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LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar y el cuidado de los animales callejeros. No alcanza. El problema persiste y es un problema social, en el que todas las partes debemos trabajar para que se solucione: estado (principalmente) y comunidad.

No hay un registro ni un relevamiento de datos sobre animales callejeros, la ordenanza 06/20 sancionada y aprobada por unanimidad hace casi dos años dispone mediante el artículo 6 la obligatoriedad al Ejecutivo Municipal del reconocimiento mediante la colocación de una chapa identificatoria a los animales, lo que permitiría el relevamiento de animales callejeros.

Por supuesto que esto no se llevó a cabo, en parte porque se colocó al área de Medioambiente como la autoridad de aplicación, sin haberlo consultado con la misma, para conocer su disponibilidad de agentes, y en parte por desinterés político. »El intendente dijo que es muy difícil hacer cumplir la ordenanza», nos comentaba una colaboradora de la agrupación Almas Almas. Paradójico siendo él quien la promulgó.

El artículo 5 dispone la obligatoriedad de que todos los animales con dueños también  cuenten con su chapita identificatoria, algo que sin control (otra vez) es imposible de llevar a cabo (y quizás con control también).

El eje principal de dicha ordenanza es eliminar el maltrato animal, esta es otra ramificación de la problemática, el estado en el que viven determinados animales, que sí tienen dueño.

La norma sanciona el maltrato animal con multas que van desde los 2 SAM a los 15 SAM, hoy un SAM supera holgadamente los 4mil pesos, pero hasta ahí llega la cosa. Nunca se avanzó sobre como percibir y accionar sobre esas denuncias. Las denuncias siguen llegando a los lugares equivocados, ¿a dónde? A las voluntarias que trabajan incansablemente y ad honorem por el cuidado de los animalitos.

Cuando se sancionó la ordenanza propusimos desde #LaTapa la creación de una app para recibir denuncias desde el anonimato (importante que sean anónimas), pero esta idea no fue tenida en cuenta. La ciudad de Neuquén cuenta con una aplicación para recibir denuncias de maltrato animal, y desde ahí auxiliares de justicia del municipio actúan aplicando las multas correspondientes.

Sin relevamiento de datos en la ciudad, es difícil buscar soluciones. Ese es el comienzo. Según datos expresados el año pasado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, los perros y gatos callejeros superan la cifra de 6 millones.

La norma, como todas, viene a buscar soluciones, pero como un gran número de ordenanzas aprobadas en Regina encuentran un abismo entre la teoría y la práctica. De lo ideal a lo real, hay que encontrar nexos, si se dislocan, no sirven.

Hace un par de semanas el intendente Marcelo Orazi recibió a voluntarias de organizaciones defensoras de animales, acompañado de la concejal de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) Agustina Fernandez.

La reunión giró en torno a dos ejes: Disponer de una cantidad de castraciones gratuitas por cada organización/asociación y el poder poner en práctica la ordenanza sancionada hace dos años que todavía no lo está, haciendo hincapié en su eje: el maltrato animal. También se propuso la creación de un quirófano móvil.

Sobre castraciones y esterilizaciones gratuitas, la municipalidad dispuso de 7 intervenciones para cada agrupación, habían pedido 10 para cada una. Hoy en día el municipio cuenta con 4 veterinarias que en diferentes días y espacios están operando alrededor de 200 animales por mes (120 perros y 80 gatos) pero la demanda es altísima y los turnos se dan (a veces) 3 meses hacia adelante.

Lo que demuestra que hay que hacer algo más, nos contaban que el año pasado se suspendió el plan de castración durante algunos meses y eso generó un crecimiento exponencial en los animales callejeros que hoy no se puede achicar.

“Los turnos se dan en la oficina de medioambiente, hay una demanda altísima, excesivamente alta por lo cual hay mucha demora, de 3 meses tanto para perros como para gatos. Esa es la mayor problemática en cuanto al programa, van a sacar turnos y tardan un montón y si las personas no pueden operarlo de manera particular muchas veces cuando los llamamos para darles el turno ya, o se han escapado, o han quedado preñadas. Pero estamos a más no poder” explicó la veterinaria Mariana Bustos.

A su vez hablamos con Beatriz Espinosa, veterinaria que trabajó más de 4 años castrando animales para el Municipio de Villa Regina, quien nos contaba que durante el proceso que ella estuvo pasaron más de 4 directores en el área de medioambiente, lo que dificulta la continuidad de los programas, y también hizo referencia a algo en lo que nosotros solemos recaer, »hay que acompañar las ordenanzas haciéndolas cumplir, no solo aprobarlas».

