Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la presentación del camión regador que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Regina con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión superior a los $8 millones.
Esta maquinaria se suma a la motoniveladora que llegó el mes pasado y que había sido comprada a través del mismo mecanismo en un trabajo en conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores de la zona.
El camión es un Fiat Iveco 170 E con caja de 10000 litros. La unidad cuenta con una bomba para riego, lo cual permitirá conectar una manguera y así colaborar con los bomberos en caso de alguna intervención.
Al igual que la motoniveladora, el camión también se destinará al mantenimiento de los caminos rurales, lo que demuestra el compromiso de la gestión municipal para mantener en condiciones las vías que son de vital importancia para el sector productor.
“Concretamos el proyecto que habíamos hablado con los integrantes de la Cámara de Productores de utilizar el dinero que tenemos en conjunto en las cámaras de transferencia del Ente Fitosanitario para que sea destinado a la producción”, manifestó el Intendente Orazi durante la presentación.
Agregó que “ahora vamos a tener dedicado casi al 100% una motoniveladora y un camión regador, ambos 0 Km, que van a acompañar el mantenimiento de los caminos rurales. Va a llevar un tiempo ponerlos en condiciones pero luego será repasarlos y repararlos”.
“Estoy muy contento con esta adquisición y seguiremos trabajando en conjunto con la Cámara, ese es el objetivo que nos venimos planteando de acá para el futuro”, señaló finalmente.
Durante la presentación Orazi estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el titular de la Cámara de Productores, Mauricio Molinaro.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
El peronismo logró concretar este martes una reunión clave para comenzar a negociar un acuerdo que puede terminar con Axel Kicillof al frente de la conducción del PJ bonaerense. No fue una reunión fácil. Hubo discusiones tensas y temas difíciles de abordar. Sin embargo, kirchneristas y axelistas coinciden en que el encuentro fue positivo.
Con la premisa de esquivar la interna, ambas partes plasmaron sobre la mesa algunas propuestas para avanzar en un consenso. Se acordó empezar a trabajar desde abajo hacia arriba: destrabar primero la situación en los distritos, luego trabajar sobre la nueva conformación del Consejo del partido y finalmente resolver la cúpula: presidente y vices.
En el peronismo reconocen que la situación en los distritos es complicada toda vez que quedaron muchas heridas abiertas tras el cierre de listas de septiembre. El consenso es ir ordenando caso por caso. No hay demasiado tiempo: el sábado a la medianoche tienen que estar todo cerrado.
Las disputas en los distritos ocuparon el eje central de la cumbre. Sin embargo, hubo un sondeo -muy incipiente- respecto de la conformación del Consejo del partido. Son cuatro referentes por cada una de las ocho secciones electorales, más cuatro por cada una de las tres ramas (Gremial, Mujer y Juventud).
Ese es uno de los puntos más calientes toda vez que en el axelismo entienden que tiene que haber una preminencia de leales al gobernador en la conformación del Consejo. «Si quieren más de la mitad, entonces pretenden otra cosa. No que el partido esté alineado al gobierno de Kicillof», dijo este martes Teresa García, una diputada nacional leal a Cristina.
En el encuentro estuvieron Andrés Larroque, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Verónica Magario como delegados de Kicillof; y Facundo Tignanelli, Federico Otermin, Leonardo Nardini y Mariel Fernández por el lado de Cristina.
Mariano Cascallares.
Fuentes que estuvieron en la reunión calificaron a LPO como positivo el encuentro y resaltan que hasta ahora no se había podido constituir una mesa de negociación. A partir de ahora esa mesa entrará en estado de reunión permanente. Algo similar a lo que ocurrió durante el cierre de lista de septiembre. La urgencia es resolver la situación de los distritos. Analizar caso por caso y buscar una salida a conflictos de vieja data.
Mientras tanto, Kicillof se viene reuniendo con distintos sectores de quienes escucha propuestas. Intendentes de varios sectores del peronismo, líderes gremiales y también diputados nacionales desfilan -y desfilarán- por Casa de Gobierno.
