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LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar y el cuidado de los animales callejeros. No alcanza. El problema persiste y es un problema social, en el que todas las partes debemos trabajar para que se solucione: estado (principalmente) y comunidad.

No hay un registro ni un relevamiento de datos sobre animales callejeros, la ordenanza 06/20 sancionada y aprobada por unanimidad hace casi dos años dispone mediante el artículo 6 la obligatoriedad al Ejecutivo Municipal del reconocimiento mediante la colocación de una chapa identificatoria a los animales, lo que permitiría el relevamiento de animales callejeros.

Por supuesto que esto no se llevó a cabo, en parte porque se colocó al área de Medioambiente como la autoridad de aplicación, sin haberlo consultado con la misma, para conocer su disponibilidad de agentes, y en parte por desinterés político. »El intendente dijo que es muy difícil hacer cumplir la ordenanza», nos comentaba una colaboradora de la agrupación Almas Almas. Paradójico siendo él quien la promulgó.

El artículo 5 dispone la obligatoriedad de que todos los animales con dueños también  cuenten con su chapita identificatoria, algo que sin control (otra vez) es imposible de llevar a cabo (y quizás con control también).

El eje principal de dicha ordenanza es eliminar el maltrato animal, esta es otra ramificación de la problemática, el estado en el que viven determinados animales, que sí tienen dueño.

La norma sanciona el maltrato animal con multas que van desde los 2 SAM a los 15 SAM, hoy un SAM supera holgadamente los 4mil pesos, pero hasta ahí llega la cosa. Nunca se avanzó sobre como percibir y accionar sobre esas denuncias. Las denuncias siguen llegando a los lugares equivocados, ¿a dónde? A las voluntarias que trabajan incansablemente y ad honorem por el cuidado de los animalitos.

Cuando se sancionó la ordenanza propusimos desde #LaTapa la creación de una app para recibir denuncias desde el anonimato (importante que sean anónimas), pero esta idea no fue tenida en cuenta. La ciudad de Neuquén cuenta con una aplicación para recibir denuncias de maltrato animal, y desde ahí auxiliares de justicia del municipio actúan aplicando las multas correspondientes.

Sin relevamiento de datos en la ciudad, es difícil buscar soluciones. Ese es el comienzo. Según datos expresados el año pasado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, los perros y gatos callejeros superan la cifra de 6 millones.

La norma, como todas, viene a buscar soluciones, pero como un gran número de ordenanzas aprobadas en Regina encuentran un abismo entre la teoría y la práctica. De lo ideal a lo real, hay que encontrar nexos, si se dislocan, no sirven.

Hace un par de semanas el intendente Marcelo Orazi recibió a voluntarias de organizaciones defensoras de animales, acompañado de la concejal de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) Agustina Fernandez.

La reunión giró en torno a dos ejes: Disponer de una cantidad de castraciones gratuitas por cada organización/asociación y el poder poner en práctica la ordenanza sancionada hace dos años que todavía no lo está, haciendo hincapié en su eje: el maltrato animal. También se propuso la creación de un quirófano móvil.

Sobre castraciones y esterilizaciones gratuitas, la municipalidad dispuso de 7 intervenciones para cada agrupación, habían pedido 10 para cada una. Hoy en día el municipio cuenta con 4 veterinarias que en diferentes días y espacios están operando alrededor de 200 animales por mes (120 perros y 80 gatos) pero la demanda es altísima y los turnos se dan (a veces) 3 meses hacia adelante.

Lo que demuestra que hay que hacer algo más, nos contaban que el año pasado se suspendió el plan de castración durante algunos meses y eso generó un crecimiento exponencial en los animales callejeros que hoy no se puede achicar.

“Los turnos se dan en la oficina de medioambiente, hay una demanda altísima, excesivamente alta por lo cual hay mucha demora, de 3 meses tanto para perros como para gatos. Esa es la mayor problemática en cuanto al programa, van a sacar turnos y tardan un montón y si las personas no pueden operarlo de manera particular muchas veces cuando los llamamos para darles el turno ya, o se han escapado, o han quedado preñadas. Pero estamos a más no poder” explicó la veterinaria Mariana Bustos.

A su vez hablamos con Beatriz Espinosa, veterinaria que trabajó más de 4 años castrando animales para el Municipio de Villa Regina, quien nos contaba que durante el proceso que ella estuvo pasaron más de 4 directores en el área de medioambiente, lo que dificulta la continuidad de los programas, y también hizo referencia a algo en lo que nosotros solemos recaer, »hay que acompañar las ordenanzas haciéndolas cumplir, no solo aprobarlas».

Respecto al no cumplimiento de la ordenanza 06/20, aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente, desde el estado municipal se ofreció la idea de que voluntarias de las organizaciones se hagan cargo de la recepción de las multas y la elaboración de un acta que debe elevarse al municipio, y allí toma intervención un auxiliar de justicia de la municipalidad.

“Hay una ordenanza de voluntariado en la que el municipio puede acreditar personas para que reciban las denuncias” explica Agustina Fernandez.

Lo que alegan es que quienes denuncian lo hacen a los contactos de las organizaciones, lo que agilizaría la intervención si son las mismas asociaciones las que reciben los reclamos, sin embargo es cargar a un ciudadano/a de a pie con una tarea que no le corresponde, por lo que no se le paga, sumando más tareas a personas que de por sí entregan horas de sus días a la causa desde el ‘vamos’.

