La gorra sabe // Diego Valeriano

La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer. 

La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.

La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba. 

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  • Karina llamó a Macri presionada por los problemas de la economía

     

    Ignacio Fidanza contextualizó el llamado de Karina Milei a Mauricio Macri durante su columna en GPS, el programa de Rolando Graña. En su intervención, planteó que «hubo un pedido» del ministro de Economía, Luis Toto Caputo: «cada vez que se complica la situación económica, Caputo le echa la culpa a la política».

    En ese sentido, precisó que «subieron la tasa, la inflación y el riesgo país, tres variables del modelo lubertario, no el empleo» y, sin embargo, Caputo alertó sobre el peso de los problemas políticos. «Karina lo llama a Macri y, al mismo tiempo, abre conversaciones serias con los gobernadores del medio. Todos le piden lo mismo: ‘liberame la reelección o no me presentes candidato fuerte o no presentes candidato’. Y ella está aceptando todo», detalló Fidanza.

    La hermana presidencial, según el director de LPO, «les pide dos meses para empezar a blanquear estos acuerdos». «Los gobernadores del medio que acuerden con ella van a ir, además, bajo un sello propio provincial y ella les dice: ‘dejame liberada la lista de octubre para diputados y senadores nacionales y, si querés, te doy colectora’. Para los gobernadores, es un negocio redondo: cierran ahora y después ven», analizó.

    Mientras tanto, está en curso la negociación por la eliminación de las PASO, una iniciativa para la que el oficialismo no tiene los votos de los aliados pero se especula con que «se la entregan en dos minutos». «Acá todos se están guardando una carta», advierte Fidanza.

    Santilli recibirá a gobernadores del norte para acelerar el acuerdo por zonas cálidas

    Al respecto, repone que hay un debate al interior del gobierno. Por un lado, Milei dice que hay que eliminar las PASO porque, entre agosto y octubre, con muchas elecciones se complica la economía. 

    Y hay otro sector que está demandando que se piense mejor la estrategia. «Nos arman una candidatura de Villarruel, una de Jorge Brito y alguna otra y vamos derecho a la primera vuelta y nos sacan 3 puntos y perdemos la primera vuelta. No está tan claro que nos beneficie eliminar las PASO», alertan quienes dudan de la idea. 

     

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    YPF vende MetroGAS por US$780 millones: Milei entrega otro activo estratégico y el negocio queda en manos de Manzano y Vila

     

    YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.

    Por Roque Pérez para NLI

    Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

    El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?

    De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado

    Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.

    La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.

    El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.

    Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.

    El comprador no es un actor cualquiera

    La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.

    El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.

    Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.

    Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.

    La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.

    Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia

    La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.

    Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.

    Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?

    No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.

    La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.

    Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.

    La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.

    En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.

    Y quizás allí esté la verdadera noticia.

    Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.

    La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.

     

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  • Golpeada, Patricia atacó a los aliados: «están pensando más en las elecciones que en los proyectos»

     

    Patricia Bullrich no pudo ocultar su enojo por el fracaso del gobierno con la ley de propiedad privada y salió a atacar a los aliados que no quisieron acompañar los capítulos de extranjerización de tierras y manejo del fuego.

    Aunque no los llamó «tibios» e «ignorantes» como su compañero Joaquín Benegas Lynch, la jefa del bloque de La Libertad Avanza apuntó contra los senadores provinciales que vienen acompañando sistemáticamente al oficialismo pero que esta vez le pusieron un freno. 

    «Algunos senadores que habían comprometido su acompañamiento, lo retiraron», se quejó Bullrich al retirarse del Congreso. «Hay problemas políticos en algunas provincias, hay un reordenamiento de sectores del peronismo. Están pensando más en las elecciones que en los proyectos», los cuestionó.

    Dolido porque le bajaron el negocio de tierras, Benegas Lynch llamó «tibios» a los aliados 

    Bullrich también deslizó una crítica hacia los hermanos Milei por haber ordenado la defensa de Manuel Adorni, lo que obligó a bajar una sesión en junio para que la oposición no apruebe la interpelación. En esa sesión, el oficialismo tenía los votos para darle la media sanción al proyecto de propiedad privada, según Patricia.

    «Tuvimos un problema que durante meses fue muy importante que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni», lamentó la exministra en una nota con TN. 

    «No fue miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, seguramente en ese momento se hubiera aprobado», aseguró Bullrich en un tiro por elevación a los Milei.

    Patricia también dijo que «fue difícil la comunicación de este proyecto porque en el medio estuvo el Mundial», admitiendo que el episodio de la bandera de Malvinas generó un resurgimiento del nacionalismo y dio un impulso importante a quienes rechazaban la venta de tierras.

     

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