Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones.
A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones.
“Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores local porque acordamos que el destino de esos fondos sea la compra de este equipamiento que tendrá como destino el mantenimiento de los caminos rurales”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.
La moderna maquinaria fue presentada el lunes a la Gobernadora Arabela Carreras en oportunidad de su visita a la ciudad. La mandataria provincial destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado municipal y la institución que se traducirá en beneficios para el sector productivo reginense.
En el gobierno santafesino aseguran que el rechazo al fideicomiso vial «es una manifestación política de La Libertad Avanza» y recuerdan que dirigentes de la entidad fueron candidatos libertarios con malos resultados electorales.
El gobierno de Maximiliano Pullaro cruzó con dureza el comunicado de la Sociedad Rural de Rosario contra el fideicomiso que la provincia negocia con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio para financiar el mantenimiento de las rutas a los puertos.
Como contó LPO, la idea que impulsa la Casa Gris es crear un fondo específico financiado con un cargo por tonelada transportada para sostener la infraestructura vial en la región portuaria, luego de inversiones por más de USD 400 millones en accesos, autopistas y rutas provinciales.
La respuesta oficial llegó luego de que la Sociedad Rural de Rosario denunciara que el fideicomiso representa «nuevas retenciones encubiertas» y rechaza el cobro de una tasa de 1,5 dólares por tonelada.
«Para el gobierno esta es una manifestación política de La Libertad Avanza», dijeron a LPO cerca de Pullaro. En la Casa Gris sostienen que la posición de la entidad «no representa a Carsfe -Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe-» y recuerdan que varios dirigentes de la entidad rosarina fueron candidatos libertarios en la elección constituyente.
Para el gobierno de Pullaro esta es una manifestación política de La Libertad Avanza
En el comunicado, la entidad sostiene que el impuesto del 30% a los combustibles líquidos alcanza para financiar la infraestructura vial, sin embargo, esa caja la recauda el gobierno de Javier Milei que no reparte un peso a las provincias ni tampoco presta los servicios de mantenimiento de los caminos que están detonados y en muchos lugares casi intransitables.
En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aparece como uno de los funcionarios más confrontativos con la Casa Rosada por la paralización de fondos para infraestructura.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe
Mientras sectores del PRO y de la UCR dentro de Unidos presionan para avanzar en un acuerdo político con La Libertad Avanza, Enrico viene reclamando públicamente que Nación transfiera los recursos que le corresponden a Santa Fe para rutas y obras públicas.
En la provincia remarcan que gran parte de la red vial que conecta a los puertos quedó bajo responsabilidad santafesina luego del retiro de Nación y advierten que el crecimiento del tránsito pesado aceleró el deterioro de corredores estratégicos para la exportación agroindustrial que necesitan de un esquema institucional para el mantenimiento.
Por eso, ahora Pullaro abre las negociaciones que comenzaron con intendentes portuarios y la Bolsa a los agroexportadores y entidades agrícolas para acordar la manera de sostener la inversión de los accesos a terminales cerealeras.
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Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
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