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LA VUELTA AL PERRO (Y AL GATO)

Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar y el cuidado de los animales callejeros. No alcanza. El problema persiste y es un problema social, en el que todas las partes debemos trabajar para que se solucione: estado (principalmente) y comunidad.

No hay un registro ni un relevamiento de datos sobre animales callejeros, la ordenanza 06/20 sancionada y aprobada por unanimidad hace casi dos años dispone mediante el artículo 6 la obligatoriedad al Ejecutivo Municipal del reconocimiento mediante la colocación de una chapa identificatoria a los animales, lo que permitiría el relevamiento de animales callejeros.

Por supuesto que esto no se llevó a cabo, en parte porque se colocó al área de Medioambiente como la autoridad de aplicación, sin haberlo consultado con la misma, para conocer su disponibilidad de agentes, y en parte por desinterés político. »El intendente dijo que es muy difícil hacer cumplir la ordenanza», nos comentaba una colaboradora de la agrupación Almas Almas. Paradójico siendo él quien la promulgó.

El artículo 5 dispone la obligatoriedad de que todos los animales con dueños también  cuenten con su chapita identificatoria, algo que sin control (otra vez) es imposible de llevar a cabo (y quizás con control también).

El eje principal de dicha ordenanza es eliminar el maltrato animal, esta es otra ramificación de la problemática, el estado en el que viven determinados animales, que sí tienen dueño.

La norma sanciona el maltrato animal con multas que van desde los 2 SAM a los 15 SAM, hoy un SAM supera holgadamente los 4mil pesos, pero hasta ahí llega la cosa. Nunca se avanzó sobre como percibir y accionar sobre esas denuncias. Las denuncias siguen llegando a los lugares equivocados, ¿a dónde? A las voluntarias que trabajan incansablemente y ad honorem por el cuidado de los animalitos.

Cuando se sancionó la ordenanza propusimos desde #LaTapa la creación de una app para recibir denuncias desde el anonimato (importante que sean anónimas), pero esta idea no fue tenida en cuenta. La ciudad de Neuquén cuenta con una aplicación para recibir denuncias de maltrato animal, y desde ahí auxiliares de justicia del municipio actúan aplicando las multas correspondientes.

Sin relevamiento de datos en la ciudad, es difícil buscar soluciones. Ese es el comienzo. Según datos expresados el año pasado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, los perros y gatos callejeros superan la cifra de 6 millones.

La norma, como todas, viene a buscar soluciones, pero como un gran número de ordenanzas aprobadas en Regina encuentran un abismo entre la teoría y la práctica. De lo ideal a lo real, hay que encontrar nexos, si se dislocan, no sirven.

Hace un par de semanas el intendente Marcelo Orazi recibió a voluntarias de organizaciones defensoras de animales, acompañado de la concejal de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) Agustina Fernandez.

La reunión giró en torno a dos ejes: Disponer de una cantidad de castraciones gratuitas por cada organización/asociación y el poder poner en práctica la ordenanza sancionada hace dos años que todavía no lo está, haciendo hincapié en su eje: el maltrato animal. También se propuso la creación de un quirófano móvil.

Sobre castraciones y esterilizaciones gratuitas, la municipalidad dispuso de 7 intervenciones para cada agrupación, habían pedido 10 para cada una. Hoy en día el municipio cuenta con 4 veterinarias que en diferentes días y espacios están operando alrededor de 200 animales por mes (120 perros y 80 gatos) pero la demanda es altísima y los turnos se dan (a veces) 3 meses hacia adelante.

Lo que demuestra que hay que hacer algo más, nos contaban que el año pasado se suspendió el plan de castración durante algunos meses y eso generó un crecimiento exponencial en los animales callejeros que hoy no se puede achicar.

“Los turnos se dan en la oficina de medioambiente, hay una demanda altísima, excesivamente alta por lo cual hay mucha demora, de 3 meses tanto para perros como para gatos. Esa es la mayor problemática en cuanto al programa, van a sacar turnos y tardan un montón y si las personas no pueden operarlo de manera particular muchas veces cuando los llamamos para darles el turno ya, o se han escapado, o han quedado preñadas. Pero estamos a más no poder” explicó la veterinaria Mariana Bustos.

A su vez hablamos con Beatriz Espinosa, veterinaria que trabajó más de 4 años castrando animales para el Municipio de Villa Regina, quien nos contaba que durante el proceso que ella estuvo pasaron más de 4 directores en el área de medioambiente, lo que dificulta la continuidad de los programas, y también hizo referencia a algo en lo que nosotros solemos recaer, »hay que acompañar las ordenanzas haciéndolas cumplir, no solo aprobarlas».

