LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Don Dionisio el cigarrero del maligno y don José de San Martín comparten en Perú leyenda viva e historia.

Por Jorge G. Andreadis para NLI

Entre el 10 y el 11 de noviembre de 1820 San Martín desembarcó en Huacho, Perú. Según la tradición, un siglo antes, el mismísimo diablo, bajo el apelativo de don Dionisio, había montado allí una cigarrería que terminó ardiendo en un incendio mientras el camuflado satán retozaba con una doncella del poblado, a la que sedujo y burló.

También se dice que algunos vecinos de Huacho atesoraron cigarros que le habían comprado a quien se daba por cierto era el maligno. Bien guardados y protegidos, pasaron como herencia a generaciones venideras. Ricardo Palma, incluso, se refirió a ellos: “¡Sobre que un mi amigo de esa villa guarda como reliquia un par de puros elaborados por don Dionisio!…”.

El Libertador se detuvo varios días en Huacho antes de dirigirse a Huaura, localidad cercana –unos cuatro kilómetros-, donde permaneció cerca de ocho meses en vistas a planificar en detalle su entrada en Lima.

Huacho se encuentra situada en la ribera del mar y a una legua de Huaura, lugar famoso de los anales de nuestra guerra de independencia por el asilo que durante largos meses prestó al general San Martín y la reducida hueste de patriotas con que mantuvo en constante alarma al poderoso ejército realista. (Ricardo Palma, Tradiciones peruanas)

En ambos poblados la tradición oral afirma que a don José los lugareños le obsequiaron una de esas reliquias para que tuviera presente la malignidad de los realistas, felones de la estirpe de don Dionisio, que “fue el mismo Satanás con garras, rabo y cornamenta”, según refiere Palma.

San Martín, desde Huacho y Huaura, dominaba parte del virreinato en declive. En Huaura pronunció la primera proclama de independencia desde un balcón, el 27 de noviembre. También  promulgó el Reglamento Provisional, primera propuesta de orden administrativo del flamante Perú. Huacho lo recibió, puros incluidos, y Huaura escuchó su señera proclama de libertad y autarquía.

La oralidad, revalorizada por precursores como la historiadora Francis La Greca, contrapone los arribos de don Dionisio y don José, uno infernal y otro celestial, en el plano del postrer equilibrio del destino.

Contra el olvido de las aleccionadoras desgracias, quedaron los cigarros, y uno de ellos entre las manos de San Martín, llamado a terminar con ellas en virtud del fuego de la libertad auténtica, sin engaños satánicos.

Algunos historiadores peruanos, como Cecilia Bákula, lamentan que “que la casa en donde habitó San Martín y el propio balcón desde donde lanzó su proclama inicial, no hayan recibido la atención material y simbólica que permitan a todos los peruanos tener esos espacios como referentes de sucesos tan sustantivos y lugares en donde podamos sentir y saber que somos parte de un proyecto de orgullosa libertad.”.

Aunque estos historiados no se detengan mucho en la tradición de los puros de Dionisio, en Huacho y Huaura los ancianos aún cuentan a quien quiera escuchar cómo en el lapso un siglo se dio un cambio de surte representado por el hilo conductor de los cigarros, símbolo de desventura convertida en bonanza a través de San Martín.

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Nadie se anima -aunque se sospeche-, sin embargo, a afirmar que el Libertador se fumó el puro para convertir en humo cualquier esperanza de triunfo realista que le diese lugar al retorno de las malas artes del impostor Dionisio.

Quienes tuvieran la intención de llegar a la raíz legendaria de este asunto, podrían encontrar gusto en la lectura de “El cigarrero de Huacho (Cuento tradicional sobre unos amores que tuvo el diablo)”, tradición peruana escrita un siglo atrás por Ricardo Palma.

En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.

Por Amparo Lestienne para NLI

El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal

El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.

Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.

Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.

Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.

Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación

El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.

Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.

Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.

El telón de fondo: caída del presupuesto científico

Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.

En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.

En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.

ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso

Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.

Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.

La tensión central: menos presupuesto, más costos

La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.

Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.

El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.

Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización

En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.

En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.

Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.

Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.

El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.

Conclusión: un cambio silencioso pero estructural

Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.

En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.

La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.