La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer.
La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.
La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba.
Martín Irurzun, uno de los camaristas que interviene en la causa de las coimas en discapacidad, cumple 75 años. A pesar de que ya pidió continuar como juez, el gobierno aún no le dio curso a su pedido.
La Sala II de Comodoro Py es el tribunal de alzada que interviene en la causa de las coimas en Discapacidad que preocupa a Karina Milei.
La sala está integrada por Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Son quienes en última instancia validan las decisiones del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi.
Semanas atrás hicieron lugar a un pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para comprobar la veracidad de los audios en donde el funcionario habla de un esquema de sobornos que tiene como cabeza a la hermana del presidente.
Esa resolución fue posible al voto de Irurzun y Boico y el voto en disidencia de Farah. «No es una decisión muy importante ni cambia el curso de la causa», explicaron a LPO desde Comodoro Py aún sorprendidos por el voto de Boico.
Desde los tribunales de Retiro confirmaron que el gobierno presiona a Irurzun con su jubilación: el juez cumple 75 años y necesita el aval del Ejecutivo para continuar en su puesto.
El trámite debe comenzarlo el propio juez, luego el gobierno lo publica en el Boletín Oficial. Si no hay objeciones ni observaciones, el trámite pasa a la comisión de Acuerdos del Senado. El último paso es la votación del pleno del cuerpo.
Irurzun ya comenzó el trámite, pero aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Carlos Alberto Mahiques, algunas semanas mayor que Irurzun, está en una situación similar, pero su pedido ya fue publicado el 19 de diciembre.
La basura es un hecho cultural que nos concierne a todos, a todos los sectores de la sociedad sin distinción alguna. Todos somos asociados responsables del daño ambiental que genera nuestra basura. Una de las actividades humanas más inadvertidas es la producción de deshechos. Somos la basura que producimos, y como la tratamos habla de…
La oposición volteó el crítico capítulo XI del presupuesto en la madrugada de este jueves y le asestó un durísimo golpe a Javier Milei, que estalló de furia cuando en el curso de la tarde le informaron que los gobernadores tenían los votos para rechazar el artículo 75, cuyo texto derogaba las leyes de aumento para las universidades y emergencia en discapacidad.
La sorpresa del oficialismo fue total, sobre todo porque descontaba que los gobernadores terminarían apoyando el proyecto después de haber regado a las provincias aliadas con ATN de forma deshinibida. Sin embargo, el radical Diógenes González, hombre de Gustavo Valdés, y la neuquina Karina Maureira, que responde a Rolando Figueroa, se plegaron a la oposición, mientras que el chaqueño Osvaldo Cipolini y el enterriano Darío Schneider terminaron absteniéndose, marcando un límite de Frigerio y Zdero a la Rosada.
Además, los tres representantes de Raúl Jalil y dos de Osvaldo Jaldo se acoplaron al peronismo y Provincias Unidas para abortar el capítulo polémico. Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, por su parte, repartieron respaldos y rechazos entre sus siete legisladores de Innovación Federal. El tucumano Jaldo fue el único que anticipó su voto en un comunicado.
Menem puso en tratamiento los artículos fatídicos cerca de la 1:30 del jueves y la oposición juntó 123 votos contra 117 del oficialismo y los aliados, volteando así el articulado que borraba la ley de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Ese articulado un grave error político del ministro Toto Caputo. De inmediato hubo pases de factura entre los negociadores del Gobierno: «Son unos cagones, no se animan a decirle que no a Toto», afirmó a LPO un asesor de los libertarios.
El oficialismo había llegado confiado al momento de la votación, a caballo de la moción que impuso Gabriel Bornoroni al inicio de la sesión para que se apruebe la ley capítulo por capítulo en vez de artículo por artículo. El objetivo era blindar el 75 porque, según comentaron fuentes parlamentarias a LPO, Milei amenazaba con vetar el presupuesto si la oposición barría esa parte del proyecto.
Ese artículo fue un grave error político de Caputo, en el gobierno son unos cagones, no se animan a decirle que no a Toto.
Entre los radicales del interbloque Unidos se jactaban de que el gobierno perdió tres veces este año contra las universidades y los discapacitados: las normas se aprobaron en ambas cámaras pero Milei las vetó, luego el Congreso insistió con dos tercios en Diputados y en el Senado pero Toto Caputo inventó el artículo 75 y ahora los legisladores enterraron la iniciativa del Ministerio de Economía.
Germán Martínez, jefe de la bancada peronista.
Ante la algarabía opositora, Menem intentó continuar con la votación del último capítulo de la ley pero Nicolás Massot pretendía introducir una serie de artículos al capítulo 11, tras el rechazo logrado. En medio del desconcierto, el riojano pidió un cuarto intermedio para reunirse con los presidentes de bloque.
Ya a la tarde en el Gobienro vieron que se complicaba y el ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó en la Cámara de Diputados junto a Lule Menem. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, llegó a ensayar una maniobra desesperada para trabar un acuerdo con Germán Martínez, como reveló LPO, para otorgarle un lugar a Pamela Caletti, diputada mandato cumplido que responde al salteño Gustavo Sáenz.
De esa manera, especulaban en el oficialismo en base a conversaciones avanzadas entre el riojano y el jefe de la bancada peronista, los legisladores que respondían a los gobernadores del norte y los de Provincias Unidas podían allanarse a votar el capítulo que iba desde el artículo 67 al 78.
Pasada la medianoche, el horizonte del gobierno empezó a ensombrecerse. De hecho, un diputado libertario admitió el vértigo: «estamos muy justos para el capítulo XI», dijo a LPO.
Se pasaron de angurrientos y perdieron, les volteamos todo el Capítulo 11.
Después del porrazo, un legislador del interbloque Unidos describió a Menem como «un boxeador que quedó grogui», en referencia al knock out.
Juan Grabois se despachó enseguida por Twitter. «Se pasaron de angurrientos y perdieron. Les volteamos todo el capítulo 11», se jactó, y agregó: «No pudieron derogar la actualización de la Asignación Universal por Hijo ni las asignaciones familiares. No pudieron derogar la ampliación del Régimen de Zonas Frías».
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
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