PorMunicipalidad Villa Regina
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Se está terminando el bacheo y una vez finalizado, se efectuará una carpeta asfáltica de 4 centímetros.
En cuanto a la calle Juan XXIII, se está gestionando con la empresa Quidel, para llevar a cabo el bacheo. Por el momento, se cubrió con calcáreo y cemento y se avanza con las banquinas.
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El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores aliados trabaron el proyecto de Milei para pagar a los holdouts
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
Horas antes de la marcha nacional, el gobierno le recortó 5300 millones de pesos a las universidades. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA perdieron a un docente cada dos días desde que asumió Milei.
El gobierno lleva más de seis meses de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y los investigadores perdieron el 40% de su poder adquisitivo si se lo compara con diciembre de 2023.
Todas las universidades nacionales convocaron a una marcha para el martes y se espera una multitud frente a la Casa Rosada. En el día previo a la protesta, el gobierno anunció un recorte de 5300 millones de pesos que iban a destinarse a gastos de gastos de capital correspondientes a infraestructura del conocimiento.
La Universidad Nacional de La Plata perdió más de mil millones, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda 700 millones cada una, Río Cuarto 680 millones y Entre Ríos 540 millones.
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«Esperamos una marcha que supere a la abril de 2024. Hay mucha bronca acumulada y también un deterioro ético y moral del gobierno», le dijo a LPO Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
En Exactas la situación de crítica: gran parte de sus recursos están orientados a la investigación, el área que sufrió el recorte más duro del gobierno.
Desde diciembre de 2023, 438 profesores e investigadores renunciaron a sus cargos. La cifra implica un 16% de los 3000 docentes e investigadores totales de la facultad.
Según explicaron, investigadores y becarios del Conicet perdieron 40% del poder adquisitivo en dos años y medio.
El juez Alejandro Slokar recibió el máximo honor académico que otorga la Universidad de Morón: el título de Doctor Honoris Causa. El acto de entrega se llevó a cabo el 4 de junio y reunió a importantes dirigentes y referentes políticos, empresariales, sociales y judiciales.
Frente a un auditorio colmado, la presentación de la condecoración estuvo a cargo del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni y del Padre Carlos Accaputo, quienes resaltaron la prolífica trayectoria de Slokar.
Zaffaroni reconoció el privilegio que supone pronunciar unas palabras en tan significativa ocasión y recordó la enriquecedora relación que lo une con Slokar, signada por intensas discusiones teoricas que confluyeron en el célebre Tratado de Derecho Penal, elaborado por ambos junto con el Fiscal Alejandro Alagia. A su vez, elogió a Slokar y destacó la responsabilidad humanista que trae apareja la honorifica distinción que se le otorga.
El Padre Carlos Accaputo explicó que es tarea de la política construir un orden justo en términos sociales, cuyo imperativo debe ser el bien común entendido como construcción de una comunidad, mientras que la labor propia de la iglesia reside en la caridad, traducida en amor al pueblo. En ese sentido llamó a reconstruir la política y conminó a aquellos que la ejercen a asumir la responsabilidad. Finalmente, resaltó que la Justicia Social es lo fundamental para que todos puedan vivir con dignidad.
Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa el jurista advirtió que: «Sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable» y luego expresó: «La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable». Sobre ello, recordó al Papa Francisco cuando denunció que «en vez de pagar Justicia Social, pagan el gas pimienta».
Asimismo, dijo que «toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables». Y remató: «Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad».
Al cierre de su exposición, Slokar concluyó: «La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio».
Estuvieron presentes, los diputados Miguel Angel Pichetto, Mario «Paco» Manrique, Fernanda Miño, Nicolás Tortta y Guillermo Michel, el ministro de Justicia de la PBA, Martín Mena, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex intendente Julio Alak, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, Jorge Knoblovits (DAIA), Raúl O. Pleé (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación), Alejandro «Peluca» Gramajo (Secretario General UTEP), el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex gobernador y ex canciller Felipe Solá, Joaquin Da Rocha y Carlos Balbín, ex procuradores del Tesoro de la Nación, Victor Santa María (SUTERH), y Mariano Cascallares, consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
La distinción reconoce la trayectoria sobresaliente de Slokar en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. A lo largo de su carrera, el magistrado se ha destacado por su rol protagónico en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. La Universidad de Morón, con más de seis décadas de historia, reafirma así su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la memoria, al enaltecer la obra de quien ha dedicado su vida profesional a la defensa del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales.
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