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LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar y el cuidado de los animales callejeros. No alcanza. El problema persiste y es un problema social, en el que todas las partes debemos trabajar para que se solucione: estado (principalmente) y comunidad.

No hay un registro ni un relevamiento de datos sobre animales callejeros, la ordenanza 06/20 sancionada y aprobada por unanimidad hace casi dos años dispone mediante el artículo 6 la obligatoriedad al Ejecutivo Municipal del reconocimiento mediante la colocación de una chapa identificatoria a los animales, lo que permitiría el relevamiento de animales callejeros.

Por supuesto que esto no se llevó a cabo, en parte porque se colocó al área de Medioambiente como la autoridad de aplicación, sin haberlo consultado con la misma, para conocer su disponibilidad de agentes, y en parte por desinterés político. »El intendente dijo que es muy difícil hacer cumplir la ordenanza», nos comentaba una colaboradora de la agrupación Almas Almas. Paradójico siendo él quien la promulgó.

El artículo 5 dispone la obligatoriedad de que todos los animales con dueños también  cuenten con su chapita identificatoria, algo que sin control (otra vez) es imposible de llevar a cabo (y quizás con control también).

El eje principal de dicha ordenanza es eliminar el maltrato animal, esta es otra ramificación de la problemática, el estado en el que viven determinados animales, que sí tienen dueño.

La norma sanciona el maltrato animal con multas que van desde los 2 SAM a los 15 SAM, hoy un SAM supera holgadamente los 4mil pesos, pero hasta ahí llega la cosa. Nunca se avanzó sobre como percibir y accionar sobre esas denuncias. Las denuncias siguen llegando a los lugares equivocados, ¿a dónde? A las voluntarias que trabajan incansablemente y ad honorem por el cuidado de los animalitos.

Cuando se sancionó la ordenanza propusimos desde #LaTapa la creación de una app para recibir denuncias desde el anonimato (importante que sean anónimas), pero esta idea no fue tenida en cuenta. La ciudad de Neuquén cuenta con una aplicación para recibir denuncias de maltrato animal, y desde ahí auxiliares de justicia del municipio actúan aplicando las multas correspondientes.

Sin relevamiento de datos en la ciudad, es difícil buscar soluciones. Ese es el comienzo. Según datos expresados el año pasado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, los perros y gatos callejeros superan la cifra de 6 millones.

La norma, como todas, viene a buscar soluciones, pero como un gran número de ordenanzas aprobadas en Regina encuentran un abismo entre la teoría y la práctica. De lo ideal a lo real, hay que encontrar nexos, si se dislocan, no sirven.

Hace un par de semanas el intendente Marcelo Orazi recibió a voluntarias de organizaciones defensoras de animales, acompañado de la concejal de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) Agustina Fernandez.

La reunión giró en torno a dos ejes: Disponer de una cantidad de castraciones gratuitas por cada organización/asociación y el poder poner en práctica la ordenanza sancionada hace dos años que todavía no lo está, haciendo hincapié en su eje: el maltrato animal. También se propuso la creación de un quirófano móvil.

Sobre castraciones y esterilizaciones gratuitas, la municipalidad dispuso de 7 intervenciones para cada agrupación, habían pedido 10 para cada una. Hoy en día el municipio cuenta con 4 veterinarias que en diferentes días y espacios están operando alrededor de 200 animales por mes (120 perros y 80 gatos) pero la demanda es altísima y los turnos se dan (a veces) 3 meses hacia adelante.

Lo que demuestra que hay que hacer algo más, nos contaban que el año pasado se suspendió el plan de castración durante algunos meses y eso generó un crecimiento exponencial en los animales callejeros que hoy no se puede achicar.

“Los turnos se dan en la oficina de medioambiente, hay una demanda altísima, excesivamente alta por lo cual hay mucha demora, de 3 meses tanto para perros como para gatos. Esa es la mayor problemática en cuanto al programa, van a sacar turnos y tardan un montón y si las personas no pueden operarlo de manera particular muchas veces cuando los llamamos para darles el turno ya, o se han escapado, o han quedado preñadas. Pero estamos a más no poder” explicó la veterinaria Mariana Bustos.

A su vez hablamos con Beatriz Espinosa, veterinaria que trabajó más de 4 años castrando animales para el Municipio de Villa Regina, quien nos contaba que durante el proceso que ella estuvo pasaron más de 4 directores en el área de medioambiente, lo que dificulta la continuidad de los programas, y también hizo referencia a algo en lo que nosotros solemos recaer, »hay que acompañar las ordenanzas haciéndolas cumplir, no solo aprobarlas».

Respecto al no cumplimiento de la ordenanza 06/20, aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente, desde el estado municipal se ofreció la idea de que voluntarias de las organizaciones se hagan cargo de la recepción de las multas y la elaboración de un acta que debe elevarse al municipio, y allí toma intervención un auxiliar de justicia de la municipalidad.

“Hay una ordenanza de voluntariado en la que el municipio puede acreditar personas para que reciban las denuncias” explica Agustina Fernandez.

