DIMES Y DIRETES

Está instalado que mañana se trata el proyecto de Cupo Trans en #VillaRegina un proyecto que recibió un tratamiento bastante controversial principalmente por la dilatación a la que fue sometido, algo que los concejales ven como normal en la búsqueda de consenso y perfeccionamiento del proyecto. Difícilmente se trate mañana.

Para que se trate el proyecto se haría (mal) uso del art 60 del reglamento interno que le permite instalar el tratamiento en la orden del día, ya que de otro modo sería imposible porque todavía no tiene dictamen en ninguna de las dos comisiones donde se está tratando, ni en sociales y ni en jurídicos, o al menos al cierre de sus actas del día lunes y martes respectivamente. Lo que no quita que algún concejal altere fechas para abrir y cerrar actas que ya están cerradas en tiempo y forma. No sería ni la primera ni la última vez que se hace (lamentablemente).

Dicho artículo le permite al presidente imponer el tratamiento en la orden del día, pero a su vez no le permite votarlo en la misma sesión, sino en la próxima.

Entiendo que esto que explico perjudica una causa que considero justa, la de otorgar derechos a personas a las que se les han negado durante toda su vida, posponiendo una semana más su votación. Pero también atiendo que es necesario que órganos tan importantes como el CD se atengan al reglamento. Los precedentes, tanto positivos como negativos, se instalan. Si hoy lo puede hacer (insisto, sobre una causa justa) mañana también lo harán pero con otros intereses. En definitiva, de votarse, se haría rompiendo el reglamento.

Este artículo le da la posibilidad a los ediles de presentar una moción de preferencia para que determinado proyecto se trate rápidamente en comisión y tenga prioridad en el dictamen pero para poder votarse en la próxima sesión, o sea de una semana para la otra. La moción de preferencia es para la siguiente sesión no para la misma en la que se plantea.

El mayor conflicto respecto a este proyecto fue la dilatación de los tiempos al tratarlo, ya que, en primer punto la situación de las personas trans es de una exponencial crisis histórica potenciada en tiempos de pandemia lo que demanda una prioridad y celeridad exclusiva, y el segundo punto porque se supone que cuenta de entrada con los votos necesarios para ser aprobada, lo que hace pensar a quienes militan la causa con uñas y  dientes que la dilatación es adrede, sientiendo un manoseo innecesario.

Mañana se harán presentes en el concejo no solo los ediles, sino también las agrupaciones y personas que acompañan la lucha por la reivindicación de derechos que dignifican la vida de personas que han sido marginadas durante toda su vida.

Insisto en que el proyecto cuenta con los votos necesarios para aprobarse la semana que viene, pero también digo que pedirle paciencia a las personas trans no es justo.

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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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