Como mencionábamos anteriormente, una aplicación que reciba de manera anónima la denuncia con ubicación en tiempo real y con carga de pruebas, puede evitar poner a trabajar a personas que no son empleadas del estado y a su vez agilizar la tarea de a quien le corresponde cumplir con su labor.

Hay que seguir empujando y levantando la voz para que se declare como problemática social y pueda incluirse una partida económica dentro del presupuesto 2023, para que como tal, reciba el interés que corresponde y los fondos necesarios para seguir avanzando en soluciones reales.

»Hace 5/6 años no se hablaba de estos temas, ya es un logro que hoy se visibilice la problemática. Faltaría que se la trate como tal. Sin embargo, todavía no se le da la importancia que merece. En algún momento vamos a conseguir todo lo que proponemos. Se avanzará de a poco pero no vamos a bajar los brazos», afirma una de las colaboradoras de la agrupación Almas Almas.

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    El proyecto impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner llega a su última etapa y puede cambiar la medicina nuclear

     

    El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.

    Por Ignacia Fratelint para NLI

    Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.

    El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.

    Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.

    De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria

    El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.

    La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.

    Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.

    Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.

    La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada

    El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.

    Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.

    La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.

    El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.

    El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.

    Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.

     

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  • En el peronismo bonaerense creen que Kicillof se inclina por unificar la elección

     

    En el peronismo bonaerense están convencidos que Axel Kicillof se inclina por unificar la elección provincial con la nacional. Un diagnóstico que comparten en la Casa Rosada. El empuje de los intendentes peronistas quedó en evidencia en las pasadas elecciones bonaerenses y ahora en el gobierno de Milei creen que si Kicillof termina siendo el candidato a presidente, no se perderá ese motor.

    «La elección está desdoblada de hecho porque son elecciones concurrentes, se vota con dos sistemas -boleta única y boleta tradicional-, pero unificar concentra esfuerzos», afirmó a LPO un intendente peronista al tanto de las versiones que mencionan una inclinación del gobernador por la unificación.

    En el entorno de Kicillof relativizaron la versión: «La decisión todavía no se tomó, vamos a esperar a ver que sucede con las PASO», afirmaron a LPO. 

    El desdoblamiento de las pasadas elecciones fue una bandera de Kicillof y le generó un público enfrentamiento con Cristina Kirchner que lo calificó la decisión de error político. El resultado fue agridulce: el peronismo ganó la elección provincial por una diferencia abrumadora, pero perdió las nacionales de octubre, resultado que fortaleció a Milei.

    El equívoco peronista

    Este viernes el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció que decidió unificar las elecciones. En su caso es lo natural: las elecciones catamarqueñas fueron unificadas en 2015, 2019 y 2023. El gobierno pretende que Jalil se vuelva a postular y rompa el pacto con Lucía Corpacci y Gustavo Saadi, para que este última sea el candidato. Patear la elección hasta octubre le da una mayor margen de maniobra para ver que hace.

    Volviendo a la provincia, como existe una ley que ata las PASO provinciales a las nacionales, esto le da a Kicillof la excusa perfecta para postergar la decidión hasta que se sepa que pasará con la sprimarias a nivel nacional.

    Si Milei llega en caída por ahí nos conviene que no se desdoble, porque va a hundir a todos sus candidatos. 

    El tema se presta para la especulación política y como en el 2025 hay argumentos para todas las posiciones. Varios intendentes quieren desdoblar y hasta planear reforzar su posición, cuando la discusión se abra, apelando a los argumentos del propio Kicillof en 2025.

    Pero algunos de sus colegas no están tan seguros. Un intendente del axelismo evaluó en diálogo con LPO: «Si Milei llega en caída por ahí nos conviene que no se desdoble, porque va a hundir a todos sus candidatos».

    Los intendentes Espinoza, Watson y Secco.

    Ya en junio habían circulado rumores que hablaban que Kicillof empezaba a analizar seriamente unificar la elección. Al correr esa versión, se dispararon alarmas entre los intendentes peronistas que impulsan desdoblar.

    Quintela tantea una cumbre con Jaldo, Jalil y Sáenz para alejarlos de Milei 

    Ahora, varios de los intendentes del axelismo que en marzo de 2025 salieron con un documento pidiendo desdoblar, esta vez evitan dar definiciones sobre la estrategia a seguir, alineados con el hermetismo de La Plata.

    «La inmensa mayoría de los intendentes va a querer que se desdoble. Lo más lógico sería adelantar la elección y lo máximo posible», había manifestado al streaming Uno Tres Cinco el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, miembro de la Liga de Intendentes que este viernes se reunió con el riojano Ricardo Quintela en la Quinta de Perón de San Vicente.

    «No vamos a aceptar el dedo de nadie. Si no nos llevan a una mesa, si no nos participan, nosotros tomamos la decisión de participar», desafió Granados en un mensaje que pareció dirigido a Cristina, porque aventuró que si en la lista de diputados nacionales del 2025 se hubiese integrado a los intendentes «ganábamos la elección y hoy la historia sería otra».

    Fue Granados quien, durante la misma noche de la derrota electoral del peronismo en octubre de 2025, sostuvo que la derrota fue «un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos, los que representamos a la gente».

    «Lo único seguro es que se tiene que tomar una decisión antes de diciembre», concluyó en diálogo con LPO, uno de los intendentes consultados. 

     

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