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LA MAREA VERDE NO SE DETIENE

El miércoles 13 de junio comenzará en el Congreso de la Nación la “histórica” sesión donde se tratará el proyecto para legalizar el aborto. El ciclo incluyó más de 800 disertantes que expusieron en 15 audiencias públicas en un período de dos meses, se escucharon voces a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

REPRESENTANTE: Persona que actúa en representación de otras.

Los diputados, representantes del pueblo elegidos por el voto soberano tienen la oportunidad de hacer lo que deben, escuchar el clamor de la sociedad. Atenderla. Respetarla. Es intolerable que los políticos tomen decisiones por vivencias personales o creencias religiosas. No se los coloca allí para que decidan en función a intereses personales. Me eclipsa la mente el hecho de pensar en esa situación. Hay obviedades que son demandas, y lamentablemente hay que decirlas. Están allí para REPRESENTAR a sus electores. Simple.

El proceso de cambio ya comenzó, es irrefrenable. Porque las mujeres no darán un paso atrás. Porque las jóvenes levantan el pañuelo verde y lo mueven por el aire, contrapuesta intención a la bandera blanca de rendición. Esta bandera verde va a la guerra, no se retira. Avanza. Es un tsunami que gana terreno a medida que toma fuerza, es imparable.
La FUBA (Fundación Universitaria de Buenos Aires) confirma a través de su encuesta que el 90% de los estudiantes de distintos niveles del país están a favor de la legalización del aborto. Los jóvenes activan y toman posición. Los viejos vinagres se inquietan. Hay futuro. Si no es mañana, será pasado. Y no ajusta al concepto de postverdad.

Es un problema de salud pública. No importa tu creencia o experiencia.
Aborto seguro, legal y gratuito.





QUE NO SE CONFUNDA EL DEBATE: Legal o clandestino

Muchos confunden el debate, ¿necesidad o necedad?. Es indistinto. El debate no es metafísico,  si es cigoto, embrión, feto, si es vida una célula o si no tiene identidad. Tampoco el debate es moral, la conciencia es individual, irremediablemente interna, de cada uno. ¿Quien puede juzgar qué está bien y qué está mal? No se debate si se aborta o no. Eso es fáctico: Los abortos se hacen, se hicieron y se seguirán haciendo.
El debate es si es legal o no. Son dos puntos distintos, bien diferenciados. Alejados. Se debate si se criminaliza a quien lo hace. La mujer aborta, y hoy (y mucho tiempo atrás) quiere decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Ese es el debate. Los antiabortistas tienen su mini debate deformado y enquistado a conveniencia en otro lado, por fuera de lo imprescindible en la actualidad. Si se aborta o no se aborta. Mientras tanto, se aborta. Acá está la discusión, de qué forma se hace, donde, con quien, LEGAL O ILEGAL. Clandestino para las que menos tienen. Tan clandestino, como la muerte que acecha la ley de la vida de a quien nadie la protege, ni siquiera el Estado.

Es un problema de salud pública. El Estado debe atenderlo.
Aborto seguro, legal y gratuito.

AVANZAR o ATRAZAR: Dos consonantes y un abismo de diferencias ideológicas

center for reproductive rights abortion map 2017

Uruguay es el único país de la región que legalizó el aborto. Los números abalan la decisión uruguaya, menos muertes maternas y no se elevó la tasa de abortos. Es un ejemplo y lo tenemos cruzando el río de La Plata pero no alcanza. A nivel mundial la mayoría de los países desarrollados lo han despenalizado. El continente sudamericano y africano (oh casualidad ambos subdesarrollos), todavía atrasan dentro del contexto mundial. Solemos poner la mirada en países del primer mundo y apuntalar o seguir determinadas políticas que puedan hacernos crecer como país y sociedad. No es este el caso.

El 25 de mayo de este año, Irlanda, uno de los países con mayor influencia católica, liberó el aborto. Y lo hizo a través de un referéndum donde 2/3 de la población votó a favor. Un triunfo arrollador. Argentina lamentablemente no tiene cultura de plebiscitos. Claro, debe ser porque el referéndum es un arma que manipula el pueblo, y una ley no es una elección, en consecuencia sería una decisión sana y propia. A conciencia, sin estímulos ni abusos coactivos externos de quienes siempre intentan manipularnos.

Es un problema de salud pública. De acá al África.
Aborto seguro, legal y gratuito.

PRIMAR EL DERECHO A LA VIDA: ¿De quién? 

El movimiento provida prima el derecho a la vida. ¿La vida de quién?. La vida del embrión. Priman la vida sobre el derecho de la libertad de las mujeres a elegir sobre su vida, su historia. El derecho a la vida y a la libertad (también a la propiedad, si, por sobre el de la salud) son derechos de primera generación. Estos prevalecen sobre el resto. Estoy a favor del aborto legal seguro y gratuito, y no primo un derecho sobre otro, no los considero excluyentes. Pero quiero la libertad de elegir de la mujer sobre su vida. Y si me llevan al terreno sucio de contraponer el derecho a la vida con la muerte (triste chicana), empodero el derecho a la vida. La vida de la mujer que puede morir en un aborto clandestino.

Es un problema de salud pública. No una posible elección. 
Aborto seguro, legal y gratuito.

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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    El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.

    Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.

    Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.

    Vivimos un momento particular.

    La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.

    Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.

    Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.

    La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.

    El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.

    Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.

    La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.

    En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.

    El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.

    El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.

    Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.

    El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.

    Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.

    La entrada Frágiles, atomizados, individualizados se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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