Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones.
A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones.
“Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores local porque acordamos que el destino de esos fondos sea la compra de este equipamiento que tendrá como destino el mantenimiento de los caminos rurales”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.
La moderna maquinaria fue presentada el lunes a la Gobernadora Arabela Carreras en oportunidad de su visita a la ciudad. La mandataria provincial destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado municipal y la institución que se traducirá en beneficios para el sector productivo reginense.
Una empresa vinculada a Nicky Caputo quedó muy cerca de retener los parquímetros. Se trata de MECHP SRL que gestiona el estacionamiento medido en la Ciudad y le ganó la licitación a Boldt.
Asociada con Blinkay, MECHP tiene la concesión de los parquímetros porteños desde 2022. La licitación porteña tiene un presupuesto de 12 mil millones de pesos y una duración de 24 meses que puede extenderse hasta 48 meses.
Están en juego 10 mil lugares de estacionamiento en Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera y en los alrededores del Hospital Alemán y del Hospital Italiano.
Es un negocio de cerca de 500 millones de pesos mensuales. De ese monto el concesionario se queda con una cuarta parte y el estado el 75% restante. El estacionamiento funciona sin parquímetros físicos y se paga a través de una app.
Como contó LPO, para en la licitación de 2022 Boldt no logró imponerse. Mechp ganó asociada con la española Integra Parking, desarrolladora de la app Blinkay. El lobby de Nicky Caputo fue clave para acercar a los españoles con Mechp.
Si bien cerca de Caputo negaron que Mechp estuviera vinculada a uno de sus hijos, fuentes porteñas confirmaron la relación. Incluso todas las iniciales de la empresa coinciden con los apellidos de sus socios. Salvo la letra C.
En 2022 ganaron la licitación ofertando valores muy por debajo del precio de mercado. La intención de los socios era rediscutir las tarifas con Jorge Macri, que rechazó la idea. Todo está encaminado para que MECHP vuelva a retener la explotación del estacionamiento medido.
El Intendente Marcelo Orazi fue recibido el miércoles en Viedma por el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri, con quien dialogó sobre las obras en marcha en la ciudad que son financiadas por el gobierno provincial. Una de ellas el avance del Plan Director de Desagües Cloacales, donde se comenzó…
La Municipalidad de Villa Regina recuerda las prohibiciones contempladas en el Código Nacional Electoral durante la jornada de comicios: Reuniones de electores dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no…
Esta propuesta convocó tanto a participantes de anteriores seminarios, como a nuevos ciudadanos con ganas de aprender a preparar cockteils. Estuvo presente la Directora de Turismo, María Luján Musso, quien brindó unas palabras en el inicio del seminario e hizo llegar los agradecimientos por parte del Intendente Marcelo Orazi. La historia del vino, diferentes cepas,…
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.
El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.
Un voto que valía una embajada
El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.
Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.
Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.
La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.
La casta que no era casta
El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.
No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.
El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.
Un precedente peligroso
El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.
Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?
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