Lo que alegan es que quienes denuncian lo hacen a los contactos de las organizaciones, lo que agilizaría la intervención si son las mismas asociaciones las que reciben los reclamos, sin embargo es cargar a un ciudadano/a de a pie con una tarea que no le corresponde, por lo que no se le paga, sumando más tareas a personas que de por sí entregan horas de sus días a la causa desde el ‘vamos’.

Como mencionábamos anteriormente, una aplicación que reciba de manera anónima la denuncia con ubicación en tiempo real y con carga de pruebas, puede evitar poner a trabajar a personas que no son empleadas del estado y a su vez agilizar la tarea de a quien le corresponde cumplir con su labor.

Hay que seguir empujando y levantando la voz para que se declare como problemática social y pueda incluirse una partida económica dentro del presupuesto 2023, para que como tal, reciba el interés que corresponde y los fondos necesarios para seguir avanzando en soluciones reales.

»Hace 5/6 años no se hablaba de estos temas, ya es un logro que hoy se visibilice la problemática. Faltaría que se la trate como tal. Sin embargo, todavía no se le da la importancia que merece. En algún momento vamos a conseguir todo lo que proponemos. Se avanzará de a poco pero no vamos a bajar los brazos», afirma una de las colaboradoras de la agrupación Almas Almas.

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    El IPC de julio marcó 2,1%, cortó tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. En la comparación interanual, el aumento de precios llegó al 33,8%. 

    El dato tiene además una composición que complica el relato oficial. La inflación núcleo, que busca medir la dinámica más persistente de los precios, fue de 1,8%. Pero los estacionales saltaron 4,5%.  

    El límite del ajuste aparece con mayor claridad cuando se mira el precio de los servicios. Todos los rubros relevantes quedaron por encima del IPC general. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 2,2%, impulsados por los ajustes parciales de las tarifas de luz y gas. Comunicación subió 2,4%, por las actualizaciones de telefonía e internet. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los aumentos de las cuotas de medicina prepaga. Y Transporte encabezó la lista con un incremento del 3,1%, como consecuencia de los ajustes de las tarifas del transporte público en distintas regiones del país. 

    El fenómeno deja una tensión que el Gobierno conoce bien. Los bienes pueden responder más rápido al freno de la actividad y al ancla cambiaria, pero los servicios cargan tarifas, contratos y precios regulados que todavía buscan recuperar terreno. 

    El economista Alfredo Romano, de Romano Group, calificó directamente el número como un «mal dato». Para Romano, el resultado confirma que «pasar de 33% anual a un dígito no es una recta descendente. Es una meseta con recaídas». 

    Romano puso además la discusión en perspectiva histórica. Recordó las experiencias de Martínez de Hoz, Alfonsín, la Convertibilidad tardía y Mauricio Macri para sostener que la Argentina tiene antecedentes poco alentadores con los procesos largos de desinflación. A su juicio, esos programas fueron interrumpidos por agotamiento político y social o por la aparición de la restricción externa, es decir, la falta de dólares. 

    Desde esa lectura, Romano volvió a defender la dolarización. Considera que puede ser una alternativa «subóptima» desde el punto de vista teórico, pero más realista frente a la historia argentina. 

    «Sin inflación de un dígito sostenida no hay crédito de largo plazo. Sin crédito, no hay consumo estructural ni desarrollo. La pregunta no es si el gradualismo es teóricamente superior. Es si Argentina, con este historial, tiene la paciencia para sostenerlo una década sin interrumpirlo. La evidencia dice que no», completó este analista. 

    El dato también reavivó el cruce entre Luis Caputo y los economistas que siguen con lupa el programa. Gabriel Caamaño viene advirtiendo sobre las tensiones que aparecen debajo de la superficie de la estabilización, mientras Economía sostiene que el proceso de desinflación continúa y que las oscilaciones mensuales no modifican la tendencia. 

    Caputo salió a defender el número con otra vara. Destacó que la inflación núcleo fue de 1,8%, que los regulados avanzaron 2,1% y los estacionales 4,5%. Pero sobre todo puso el foco en el promedio móvil de tres meses: remarcó que cayó 0,2 puntos respecto de junio y quedó en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado. 

    También celebró la baja del 1,3% en prendas de vestir y calzado, que definió como «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional» iniciada en enero de 2017. 

    Gabriel Caamaño recogió el guante. Coincidió con Caputo en que «el mejor dato del IPC de julio fue la núcleo en 1,8% mensual» y advirtió que el mes «volvió a enseñar que los procesos desinflacionarios no son lineales». Por eso sostuvo que «no hay mucha ola alarmista que hacer». 

    Pero enseguida le pegó al cambio de métrica elegido por Economía para mostrar la continuidad de la desinflación: «Ahora que la núcleo sin carne la tienen amordazada en algún sótano del conurbano, salió al ruedo el promedio móvil tres meses», ironizó. Y cerró: «Igual es mejor que amputar el índice y vivir todo en clave mensual».

    El intercambio expuso dos maneras de mirar el mismo tablero: para el Palacio de Hacienda importa la trayectoria; para los analistas, cuánto cuesta sostenerla y cuánto margen queda antes de que las tensiones cambiarias, monetarias y de actividad vuelvan a filtrarse en los precios. Julio dejó justamente esa advertencia. 

     

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