La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra se reunió con referentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro con el objetivo de acordar la fecha en la que este organismo comenzará a tener presencialidad en la ciudad.
Del encuentro participaron la Delegada de la Secretaría en el Alto Valle Leticia González y la Coordinadora del área de Cultura y Educación Sonia Almada. También participó la Directora de Promoción Social del Municipio Adriana Torres.
La atención de las referentes de la Secretaría de Derechos Humanos comenzará en septiembre, el tercer viernes de cada mes, en un espacio cedido por la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
Allí se recibirán demandas relacionadas a temas de derechos y el acceso a la justicia, personas mayores, violencia de género, participación comunitaria, trámites de leyes reparatorias, niñez y adolescencia, entre otros.
Se dialogó además sobre las capacitaciones para el personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el acompañamiento en acciones que lleve adelante la Secretaría de Desarrollo en fechas conmemorativas.
La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de enterrar el proyecto de reforma del Código Penal que se había trabajado durante dos años para proponer apenas unos retoques que tiene como eje central la suba de las penas para casi todos los delitos, excepto para los de la corrupción de la política, cayó como una bomba en el gobierno.
«Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación.
La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.
Mahiques llegó al cargo por decisión de la hermana y contra la opinión de su hermano que le había anticipado al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la nueva dulpa que conduciría el ministerio de Justicia era Guillermo Montenegro y Santiago Viola, como reveló LPO. No parece casual que en su primera entrevista luego de asumir el cargo, Mahiques haya hablado como abogado de los hermanos Milei y hasta deslizó la posibilidad de anular las pruebas de la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito.
La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.
El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.
El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad.
El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso ya se anticipa una discusión tensa. Desde la oposición afirmaron que la reforma «recorta por arriba y endurece por abajo».
Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.
Por Roque Pérez para NLI
El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.
La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.
Un desgaste que ya no se puede disimular
El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.
Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.
A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.
Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad
El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.
En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.
Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.
De la promesa al desencanto
El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.
La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.
En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró el equipamiento del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina adquirido con fondos del programa provincial ‘Consolidarnos’. De esta manera, la oficina quedó equipada con una PC de escritorio completa, una netbook, una impresora, dos escritorios, entre…
El Banco Central decidió este jueves bajar los encajes de los bancos un 5% con la idea de reactivar el crédito. La decisión confirma el anticipo de LPO: el equipo económico está preocupado por la caída de la actividad que afecta a los principales sectores que generan empleo -industria, comercio y construcción-, más allá que públicamente hayan festejado este jueves que la economía creció un 0,4% en enero.
La decisión libera pesos a los bancos, con la esperanza que se destinen a nuevos créditos. Pero también abre un dilema clásico: los pesos pueden ir a préstamos o al dólar.
La medida baja los encajes del 50% al 45% sobre depósitos a la vista. Es decir, por cada $100, los bancos ahora pueden prestar $55 en lugar de $50. Es liquidez directa al sistema. En la lectura oficial, eso debería empujar una baja de tasas y darle aire al crédito al consumo y a las empresas.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Ahí aparece el riesgo que sobrevuela toda la medida: que la liquidez liberada no vaya al crédito sino al dólar. En un esquema donde el tipo de cambio sigue siendo un ancla sensible, cualquier desvío de pesos hacia cobertura cambiaria puede meter presión sobre la banda.
El problema es que el canal de transmisión no está limpio. El sistema financiero viene mostrando señales de estrés. La morosidad ya superó el 10%, un nivel que empieza a encender alarmas. Con familias y empresas más endeudadas, los bancos no van a salir a prestar agresivamente. Y si no prestan, esos pesos pueden buscar otro destino.
Sin embargo, el tipo de cambio hoy se ubica aproximadamente un 20% por debajo del techo de la banda. Eso le da margen para tolerar cierta corrección. Incluso, un dólar un poco más alto podría mejorar la posición negociadora frente a los agroexportadores, en un momento donde la liquidación sigue siendo un factor clave para sostener el programa.
Pera la medida también parece reconocer algo que el equipo económico es renuente a aceptar: la política monetaria contractiva pesa sobre la actividad. Un análisis previo de la consultora Outlier ya apuntaba a este movimiento. «Es probable que se necesiten mayores flexibilizaciones en el régimen de integración de encajes bancarios», anticipaba el trabajo. Pero el mismo informe dejaba una advertencia clave: el crédito viene desacelerando en un contexto de mayor mora, caída de salarios reales y menor dinamismo del consumo. Es decir, liberar encajes puede no ser suficiente si la demanda de crédito sigue débil.
El movimiento expone la disyuntiva que atraviesa al Gobierno: seguir priorizando la desinflación a costa de resignar actividad, o empezar a darle algo de combustible a la economía aun con el riesgo de recalentar los precios. Es el viejo dilema entre ancla y motor.
Desde la ortodoxia, la premisa es clara: el crédito es el motor de la economía. Pero desde el otro lado de la biblioteca la secuencia se invierte. No es la cantidad de dinero la que determina el nivel de actividad, sino la propia dinámica de la economía la que define cuánta liquidez necesita.
La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal. Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos.
En las redes, los economistas leyeron la medida en esa clave más estructural. Federico Machado de Economía Open lo explicó así: «La baja en encajes en el BCRA se debe por un lado a la disminución de depósitos en dólares durante marzo. Por otro lado, a que había ‘sobre encaje’ luego de los pagos de Bonares y Bopreal». Y agregó un punto que cambia el eje: «Es para monitorear hacia adelante la evolución de los depósitos».
Es decir, más que un impulso clásico al crédito, también hay una lógica defensiva: administrar la liquidez en un sistema donde los depósitos empiezan a moverse.
En la misma línea, Amílcar Collante puso el foco en el frente externo del sistema financiero: «Los depósitos en USD comenzaron a bajar, en el corto plazo puede ser un limitante a la expansión de crédito en USD. Difícil la remonetización en USD.».
La lectura conjunta es más compleja que el titular. No es solo una medida para que los bancos presten más. También es una respuesta a un sistema que empieza a mostrar tensiones: depósitos que dejan de crecer, crédito que no despega y mora en aumento.
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