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Más de $20 millones en maquinaria para mantenimiento de caminos rurales

Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones.

A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones.

“Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores local porque acordamos que el destino de esos fondos sea la compra de este equipamiento que tendrá como destino el mantenimiento de los caminos rurales”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.

La moderna maquinaria fue presentada el lunes a la Gobernadora Arabela Carreras en oportunidad de su visita a la ciudad. La mandataria provincial destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado municipal y la institución que se traducirá en beneficios para el sector productivo reginense.

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  • El gobierno quiere suspender las PASO para evitar que una derrota desate una corrida como la de Macri de 2019

     

    La decisión del Gobierno de suspender las PASO no responde sólo a la idea de quitarle al peronismo un instrumento para unificarse. Forma parte del plan para sostener la estabilidad financiera. En la Casa Rosada creen que si Milei sale segundo en votos las primarias atrás del peronismo, el plan económico podría enfrentar una crisis de confianza, como le ocurrió a Macri en 2019 y eso pondría en riesgo un triunfo en primera vuelta.

    «En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir», confirmó a LPO un diputado de diálogo fluido con la Casa Rosada.

    El fantasma que recorre la Casa Rosada tiene fecha precisa: el 11 de agosto de 2019. La fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto perdió las PASO por más de 15 puntos frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. 

    La derrota agravó la crisis de confianza. El dólar saltó cerca de 25% en una rueda, los bonos y las acciones se desplomaron y el riesgo país se disparó. Con el paso de los meses, el Gobierno debió reperfilar la deuda y reinstalar el cepo cambiario.

    El 62 por ciento de los argentinos considera que la economía está mal y crece el rechazo a Milei

    Las encuestas que circulan entre funcionarios alimentan esos temores. Una medición de Casa Tres de Mora Jozami, que trabaja para el PRO, muestra que Axel Kicillof y Cristina Kirchner ya igualan la imagen positiva de Javier Milei, cuya imagen negativa llega al 54% y supera a la del gobernador bonaerense. Ese mismo trabajo ubica a Kicillof como el principal referente opositor. Cuando se pregunta quién representa mejor la oposición al Gobierno, el gobernador bonaerense reúne 36 puntos contra 23 de Cristina Kirchner. 

    En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir.

    La última encuesta Latam Pulse Argentina, elaborada por Atlas Intel y Bloomberg, a la que accedió LPO, dibuja un escenario todavía más incómodo para el oficialismo. El 62% considera que la situación económica es mala y el 49% cree que empeorará durante los próximos seis meses. En paralelo, el 53,8% califica la gestión de Milei como mala o muy mala, frente a un 33,5% que la considera buena o muy buena. Esa es precisamente la intención de voto que le adjudican a Milei en el Congreso.

    «Con 33% de intención de voto, Milei puede perder las primarias ante un peronismo que históricamente ronda el 35%, por eso en la Casa Rosada están desesperados por sacar cuanto antes la eliminación o suspensión de las PASO», agregó el diputado consultado.

    La tarea quedó en manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que debe negociar la reforma electoral con los gobernadores aliados y sobre todo, los diputados del PRO que conduce su amigo Cristian Ritondo. Los 12 diputados del PRO tienen la llave para habilitar la eliminación de las PASO. Ritondo confirmó a LPO que «por ahora no tuvimos un diálogo profundo sobre este tema, más allá del proyecto que mandó».

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

    Un trabajo de la Universidad de San Andrés, confirma los números que preocupan a la Casa Rosada. En esa encuesta Milei tiene una aprobación del 33%, un punto por debajo de Kicillof, el candidato peronista que mejor mide.

    La novedad es que el ballotage que en el 2023 jugó a favor de Milei, ahora le juega en contra, en consonancia con el rechazo del plan económico que ronda el 60%.

    Advierten que el Banco Mundial y el BID podrían frenar desembolsos por el año electoral

    Esto fue confirmado por un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.

    El temor del gobierno a una corrida si no logra imponerse con claridad en las PASO, no es descabellado. Las dudas sobre la reelección de Milei fueron el centro del análisis difundido por JP Morgan y resumido por El Economista con un título elocuente: el banco sometió a un «stress test» al programa financiero y advirtió que podrían faltar dólares si la elección resulta competitiva. 

    Un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.

    El ministro Caputo intentó disipar esas dudas al presentar su «programa financiero» de este año y el próximo, donde intenta mostrar que tendrá los dólares para pagar los vencimientos de deuda. En su informe, el JP Morgan consideró que el escenario base presentado por Caputo es consistente sólo si Milei mantiene una ventaja electoral sólida durante todo el proceso electoral, que incluye las primarias de agosto. 

