Gabriel Katopodis quedó en medio de una pelea entre manifestantes y policías en el puente 25 de Mayo ubicado sobre la colectora de la General Paz. El ministro acompañaba a trabajadores de Pymes en una manifestación cuando empezaron los forcejeos con efectivos de la Policía de la Ciudad.
El reclamo se centró en la situación laboral de los trabajadores industriales y pymes. Durante la protesta los manifestantes colgaron una bandera que cruzaba todo el puente con la consigna: «Milei, ya fundiste a 25 mil pymes».
La situación escaló cuando unos 200 manifestantes del INTI intentaron corta la traza de la colectora de la General Paz mano Riachuelo. En ese momento, personal policial les cerró el paso y los hizo volver a la vereda. En pleno forcejeo ante quienes protestaban, dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridos en el rostro.
El operativo policial avanzó sobre los manifestantes con empujones y el uso de gas pimienta. Katopodis participaba de la protesta e intercedió para evitar la represión policial sobre los manifestantes.
La convocatoria a la movilización había sido lanzada por el secretario general de Ate Nacional, Rodolfo Aguiar, quien estuvo presente en el lugar acompañado por Óscar de Isasi, también dirigente del gremio.
Los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas, responsabilizando al Gobierno nacional por el cierre de miles de pymes y por el deterioro de las condiciones laborales. El gremio denuncia una retracción inédita en la economía argentina, con un impacto que, según sus dirigentes, supera al registrado durante la pandemia.
De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), son ya 17 meses seguidos de caída en la cantidad de empresas registradas, una racha negativa que implica una reducción que «ha sido más pronunciada incluso que en la pandemia».
Después de un mes de aprobarse por unanimidad la LEY Micaela en el Concejo Deliberante (CD) de #VillaRegina, Agustina Fernandez edil del bloque de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) denunció públicamente en una entrevista que brindó a Radio90 recibir violencia de género dentro de su propio bloque. A menos de una semana de esa denuncia la…
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
Esta semana continúa la segunda etapa del plan de bacheo que la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la semana pasada. Este martes 21 el personal de la Dirección de Obras Públicas trabajará en los siguientes sectores: Lisandro de la Torre entre San Lorenzo y Avenida Mitre (para finalizar la tarea iniciada días atrás),…
El gran basural textil del desierto de Atacama ayer se incendió, miles y miles de toneladas de ropa incineradas con un alto costo ambiental, aún se desconoce el causante del mismo. El desierto de Atacama se convirtió en los últimos años en el mayor receptor de las casi 60.000 toneladas de ropa que importa Chile…
El mayor especialista en pobreza asegura que los números del gobierno son una «ficción estadística» porque comparan índices que son diferentes. Agustín Salvia consideró que, si se corrigieran, el número estaría en torno al 38 o 40%.
«Cambió la composición del gasto y estamos midiendo como si fuera la misma», explicó el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Durante el siglo XXI, los mejores números de pobreza en la Argentina se dieron entre 2011 y 2012 y en 2017. En esos momentos la pobreza era del 25% y el sociólogo lo atribuyó a una «burbuja de consumo» que no pudo «sostenerse» y tiempo después el número volvió a aumentar.
Desde la llegada de Javier Milei el Indec «mejoró la captación del ingreso»: para elaborar el índice de pobreza, los ingresos totales de los hogares se cruzan con el precio de una canasta básica.
Milei llegó a la presidencia con 38% de pobreza, una cifra que poco después aumentó hasta 55% luego de la devaluación. A partir del segundo semestre de 2024, la pobreza comenzó a bajar de manera «acelerada» y para los números oficiales llegó a ser del 28%.
«Desde fines de 2023, el Indec mejoró la captación del ingreso, pero no significa que los hogares tengan más ingresos. Tres o cuatro puntos de la caída de la pobreza responden a la mejor captación», dijo Salvia en Somos Alameda en Radio Gráfica.
El sociólogo explicó que el punto más controvertido en la elaboración de índice está vinculado a la composición del gasto.
«El problema más significativo es que con un millón y medio de pesos a valores de hoy, antes de 2023 esa familia no es que estaba bien, pero cubría los alimentos, los gastos de la vivienda, la vestimenta, los servicios», dijo.
Si bien reconoció que los alimentos están relativamente más baratos que en años anteriores, Salvia aseguró que las tarifas de transporte, servicios públicos y comunicaciones tienen mucha mayor incidencia en la canasta de pobreza.
«Entonces lo que queda para comprar medicamentos, arreglar la casa y demás es mucho menos que lo que quedaba en 2011-2012 y 2017», detalló.
En los dos años y medio de la gestión Milei, los alimentos aumentaron por debajo de la inflación, pero los servicios se incrementaron por encima. Si bien bajó la experiencia de «inseguridad alimentaria», el salario de las clases medias bajas «no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, entonces con un cambio de composición, la pobreza no sería del 28 sino del 38 o el 40%».
El Intendente Marcelo Orazi acompañó este mediodía a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto de entrega de maquinaria correspondiente al programa de financiamiento para la provisión de máquinas agrícolas destinadas a la producción rionegrina. Fueron 22 las herramientas rurales entregadas a productores del Alto Valle para mejorar la productividad y la competitividad del sector…