Respecto al no cumplimiento de la ordenanza 06/20, aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente, desde el estado municipal se ofreció la idea de que voluntarias de las organizaciones se hagan cargo de la recepción de las multas y la elaboración de un acta que debe elevarse al municipio, y allí toma intervención un auxiliar de justicia de la municipalidad.

“Hay una ordenanza de voluntariado en la que el municipio puede acreditar personas para que reciban las denuncias” explica Agustina Fernandez.

Lo que alegan es que quienes denuncian lo hacen a los contactos de las organizaciones, lo que agilizaría la intervención si son las mismas asociaciones las que reciben los reclamos, sin embargo es cargar a un ciudadano/a de a pie con una tarea que no le corresponde, por lo que no se le paga, sumando más tareas a personas que de por sí entregan horas de sus días a la causa desde el ‘vamos’.

Como mencionábamos anteriormente, una aplicación que reciba de manera anónima la denuncia con ubicación en tiempo real y con carga de pruebas, puede evitar poner a trabajar a personas que no son empleadas del estado y a su vez agilizar la tarea de a quien le corresponde cumplir con su labor.

Hay que seguir empujando y levantando la voz para que se declare como problemática social y pueda incluirse una partida económica dentro del presupuesto 2023, para que como tal, reciba el interés que corresponde y los fondos necesarios para seguir avanzando en soluciones reales.

»Hace 5/6 años no se hablaba de estos temas, ya es un logro que hoy se visibilice la problemática. Faltaría que se la trate como tal. Sin embargo, todavía no se le da la importancia que merece. En algún momento vamos a conseguir todo lo que proponemos. Se avanzará de a poco pero no vamos a bajar los brazos», afirma una de las colaboradoras de la agrupación Almas Almas.

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  • Condenan a 12 años por narcotráfico a un ex asesor de Etchevehere

     

    La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.

    Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.

    Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.

    Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.

    La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.

    La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.

    La caída en Rosario

    Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.

    Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.

    Airaldi escuchó el veredicto por zoom.

    Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.

    «Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.

    Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.

    «Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».

    En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.

    El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

     

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    Cuando Paraná fue capital de la Argentina y Buenos Aires quedó afuera

     

    Durante siete años Paraná fue la capital de la Confederación Argentina mientras Buenos Aires permanecía separada. La historia detrás de una disputa que definió el país.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hubo un momento de la historia argentina en que Buenos Aires no era la capital, ni siquiera formaba parte del Estado nacional que decía representar a la Argentina. Mientras en la ciudad porteña funcionaba un gobierno separado, en Paraná se instalaban el presidente, el Congreso y las instituciones de la Confederación Argentina. Entre 1854 y 1861, la ciudad entrerriana se convirtió en el centro político de un país todavía incompleto, atravesado por una disputa que iba mucho más allá de una cuestión administrativa: quién tendría el poder de decidir sobre la Nación y quién se quedaría con los recursos que producían sus principales puertos y su Aduana.

    La escena parece extraña desde el presente porque la Argentina suele pensarse históricamente desde Buenos Aires. La escuela, los manuales y hasta buena parte de la memoria nacional construyeron un relato en el que la capital aparece como un dato casi natural, como si Buenos Aires hubiera estado destinada desde siempre a ocupar ese lugar. Pero no fue así. La Constitución de 1853 estableció a Buenos Aires como capital, aunque la separación de la provincia del resto de la Confederación hizo imposible aplicar esa disposición. El gobierno nacional terminó instalándose en Paraná, que pasó a ser la capital efectiva de la Confederación.

    El problema no era solamente dónde estaba la capital

    Para comprender aquella disputa hay que mirar más allá del mapa. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la organización nacional quedó atravesada por una contradicción gigantesca. Las provincias necesitaban construir un Estado común, pero Buenos Aires conservaba una posición económica excepcional, especialmente por el control de su puerto y de la Aduana, fuente fundamental de recursos fiscales. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación no era, por lo tanto, una discusión abstracta entre unitarios y federales: detrás de las instituciones estaba también la cuestión concreta de quién manejaba la caja.

    Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y vencedor de Caseros, impulsó la organización constitucional. La Constitución sancionada en 1853 buscó establecer un sistema federal y construir un Estado nacional por encima de las disputas provinciales. Pero Buenos Aires rechazó ese proceso y permaneció separada. El resultado fue una situación insólita: existían dos estructuras políticas argentinas que reclamaban legitimidad sobre el mismo territorio histórico.

