El Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó la ordenanza 006/2020 con el objetivo de crear un marco de protección reglamentario a los animales sancionando los maltratos a los mismos, ahora resta que lo apruebe el Poder Ejecutivo Municipal.
No es un detalle menor resaltar el trabajo unificado. La norma fue impulsada por concejalas (Fernandez, Paillapí y Figueroa) de los 3 bloques que conforman el CD. Lo que las personas no pueden, lo logran los animales, es una buena referencia para entender que la ciudadanía toda está por encima de los colores políticos y el trabajo de interbloques es importantísimo.
La ordenanza no solo considera maltrato a la crueldad de ejercer violencia sobre ellos, sino también a dejarlos encerrados en vehículos, lastimarlos con fines estéticos, mala alimentación extrema, tenerlos atados en poco espacio, hacerlos trabajar en exceso. (Art 4). También está prohibida la mutilación, pruebas quirúrgicas, abandonos, riñas, reproducción con fines comerciales, captura y caza. (Art 8). Cada familia se responsabiliza no solo por su cuidado, sino también por sus acciones. (Art 5). Es de carácter obligatorio que cada animal tenga una chapa identificatoria, y los callejeros deberán tener también la suya que estará a cargo del PEM. (Art 6). Este trabajo va a dar la posibilidad de generar un registro o censo sobre los animales que no tienen dueño. Un trabajo importante que las agrupaciones intentaron hacer, lo tienen como proyecto; pero se les hace complejo llevar a cabo. Prohibe tener animales que no sean domésticos en viviendas familiares, los animales no domésticos deberán estar en el hábitat que les corresponda. (Art 7).
En cuanto al control y el ejercicio de la ordenanza en la práctica, el área de medio ambiente será la autoridad de aplicación siendo la encargada de llevar a cabo el relevamiento o informe de situaciones particulares ante las denuncias recibidas, pudiendo hacerse valer de todo el material incriminatorio disponible. Las multas van desde los 2 SAM a 15 SAM.
Una de las ideas para mejorar la accesibilidad a las denuncias es utilizar una app como la ciudad de Neuquén. Una premisa a tener en cuenta es poder mantener el anonimato de las denuncias para preservar las relaciones entre vecinos
Lxs trabajadorxs de La Reginense siguen manifestándose en búsqueda del pago de sus haberes de marzo y febrero (aquí toda la info). Hoy (martes) por la mañana se presentaron en las instalaciones centrales del municipio de Villa Regina con la intención de dialogar con el intendente Marcelo Orazi con el principal objetivo de que el…
Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.
Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.
Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.
La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.
En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.
El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.
Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.
Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.
«El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.
El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo
En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.
A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.
En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.
La Sra. gobernadora Lic. Arabela Carreras ingresó al recinto poquito antes de las 9am para abrir el °49 períodos de sesiones legislativas de Rio Negro convirtiéndose de este modo en la primera mujer en hacerlo en la historia de nuestra provincia. Un hecho que políticamente marca un hito y se recordará por siempre. El discurso…
El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.
La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.
La promesa libertaria empieza a perder potencia
El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.
La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.
Del “aguante” ideológico al cansancio económico
El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.
En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.
El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.
En paralelo a la movida que se realiza este martes frente a la sede de la UOM en rechazo a la intervención del gremio y en apoyo a Abel Furlán, desde la oposición al líder metalúrgico salieron al cruce y lo acusaron de no explicar «años de desmanejos» en el sindicato.
«Furlan se victimiza, pero los metalúrgicos conocemos la verdad», señalaron desde la lista Naranja que enfrentó en la seccional Campana a Furlán y que llevó como candidato a Ángel Derosso.
Como contó LPO, la Justicia dictaminó anular las elecciones nacionales del gremio realizadas en marzo en las que fue ungido Furlán, al advertir que la conducción metalúrgica avanzó con esos comicios a pesar de existir un fallo que las suspendía a partir de la denuncia de la lista opositora en Campana.
La agrupación que lidera Derosso acusa fraude y aprietes con barras durante la elección seccional en la que se impuso Furlán como delegado, paso imprescindible para que pudiera ser electo secretario General nacional más tarde.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición
«Existen denuncias de fraude y se llenó Campana de barras bravas y policías para condicionar el voto. ¿Quién va a dar explicaciones?», señalaron en la lista naranja, que cruzaron a los gremios que apoyan a Furlán: «No es solidaridad. Es bancar a un tipo que usa la UOM para sus negocios personales».
Este martes, la CTA y sindicatos alejados de la conducción cegetista estuvieron en la sede central del gremio metalúrgico para denunciar «persecución política» del gobierno libertario. Cerca de Furlán también apuntan contra Techint.
«Los afiliados de base sabemos que no hay persecución. Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlan intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política», cruzaron en la agrupación opositora.
Así, advirtieron que Furlan «no explica» una serie de temas, entre los que pusieron de relieve la causa que lo investiga por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.
Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- semanas atrás se allanó la sede central del gremio metalúrgico.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición, que también apuntó contra «el desastre de la obra social».
«Mientras los ascensores del Sanatorio no funcionan, sobraron más de mil millones de pesos para una sede sindical nueva», apuntaron, a la vez que acusaron a Furlán de negociar «salarios miserables mientras su entorno se enriquecía», cuando «los siderúrgicos llevan dos años sin recomposición salarial».
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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