La gorra sabe // Diego Valeriano

 

Las leyes en la era Milei no son leyes “normales”: un número acotado de páginas —con una prolija técnica legislativa— referidas a una norma en particular. Son largas, grandilocuentes, enuncian grandes cambios, modifican una multiplicidad de normativas y siempre son “la mejor reforma del siglo”. Todo en un sólo movimiento. Con el DNU 70/2023, la Ley Bases, Inocencia Fiscal y la reforma laboral, siempre el mismo modus operandi: textos extensos, reformas en muchos frentes, poco tiempo de tratamiento legislativo. Todo a libro cerrado. La jornada legislativa tiene pocas horas cuando de “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina” se trata. Igual con el Súper RIGI, que busca darle un marco legal a los tecno-ricos para hacer de Argentina su campo de pruebas para el mundo que imaginan.

En democracia, la división de poderes tiene un sentido bastante lógico: contrapesar el poder y “los fierros” del Poder Ejecutivo. El Congreso, en teoría, hace eso: frenar el avasallamiento de la división de poderes. Y la teoría, en la gestión libertaria, es solo eso: la agenda parlamentaria está marcada, casi exclusivamente, por envíos del Gobierno. Incluso los legisladores libertarios, al interior de sus filas, admiten no creer en la necesidad de presentar iniciativas, sino de apoyar lo que venga como oficialistas. “Ese es nuestro rol”, dicen.

Cuando en marzo Javier Milei abrió las sesiones ordinarias de 2026 en la Cámara de Diputados el recinto estaba semivacío, a diferencia de los balcones del palacio, que estaban colmados de funcionarios y amigos que aplaudían ante cada vociferación del presidente. “Cada uno de los ministerios ha preparado diez paquetes de reformas estructurales (…) Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueves meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, anticipó Milei. Y agregó: “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante”. Con el diario del lunes, parece tener (todavía) razón.

A fines de mayo de este año, el gobierno mandó uno de esos paquetes de leyes reformistas. Hacía dos años se había aprobado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, un capítulo dentro de la ecléctica Ley Bases que da incentivos fiscales, tributarios, aduaneros e impositivos a las grandes inversiones extranjeras. Según el libertario, “la política de desarrollo más eficaz del siglo”. Pero, en la búsqueda de estirar cada vez más la hipérbole, parece que había algo aún más grande que el RIGI: el Súper RIGI.

El proyecto es resistido por gran parte del arco ideológico: desde la Fundación Mediterránea —porque deja de lado al campo, la industria, el comercio y la construcción— hasta distintas organizaciones de la sociedad civil que plantean que el país puede convertirse en un laboratorio global sin regulación para las big tech y la inteligencia artificial.

Esta nueva versión evolucionada del RIGI brinda una serie de beneficios para atraer inversiones en lo que el Gobierno llama nuevas industrias: inteligencia artificial, litio y sectores productivos vinculados a las nuevas tecnologías. “¿Hace falta que lo diga? Quieren llenar de data centers la Patagonia”, dice un legislador opositor.

El Súper RIGI sigue la misma trayectoria política que los otros proyectos enviados por el Ejecutivo y que fue planteada al Legislativo desde que La Libertad Avanza puso un pie en la Rosada. Lo vimos por primera vez cuando habló de espaldas al Congreso: el rol de los diputados y senadores es aprobar las ideas del Gobierno y dar la pátina institucional a las reformas y desregulaciones necesarias. Ni más, ni menos.

Desnormativizar es la norma. La ley Hojarasca barre con normas obsoletas y otras no tanto; la de Inocencia Fiscal disminuye los mecanismos del fisco para perseguir la evasión; la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina la normativa que impide los desalojos; la reforma de la ley de Glaciares barre con un “exceso de protección” a las grandes fuentes de agua dulce del país; la reforma laboral quita las trabas para generar más empleo. Y el Súper RIGI crea las condiciones para que empresas extranjeras inviertan en el país con menos impuestos, poca burocracia y durante 30 años. Más fácil y por más tiempo.