Respecto al no cumplimiento de la ordenanza 06/20, aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente, desde el estado municipal se ofreció la idea de que voluntarias de las organizaciones se hagan cargo de la recepción de las multas y la elaboración de un acta que debe elevarse al municipio, y allí toma intervención un auxiliar de justicia de la municipalidad.

“Hay una ordenanza de voluntariado en la que el municipio puede acreditar personas para que reciban las denuncias” explica Agustina Fernandez.

Lo que alegan es que quienes denuncian lo hacen a los contactos de las organizaciones, lo que agilizaría la intervención si son las mismas asociaciones las que reciben los reclamos, sin embargo es cargar a un ciudadano/a de a pie con una tarea que no le corresponde, por lo que no se le paga, sumando más tareas a personas que de por sí entregan horas de sus días a la causa desde el ‘vamos’.

Como mencionábamos anteriormente, una aplicación que reciba de manera anónima la denuncia con ubicación en tiempo real y con carga de pruebas, puede evitar poner a trabajar a personas que no son empleadas del estado y a su vez agilizar la tarea de a quien le corresponde cumplir con su labor.

Hay que seguir empujando y levantando la voz para que se declare como problemática social y pueda incluirse una partida económica dentro del presupuesto 2023, para que como tal, reciba el interés que corresponde y los fondos necesarios para seguir avanzando en soluciones reales.

»Hace 5/6 años no se hablaba de estos temas, ya es un logro que hoy se visibilice la problemática. Faltaría que se la trate como tal. Sin embargo, todavía no se le da la importancia que merece. En algún momento vamos a conseguir todo lo que proponemos. Se avanzará de a poco pero no vamos a bajar los brazos», afirma una de las colaboradoras de la agrupación Almas Almas.

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    Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.

    Pero la mora no explica todo. Las entidades también apuntan a las regulaciones y a los encajes del Banco Central. Los bancos no pueden prestar todo el dinero que reciben de los depositantes. Deben mantener una parte inmovilizada como garantía de liquidez. Ese dinero queda congelado y no genera ganancias comerciales directas. Según la lectura bancaria, ese costo se compensa en los créditos que sí salen a la calle.

    A eso se suma la falta de escala. El mercado de crédito formal argentino es chico en relación con el PBI. Hay pocos tomadores de largo plazo, poca profundidad financiera y una historia de crisis que dejó cicatrices. En ese ecosistema, cada préstamo carga con más costos operativos, más estructura y más margen unitario. 

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  • La nueva desigualdad estructural

     

    En el último año se triplicó la cantidad de hogares argentinos que no llegan a pagar sus créditos. La morosidad bate récords. El dato importa y genera una preocupación obvia y compartida. Pero mirar solo las deudas impagas es confundir el síntoma con el problema. 

    Esta es la segunda nota publicada en Anfibia que retoma y profundiza la investigación del libro Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) para analizar lo que sucede un poco más allá del ruido de la coyuntura.

    El primer texto explicaba por qué no todas las deudas son iguales y por qué es fundamental prestarle atención a cómo se experimentan, toman sentido y son vividas. Para una parte importante de la sociedad, las deudas que cargan no son el precio de algo —no son el escalón hacia ningún lugar. Son simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer. Eso es la deuda de sacrificio: una deuda sin aspiración. Una deuda que es el precio de sobrevivir.

    Ahora vamos a dar un paso más allá, y cambiar el foco: abandonamos las experiencias y analizamos las estructuras. 

    Las deudas de sacrificio pasaron de ser amortiguadores transitorios de las crisis a un rasgo estructural de la desigualdad de la sociedad argentina. 

    La mora es el árbol. Esa transformación social es el bosque.

    En nuestro país no hay una serie de largo plazo sobre prácticas financieras de los hogares. Y las encuestas que preguntan si alguien está «endeudado» no alcanzan: para medir la desocupación no se consulta «¿usted está desocupado?». El problema es el mismo: no sabemos qué entiende cada quien por esa palabra y cuántas realidades se ocultan o distorsionan en las respuestas.

    La pregunta que importa no es si hay deuda. Es para qué fue tomada: ¿para crecer o para no caer? Le sigue otra pregunta, derivada de la anterior: ¿qué nos dice el cambio de las dinámicas de endeudamiento de las familias sobre la desigualdad social de un país?

    La Encuesta Permanente de Hogares brinda información que ayuda a resolver, aunque no del todo, estas preguntas. En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) nos apoyamos en algunos indicadores de la encuesta periódica del INDEC para trazar los rasgos de una transformación social que tiene a las deudas de los hogares como driver principal. Podemos ver la evolución de los que tomaron crédito y, al mismo tiempo, «sacrificaron» ahorros y/o bienes, entre 2003 y 2025. Un proxy de acceso al crédito bajo estrés financiero, no de deuda en general.

