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LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar y el cuidado de los animales callejeros. No alcanza. El problema persiste y es un problema social, en el que todas las partes debemos trabajar para que se solucione: estado (principalmente) y comunidad.

No hay un registro ni un relevamiento de datos sobre animales callejeros, la ordenanza 06/20 sancionada y aprobada por unanimidad hace casi dos años dispone mediante el artículo 6 la obligatoriedad al Ejecutivo Municipal del reconocimiento mediante la colocación de una chapa identificatoria a los animales, lo que permitiría el relevamiento de animales callejeros.

Por supuesto que esto no se llevó a cabo, en parte porque se colocó al área de Medioambiente como la autoridad de aplicación, sin haberlo consultado con la misma, para conocer su disponibilidad de agentes, y en parte por desinterés político. »El intendente dijo que es muy difícil hacer cumplir la ordenanza», nos comentaba una colaboradora de la agrupación Almas Almas. Paradójico siendo él quien la promulgó.

El artículo 5 dispone la obligatoriedad de que todos los animales con dueños también  cuenten con su chapita identificatoria, algo que sin control (otra vez) es imposible de llevar a cabo (y quizás con control también).

El eje principal de dicha ordenanza es eliminar el maltrato animal, esta es otra ramificación de la problemática, el estado en el que viven determinados animales, que sí tienen dueño.

La norma sanciona el maltrato animal con multas que van desde los 2 SAM a los 15 SAM, hoy un SAM supera holgadamente los 4mil pesos, pero hasta ahí llega la cosa. Nunca se avanzó sobre como percibir y accionar sobre esas denuncias. Las denuncias siguen llegando a los lugares equivocados, ¿a dónde? A las voluntarias que trabajan incansablemente y ad honorem por el cuidado de los animalitos.

Cuando se sancionó la ordenanza propusimos desde #LaTapa la creación de una app para recibir denuncias desde el anonimato (importante que sean anónimas), pero esta idea no fue tenida en cuenta. La ciudad de Neuquén cuenta con una aplicación para recibir denuncias de maltrato animal, y desde ahí auxiliares de justicia del municipio actúan aplicando las multas correspondientes.

Sin relevamiento de datos en la ciudad, es difícil buscar soluciones. Ese es el comienzo. Según datos expresados el año pasado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, los perros y gatos callejeros superan la cifra de 6 millones.

La norma, como todas, viene a buscar soluciones, pero como un gran número de ordenanzas aprobadas en Regina encuentran un abismo entre la teoría y la práctica. De lo ideal a lo real, hay que encontrar nexos, si se dislocan, no sirven.

Hace un par de semanas el intendente Marcelo Orazi recibió a voluntarias de organizaciones defensoras de animales, acompañado de la concejal de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) Agustina Fernandez.

La reunión giró en torno a dos ejes: Disponer de una cantidad de castraciones gratuitas por cada organización/asociación y el poder poner en práctica la ordenanza sancionada hace dos años que todavía no lo está, haciendo hincapié en su eje: el maltrato animal. También se propuso la creación de un quirófano móvil.

Sobre castraciones y esterilizaciones gratuitas, la municipalidad dispuso de 7 intervenciones para cada agrupación, habían pedido 10 para cada una. Hoy en día el municipio cuenta con 4 veterinarias que en diferentes días y espacios están operando alrededor de 200 animales por mes (120 perros y 80 gatos) pero la demanda es altísima y los turnos se dan (a veces) 3 meses hacia adelante.

Lo que demuestra que hay que hacer algo más, nos contaban que el año pasado se suspendió el plan de castración durante algunos meses y eso generó un crecimiento exponencial en los animales callejeros que hoy no se puede achicar.

“Los turnos se dan en la oficina de medioambiente, hay una demanda altísima, excesivamente alta por lo cual hay mucha demora, de 3 meses tanto para perros como para gatos. Esa es la mayor problemática en cuanto al programa, van a sacar turnos y tardan un montón y si las personas no pueden operarlo de manera particular muchas veces cuando los llamamos para darles el turno ya, o se han escapado, o han quedado preñadas. Pero estamos a más no poder” explicó la veterinaria Mariana Bustos.

