LA MAREA VERDE NO SE DETIENE

En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.

Por Amparo Lestienne para NLI

El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal

El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.

Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.

Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.

Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.

Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación

El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.

Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.

Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.

El telón de fondo: caída del presupuesto científico

Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.

En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.

En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.

ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso

Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.

Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.

La tensión central: menos presupuesto, más costos

La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.

Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.

El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.

Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización

En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.

En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.

Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.

Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.

El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.

Conclusión: un cambio silencioso pero estructural

Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.

En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.

La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.

Mientras el Gobierno de Milei repite a diario el discurso del ajuste, la austeridad y la lucha contra los privilegios de la “casta”, el jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se revelara que viajó a Punta del Este en un vuelo privado que habría costado unos 10.000 dólares, acompañado por un periodista de la TV Pública y su familia, además de haber pedido un tratamiento migratorio especial para evitar ser visto al regresar al país.

Por Roque Pérez para NLI

El vuelo VIP del funcionario que predica austeridad

La información surge de documentación oficial y fuentes vinculadas al operativo aéreo que el periodista Sebastián Lacunza mostró en ElDiarioAr y permitió reconstruir el viaje realizado entre el 12 y el 17 de febrero, cuando Adorni partió desde el aeropuerto de San Fernando rumbo a Punta del Este a bordo de un Honda Jet contratado a la empresa Alpha Centauri, una aeronave ejecutiva considerada de alta gama dentro de los jets livianos.

El vuelo transportó al funcionario, a su pareja Bettina Angeletti, a dos familiares y al periodista libertario Marcelo Grandio, conductor de un programa en la TV Pública y cercano al actual jefe de Gabinete desde antes de la llegada de Milei al poder. Según los registros aeronáuticos, cada tramo de ese tipo de aeronave ronda los 5.800 dólares, aunque el paquete completo de ida y vuelta habría sido contratado por unos 10.000 dólares.

El detalle no es menor: mientras el Gobierno repite que “no hay plata” y aplica recortes sobre jubilaciones, salarios públicos y programas sociales, uno de sus principales funcionarios eligió trasladarse en un avión privado de lujo para pasar el feriado de carnaval en Uruguay.

El pedido de “sigilo” para no ser visto

El episodio, sin embargo, no termina con el viaje. Al regresar al país, Adorni solicitó realizar el trámite migratorio en un hangar privado del aeropuerto de San Fernando, evitando el circuito habitual de pasajeros y el contacto con las áreas comunes de la terminal aérea.

Ese tipo de tratamiento es excepcional y suele reservarse para funcionarios o personalidades VIP que prefieren no exponerse públicamente durante su ingreso al país, lo que agrega un elemento político difícil de explicar para un funcionario que construyó buena parte de su imagen pública denunciando los privilegios de la dirigencia tradicional. En otras palabras: no solo hubo un vuelo privado costoso, sino también un operativo de discreción para evitar que el viaje trascendiera.

El periodista amigo y la TV Pública libertaria

Otro elemento que complejiza la escena es la presencia de Marcelo Grandio, conductor del programa “Giros en Línea Recta” en la TV Pública, quien acompañó a Adorni en el viaje de ida a Punta del Este.

La relación entre ambos no es reciente. Antes de que Milei llegara a la Casa Rosada, Adorni y Grandio ya compartían espacios mediáticos y proyectos vinculados al universo libertario. Una vez que el economista asumió la presidencia y el exvocero comenzó a tener influencia sobre los medios públicos, el periodista terminó desembarcando en la programación del canal estatal con un ciclo propio, donde el propio Adorni fue entrevistado en varias oportunidades, en un clima que el funcionario llegó a describir como “el living de casa”.

La escena resume con crudeza la lógica que empieza a instalarse en los medios públicos bajo el gobierno libertario: amigos políticos que pasan a ocupar espacios en la pantalla estatal mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de achicar el Estado.

“Es mi vida privada”: la respuesta que no responde

Consultado por el episodio, Adorni optó por una respuesta que ya se volvió frecuente entre los funcionarios libertarios cuando surgen situaciones incómodas: sostuvo que se trata de un asunto de su “vida privada” y evitó dar explicaciones.

El problema es que el argumento de la vida privada resulta difícil de sostener cuando se trata de un funcionario que ocupa un cargo central en el gobierno nacional y cuya agenda, relaciones y eventuales beneficios deben someterse a un estándar de transparencia pública mucho más exigente que el de cualquier ciudadano.

Más aún cuando la figura de Adorni se construyó precisamente denunciando los supuestos privilegios de la “casta política”.

La paradoja de los discursos libertarios

El episodio también deja al descubierto otra contradicción que persigue al actual jefe de Gabinete: en años anteriores, el propio Adorni había criticado con dureza a los políticos que viajaban en vuelos privados o participaban de comitivas costosas, cuestionando la falta de gestos de austeridad de la dirigencia.

La escena actual, sin embargo, parece reflejar lo contrario: un funcionario que construyó su carrera denunciando privilegios termina protagonizando una historia que recuerda demasiado a aquello que decía combatir.

En definitiva, el llamado “anticasta” parece haberse transformado rápidamente en una nueva versión de la vieja política, donde el discurso público habla de sacrificios colectivos mientras algunos funcionarios disfrutan de escapadas en jets privados y regresos discretos por hangares VIP.