DIMES Y DIRETES

Está instalado que mañana se trata el proyecto de Cupo Trans en #VillaRegina un proyecto que recibió un tratamiento bastante controversial principalmente por la dilatación a la que fue sometido, algo que los concejales ven como normal en la búsqueda de consenso y perfeccionamiento del proyecto. Difícilmente se trate mañana.

Para que se trate el proyecto se haría (mal) uso del art 60 del reglamento interno que le permite instalar el tratamiento en la orden del día, ya que de otro modo sería imposible porque todavía no tiene dictamen en ninguna de las dos comisiones donde se está tratando, ni en sociales y ni en jurídicos, o al menos al cierre de sus actas del día lunes y martes respectivamente. Lo que no quita que algún concejal altere fechas para abrir y cerrar actas que ya están cerradas en tiempo y forma. No sería ni la primera ni la última vez que se hace (lamentablemente).

Dicho artículo le permite al presidente imponer el tratamiento en la orden del día, pero a su vez no le permite votarlo en la misma sesión, sino en la próxima.

Entiendo que esto que explico perjudica una causa que considero justa, la de otorgar derechos a personas a las que se les han negado durante toda su vida, posponiendo una semana más su votación. Pero también atiendo que es necesario que órganos tan importantes como el CD se atengan al reglamento. Los precedentes, tanto positivos como negativos, se instalan. Si hoy lo puede hacer (insisto, sobre una causa justa) mañana también lo harán pero con otros intereses. En definitiva, de votarse, se haría rompiendo el reglamento.

Este artículo le da la posibilidad a los ediles de presentar una moción de preferencia para que determinado proyecto se trate rápidamente en comisión y tenga prioridad en el dictamen pero para poder votarse en la próxima sesión, o sea de una semana para la otra. La moción de preferencia es para la siguiente sesión no para la misma en la que se plantea.

El mayor conflicto respecto a este proyecto fue la dilatación de los tiempos al tratarlo, ya que, en primer punto la situación de las personas trans es de una exponencial crisis histórica potenciada en tiempos de pandemia lo que demanda una prioridad y celeridad exclusiva, y el segundo punto porque se supone que cuenta de entrada con los votos necesarios para ser aprobada, lo que hace pensar a quienes militan la causa con uñas y  dientes que la dilatación es adrede, sientiendo un manoseo innecesario.

Mañana se harán presentes en el concejo no solo los ediles, sino también las agrupaciones y personas que acompañan la lucha por la reivindicación de derechos que dignifican la vida de personas que han sido marginadas durante toda su vida.

Insisto en que el proyecto cuenta con los votos necesarios para aprobarse la semana que viene, pero también digo que pedirle paciencia a las personas trans no es justo.

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    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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