Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones.
A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones.
“Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Productores local porque acordamos que el destino de esos fondos sea la compra de este equipamiento que tendrá como destino el mantenimiento de los caminos rurales”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.
La moderna maquinaria fue presentada el lunes a la Gobernadora Arabela Carreras en oportunidad de su visita a la ciudad. La mandataria provincial destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado municipal y la institución que se traducirá en beneficios para el sector productivo reginense.
La Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 4 se depositarán los haberes correspondientes al mes de febrero a los empleados municipales, los que estarán acreditados el viernes 5. Los haberes se liquidarán con un 6% de incremento que corresponde a la primera cuota de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo en el…
Este miércoles se dará inicio a los trabajos de restauración y reparación del skate park ubicado sobre el Paseo de la Avenida 9 de Julio. Las tareas estarán a cargo de Marcos Ulloa, ‘Liso’, quien con una estética de graffiti intervendrá este espacio para dejarlo en condiciones de manera que pueda ser disfrutado por quienes…
Clara Muzzio causó un escándalo en la Legislatura con sus declaraciones contra la Educación Sexual Integral. Los legisladores aliados y opositores hablaron de «marketing reaccionario», «oscurantismo» e incluso se preguntaron si los dichos de la vicejefa no terminaban protegiendo a los abusadores.
Desde hace más de un año, Muzzio ganó espacio en las redes montada a las polémicas en torno a la agenda «woke». Días atrás, en una entrevista con MDZ habló de la ESI como una «trampa mortal» y consideró que las cuestiones de género son una «ideología siniestra» e incluso dio a entender que jugar con muñecas puede hacer que un niño piense que «nació en un cuerpo equivocado».
La titular de la Legislatura dijo que la ESI «destruyó la cabeza» de los menores y agregó: «Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso».
La sesión especial convocada para que Gabriel Sánchez Zinny diera su informe semestral de gestión se convirtió en una tribuna para que desde todos los bloques criticaran a Muzzio.
Maru Bielli, del peronismo, dijo que Muzzio había utilizado la palabra monstruosa para referirse a la ESI, pero no a los abusos que sufrían los niños. «¿A quién defiende cuando ataca la herramienta que le permite a un montón de niños y niñas denunciar abusadores?», indagó.
«El tema nos tiene consternados a todos los legisladores», aseguró la radical Manuela Thourte antes de preguntarse si estaba volviendo el «oscurantismo» a la Ciudad.
María Bielli de Fuerza por Buenos Aires.
Vanina Biasi, del PO habló de un marketing reaccionario. «Usa la ESI para decir que un niño que juega con muñecas está en un cuerpo equivocado», sostuvo.
Leandro Santoro también se sumó a las críticas y argumentó que «la ESI fue votada para poner fin a los abusos. El 80% de los niños, niñas o adolescentes que denunciaron abusos fue tras una clase de ESI en la escuela». Y planteó que para promover un aumento de la natalidad como pretende Muzzio hacen falta políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda y más alternativas de jardines maternales.
El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Desde que vencieron en 2025 las exenciones impositivas previstas por la Ley de Energías Renovables, hay municipios que avanzan en un esquema destinado a cobrarle tributos locales a los parques eólicos, algo que ya genera tensiones con empresas y opositores, que denuncian un «impuesto al viento».
En Olavarría, donde existen tres parques eólicos y se está construyendo un cuarto, el intendente camporista Maximiliano Wesner mandó un proyecto para crear una tasa de seguridad e higiene destinada a esos predios y que fijaría un valor de USD 5.200 por aerogenerador por año.
Recién está teniendo tratamiento en las comisiones internas del deliberativo y, más allá del rechazo de todos los bloques opositores, se espera que la iniciativa salga a partir de la mayoría propia con la que cuenta el Ejecutivo local en el Concejo.
El proyecto ya genera resistencia de las empresas que acusan «inconstitucionalidad» y aseguran que los municipios no tienen potestad sobre actividades reguladas a escala nacional.
El proyecto del intendente fijaría una tasa de USD 5.200 por aerogenerador por año.
También, citan como antecedente el caso de Puerto Madryn, donde las empresas a cargo de los parques eólicos consiguieron un fallo favorable en la Justicia para no pagar un tributo de similares características al que intenta aprobar Wesner.
«Más impuestos representa menos inversiones», acusó la concejal del Partido Libertario Adela Casamayor, que adelantó su rechazo a la iniciativa, lo mismo que el resto de los bloques opositores. Sin embargo,el oficialismo tiene la mitad del recinto y la presidencia, suficiente para que el proyecto pueda avanzar.
En las empresas dicen que, por las variaciones propias del viento, la generación concreta es mucho más reducida que la potencia instalada, razón por la que ya lanzan advertencias sobre la rentabilidad de sus proyectos con este tributo.
El Parque Eólico Vientos de Olavarría que controla Ternium
La ley 27.191 de energías renovables en su artículo 17 establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía «no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025».
Vencido ese plazo, hay sectores del Gobierno que empujan una prórroga de esas exenciones en el Congreso. Mientras tanto, ya hay municipios que empiezan a discutir con los privados la manera de instaurar esquemas tributarios en tiempos donde la recaudación municipal y los recursos que llegan a las comunas por coparticipación cayeron a pisos históricos.
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