Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones.
A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones.
“Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores local porque acordamos que el destino de esos fondos sea la compra de este equipamiento que tendrá como destino el mantenimiento de los caminos rurales”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.
La moderna maquinaria fue presentada el lunes a la Gobernadora Arabela Carreras en oportunidad de su visita a la ciudad. La mandataria provincial destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado municipal y la institución que se traducirá en beneficios para el sector productivo reginense.
Nicolás Martínez tiene 33 años y la mitad de su vida la pasó llevando pedidos arriba de una moto por las calles rosarinas. Trabaja en CoopExpress, la cooperativa que reúne a más de cien cadetes. Desde allí impulsaron la creación del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores, aunque todavía no lograron que el gobierno nacional les reconozca la personería gremial.
La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.
El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.
La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?
Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.
La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino «colaboradores» o nuestros propios jefes.
Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.
¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?
Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.
También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.
Tenés una explosión de gente volcándose a «cadetear» por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.
Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.
Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.
En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.
Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.
Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.
Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.
¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?
No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.
Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.
Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?
No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.
Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.
Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.
¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?
Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.
También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.
¿Cuánto gana hoy un cadete?
Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.
Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.
Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.
Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.
El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.
Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.
Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva.
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La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
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