La gorra sabe // Diego Valeriano

La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer. 

La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.

La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba. 

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  • El Gobierno preadjudicó el dragado a Jan De Nul y entra en etapa final la privatización de la Hidrovía

     

     El Gobierno nacional anunció la preadjudicación de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal a Jan De Nul asociada a la firma argentina Servimagnus. La decisión surge del dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora de la licitación internacional que impulsa la privatización del principal corredor fluvial del país.

    Según el dictamen la unión Jan De Nul-Servimagnus obtuvo el mejor desempeño en las etapas de evaluación técnica y antecedentes, alcanzando 66,20 puntos, mientras que la oferta de DEME logró 42,14 puntos.

    La diferencia se produjo en la valoración técnica, ya que ambas empresas presentaron exactamente las mismas tarifas económicas para las tres etapas de la concesión y consiguieron el puntaje máximo en ese apartado.

    La empresa ganadora acreditó experiencia por más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de antecedentes en balizamiento y mantenimiento de vías navegables similares.

    En cambio, gran parte de los antecedentes presentados por DEME fueron descartados durante el proceso de evaluación por no ajustarse a los criterios establecidos en el pliego.

    Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proceso atravesó tres etapas de análisis, que no recibió impugnaciones de las empresas participantes y que las denuncias judiciales presentadas contra la licitación fueron rechazadas.

    El Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá una reducción inmediata cercana al 15% en los costos logísticos y una modernización integral de la tecnología de navegación.

    La preadjudicación abre ahora una instancia final de siete días corridos para la presentación de eventuales impugnaciones al dictamen. Cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedará en condiciones de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato para la vía por la que circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.

    En paralelo, las principales entidades usuarias del sistema, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina, celebraron el avance y pidieron rapidez para la adjudicación definitiva. 

    pic.twitter.com/LtUnp3ubtD

    — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 5, 2026

     

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  • Kicillof abre la negociación con los intendentes para aprobar su reforma en seguridad

     

    El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.

    Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.

    Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.

    Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.

    En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.

    El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.

    Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.

    El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.

    En el gobierno de Kicillof  señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.

    En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.

    En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.

    En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.

    Principio de acuerdo entre Kicillof y los intendentes para reflotar la Policía Municipal

    En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.

    «Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.

     

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    El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.

    Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.

    Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.

    Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta  una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional. 

    Estiman que el FAL podría sumar al mercado porteño unos USD 2.100 millones por año

    Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos. 

    Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    «Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.

    Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario. 

    La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.

    La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada. 

    Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.

    En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar. 

     

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