Milei le dio un cargo a Piparo en el Banco Nación y rompió el último puente con Schiaretti

Milei le dio un cargo a Piparo en el Banco Nación y rompió el último puente con Schiaretti

 

En una maniobra típica de la casta que dice combatir, Javier Milei nombró como directora del Banco Nación a Carolina Piparo que días atrás terminó su mandato como diputada nacional.

La dirigente platense, que tiene como único antecedente en el sector haber trabajado en el Banco Provincia, recibió el premio por haber integrado el bloque de La Libertad Avanza en el último año de su mandato. Al principio de la gestión Milei, Piparo había roto con los libertarios enojada porque no la designaron al frente de la Anses.

La designación de Piparo en el directorio del Banco Nación tuvo como efecto colateral la ruptura del último puente entre Milei y el «cordobesismo». Es que para hacerle lugar a Piparo, Milei echó al último schiarettista que quedaba la entidad:

Nicolás Carvajal, un hombre de línea directa con el exgobernador Juan Schiaretti. Días atrás, el gobierno ya había echado a Daniel Tillard. 

Renuncia el presidente del Banco Nación y asume Darío Wasserman

«Lo renunciaron», se limitó a decir una fuente con conocimiento del día a día en el Nación respecto a la salida de Carvajal. Con esta decisión, el cordobesismo se quedó sin sillas en el Nación en la semana en la que, desde la provincia mediterránea decidieron endurecer sus críticas a Casa Rosada

Primero, con lo sucedido en la Cámara baja en la votación del Presupuesto y los capítulos de financiamiento universitario y discapacidad; luego con el duro mensaje de la senadora Alejandra Vigo en la previa al debate de la ley de leyes en el Senado, y en las últimas horas con el severo reclamo que hizo el gobernador Martín Llaryora por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones cordobesa.

Carvajal fue históricamente un hombre del riñón de Schiaretti. Incluso, previo a la conformación de Tribuna Peronista, el armado que LPO referenció en su momento como ‘la Cámpora de Schiaretti’ con un nutrido número de cuadros políticos sub-45 que se desparramaron y ramificaron en la última gestión del caudillo cordobés, entre el 2019 y el 2023, y entre los cuales estaban, por ejemplo, el exministro de Salud, Diego Cardozo; y la actual ministra de Desarrollo Social y exesposa de Carvajal, Laura Jure.

La gran mayoría de ellos con nula o escasa sintonía con el actual gobernador Llaryora.

Quien incluso no llegó a poner ningún tipo de reparos cuando Schiaretti enfiló parte de su equipo a la gestión nacional en diciembre del 2023 y entre los que estaban, no sólo Carvajal y Tillard, sino también el extitular de Anses nacional, Osvaldo Giordano. Hombre que, con Schiaretti al frente de la gestión provincial se había desempeñado como titular de la Caja de Jubilaciones y como ministro de Finanzas y con Llaryora nunca tuvo feeling.

En tanto, como parte de los técnicos de Tribuna Peronista, Carvajal se había desempeñado como secretario del ministerio de Educación y previo a su arribo a Buenos Aires en el 2023 estaba a cargo de Apross, la obra social de los estatales cordobeses.

Ahora, con el cordobesismo en ebullición en medio de las tensiones internas y el pase de facturas, la confirmación de la salida de Carvajal del directorio del Nación acentuó la caída en desgracia de la generación más joven del schiarettismo.

 

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    Argentina y los hombres lobo: la extraña ley que no existe en ningún otro país

     

    Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Una superstición que llegó al Boletín Oficial

    Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.

    Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.

    De la leyenda al Estado

    Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.

    El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.

    Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.

    Del mito rural al Congreso Nacional

    Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.

    Europa: mitos sí, leyes no

    En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.

    En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.

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    Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.

    Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.

    Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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