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Información de interés para proveedores municipales

La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de la implementación del procedimiento de Certificación Municipal de Libre Deuda Alimentaria, quienes pretendan constituirse en proveedores municipales deberán adjuntar un Certificado Municipal de Libre Deuda Alimentaria expedido por la Contadora Municipal.

Esto será una condición para la correspondiente inscripción como proveedor. La Contadora Municipal será quien verificará previamente que las personas interesadas no se encuentren incluidas en el listado de deudores que figura en el Registro de Deudores Alimentarios publicado en la página web www.registrocivil.rionegro.gov.ar

En el supuesto caso de encontrarse inscriptos en el mencionado Registro, se lo inscribirá como proveedor de manera provisoria por un plazo de 60 días para que pueda regularizar su situación. Cabe aclarar que no percibirá pago alguno hasta obtener el certificado correspondiente.

Las personas que ya se encuentren inscriptas en el registro municipal de proveedores deberán adjuntar el Certificado Municipal al momento de iniciar cualquier procedimiento de contratación conforme lo establece la ordenanza 067/94.

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    Macri desalojó a cartoneros y Grabois lo cruzó con dureza

     

    El jefe de Gobierno porteño ordenó el desalojo de una cooperativa de recicladores en Parque Avellaneda y celebró la medida como “recuperación” de un predio. Juan Grabois respondió con una durísima crítica política y social, denunciando un ataque contra trabajadores humildes.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El conflicto estalló luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que funcionaba desde hace años en un predio de Parque Avellaneda. Desde la Ciudad justificaron la acción como una recuperación de propiedad pública.

    Macri eligió las redes sociales para exhibir la medida como un logro de gestión, asegurando que la cooperativa había “usurpado” el lugar durante una década y que el operativo se inscribía en una política de orden y legalidad. Incluso contabilizó el procedimiento como la propiedad número 553 recuperada, en un mensaje con tono celebratorio.

    La respuesta no tardó en llegar. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce y acusó al jefe de Gobierno de ensañarse con los sectores más vulnerables, en lugar de enfrentar problemas estructurales de la Ciudad.

    El desalojo como política

    Desde el entorno porteño sostienen que “los usurpadores no tienen lugar” y que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones sociales remarcan que se trata de trabajadores de la economía popular que reciclan, generan ingresos y cumplen una función ambiental clave, muchas veces supliendo la ausencia estatal.

    La cooperativa desalojada forma parte del entramado cartonero que sostiene el reciclado urbano en la Ciudad, con miles de familias que viven de esa tarea y que, en muchos casos, operan bajo convenios y marcos de reconocimiento institucional.

    La reacción de Grabois

    Grabois fue directo y sin eufemismos. Calificó a Jorge Macri como una “rata de segunda marca” y sostuvo que el problema no es un ataque personal, sino la decisión de ir contra gente humilde que trabaja y no le hace daño a nadie. En su descargo, subrayó que los cartoneros actúan en el marco de la legalidad y con organización colectiva.

    El dirigente social también cuestionó lo que definió como una estrategia política conocida: personalizar el conflicto para ocultar una política de exclusión contra los de abajo, y denunció una lógica de crueldad disfrazada de orden.

    Un modelo de Ciudad en disputa

    El episodio vuelve a poner en evidencia el choque entre dos modelos. Por un lado, una gestión porteña que prioriza el marketing del “orden” y la recuperación de espacios sin contemplar el impacto social. Por el otro, organizaciones que reclaman reconocimiento, diálogo y políticas públicas inclusivas para quienes sostienen la economía popular.

    Lejos de ser un hecho aislado, el desalojo en Parque Avellaneda se inscribe en una avanzada contra cooperativas y organizaciones sociales, mientras la Ciudad evita discutir soluciones de fondo para el trabajo, la vivienda y el reciclado urbano.

    En ese contexto, la pelea verbal entre Macri y Grabois expone algo más profundo que un cruce en redes: la disputa por quiénes tienen derecho a la Ciudad y quiénes son expulsados en nombre de una legalidad selectiva.

     

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