La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer.
La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.
La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba.
El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
Hace muy bien a la mente ver una serie mala porque mientras la ves pensás en cómo seria esa serie si fuera buena o pensás en algún verso suelto que se te ocurrió ayer a la mañana.
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4770 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 9 de julio inclusive. CIRCULACIÓN La restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día…
Continuando con su agenda en Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, con quien repasó la agenda de trabajo entre el Municipio y esa área del gobierno provincial, previo a la visita de la Gobernadora Arabela Carreras a la ciudad la próxima semana. Al respecto, Orazi…
La presión de Donald Trump para reducir la dependencia de China en minerales críticos choca en Argentina con una realidad difícil de modificar: las empresas chinas siguen ganando posiciones en la minería y aparecen detrás de algunos de los proyectos más importantes que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.
El fenómeno es particularmente fuerte en el litio. Si se suman los proyectos ya aprobados y aquellos que todavía esperan la luz verde del Gobierno, cerca del 70% de la capacidad productiva anunciada corresponde a desarrollos con participación directa de capital chino. No significa que China sea propietaria de ese porcentaje de la producción, pero muestra el peso que alcanzaron sus compañías en la expansión del sector.
«China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas», explicó a LPO un analista del sector minero.
La avanzada ya se observa dentro del RIGI. En junio, el Gobierno aprobó la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar y con participación de la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y la estatal jujeña JEMSE. La segunda etapa contempla una inversión estimada de entre US$1.166 millones y US$1.241 millones y permitirá llevar la capacidad hasta unas 85.000 toneladas anuales.
Un mes después fue aprobado Tres Quebradas, en Catamarca. El proyecto pertenece a Liex, controlada por Zijin Mining, que prevé desembolsar alrededor de US$709 millones para sumar una segunda etapa con capacidad para producir otras 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Zijin controla el 100% del emprendimiento.
Entre los dos proyectos, las compañías chinas ya tienen participación directa en desarrollos aprobados por el RIGI que proyectan una capacidad conjunta cercana a las 125.000 toneladas anuales. Pero el número podría crecer con fuerza si Economía habilita algunos de los expedientes que todavía están bajo análisis.
China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas.
La apuesta más importante es Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en Salta. Ganfeng desarrolla el proyecto junto con Lithium Argentina y proyecta una inversión de US$3.000 millones. El plan contempla alcanzar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, distribuidas en tres etapas. Una vez consolidada la sociedad, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33%.
«Si PPG finalmente entra al RIGI, el peso de Ganfeng en el mapa argentino cambia de escala. Es un proyecto que por sí solo puede alcanzar una capacidad superior a la de varias operaciones que actualmente están en producción», señaló la fuente consultada por LPO.
Ganfeng y Zijin tampoco están solas. CNGR Advanced Material presentó un proyecto para el Salar de Jama, en Jujuy, que contempla una inversión de US$1.151 millones y una capacidad de aproximadamente 22.000 toneladas anuales. A eso se suma Litio Ángeles, vinculado a Tibet Summit/Xizang Zhufeng, con una inversión estimada en US$726 millones para producir unas 50.000 toneladas.
La presencia china se extiende además fuera del litio. Uno de los casos más importantes es Veladero, la mina de oro y plata de San Juan controlada en partes iguales por Barrick y Shandong Gold. El Gobierno aprobó este año el ingreso al RIGI de la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación, lo que incorporó a otra de las grandes mineras chinas al régimen.
El avance se produce mientras Milei profundiza su alineamiento político con Trump. Estados Unidos convirtió el acceso a minerales críticos en un asunto de seguridad nacional y busca reducir especialmente la dependencia de los suministros procesados en China. En febrero, Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo sobre minerales críticos, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que eso no implicaba excluir inversiones provenientes del gigante asiático.
«Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen», explicó el operador consultado.
Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen.
Ese punto expone una de las contradicciones de la estrategia de Milei. Mientras el Gobierno construyó una relación política privilegiada con Washington, la economía argentina mantiene vínculos difíciles de reemplazar con Beijing. China continúa siendo uno de los principales compradores de productos argentinos, tiene una presencia creciente en la minería y además mantiene un rol relevante en las reservas internacionales del Banco Central a través del swap de monedas.
La dimensión económica ayuda a explicar esa convivencia. Las exportaciones mineras alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre, un salto del 74,4% frente al mismo período de 2025. En ese contexto, China compró el 20% de las ventas mineras argentinas, frente al 9% que tuvo como destino Estados Unidos.
El RIGI, mientras tanto, se convirtió en una pieza central de esa expansión. El régimen ya acumula 21 proyectos aprobados por una inversión total de US$46.708 millones y la minería es el sector con mayor presencia, con 12 iniciativas. Además, permanecen bajo estudio otros 23 proyectos por US$152.271 millones, siete de ellos mineros.
La paradoja es que mientras Trump intenta alejar a China de las cadenas occidentales de minerales críticos, el principal instrumento de Milei para atraer grandes inversiones puede terminar consolidando la posición de Beijing sobre algunos de los recursos más estratégicos de Argentina.
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