    Bajo esa hipótesis, JP Morgan estima que el Tesoro podría obtener unos 5.000 millones de dólares mediante la colocación de Bonares, sumar 4.200 millones de organismos multilaterales, recaudar 1.500 millones por privatizaciones y 2.000 millones a través de préstamos bilaterales. 

    Pero el informe advierte que si la elección se vuelve competitiva, el Gobierno apenas podría colocar la mitad de esos bonos, recaudaría menos por privatizaciones y obtendría menos financiamiento externo. El esfuerzo pasaría de unos 4.900 millones de dólares a alrededor de 10.700 millones, prácticamente el equivalente al superávit primario proyectado para 2027. 

    Además, el banco recuerda que ese ejercicio ni siquiera incorpora eventuales pasivos contingentes, como el juicio por los cupones atados al PBI, ni los pagos de hasta 5.300 millones de dólares que el Banco Central deberá afrontar por los Bopreal durante ese año. La conclusión del informe es que, aunque 2026 ofrece margen para transitar con cierta comodidad, todavía será necesario fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de financiamiento para atravesar un año electoral sin sobresaltos. 

     

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  • Continúan las actividades turísticas en Regina

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    Cristina Kirchner denunció una “proscripción perpetua” y volvió a poner en debate el rol de la Justicia en la democracia argentina

     

    En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión

    Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.

    El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.

    En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.

    Una disputa que excede el caso Vialidad

    El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.

    La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.

    Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.

    El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales

    La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.

    La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.

    Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.

    La pelea por el futuro político del peronismo

    Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.

    La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.

    La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.

     

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  • La crisis minera se agrava y las canteras aceleran despidos, retiros y recortes salariales

     

    Se agrava la crisis de la producción de granito triturado en medio del derrumbe de la construcción privada y la parálisis de la obra pública. En Olavarría, son numerosas las canteras que exponen números en rojo y aceleran un proceso de recorte de personal.

    Fuentes del ámbito minero consultadas por LPO revelaron que el sector está trabajando a un 30% de su capacidad operativa y que llegó al punto límite de tener que vender muy por debajo de los costos de producción solo para poder pagar salarios. Ahora, ya se habla de despidos y retiros voluntarios.

    En ese contexto, muchas canteras temen un horizonte de quiebra, con ARCA como su principal acreedor a partir del aumento de los pasivos impositivos. Eso, a pesar de que el Estado mantiene con la mayoría de ellas deudas millonarias, fundamentalmente a través de Vialidad Nacional.

    «En lo que queda del año no hay ningún empresario de la construcción que vea una perspectiva de movimiento. Mientras tanto, hay canteras que solo trabajan cuando tienen gasoil para echarle a los equipos. Es preocupante», dijo una fuente al tanto de panorama crítico de la minería olavarriense.

    A esa foto se suma la parálisis cementera, con Loma Negra que decidió pasar el invierno con su horno principal apagado en la planta L’Amalí de Olavarría para mitigar los elevados costos operativos proyectados en los meses donde el impacto de las bajas temperaturas se montan al frío recesivo.

    Loma Negra apaga su horno principal hasta noviembre por la baja actividad y los costos del gas

    De acuerdo al último índice de costos realizado por la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apymeco), el despacho de cemento mostró en junio una baja del 0,8% respecto del mes anterior y una caída más pronunciada, del 1,4%, respecto del año pasado.

    Frente a la escalada de la crisis, en las últimas horas se conoció que la cantera Galasur esta en una situación «muy complicada» y proyecta despidos. Según, el sitio local En Línea Noticias, la empresa planteó 27 desvinculaciones, aunque advierte no tener espalda financiera para pagar las indemnizaciones.

    Crecen los despidos en las canteras por el freno a la obra pública

    En otra firma de la región, Canteras Argentinas, se habla de un acuerdo con los trabajadores que contempla reducciones salariales, percibiendo solo la mitad del sueldo de forma registrada, algo que, por lo pronto, no cuenta con el acompañamiento del gremio minero AOMA que alerta por la inconsistencia legal de esa salida provisoria a la crisis.

    En tanto, en la cantera Ana Rita avanzan con un esquema de retiros voluntarios que por lo pronto abarcaría a una veintena de trabajadores.

    Frente este panorama crítico, en el sector también analizan acuerdos de suspensiones en las que los trabajadores percibirían un porcentaje de sus salarios.

     

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