A su vez hablamos con Beatriz Espinosa, veterinaria que trabajó más de 4 años castrando animales para el Municipio de Villa Regina, quien nos contaba que durante el proceso que ella estuvo pasaron más de 4 directores en el área de medioambiente, lo que dificulta la continuidad de los programas, y también hizo referencia a algo en lo que nosotros solemos recaer, »hay que acompañar las ordenanzas haciéndolas cumplir, no solo aprobarlas».

Respecto al no cumplimiento de la ordenanza 06/20, aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente, desde el estado municipal se ofreció la idea de que voluntarias de las organizaciones se hagan cargo de la recepción de las multas y la elaboración de un acta que debe elevarse al municipio, y allí toma intervención un auxiliar de justicia de la municipalidad.

“Hay una ordenanza de voluntariado en la que el municipio puede acreditar personas para que reciban las denuncias” explica Agustina Fernandez.

Lo que alegan es que quienes denuncian lo hacen a los contactos de las organizaciones, lo que agilizaría la intervención si son las mismas asociaciones las que reciben los reclamos, sin embargo es cargar a un ciudadano/a de a pie con una tarea que no le corresponde, por lo que no se le paga, sumando más tareas a personas que de por sí entregan horas de sus días a la causa desde el ‘vamos’.

Como mencionábamos anteriormente, una aplicación que reciba de manera anónima la denuncia con ubicación en tiempo real y con carga de pruebas, puede evitar poner a trabajar a personas que no son empleadas del estado y a su vez agilizar la tarea de a quien le corresponde cumplir con su labor.

Hay que seguir empujando y levantando la voz para que se declare como problemática social y pueda incluirse una partida económica dentro del presupuesto 2023, para que como tal, reciba el interés que corresponde y los fondos necesarios para seguir avanzando en soluciones reales.

»Hace 5/6 años no se hablaba de estos temas, ya es un logro que hoy se visibilice la problemática. Faltaría que se la trate como tal. Sin embargo, todavía no se le da la importancia que merece. En algún momento vamos a conseguir todo lo que proponemos. Se avanzará de a poco pero no vamos a bajar los brazos», afirma una de las colaboradoras de la agrupación Almas Almas.

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    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • Kicillof anunció una inversión de USD 400 millones de Dreyfus para una mega planta en Bahía

     

    Louis Dreyfus Company (LDC) invertirá USD 400 millones para levantar en Bahía Blanca una mega planta de molienda multisemillas con una capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas de semillas diarios, algo que, en el caso del girasol, la convertirá en una de las relevantes a escala mundial.

    Por esa razón, autoridades de Dreyfus se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para dar detalles de la obra que la multinacional cerealera tiene previsto comenzar en este mismo año.

    La inversión tiene una fuerte gravitación en el mapa productivo bonaerense. Buenos Aires es, por lejos, la mayor productora de girasol y registró en los últimos años un crecimiento significativo, pasando 990 mil hectáreas sembradas hace cinco años, a 1.270.000 en la presente campaña, una expansión del 28%.

     La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca 

    En Dreyfus destacaron que se trata de una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino durante la última década, así como su primer desarrollo construido íntegramente desde cero en ese período.

    La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca, integrando la infraestructura existente de almacenamiento y logística con el puerto.

    Kicillof con autoridades de Dreyfus.

    Para esta mega planta se prevé incorporar equipamiento de última generación para el procesamiento eficiente de oleaginosas, con infraestructura energética térmica basada en biomasa renovable proveniente de cáscaras de girasol, contribuyendo a optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono.

    Según detallaron en la Provincia, durante la reunión se puso de relieve la importancia de la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial como herramienta para potenciar la competitividad del aparato productivo bonaerense.}

    En Bahía Blanca prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes. 

    En esa línea, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura que permite reducir costos y mejorar la inserción internacional de la producción provincial. Ahí, se abordaron diversas alternativas y proyectos.

    Además se analizaron las oportunidades que ofrecen otras oleaginosas con alto contenido de aceite, particularmente la camelina y la carinata, materias primas destinadas a la producción de biocombustibles avanzados. Al respecto, la planta industrial sería no solo una oportunidad para la expansión del girasol, sino también de estos otros cultivos.

    En Bahía Blanca destacaron la inversión también desde el punto de vista de la creación de empleo. En la comuna prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes.

     

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