La gorra sabe // Diego Valeriano

La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer. 

La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.

La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba. 

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  • La Justicia declaró inconstitucional la decisión de Caputo de dejar de informar los precios de los combustibles

     

     Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

    El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

    Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    Caputo pisa los pagos del Plan Gas y usa la plata de las empresas para financiar la suba de subsidios a la energía

    Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

    Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

    El juez federal Alejo Ramos Padilla.

    Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

    El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

    La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

    El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

     

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  • El kirchnerismo en la Legislatura va por otro intento de aprobar las emergencias de Ishii contra Kicillof

     

    El kirchnerismo en el Senado bonaerense intentará mañana aprobar en el recinto las emergencias -alimentaria y sanitaria- presentadas por Mario Ishii y que generaron un fuerte roce con Verónica Magario en la última sesión.

    En las últimas horas cerró el plazo para que los bloques pidan proyectos que requieren los dos tercios de los votos porque no pasaron por las comisiones de trabajo. Fuentes del Senado sostienen que el kirchnerismo pidió incluir los dos proyectos presentados por el líder de José C. Paz en los que enumera una serie de fallas de la gestión provincial.

    Sergio Berni no cuenta con los votos para aprobar los proyectos con mayoría especial. Los senadores de Kicillof no avalan la movida de Ishii y la oposición pide cambios. Por caso, los libertarios lo acompañarían, pero si se eliminan de los textos las críticas al gobierno nacional.

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    Otros senadores, como Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR), vienen pidiendo que los proyectos se discutan en comisión porque en definitiva que las emergencias le dan a Kicillof la facultad de reacomodar partidas presupuestarias.

    Sin embargo, la jugada de avanzar con esas iniciativas en las reuniones previas a la sesión supone que tanto Ishii como Berni buscarán hablar del tema en la sesión del jueves.

    A fines de junio, tanto Ishii como Berni chocaron fuerte con Magario por estos proyectos. «El gobernador no quiso que se trate sobre tablas», acusó directamente Ishii en esa sesión, que sostuvo que, con el giro a comisión de los expedientes, «esto se dilata» cuando «es un tema que no puede esperar».

    Marcelo Leguizamón.

    «Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano, dos o tres veces, para que vea cómo están desbordados los hospitales y la falta de insumos que hay. No lo ha hecho», acusó Ishii.

    Ahí, intervino Magario para informarle que se habían cumplido los cinco minutos establecidos para las exposiciones por temas que no fueron acordados en Labor Parlamentaria. «Sí, pero necesitaría hablar, son temas que nos competen a todos», dijo Ishii. «Se terminó el tiempo», insistió la titular del Senado.

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    «Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado», retrucó el paceño que había empezado a elevar el tono cuando Magario le cortó el micrófono.

    En las últimas horas Ishii avanzó con un proyecto para que el ministerio de Seguridad de la provincia se haga cargo de los gastos en patrulleros y combustible que hoy afrontan los intendentes.

    El proyecto plantea que cuando el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad resulte insuficiente deberá ser el gobierno provincial quien se haga cargo de los gastos para paliar la inseguridad «sin que pueda imponerse a los municipios la obligación de afectar recursos propios».

    El texto sostiene que la seguridad pública es una competencia propia y exclusiva de la del gobierno de la provincia. Es la misma Constitución quien atribuye al Ejecutivo la conducción de la Policía. En tanto, la ley 12.154 establece expresamente que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Estado provincial.

     

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