En el axelismo sostienen que la decisión del gobernador de quedar al frente del partido será el resultado de una negociación que deberá atravesar diferentes escollos. «Las conversaciones tienen que llegar a buen puerto. Si existe un consenso va a aceptar. De lo contrario no», dijo a LPO una fuente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Facundo Tignanelli.
El gobernador escuchó los primeros planteos para que se ponga al frente partido en enero en una cumbre de intendentes y ministros en Villa Gesell. Ese planteo fue más fuerte la semana pasada en Casa de Gobierno. Voceros de Kicillof desmintieron la propuesta. «Es un tema terminado hace rato», dijeron.
Si embargo, por la noche llegó la propuesta de Máximo, quien en una jugada sorpresiva salió plantear que Kicillof debía presidir el partido.
LPO adelantó que esa propuesta incluyó un guiño del líder de La Cámpora a la candidatura presidencial en 2027 del gobernador. En el kirchnerismo entienden que la pelea bonaerense está empantanando la estrategia nacional y paralizando al peronismo. Ahora, plantean que es necesario resolver la interna para que Kicillof pueda quedar al frente de la estrategia nacional.
Esta súbita decisión también esconde una preocupación del entorno de Cristina porque ven que si el peronismo no recupera el poder en 2027 no van a poder mejorar las condiciones de prisión de la expresidenta.
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Patricia Bullrich admitió este miércoles ante los presidentes de los bloques de senadores aliados que Luis «Toto» Caputo se niega a modificar la reforma laboral en el capítulo de Ganancias, una de las exigencias de los gobernadores para apoyar la ley en el Congreso.
Durante una reunión en las oficinas de la UCR en el Senado, la jefa de la bancada libertaria pidió a los legisladores que se mantengan en silencio «para no complicar las negociaciones».
Sin embargo, Bullrich llegó al encuentro con una nota que apuraba la convocatoria a sesión para el próximo 12 de febrero y los senadores se negaron a firmarla. Sus colegas le plantearon que, primero, garantice la apertura de la Casa Rosada para quitar la rebaja de ganancias a las grandes empresas, que impacta brutalmente en la coparticipación de las provincias.
Además, el temario contemplado en la nota que llevó la exministra no incluía la declaración de la emergencia ígnea, otra de las demandas de los mandatarios provinciales a raíz de los incendios en la Patagonia.
Tres senadores consultados por LPO reconocieron que tienen la voluntad de colaborar con la media sanción de la reforma pero que no están dispuestos a «inmolarse» para alcanzar una mayoría ajustada, de apenas 37 votos favorables, con altas probabilidades de ser declarada inconstitucional en el Poder Judicial. «Queremos que junten 50 votos para que ningún juez se anime a voltearla», dijo uno de los legisladores.
El problema es que la propia Bullrich confesó ante los senadores que «Caputo está muy duro» y «no acepta cambios».
Bullrich, en Casa Rosada.
Del encuentro participaron el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, el cordobés Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón. No hubo representantes del PRO ni tampoco asistió la neuquina Julieta Corroza.
Si el peronista José Mayans logra retener la voluntad del interbloque justicialista, incluyendo a los cinco de Convicción Federal y los dos santiagueños, el rechazo podría tener un piso de 28 votos pero podría crecer si el Poder Ejecutivo no acepta los cambios que piden los gobernadores. «Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado», precisó un senador que responde a uno de ellos.
Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado.
Bullrich también habría pasado un momento incómodo cuando uno de los presentes le preguntó si había hablado con la CGT. La exministra respondió que sí y hasta deslizó que desde el gobierno habían conversado con camaristas de la Justicia, algo que podría resultar escandaloso.
Al cierre de esta nota, la síntesis de la reunión entre la presidenta del bloque oficialista y sus pares aliados era el simple compromiso de Bullrich de llevar las observaciones de los senadores a Caputo y Diego Santilli, para retomar el diálogo en la Cámara Alta a partir del martes.
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Un comentario
Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!
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Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!