El debate del Súper RIGI llega en un escenario en el que suceden simultáneamente tres cosas: el Poder Ejecutivo manda leyes extensas, el oficialismo y sus aliados lideran las comisiones clave y, además, tienen mayoría en ambas cámaras. Ahí está el verdadero triángulo de hierro. El andamiaje legislativo completo es algo así: el Gobierno arma un proyecto extenso —generalmente con altas chances de ser judicializado, algo que el Ejecutivo sabe—, lo envía al Congreso con las comisiones presididas por sus alfiles, consiguen un dictamen de mayoría, van al recinto y lo aprueban. Pim, pum, pam.

Un dinamismo que se repite como el día de la marmota: el oficialismo pasa la hoja para firmar el dictamen de mayoría antes de que terminen los debates y la oposición, siempre a la defensiva, marca la desprolijidad y el desparpajo. Y no sólo por los proyectos de ley en sí, sino también por los lugares que le son negados en las comisiones, por el reparto de despachos, salones, la retención de sus asesores y otros etcéteras.

A este modus operandi se le suma que la  composición de las comisiones desde el inicio de la gestión ha sido, de mínima, anómala. Los lugares se asignan proporcionalmente según la cantidad de bancas de cada bloque. La Libertad Avanza y los bloques aliados hicieron valer su mayoría para presidir casi la totalidad en el Senado y en Diputados.

Es 2026: todo lo judicializable será judicializado.

¿Cómo se pasa de tener dos diputados —Javier Milei y Victoria Villarruel en 2021— a un andamiaje legislativo profesional que saca proyectos de ley que en apariencia no atraviesan el colador constitucional? Es de público conocimiento que el autor de la Ley de Bases, el DNU 70/2023, Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Hojarasca fue, en gran medida, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Pero hay alguien más. 

En 2023, con la administración libertaria recién asumida, la discusión pública pasaba por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En el Senado, entre los cuatro funcionarios invitados para defender el proyecto se destacaba una abogada no muy alta, apenas maquillada, de pelo castaño y suelto y apariencia tímida: María Ibarzábal Murphy. Nacida en el 86, graduada de la UCA, hizo carrera en estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires y entró en política durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupando cargos técnicos de segunda línea. En 2024 fue convocada por Santiago Caputo para trabajar en su equipo de legales.

El rol de Ibarzábal Murphy se hizo necesario después de que la Ley de Bases comenzó  a tener problemas. Aún no existía la arquitectura legislativa calculada al dedillo que ostenta hoy el gobierno. El  primer año estuvo signado por el avance de un mega DNU y con “la casta” palaciega estupefacta ante las formas y la impericia legislativa de los outsiders que ingresaban a los despachos. Para ese entonces el peso de la negociación y la tracción política descansaba en los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, así como en las espadas jurídicas representadas en el ex vicejefe de gabinete Jose Rolandi y esa jóven de apariencia tímida que entonces era titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. El camino de Ibarzábal Murphy dentro del Gobierno terminó de consolidarse en ese momento. Fue ella quien dirigió la reformulación de la estrategia legislativa y adaptó las iniciativas del Ejecutivo a los límites constitucionales. La traductora de la doctrina libertaria en forma de leyes y decretos para que pasen el filtro constitucional y legislativo. Así llegó a ser la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.

Javier Milei la bautizó en cadena nacional cuando la justicia estadounidense falló a favor de la Argentina en el caso YPF. “Este logro es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica, y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzábal Murphy”.

La guardiana de la firma del presidente es, además, del círculo de mayor confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y guarda una buena relación con Karina Milei. Por eso no extraña verla en la cocina legislativa, en los balcones durante las sesiones, en los pasillos del Congreso o asistiendo a los legisladores por los salones y galerías del recinto.

Todo cerebro, sin embargo, necesita un brazo que ejecute.

Una de las primeras audacias de la conducción libertaria en el Senado fue la negociación que llevó adelante Victoria Villarruel para pasar de 7 senadores a consolidar un grupo de 39 que, sin ser un bloque formal, blindaron el cuerpo. Del acuerdo participaron el PRO, la UCR y bloques provinciales. Así aventajaron al peronismo en la conformación y presidencias de las comisiones. Y esta dinámica continúa al día de hoy.

