Una nueva edición del pedalenado por un sueño se empieza a acercar, uno de los eventos solidarios más relevantes de la región patagónica, crece año tras año con la organización de la institución internacional Club de Leones, liderada en la ciudad por su presidente Hugo Pestrin.
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En la última edición se recaudaron 187.195 pesos que fueron destinados a la Asociación de Padres Amigos de Niños con Discapacidad (APANDI). El evento fue declarado como fiesta provincial por la Legislatura de la provincia de Río Negro y la ciudad de Villa Regina será sede permanente de la misma.
En la actualidad la esperanza no es depositada en proyectos prolongados de transformación social, sino en pequeñas narraciones con sentido, en comunidades sociales o en amistades cívicas que se sobreponen a comunidades políticas basadas en meta-relatos sustentados en proyecciones siempre inconclusas.
Pedaleando por un Sueño 2018
La solidaridad ante la crisis llama al ciudadano a la responsabilidad y el compromiso por el bien común, quien decide y se compromete simétricamente. Se convierte en opción de una voluntad libre que, siendo egoísta por naturaleza, también es altruista. La solidaridad deja de plantearse desde el orden de la necesidad social, para plantearse como la formación de una libertad personal que a la vez entabla vínculos generados por una pluralidad de sujetos.
La individualidad se reconvierte en un individualismo solidario, que si logra constancia encuentra el camino para fortalecer y agigantar la cohesión social necesaria que se expresa en la empatía hacia el otro.
Más allá que la solidaridad siempre fue ambiguamente una cuestión tan civil como estatal, lo que prevalece en jornadas como éstas, que intentan grabar a flor de piel valores positivos en la sociedad, es la necesidad de ofrecer un modelo alternativo de relaciones interpersonales. Sobreponiéndose a los modelos de Estado que pelean entre sí por el yugo del poder que esconde la ambición personal de unos pocos.
La economía de Córdoba empezó a mostrar signos de fatiga antes de lo previsto, según lo detectó un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba: en el último trimestre de 2025, la actividad cayó, se desaceleró el crecimiento interanual y algunos sectores clave exhibieron retrocesos bruscos.
El Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) registró una caída del 0,68% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, consolidando una «tendencia contractiva». Más relevante aún, el informe advierte una desaceleración del crecimiento interanual, lo que sugiere que el rebote económico que marcó el inicio de 2025 empezó a agotarse más rápido de lo esperado.
El trabajo, elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, tiene un valor político adicional: se trata de una de las pocas mediciones sistemáticas de la actividad económica provincial, en un contexto donde los datos oficiales suelen llegar con rezago o carecen de desagregación local.
En este caso, es un radiografía económica en el bastión libertario. El informe reconstruye una trayectoria clara: la economía cordobesa arrancó 2025 en alza, con subas trimestrales en el primer y segundo trimestre (1,84% y 1,30%, respectivamente).
Pero ese impulso se fue diluyendo en la segunda mitad del año. Ya en el tercer trimestre apareció una leve caída (-0,60%), que terminó de consolidarse entre octubre y diciembre. El resultado final es una curva en forma de «loma»: crecimiento inicial, meseta y posterior retroceso.La señal más fuerte no está solo en la caída puntual, sino en el cambio de tendencia. La economía pasó de expandirse con fuerza a moverse en terreno contractivo en apenas seis meses, un patrón que replica -casi calcado- lo ocurrido a nivel nacional.
El trabajo, elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, tiene un valor político adicional: se trata de una de las pocas mediciones sistemáticas de la actividad económica provincial, en un contexto donde los datos oficiales suelen llegar con rezago o carecen de desagregación local.
De hecho, el informe subraya que la dinámica cordobesa sigue de cerca el ciclo del país. Mientras el índice provincial caía, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) nacional mostraba un virtual estancamiento (0,1% trimestral), confirmando que el freno no es un fenómeno aislado.
Para colmo, los sectores en rojo son las banderas del modelo productivo cordobés: Patentamiento de vehículos: se desplomó un 11,96% trimestral, marcando el ajuste más fuerte del período.Industrialización del maní: cayó un 10,72%, golpeando a uno de los complejos más dinámicos de la provincia.
Para colmo, los sectores en rojo son las banderas del modelo productivo cordobés: Patentamiento de vehículos: se desplomó un 11,96% trimestral, marcando el ajuste más fuerte del período.Industrialización del maní: cayó un 10,72%, golpeando a uno de los complejos más dinámicos de la provincia.
El dato es que el retroceso no viene de sectores marginales, sino de motores históricos de la economía cordobesa, especialmente la industria y el agro. Pero además, la caída de consumo de energía indica que las fábricas están produciendo menos.Sin embargo, los números indican que el deterioro no está consolidado.
Por ejemplo, el patentamiento de autos, pese al desplome trimestral, acumula un crecimiento del 18,54% respecto al mismo período del año anterior. Algo similar ocurre con el maní, que exhibe una suba del 5,31%.Del otro lado, algunos sectores actuaron como amortiguadores. La industrialización de soja y girasol mostró subas trimestrales (3,87% y 3,60%, respectivamente), ayudando a contener la caída general.
Sin embargo, el propio informe advierte que se trata de un fenómeno atípico -ya que el cuarto trimestre no suele coincidir con la cosecha- y que, en términos interanuales, el desempeño es dispar: el girasol cae y la soja apenas se estanca. Es decir, el agro ayuda, pero no logra revertir la tendencia.
Que la caída coincida con el estancamiento nacional sugiere que el margen de maniobra provincial es limitado. Córdoba no logra desacoplarse del ciclo macro argentino. Así, y de acuerdo al informe de a UNC, el rebote parece agotado antes de consolidarse. Y lo que viene, por ahora, es incertidumbre.
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La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento. El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro…
