Lula logró un acuerdo clave para el tramo final de la campaña electoral. El líder del Partido de los Trabajadores consiguió que el presidente del Senado de Brasil, David Alcolumbre, destrabe la propuesta que busca terminar con la jornada laboral conocida como 6×1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso.
La decisión se produjo tras semanas de tensión por el nombramiento de Jorge Messias para ocupar una vacante en la Corte Suprema pero el Senado de Brasil lo rechazó por primera vez desde 1894.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo con 461 votos a favor y apenas 19 en contra, permanecía frenada en el Senado pero ahora comenzará el debate en las comisiones. entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
Lula pretende presentar la reducción de la jornada laboral y el aumento del tiempo de descanso como una de sus principales banderas durante la campaña.
La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales.
La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales
La negociación también tiene un componente político para Alcolumbre dado que el senador busca conservar la presidencia del Senado en la elección interna de 2027 y necesita construir apoyos para enfrentar una eventual candidatura del bolsonarismo.
En ese escenario, una recomposición de la relación con Lula puede resultar estratégica. El reencuentro de Lula con Alcolumbre buscan cerrar esa etapa y reactivar la negociación con el Congreso y forma parte de un acuerdo que con líderes de centro como el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que anunció el apoyo a la reelección de Lula.
Además de la reducción de la jornada laboral, el presidente del Senado destrabó la tramitación de la PEC de Seguridad Pública que propone redefinir el rol del gobierno federal frente a los estados en el combate al crimen organizado, un eje que será tomado por el bolsonarismo y forma parte de la agenda de Donald Trump y Marco Rubio.
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Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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Un grupo de estudios de abogados de Estados Unidos quieren demandar a la FIFA por la final del Mundial que España le ganó a la Argentina, en medio de las teorías conspiranoicas que pesan sobre el partido en el que la hasta entonces campeona del mundo no pateó al arco en 120 minutos.
El periodista Eduardo Feinmann reveló en Radio Mitre que entre tres y cuatro bufetes de abogados norteamericanos preparan una demanda colectiva contra la federación que preside el suizo Gianni Infantino.
El periodista dijo que el tema central es qué pasó con los jugadores al momento de salir a la cancha. «Se van a basar en ese famoso video de la famosa arenga del pasillo de ‘nos olvidamos todo lo que pasó'», dijo Feinmann en relación al video de Lionel Messi y sus compañeros de equipo con caras de velorio antes de salir a jugar la final.
El video desató las teorías sobre una presión de la FIFA para descalificar a la Argentina por 10 años por haber exhibido la bandera de las Malvinas tras la semifinal ganada a Inglaterra.
Las suspicacias aumentaron con la vuelta del fútbol local: los hinchas se preguntaron por las lesiones de Gonzalo Montiel, que salió lesionado de la final y jugó a los cinco días para River o Leandro Paredes, que en teoría tenía una costilla rota y jugó para Boca cuatro días después de la derrota con los españoles. La tía del propio Paredes publicó un video del streamer Andrés «Duka» Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente, que dijo que Argentina jugó condicionada la final.
«¿Qué es lo que dicen estos estudios jurídicos? ¿Dónde ven el negocio?», se preguntó Feinmann. «Hubo 80.000 personas en el estadio que fueron defraudadas, que en promedio deben haber pagado promedio más de 8.000 dólares cada uno de entradas», dijo el periodista.
«Con solo 5.000 de esos 80.000 que firmen la petición, estarían habilitados para la acusación, por lo menos para presentar el caso ante un fiscal. ‘Si usted cree que fue perjudicado, usted firme aquí'», concluyó el conductor de Mitre.
La FIFA quedó en el centro de la polémica una vez finalizado el Mundial. Infantino fue propuesto dos días después de la final por Donald Trump para ocupar la secretaría general de la ONU.
Miembros del Congreso de EEUU pidieron que el propio Infantino comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para dar explicaciones ante una serie de polémicas que incluyeron la entrega de un Premio de la Paz hacia Trump, el alquiler de oficinas en la Torre Trump de Nueva York y la llamada del suizo a Trump para retirarle la tarjeta roja al delantero norteamericano Folarin Balogun de cara a los octavos de final de la copa.
Tras la presión que ejercieron los españoles sobre el arbitraje en la previa del partido, la FIFA designó una terna europea. El árbitro Slavko Vini y los jueces de línea eran eslovenos, la misma nacionalidad que Aleksander Ceferin, el presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), siempre refractaria al éxito sudamericano.
Sugestivamente, Slavko Vini anunció que se retira del arbitraje tan solo una semana después de la final en la que le sacó 5 tarjetas amarillas y una roja a Argentina y ninguna a España, que cometió 19 faltas, sólo 3 menos que la Scaloneta.