    En ese escenario, Paraná adquirió una importancia que hasta entonces no tenía. La ciudad fue convertida en capital de la Confederación el 24 de marzo de 1854, después de la federalización del territorio entrerriano. Allí se instaló el gobierno encabezado por Urquiza y comenzó a funcionar el Congreso nacional. Las leyes sancionadas durante aquellos años llevan consigo una prueba documental extraordinaria: el propio Estado argentino legislaba desde Paraná.

    No se trataba de una capital simbólica. Había un Estado funcionando en Paraná. Había presidente, ministros, legisladores, funcionarios, diplomáticos y una burocracia nacional que intentaba darle forma concreta a una estructura institucional todavía muy frágil. La investigación histórica reciente ha señalado precisamente que el Congreso reunido en Paraná fue un espacio central para la construcción política de aquella Argentina federal y para el aprendizaje institucional de dirigentes provenientes de distintas provincias.

    Una capital sin los recursos de Buenos Aires

    El problema era que construir un Estado requería dinero, y allí aparecía la enorme ventaja de Buenos Aires.

    La Confederación tenía territorio, Constitución e instituciones, pero no disponía de una estructura económica comparable con la de la provincia porteña. Buenos Aires controlaba su Aduana y conservaba los beneficios derivados del comercio exterior. La situación generaba una paradoja: el Estado que pretendía organizar la Nación tenía menos recursos que la provincia que se había separado de él.

    Por eso la cuestión del puerto resultaba inseparable de la cuestión de la capital. No alcanzaba con instalar oficinas y funcionarios en Paraná. Había que construir una estructura económica capaz de sostener al Estado nacional. La Confederación buscó entonces fortalecer otros circuitos comerciales y promover los puertos fluviales, mientras intentaba atraer inversiones, fomentar la inmigración y desarrollar nuevas actividades productivas. Durante la presidencia de Urquiza también se impulsaron tratados comerciales y políticas destinadas a ampliar las conexiones exteriores de las provincias.

    La experiencia de Paraná fue, en ese sentido, un gigantesco laboratorio de construcción estatal. No era una ciudad preparada para ser una gran capital nacional, pero debió transformarse rápidamente para cumplir esa función. Incluso su vida cultural adquirió una nueva dimensión. El Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1852, ganó protagonismo cuando Paraná se convirtió en capital y comenzó a recibir una actividad artística acorde con su nueva jerarquía política.

    La capital entrerriana intentaba demostrar que la Argentina podía organizarse desde el interior.

    El regreso de Buenos Aires y la historia que quedó

    La experiencia no duró. La tensión entre la Confederación y Buenos Aires terminó desembocando en nuevos enfrentamientos militares. En 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron al ejército porteño comandado por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda. El posterior Pacto de San José de Flores abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires, aunque las diferencias no desaparecieron.

    Dos años después llegó Pavón. Allí se produjo el quiebre definitivo de aquel experimento federal. La Confederación quedó políticamente desarticulada y Buenos Aires recuperó una posición central en la organización nacional. En diciembre de 1861 se produjo la disolución formal de la Confederación.

    Pero hay un dato todavía más revelador: la cuestión de la capital tampoco quedó resuelta inmediatamente. La federalización definitiva de Buenos Aires recién llegaría en 1880, después de nuevos conflictos políticos y militares. Recién entonces la ciudad quedó convertida formalmente en Capital Federal de la República Argentina, separada institucionalmente de la provincia de Buenos Aires.

    La historia de Paraná como capital, entonces, no debería quedar reducida a una curiosidad escolar. Fue uno de los momentos en que se puso a prueba una pregunta que atraviesa toda la historia argentina: si el país debía organizarse alrededor de la ciudad-puerto o si podía construirse un verdadero poder nacional capaz de equilibrar a Buenos Aires con las provincias.

    La respuesta histórica terminó inclinándose hacia Buenos Aires, pero el episodio demuestra que esa centralidad nunca fue inevitable. Fue el resultado de disputas políticas, económicas, militares e institucionales. Hubo una Argentina en la que el Congreso sesionaba en Paraná, el presidente gobernaba desde Entre Ríos y Buenos Aires era un Estado separado.

    Quizás por eso aquella etapa merece ser recordada. Porque detrás de la anécdota de una capital perdida aparece una discusión mucho más profunda y todavía reconocible: cómo se distribuyen el poder, los recursos y las decisiones entre el centro y el resto del país.

    Y esa pregunta, a casi dos siglos de distancia, todavía no terminó de encontrar una respuesta definitiva.

     

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