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LA MAREA VERDE NO SE DETIENE

El miércoles 13 de junio comenzará en el Congreso de la Nación la “histórica” sesión donde se tratará el proyecto para legalizar el aborto. El ciclo incluyó más de 800 disertantes que expusieron en 15 audiencias públicas en un período de dos meses, se escucharon voces a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

REPRESENTANTE: Persona que actúa en representación de otras.

Los diputados, representantes del pueblo elegidos por el voto soberano tienen la oportunidad de hacer lo que deben, escuchar el clamor de la sociedad. Atenderla. Respetarla. Es intolerable que los políticos tomen decisiones por vivencias personales o creencias religiosas. No se los coloca allí para que decidan en función a intereses personales. Me eclipsa la mente el hecho de pensar en esa situación. Hay obviedades que son demandas, y lamentablemente hay que decirlas. Están allí para REPRESENTAR a sus electores. Simple.

El proceso de cambio ya comenzó, es irrefrenable. Porque las mujeres no darán un paso atrás. Porque las jóvenes levantan el pañuelo verde y lo mueven por el aire, contrapuesta intención a la bandera blanca de rendición. Esta bandera verde va a la guerra, no se retira. Avanza. Es un tsunami que gana terreno a medida que toma fuerza, es imparable.
La FUBA (Fundación Universitaria de Buenos Aires) confirma a través de su encuesta que el 90% de los estudiantes de distintos niveles del país están a favor de la legalización del aborto. Los jóvenes activan y toman posición. Los viejos vinagres se inquietan. Hay futuro. Si no es mañana, será pasado. Y no ajusta al concepto de postverdad.

Es un problema de salud pública. No importa tu creencia o experiencia.
Aborto seguro, legal y gratuito.





QUE NO SE CONFUNDA EL DEBATE: Legal o clandestino

Muchos confunden el debate, ¿necesidad o necedad?. Es indistinto. El debate no es metafísico,  si es cigoto, embrión, feto, si es vida una célula o si no tiene identidad. Tampoco el debate es moral, la conciencia es individual, irremediablemente interna, de cada uno. ¿Quien puede juzgar qué está bien y qué está mal? No se debate si se aborta o no. Eso es fáctico: Los abortos se hacen, se hicieron y se seguirán haciendo.
El debate es si es legal o no. Son dos puntos distintos, bien diferenciados. Alejados. Se debate si se criminaliza a quien lo hace. La mujer aborta, y hoy (y mucho tiempo atrás) quiere decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Ese es el debate. Los antiabortistas tienen su mini debate deformado y enquistado a conveniencia en otro lado, por fuera de lo imprescindible en la actualidad. Si se aborta o no se aborta. Mientras tanto, se aborta. Acá está la discusión, de qué forma se hace, donde, con quien, LEGAL O ILEGAL. Clandestino para las que menos tienen. Tan clandestino, como la muerte que acecha la ley de la vida de a quien nadie la protege, ni siquiera el Estado.

Es un problema de salud pública. El Estado debe atenderlo.
Aborto seguro, legal y gratuito.

AVANZAR o ATRAZAR: Dos consonantes y un abismo de diferencias ideológicas

center for reproductive rights abortion map 2017

Uruguay es el único país de la región que legalizó el aborto. Los números abalan la decisión uruguaya, menos muertes maternas y no se elevó la tasa de abortos. Es un ejemplo y lo tenemos cruzando el río de La Plata pero no alcanza. A nivel mundial la mayoría de los países desarrollados lo han despenalizado. El continente sudamericano y africano (oh casualidad ambos subdesarrollos), todavía atrasan dentro del contexto mundial. Solemos poner la mirada en países del primer mundo y apuntalar o seguir determinadas políticas que puedan hacernos crecer como país y sociedad. No es este el caso.

El 25 de mayo de este año, Irlanda, uno de los países con mayor influencia católica, liberó el aborto. Y lo hizo a través de un referéndum donde 2/3 de la población votó a favor. Un triunfo arrollador. Argentina lamentablemente no tiene cultura de plebiscitos. Claro, debe ser porque el referéndum es un arma que manipula el pueblo, y una ley no es una elección, en consecuencia sería una decisión sana y propia. A conciencia, sin estímulos ni abusos coactivos externos de quienes siempre intentan manipularnos.

