Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la presentación del camión regador que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Regina con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión superior a los $8 millones.
Esta maquinaria se suma a la motoniveladora que llegó el mes pasado y que había sido comprada a través del mismo mecanismo en un trabajo en conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores de la zona.
El camión es un Fiat Iveco 170 E con caja de 10000 litros. La unidad cuenta con una bomba para riego, lo cual permitirá conectar una manguera y así colaborar con los bomberos en caso de alguna intervención.
Al igual que la motoniveladora, el camión también se destinará al mantenimiento de los caminos rurales, lo que demuestra el compromiso de la gestión municipal para mantener en condiciones las vías que son de vital importancia para el sector productor.
“Concretamos el proyecto que habíamos hablado con los integrantes de la Cámara de Productores de utilizar el dinero que tenemos en conjunto en las cámaras de transferencia del Ente Fitosanitario para que sea destinado a la producción”, manifestó el Intendente Orazi durante la presentación.
Agregó que “ahora vamos a tener dedicado casi al 100% una motoniveladora y un camión regador, ambos 0 Km, que van a acompañar el mantenimiento de los caminos rurales. Va a llevar un tiempo ponerlos en condiciones pero luego será repasarlos y repararlos”.
“Estoy muy contento con esta adquisición y seguiremos trabajando en conjunto con la Cámara, ese es el objetivo que nos venimos planteando de acá para el futuro”, señaló finalmente.
Durante la presentación Orazi estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el titular de la Cámara de Productores, Mauricio Molinaro.
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Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
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Finalmente, Axel Kicillof aceptó la propuesta de Máximo Kirchner y será el presidente del PJ bonaerense. A horas del plazo para presentar listas, el peronismo llegó a un acuerdo para sortear la interna y presentar una lista de unidad.
A fines de enero, Máximo Kirchner sorprendió con una propuesta audaz: proponer a Kicillof para presidir el partido. De inmediato, voceros del gobernador negaron cualquier que eso pueda ser una salida para un consenso. Sin embargo, con el correr de los días la idea fue ganando fuerza.
El acuerdo se selló este mediodía con un reparto de poder equilibrado entre el axelismo y el kirchnerismo. Además de Kicillof en la presidencia, Verónica Magario quedó como vice primera y Federico Otermín (cercano a Cristina) como vicepresidente segundo.
El asiento de secretario General fue para Mariano Cascallares, el líder de Almirante Brown que forma parte del armado político del gobernador. Leonardo Nardini, un intendente muy cercano a Máximo, quedó como presidente de la Junta Electoral (asiento que ocupa desde hace cuatro años), mientras que el propio Máximo quedará como presidente del Congreso del partido.
No se comunicó hasta el momento la conformación del Consejo del partido. Son cuatro representantes por cada una de las secciones electorales, más cuatro cada una de las ramas: Gremial, Mujer y Juventud. El axelismo venía advirtiendo que pelearía por tener preminencia de leales al gobernador en esos escaños bajo la premisa de que el partido tiene que estar alineado con el gobernador.
El comunicado -difundido por La Cámpora- contiene algunos párrafos que son parte del discurso diario del gobierno de Kicillof. «La provincia asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta», dice.
Máximo Kirchner.
También hay un guiño a los intendentes, que cumplieron un rol clave en la búsqueda de consensos. El documento plantea que en el trabajo del gobierno provincial cumplen «un rol fundamental los intendentes, quienes, desde cada municipio, defienden a sus comunidades y sostienen servicios esenciales ante el daño que producen las políticas de Milei».
En tanto, el kirchnerismo también tuvo su espacio en el texto del acuerdo con un repudio explícito del partido «a la injusta condena y detención de Cristina Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia».
LPO contó que el acuerdo entre Kicillof y Máximo incluía un guiño del líder de La Cámpora a la candidatura presidencial en 2027 del gobernador.
En el kirchnerismo veían que la eterna pelea bonaerense terminaba empantanando la estrategia nacional. El peronismo se muestra de cara a 2027 sumido en internas y lejos de la gente.
Ahora, tras el acuerdo, esperan que Kicillof tiene que empezar a trabajar en su candidatura nacional, lo que implica definir un discurso claro y recorrer el país.
En el kirchnerismo preocupa la situación de Cristina. Ven que si el peronismo no consigue recuperar el poder no van a poder mejorar las condiciones de prisión. En su entorno reconocen cierta preocupación por su situación actual y porque no lograron ni siquiera que la Justicia acepte retirarle la tobillera o facilitar visitas.
El acuerdo está cerrado. En las próximas horas seguirán negociando la conformación del Consejo del partido y la situación en los PJ locales donde una docena de distritos presentan dificultades para un acuerdo y podría haber internas.
En el peronismo reconocen que la situación en los distritos es complicada toda vez que quedaron muchas heridas abiertas tras el cierre de listas de septiembre.
El gobernador escuchó los primeros planteos para que se ponga al frente partido en enero en una cumbre de intendentes y ministros en Villa Gesell. Ese planteo fue más fuerte la semana pasada en Casa de Gobierno. Voceros de Kicillof desmintieron la propuesta. «Es un tema terminado hace rato», dijeron.
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Un comentario
Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!
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Más máquinas pero no se las ve trabajando… o yo estoy ciega??? Por favor se nos cae la dentadura transitando por las calles rurales!!!