A fines de 2024, sin embargo, se hizo evidente que la relación (históricamente complicada) del binomio presidencial, no estaba bien y que aquella compañera de lista que, meses antes y al estilo Julio César Cleto Cobos, supo desempatar la Ley Bases, ya no sería la encargada de organizar las filas dentro del Senado.

Todo lo contrario ocurrió y ocurre en Diputados. Desde el inicio de la gestión Milei, el clan Menem (Martin, “Lule” y Sharif) con la venia de Karina Milei, ordenaron los debates, la composición de las comisiones y los números. Y quienes osaron desafiarlos terminaron abandonando las filas del bloque libertario en la Cámara Baja.

En las últimas elecciones de medio término, Patricia Bullrich ganó como senadora por la Ciudad de Buenos Aires y se convirtió en la interlocutora legislativa oficial de Casa Rosada, rol tradicionalmente ocupado por el vicepresidente de la Nación. Actualmente lidera un grupo de 21 senadores orgánicos. Quienes transitan los pasillos del Senado saben que es ella quien responde preguntas a todos los periodistas, negocia con todos los bloques, organiza y toma la voz cantante del oficialismo en el Congreso.

Las diferencias respecto del pliego de la jueza Maria Veronica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, no lograron romper ese vínculo entre la ex candidata a presidenta por el PRO y la Rosada. La postura de Bullrich sobre el Adorni-gate, por ahora, tampoco.

Después de la elección legislativa del 2025, La Libertad Avanza conquistó 95 bancas en Diputados y 21 en Senado. No sólo se convirtió en la primera minoría en la Cámara Baja, si no que cuenta con un océano donde pescar votos en un contexto atomizado con representantes provinciales, bloques pequeños y monobloques. Esto difiere del escenario en el que jugó sus cartas en sus dos primeros años de gestión: la escasa cosecha de 7 senadores y 38 diputados.

Previo al triunfo de las elecciones de medio término en 2025, el oficialismo ya había logrado sacar adelante leyes fundamentales para su programa de gobierno con la ayuda de sus aliados del PRO, la UCR (ambos hoy diezmados con saltos de garrocha hacia LLA) y partidos provinciales. Después del resultado electoral supo que ya podía comenzar con paquetes de leyes más osados constitucionalmente: reforma laboral, régimen penal juvenil,inocencia fiscal, y Súper RIGI.

El oficialismo tiene, efectivamente, una maquinaria legislativa eficiente. Pero todos los gobiernos tuvieron, a su manera, sus propias maquinarias legislativas eficientes. El kirchnerismo, el menemismo, el macrismo. ¿Qué es lo que hace distinta a esta máquina?, ¿es la figura misma de Javier Milei?, ¿es la avanzada de las ideas antipolítica?, ¿es la atomización de la oferta partidaria?, ¿son las redes?, ¿es la época?, ¿por qué pasan las leyes?, ¿porque nadie se informa?, ¿sucede solo en Argentina?

También hay algo que es cierto: las oposiciones y los debates en el Congreso no se dirimen sólo ante un proyecto de país en particular. El parlamento argentino parece quedar chico ante las agendas de los múltiples círculos rojos, el peso de Donald Trump, el ingreso de las tecnologías de Peter Thiel y Sam Altman,  y esta especie de nuevo orden institucional donde un puñado de techbros tienen fortunas superiores al PBI de países enteros. El desafío es cómo dialogar en el recinto con ese mundo y cómo dejar de operar únicamente en los estrechos márgenes de la narrativa mileísta. 

Lo llamativo no es tanto la solvencia legislativa del oficialismo como la ausencia de una respuesta conceptual equivalente por parte de quienes están en frente. 

El debate del Súper RIGI empezó en Diputados, tuvo 3 jornadas de debate con la presencia de funcionarios, obtuvo su despacho favorable avalado por 61 firmas y espera su desembarco en el recinto este miércoles 24 de junio. Se habló de “dictamen cantado” porque el debate se dio en estas tres comisiones: Presupuesto y Hacienda (presidida por “Bertie” Benegas Lynch, con sus esfuerzos ahora enfocados en intervenir la Oficina de Presupuesto del Congreso); Industria (presidida por José Luis Garrido, del bloque “Por Santa Cruz”, que responde al gobernador Claudio Vidal  y quien, como otros bloques provinciales, mantiene una posición “pragmática” con el gobierno nacional), y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (presidida por Martín Yeza, del PRO, ex intendente de Pinamar y aliado del LLA).

