La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer.
La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.
La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba.
El Intendente Marcelo Orazi recibió este martes al vicegobernador de la provincia Alejandro Palmieri. Durante el encuentro analizaron el desarrollo de estos primeros meses del año, la situación actual en el marco de la pandemia por COVID-19 y distintos aspectos vinculados a la relación entre el Municipio local y el trabajo legislativo. En este marco,…
Axel Kicillof estuvo en Chaco para participar del acto de normalización de la CGT en esa provincia del norte que reúne a más de 70 organizaciones sindicales, aliadas importantes para la consolidación de su candidatura presidencial.
La conducción que se oficializó este jueves en Resistencia está compuesta por Adrián Bellomi (Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros). El proceso se desarrolla en el marco de la renovación de las estructuras regionales de la CGT que comenzó este año, luego del ciclo de normalización y unificación impulsado en distintas provincias.
Para el bonaerense, el acto supuso un importante respaldo a su candidatura. Esta semana, Bellomi -un dirigente que responde a Héctor Daer- explicitó el respaldo de la central chaqueña a Kicillof y lo ubicó como la figura del movimiento obrero para la construcción de una alternativa política.
«Para nosotros, como CGT, consideramos que Kicillof es el futuro presidente de la Argentina», dijo Bellomi en declaraciones a Cosmovisión TV de Formosa.
Kicillof llegó al Centro de Convenciones del Sindicato Empleados de Comercio acompañado por Daer y por el ex gobernador y senador nacional, Jorge Capitanich.
Apenas tomó el micrófono para hablar a los dirigentes preguntó si aguantaban cuatro años más de gobierno libertario. Tras el «No» que surgió de la tribuna, afirmó: «La pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de convencer, de buscar a todos y de humildad. Para vencer la clave es construir y abrazar a todos. No hay nada más potente que la militancia peronista. No nos van a ganar con computadoras ni algoritmos».
La pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de convencer, de buscar a todos y de humildad. Para vencer la clave es construir y abrazar a todos. No hay nada más potente que la militancia peronista.
Siguió con una dura crítica a la gestión económica de Milei y se enfocó en problemáticas como el endeudamiento particular y la morosidad en el pago de esos préstamos.
«Cierres de empresas, despidos, precarización laboral, salarios que no alcanzan, servicios públicos con tarifas dolarizadas, destrucción del aparato productivo. Nos dicen que la macro anda bien, que el problema es la micro. Yo le contesto al gobierno de Milei: ¿Qué macro va a andar bien, si a la gente no le alcanza?», dijo Kicillof habló detrás de una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», igual a la que agitaron los jugadores de la selección tras el partido contra Inglaterra.
Kicillof junto al intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps.
«Ha saltado a la luz, como síntoma y resultado del desastre que están haciendo en la Argentina, el problema del endeudamiento de las familias. Los escuchamos con crueldad a Milei y a sus ministros decir que cada uno sería responsable de haberse endeudado. Un presidente que odia al pueblo que gobierna dijo que nadie les puso una pistola en la cabeza, que es un problema entre privados. Mentira, llegaron con el proyecto de reprimir el salario de los trabajadores», subrayó el gobernador de Buenos Aires en el acto en Resistencia.
Tras afirmar que existe una «parafernalia mentirosa de la desregulación», que provocó «un festival de endeudamiento a tasas impagables», Kicillof remarcó: «Milei, la culpa es tuya. El problema no son los argentinos, no son los privados. El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei».
Desde el entorno de Kicillof aseguran que quedaron conformes con la visita y aseguran que empiezan a notar que finalmente la crisis le impacta al Presidente libertario.
Sobre el mediodía viajó a Colonia Benítez, una localidad agrícola gobernada por el intendente peronista Sergio Phipps, con quien firmó un convenio de cooperación y asistencia recíproca.
«Impulsamos esta herramienta porque estamos en las antípodas de un Gobierno nacional que se desentiende por completo de sus obligaciones básicas y abandona a las provincias y a los distritos», dijo Kicillof y agregó que «frente a este modelo egoísta, que excluye a los pueblos del interior, estamos dispuestos a seguir defendiendo la producción, el trabajo, el federalismo y la integración».
El acuerdo promueve la colaboración recíproca y la articulación de programas y acciones en materia de salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, conectividad y modernización de distintas áreas de gobierno.
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Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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