Es un problema de salud pública. De acá al África.
Aborto seguro, legal y gratuito.

PRIMAR EL DERECHO A LA VIDA: ¿De quién? 

El movimiento provida prima el derecho a la vida. ¿La vida de quién?. La vida del embrión. Priman la vida sobre el derecho de la libertad de las mujeres a elegir sobre su vida, su historia. El derecho a la vida y a la libertad (también a la propiedad, si, por sobre el de la salud) son derechos de primera generación. Estos prevalecen sobre el resto. Estoy a favor del aborto legal seguro y gratuito, y no primo un derecho sobre otro, no los considero excluyentes. Pero quiero la libertad de elegir de la mujer sobre su vida. Y si me llevan al terreno sucio de contraponer el derecho a la vida con la muerte (triste chicana), empodero el derecho a la vida. La vida de la mujer que puede morir en un aborto clandestino.

Es un problema de salud pública. No una posible elección. 
Aborto seguro, legal y gratuito.

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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    Este lunes se realizó el acto de asunción de autoridades en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), con la presencia del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini.

    Nardini estuvo acompañando en el estrado por referentes académicos y gremiales como Flavia Terigi, rectora de la institución en uso de licencia y actual directora general de Cultura y Educación bonaerense.

    En su discurso, Nardini resaltó el valor de la institución para las familias de toda la región: «La Universidad General Sarmiento es el orgullo, la usina de profesionales que nos acompañan en nuestros equipos y que nutren la política institucional de municipios como San Miguel, José C. Paz, Pilar, Tigre y muchos otros», dijo.

    A mediados de la década de 1980, vecinos del viejo General Sarmiento impulsaron el Consejo Multisectorial Pro-Universidad, que integró a distintos sectores de la comunidad con el objetivo de instalar una universidad nacional en la región.

    Ese esfuerzo logró la sanción de la Ley 24.082 en mayo de 1992, que dio origen a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Con la división del distrito en 1994, el campus fue instalado en Los Polvorines, dentro del municipio de Malvinas Argentinas.

     Hace no mucho tiempo hubo un gobierno con una mirada inclusiva que pensaba un país donde la educación era primordial, donde había que invertir en el conurbano para que los chicos tengan la oportunidad de acceder a la educación pública y de calidad 

    Más de 30 años después, universidad y distrito crecieron a la par. En 2016, ya como intendente, Nardini firmó un convenio marco que consolidó hitos de gestión conjunta y fortaleció la articulación institucional.

    «En estos años que nos tocó estar al frente del municipio, hemos tenido la suerte de articular y llevar adelante diferentes acciones con esta universidad, que les da la oportunidad a miles de jóvenes de seguir formándose porque quieren un país mejor, una provincia más pujante y poder aportar en el lugar donde viven», dijo Nardini.

    Este año, la comunidad académica realizó su octava elección, designando a Germán Pinazo como rector y a Julia Smola como vicerrectora para el período 2026-2030. El intendente puso de manifiesto el valor de un Estado que tenga como pilar fundamental la educación.

    «Hace no mucho tiempo hubo un gobierno con una mirada inclusiva que pensaba un país donde la educación era primordial, donde había que invertir en el conurbano para que los chicos tengan la oportunidad de acceder a la educación pública y de calidad», dijo.

    Así, reafirmó el apoyo y acompañamiento a las nuevas autoridades desde el Estado municipal: «En estos momentos difíciles, con un gobierno nacional que no cree que hay que seguir destinando recursos a la educación, tenemos que redoblar el esfuerzo», sostuvo.

    En ese sentido, puso a disposición el municipio «para colaborar en todo lo posible y trabajar codo a codo por un Malvinas mejor, una región más fuerte, una provincia digna y la Argentina grande que todas y todos queremos».

    También participaron en la actividad el titular de la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, la titular de la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.

    Además, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); y Germán Pinazo, rector entrante. 

     

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    Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.

    Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.

    Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.

    El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.

    Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces

    En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.

    Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.

    Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.

    Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.

    En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.

    Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.

    También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.

    Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.

     

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