La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra se reunió con referentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro con el objetivo de acordar la fecha en la que este organismo comenzará a tener presencialidad en la ciudad.
Del encuentro participaron la Delegada de la Secretaría en el Alto Valle Leticia González y la Coordinadora del área de Cultura y Educación Sonia Almada. También participó la Directora de Promoción Social del Municipio Adriana Torres.
La atención de las referentes de la Secretaría de Derechos Humanos comenzará en septiembre, el tercer viernes de cada mes, en un espacio cedido por la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
Allí se recibirán demandas relacionadas a temas de derechos y el acceso a la justicia, personas mayores, violencia de género, participación comunitaria, trámites de leyes reparatorias, niñez y adolescencia, entre otros.
Se dialogó además sobre las capacitaciones para el personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el acompañamiento en acciones que lleve adelante la Secretaría de Desarrollo en fechas conmemorativas.
Ya estamos en el mes de las elecciones, llegó octubre y el domingo 27 tenemos que ir a votar. A nivel nacional y local. En Regina no sólo elegimos intendente, también diez Concejales (¿no son muchos?) y tres integrantes para el tribunal de cuentas. Las boletas se pueden cortar, ¿lo sabías? En #latapa hace tiempo…
Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo. Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía,…
La ciudad de Villa Regina está entrando en la recta final para delinear candidatos de cara a las elecciones municipales de octubre. En cuanto a intenciones el escenario se palpa más concurrido que en los últimos comicios, y en consecuencia, menos claro. Por eso nos preguntamos, ante tan larga lista de posibles pre-candidatos, ¿cuál será…
¿Es poca o es mucha la actividad artística/cultural que se desarrolla en Regina?. ”En Regina, nunca pasa nada!!!”, ¿es cierta esta afirmación? ¿Cuál es el aporte del sector privado? ¿Qué actividades aportan las instituciones culturales? ¿Cuál es el rol de la juventud en el tejido cultural reginense? ¿Se podría crear el Consejo Local de Cultura?…
Raúl Jalil ahora acordó con el gobierno de Javier Milei que Catamarca asumirá el control de más de 180 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, convenio que cuenta con una cláusula que faculta al gobernador a adoptar en esos corredores un sistema de concesión con peajes.
Semejante asterisco en el acuerdo hizo recrudecer las versiones que circulan en el entramado de poder catamarqueño y que hablan de la posibilidad de otro negocio para Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia.
No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo.
El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.
Como contó LPO, hay quienes advierten que esa adjudicación fungió de prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir votos catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO.
Concretamente, el acuerdo sobre el que Jalil avanzó el mes pasado durante la visita a la provincia de Diego Santilli y Toto Caputo, plantea que la Provincia se hará cargo del mantenimiento de 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros relativos a las rutas nacionales 60 y 157.
El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.
Otro dato que es visto con lupa es que el aval para instalar peajes es para los corredores especificados pero, también, para otros que eventualmente se incorporen mediante «acuerdos complementarios».
En Catamarca, fuentes al tanto de estas negociaciones advierten que el Gobierno nacional le dio a Jalil una llave para expandir los negocios de quien definen en sectores del poder local como «el Lázaro Báez catamarqueño».
Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública provincial, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y ganadera (feedlot).
Ahora, con el manejo de la Autopista Rosario-Córdoba suma el rubro vial-peajes, lo cual es leído como el inicio de una expansión en ese rubro que podría tener su continuidad a partir del convenio entree Jalil y el gobierno de Milei.
El peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.
El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.
La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
«Queremos unificar la negociación de los deudores bonaerenses ante los bancos, billeteras virtuales y prestamistas que tienen enormes bufetes de abogados y la posibilidad de perseguir de manera extrajudicial a las familias», dijo Tignanelli.
De este modo se crea en la Defensoría el programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense donde las personas deberán registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda.
Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino.
La estrategia es evitar que el deudor enfrente en solitario a los bancos y Fintech, y al mismo tiempo, poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los acreedores.
Mientras tanto, Tignanelli avanza con un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores con el objetivo de prevenir, encauzar y resolver las situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar el pago de sus deudas sus deudas.
Ese régimen busca facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.
No estamos hablando de quienes tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante.
En lo que va de la gestión de Javier Milei miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico.
Sobre el motivo del endeudamiento, el dirigente de La Matanza dijo que «tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante».
Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.
El gobierno de Axel Kicillof inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.
Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.
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