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LA MAREA VERDE NO SE DETIENE

El miércoles 13 de junio comenzará en el Congreso de la Nación la “histórica” sesión donde se tratará el proyecto para legalizar el aborto. El ciclo incluyó más de 800 disertantes que expusieron en 15 audiencias públicas en un período de dos meses, se escucharon voces a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

REPRESENTANTE: Persona que actúa en representación de otras.

Los diputados, representantes del pueblo elegidos por el voto soberano tienen la oportunidad de hacer lo que deben, escuchar el clamor de la sociedad. Atenderla. Respetarla. Es intolerable que los políticos tomen decisiones por vivencias personales o creencias religiosas. No se los coloca allí para que decidan en función a intereses personales. Me eclipsa la mente el hecho de pensar en esa situación. Hay obviedades que son demandas, y lamentablemente hay que decirlas. Están allí para REPRESENTAR a sus electores. Simple.

El proceso de cambio ya comenzó, es irrefrenable. Porque las mujeres no darán un paso atrás. Porque las jóvenes levantan el pañuelo verde y lo mueven por el aire, contrapuesta intención a la bandera blanca de rendición. Esta bandera verde va a la guerra, no se retira. Avanza. Es un tsunami que gana terreno a medida que toma fuerza, es imparable.
La FUBA (Fundación Universitaria de Buenos Aires) confirma a través de su encuesta que el 90% de los estudiantes de distintos niveles del país están a favor de la legalización del aborto. Los jóvenes activan y toman posición. Los viejos vinagres se inquietan. Hay futuro. Si no es mañana, será pasado. Y no ajusta al concepto de postverdad.

Es un problema de salud pública. No importa tu creencia o experiencia.
Aborto seguro, legal y gratuito.





QUE NO SE CONFUNDA EL DEBATE: Legal o clandestino

Muchos confunden el debate, ¿necesidad o necedad?. Es indistinto. El debate no es metafísico,  si es cigoto, embrión, feto, si es vida una célula o si no tiene identidad. Tampoco el debate es moral, la conciencia es individual, irremediablemente interna, de cada uno. ¿Quien puede juzgar qué está bien y qué está mal? No se debate si se aborta o no. Eso es fáctico: Los abortos se hacen, se hicieron y se seguirán haciendo.
El debate es si es legal o no. Son dos puntos distintos, bien diferenciados. Alejados. Se debate si se criminaliza a quien lo hace. La mujer aborta, y hoy (y mucho tiempo atrás) quiere decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Ese es el debate. Los antiabortistas tienen su mini debate deformado y enquistado a conveniencia en otro lado, por fuera de lo imprescindible en la actualidad. Si se aborta o no se aborta. Mientras tanto, se aborta. Acá está la discusión, de qué forma se hace, donde, con quien, LEGAL O ILEGAL. Clandestino para las que menos tienen. Tan clandestino, como la muerte que acecha la ley de la vida de a quien nadie la protege, ni siquiera el Estado.

Es un problema de salud pública. El Estado debe atenderlo.
Aborto seguro, legal y gratuito.

AVANZAR o ATRAZAR: Dos consonantes y un abismo de diferencias ideológicas

center for reproductive rights abortion map 2017

Uruguay es el único país de la región que legalizó el aborto. Los números abalan la decisión uruguaya, menos muertes maternas y no se elevó la tasa de abortos. Es un ejemplo y lo tenemos cruzando el río de La Plata pero no alcanza. A nivel mundial la mayoría de los países desarrollados lo han despenalizado. El continente sudamericano y africano (oh casualidad ambos subdesarrollos), todavía atrasan dentro del contexto mundial. Solemos poner la mirada en países del primer mundo y apuntalar o seguir determinadas políticas que puedan hacernos crecer como país y sociedad. No es este el caso.

El 25 de mayo de este año, Irlanda, uno de los países con mayor influencia católica, liberó el aborto. Y lo hizo a través de un referéndum donde 2/3 de la población votó a favor. Un triunfo arrollador. Argentina lamentablemente no tiene cultura de plebiscitos. Claro, debe ser porque el referéndum es un arma que manipula el pueblo, y una ley no es una elección, en consecuencia sería una decisión sana y propia. A conciencia, sin estímulos ni abusos coactivos externos de quienes siempre intentan manipularnos.

Es un problema de salud pública. De acá al África.
Aborto seguro, legal y gratuito.

PRIMAR EL DERECHO A LA VIDA: ¿De quién? 

El movimiento provida prima el derecho a la vida. ¿La vida de quién?. La vida del embrión. Priman la vida sobre el derecho de la libertad de las mujeres a elegir sobre su vida, su historia. El derecho a la vida y a la libertad (también a la propiedad, si, por sobre el de la salud) son derechos de primera generación. Estos prevalecen sobre el resto. Estoy a favor del aborto legal seguro y gratuito, y no primo un derecho sobre otro, no los considero excluyentes. Pero quiero la libertad de elegir de la mujer sobre su vida. Y si me llevan al terreno sucio de contraponer el derecho a la vida con la muerte (triste chicana), empodero el derecho a la vida. La vida de la mujer que puede morir en un aborto clandestino.

Es un problema de salud pública. No una posible elección. 
Aborto seguro, legal y gratuito.

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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    El día que Argentina descubrió una parte desconocida del planeta: la historia del submarino ARA San Juan y la exploración de las profundidades oceánicas

     

    Mucho antes de los satélites y los grandes proyectos de exploración submarina, Argentina ya tenía una tradición científica y tecnológica vinculada al conocimiento del mar. La desaparición del submarino ARA San Juan en 2017 abrió una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país, pero también puso en primer plano la importancia estratégica del Atlántico Sur, la investigación oceanográfica y el desarrollo de capacidades propias para conocer y proteger uno de los espacios más importantes del territorio nacional.