    La serie completa muestra dos Argentinas, y no se diferencian por el volumen de la deuda sino por la función que cumple y para quién.

    Primera etapa (2003-2014). Con la crisis de 2007-2009, estos hogares subieron de 12,9% a 17,2% y, cuando la crisis pasó, casi volvieron a su nivel previo. La deuda amortiguó. Y en esta etapa no hubo un patrón de clase estable: el 20% más rico estuvo tan expuesto como el 20% más pobre.

    Segunda crisis (2016-2019). El indicador volvió a subir. Pero esta vez no volvió a bajar. El piso posterior quedó casi 70% por encima del período previo. Ahí arrancó el segundo tiempo de la historia, y es donde la función empezó a cambiar de manos.

    Al analizar el indicador en sus dos partes -gastar ahorros y vender pertenencias- aparece el mecanismo exacto de esa transformación.

    Vender pertenencias nunca fue parejo. El 20% más pobre se deshizo de sus cosas siempre más que el 20% más rico, desde 2003. Esto no se volvió desigual: siempre lo fue. Lo que cambió después de 2016 fue la magnitud de esa desigualdad, que se agrandó con fuerza. Gastar ahorros sí era parejo, y con signo opuesto: hasta 2016, quien más los gastaba era el rico, no el pobre —los doce años de esa etapa, sin excepción. Después de 2016, se invirtió: pasó a ser predominantemente el pobre.

    Dos historias distintas que terminan en el mismo lugar: una que siempre fue desigual y se agrava; otra que cambia de manos por completo.

    Al sumar las dos series se ve que hasta 2016, ricos y pobres corrieron parecido en la deuda de sacrificio agregada. Desde entonces, el 20% más pobre se despegó y quedó sistemáticamente arriba del 20% más rico.

    La desigualdad no nació en 2016. Ya estaba ahí, escondida en el componente de venta de bienes —que siempre fue más común entre los sectores de menos ingresos. Lo que cambió en 2016 fue que se recurrió a esa forma de capitalizarse más que a gastar ahorros, y pasó a pesar más en el promedio. Por eso el indicador agregado, que antes no distinguía por clase, terminó arrastrado hacia el grupo más expuesto a tomar créditos y vender sus bienes: los sectores de menos ingresos.

    En 2024 las deudas de sacrificio tocaron su máximo histórico: más del doble que al comienzo de la serie. Lo excepcional se volvió estructural, y siguió impactando sobre todo en los que menos tienen.

    Al mismo tiempo cambió la composición del endeudamiento. El crédito bancario formal fue la fuente que más creció en 22 años en general, y en los sectores de menos ingresos en particular. Y desde la salida de la pandemia, no paró de aumentar. Los préstamos entre familiares cayeron hasta 2023, pero repuntaron en los últimos dos años. Las dos fuentes aún conviven no se reemplazaron.

    Lo que sí revela un desfasaje de clase es el ritmo de bancarización. A nivel país, el peso del préstamo bancario alcanzó y superó al préstamo familiar alrededor de 2011: ambas fuentes se cruzaron en torno al 15,6% cada una. En el 20% más pobre eso nunca llega a pasar: el préstamo familiar siguió siendo, en 2025, la fuente más importante de las dos (32,9% contra 20,9% del crédito bancario). Lo que sí ocurrió es una convergencia: la brecha entre ambas fuentes, que era de 43 puntos en 2003, se achicó a 12 puntos en 2025 —y esa convergencia se aceleró justo en la ventana en que la deuda de sacrificio se volvía estructural y desigual. Los hogares de menores ingresos se acercaron al patrón de bancarización que el resto de la sociedad ya tenía hace más de una década, sin terminar de alcanzarlo.

    La mora aparece justo ahí. No es coincidencia, aunque tampoco alcanza con mirar cuánto creció el crédito: hay que preguntar a quién llegó, y cuándo.

    Dos desigualdades viejas se confirman: inquilinos y hogares con menores de edad ya estaban más expuestos antes de 2016, y ahora lo están más. Pero aparece un tercer y nuevo factor de desigualdad: la precariedad labora. La inestabilidad del trabajo se suma a la lista de lo que empuja a los hogares hacia la deuda de sacrificio.

    Por eso la morosidad récord de 2025-2026 no aparece sobre una sociedad que se quebró de repente. Aparece sobre una sociedad donde la deuda venía cambiando de función, y de manos, desde hacía casi una década.

    Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones. Si el problema es que las deudas de sacrificio dejaron de amortiguar las crisis para organizar la desigualdad, la pregunta es otra: por qué una parte creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana endeudándose y sacrificando ahorros y bienes.

    Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio.

    La entrada La nueva desigualdad estructural se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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