Para lograr las firmas, el bloque oficialista contó con los aliados de siempre: “Fuerza del Cambio” (PRO, UCR, el MID del exlibertario Oscar Zago, y diputados que responden a Santa Cruz), “Innovación Federal” (ligada a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones), “Independencia” (la primera fuga dentro del peronismo, orquestada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, en pleno debate por la Ley de Bases), y “Producción y Trabajo” que responde al mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego.

Esta vez, LLA tuvo que negociar modificaciones con el MID y el PRO y aceptar incluir la obligatoriedad de contratar un mínimo de un 20% de proveedores locales (que también fue moneda de cambio para los aliados en la votación del primer RIGI dentro de la Ley de Bases), generar incentivos a la investigación y el desarrollo, y crear un registro público de proyectos, entre otros. Los cambios nunca afectan el core del asunto, son prendas de cambio que aparentan mejorar el proyecto.

Por el lado de la oposición, tanto Unión por la Patria como la Izquierda firmaron un dictámen de rechazo. Agustín Rossi, diputado por UxP, se refirió al Súper RIGI como “el proyecto Palantir”, en referencia a la empresa fundada por el ahora vecino de Barrio Parque, Peter Thiel. Los diputados opositores acusan que este proyecto busca profundizar la entrega de recursos estratégicos.

La hipótesis cobra fuerza con el envío de otras iniciativas, como la reforma de la ley de sociedades (que contempla la creación de empresas automatizadas integradas 100% por agentes de IA) o la liberación del porcentaje de venta de tierra argentina a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo pretende convertir en ley de forma inmediata. Hipótesis que el ministro de Economía tampoco pareciera querer refutar.

“Por lo que vimos en los dictámenes en comisiones, los números ya los tienen y lo van a aprobar con una mayoría que va a estar entre 135 y 145 votos a favor”, augura un diputado. En el Senado, el pronóstico es similar. Todo indica que el Ejecutivo, una vez más, tendrá su ley. 

Sin embargo, por estos días, toda la agenda legislativa oficialista está obstaculizada por la posible moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La maquinaria oficialista muestra sus grietas: muchos de sus aliados frecuentes son los que buscan desplazarlo.

La arquitectura legislativa es prolija y funciona, casi siempre, como un relojito suizo. Hubo, nobleza obliga, casos en donde este andamiaje no funcionó a la perfección. La Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad fueron aprobadas por el Congreso, luego vetadas por el Ejecutivo y más tarde insistidas en ambas cámaras en un movimiento histórico que inauguró el rechazo a un veto presidencial. Es cierto que poco después ese reloj suizo volvió a funcionar: el Gobierno promulgó las normas pero mantiene suspendida su aplicación hasta que digan “de dónde van a salir los fondos”.

Por estos días y después de un largo conflicto, el gobierno amplió parcialmente las partidas para universidades, para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte. Hay temor, sí, pero no “al Congreso que no lo va a dejar hacer lo que quiere hacer”, si no al Poder Judicial y sus posibles fallos que puedan poner en duda la baja del riesgo país, la continuidad de la bondad del FMI y el acceso al mercado de crédito internacional. Eso explica, quizás, la premura por llenar las vacancias judiciales en tan poco tiempo.

Pasan los años, pasan los gobiernos, pero quedan las leyes que otorgan permisos extraordinarios a inversiones extranjeras para explotar los recursos naturales del país. El Súper RIGI tiene una duración de 30 años, marcará la estructura productiva del país y la recaudación tributaria, esté o no Javier Milei, esté o no Axel Kicillof, o quien quiera que gane las elecciones del año que viene. 

En la noche de aquel 1 de marzo del 2026 en la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei continuaba su alocución: “Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años (…) que dejarán en el pasado, de una vez y para siempre, el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Esta es la propuesta para este Congreso: legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte y ustedes deberán hacer la suya”. Y vaya si la están haciendo.

La entrada La máquina de hacer leyes se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

Acerca de la autocrítica

La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

El caso de las cuotas

Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

La defensa de la libertad

Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.