    Por Redacción de NLI

    El océano es uno de los grandes territorios desconocidos de la humanidad. Aunque cubre más del 70% de la superficie del planeta, gran parte de sus profundidades continúa siendo un misterio para la ciencia. En ese enorme espacio se encuentran ecosistemas desconocidos, recursos naturales estratégicos y claves fundamentales para comprender el clima y la evolución de la Tierra.

    Argentina, con una de las plataformas continentales más extensas del mundo y una ubicación privilegiada en el Atlántico Sur, tiene una relación histórica con el mar que va mucho más allá de la navegación comercial o la pesca. El conocimiento del océano también es una cuestión científica, económica y soberana.

    La historia del ARA San Juan, aunque marcada por la tragedia, forma parte de una discusión más amplia sobre la importancia de contar con tecnología, investigación y presencia permanente en un espacio marítimo que será cada vez más relevante durante el siglo XXI.

    El Atlántico Sur: un territorio estratégico

    Muchas veces, cuando se habla del territorio argentino, la mirada queda limitada a la superficie continental. Sin embargo, el país posee una enorme extensión marítima que incluye una amplia plataforma continental reconocida internacionalmente.

    Ese espacio contiene una gran biodiversidad, recursos pesqueros, posibilidades energéticas y una ubicación estratégica en las rutas marítimas internacionales.

    Por eso, distintos países del mundo aumentaron en las últimas décadas sus inversiones en investigación oceánica. Conocer el fondo marino, estudiar las corrientes, analizar los ecosistemas y monitorear los cambios ambientales se convirtió en una prioridad científica y geopolítica.

    En ese contexto, los submarinos cumplen una función que va mucho más allá de lo militar. También permiten obtener información sobre zonas profundas que resultan inaccesibles para otros medios de exploración.

    La tradición submarina argentina

    Argentina tiene una historia submarina que se remonta a mediados del siglo XX. La incorporación de submarinos a la Armada permitió desarrollar capacidades técnicas, formar tripulaciones especializadas y generar conocimiento sobre las características del Atlántico Sur.

    El ARA San Juan, incorporado a la Armada Argentina en 1985, fue construido en Alemania y modernizado posteriormente en el país. Su mantenimiento incluyó trabajos realizados por técnicos argentinos, lo que implicó preservar capacidades industriales vinculadas con la reparación de sistemas complejos.

    La existencia de una flota submarina requiere una infraestructura tecnológica sofisticada: astilleros, ingenieros, técnicos electrónicos, especialistas en materiales y profesionales capaces de intervenir en sistemas de enorme precisión.

    Ese conocimiento forma parte de las capacidades estratégicas de un Estado.

    La tragedia del ARA San Juan

    El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió comunicación mientras navegaba en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.

    La noticia conmocionó al país y desencadenó una de las búsquedas más importantes realizadas en aguas profundas argentinas. Durante meses participaron buques nacionales e internacionales equipados con tecnología especializada hasta que finalmente el submarino fue localizado a más de 900 metros de profundidad.

    La tragedia del ARA San Juan no quedó limitada al dolor por la pérdida de los 44 tripulantes: también abrió una profunda discusión política sobre las responsabilidades de la gestión de Mauricio Macri. Las familias denunciaron durante años la falta de respuestas claras por parte del Gobierno nacional, cuestionaron el trato recibido por los funcionarios y reclamaron que la investigación avanzara para determinar si existieron negligencias vinculadas al mantenimiento, las condiciones operativas y las decisiones adoptadas antes de la última misión del submarino. El reclamo de los familiares se transformó en una lucha por verdad y justicia frente a un Estado que, según denunciaron, durante los primeros meses de la tragedia priorizó el manejo comunicacional de la crisis antes que brindar respuestas concretas a quienes habían perdido a sus seres queridos. La causa judicial y las investigaciones posteriores mantuvieron abierto el debate sobre el grado de responsabilidad política y administrativa de quienes tenían a su cargo la conducción de la Armada y del Ministerio de Defensa en ese momento.

    Ciencia, industria y soberanía tecnológica

    El conocimiento del mar requiere una combinación de disciplinas: oceanografía, biología marina, ingeniería, informática, geología y tecnología satelital.

    Argentina cuenta con instituciones científicas dedicadas al estudio del océano, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), universidades y organismos de investigación que trabajan sobre los ecosistemas marinos y los recursos del Atlántico Sur.

    Pero los especialistas suelen advertir que la investigación marítima necesita continuidad. Explorar un territorio tan vasto requiere inversiones sostenidas y planificación de largo plazo.

    Un país que desconoce su propio mar tiene menos herramientas para defender sus recursos, proteger su ambiente y tomar decisiones estratégicas sobre su futuro.

    El desafío de mirar hacia el océano

    Durante mucho tiempo, Argentina tuvo una relación contradictoria con su espacio marítimo. A pesar de contar con una de las mayores extensiones oceánicas del mundo, gran parte del debate público se concentró en el territorio continental.

    Sin embargo, el siglo XXI está modificando esa mirada. El cambio climático, la explotación de recursos, la conservación de especies y las nuevas tecnologías convierten a los océanos en un escenario central.

    La exploración submarina, la investigación científica y la formación de especialistas serán cada vez más importantes para cualquier país que quiera participar de las discusiones globales sobre recursos y ambiente.

    La historia del ARA San Juan quedó grabada como una tragedia nacional, pero también como un recordatorio de una necesidad estratégica: Argentina debe conocer, investigar y proteger su propio territorio marítimo. Porque la soberanía no termina en la costa; también se extiende hacia las profundidades de un océano que todavía guarda gran parte de sus secretos.

     

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