levantar el caudal de votos en la Ciudad que tiene una caída y no sólo por responsabilidad de Daniel», dijo un funcionario provincial.
Acá se abren dos aspectos en la necesidad de revincularse de Llaryora con la capital cordobesa: por un lado, con la sociedad para repuntar en términos de imagen a cuando él fue intendente; por el otro, igual de complejo, con la dirigencia del PJ capitalino. Atento a la carrera por la intendencia y los ruidos que contó en su momento LPO.
Para ambos, la receta puede estar en relacionarse de la manera que lo hizo el exgobernador Juan Schiaretti cuando decidió, hace cuatro años, aplacar las tensiones con el llaryorismo entendiendo el objetivo de sucesión de aquel momento.
Sin embargo, dentro de esa lógica apareció un factor que hizo ruido. Por su rol en el peronismo de la capital cordobesa, pero también por la banca que ocupa en el Senado. Ámbito clave de la negociación entre Milei y Llaryora.
La senadora Alejandra Vigo.
Porque la senadora Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, decidió desmarcarse de manera muy anticipada a la discusión por la venta ilimitada de tierras a extranjeros, anticipó su rechazo y le quita un voto central en la negociación que Karina mandó a hacer a Patricia Bullrich. Esto no cayó bien en el seno del llaryorismo que busca otra relación con Casa Rosada.
«Es coherente con lo que hizo siempre, no sorprende», dijo un llaryorista puro sobre la actitud de la esposa del exgobernador.
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El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño.
La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida.
El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira.
Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.
La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños.
La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar.
También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones.
Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero.
«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri.
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado.
El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable».
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro.
Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo.
La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.
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Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!
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Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!