Un día como hoy hace 20 años, secuestraban a Marita Verón.

A las 9:15, María Verón de 23 años saludo a su mamá y salío de su casa, se dirigía a una consulta médica a unas cuadras de su casa. Cuando llegó a la esquina, un Duna rojo la interceptó y 3 personas la subieron por la fuerza.

Sus padres fueron a la comisaría a realizar la denuncia, pero la policía les dijo que aún era pronto. Cerca de las 22hs luego de insistir, les tomaron los datos.
Era el 3 de abril de 2002, en Tucumán, y la historia recién comenzaba:

3 días después, a 30 km de donde la habían secuestrado, varias personas aseguraban haberla visto e inmediatamente, hicieron la denuncia a la policía «Llevaba zapatos de taco no las zapatillas que tenía al ser secuestrada y deambulaba por zona» Fue así que el jefe de la comisaría decidió enviar a un patrullero a buscarla, pero en lugar de ponerla a salvo, la subieron a un colectivo de media distancia que iba destino a San Miguel‼️Marita nunca llegó.


Luego de años de lucha, Susana Trimarco, su mamá, llegó a infiltrarse en una red de prostitución donde logró liberar a muchas mujeres que habían sido secuestradas y le brindaron datos sobre su hija.
📌En uno de esos tantos intentos Susana por recuperarla, se metio en otro prostíbulo donde una joven le dijo «Casi llegas, se la acaban de llevar».
Gracias a su lucha inquebrantable, y pese a las trabas de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, Susana destapó una red de trata y de encubrimiento oficial que aún hoy continúa vigente. Durante el juicio, quedó en evidencia que el poder no estaba interesado en frenar este negocio. Mientras Susana narraba los hechos, el juez la interrumpía «Te faltaba mucho?» a lo que Susana contestó, «Si, y póngase cómodo»‼️
Declaró «vine como una estúpida a la Casa de Gobierno, y digo estúpida porque la mafia estaba ahí». Ante el repudio social, renuncio el ministro de Seguridad de Tucumán y los acusados recibieron 15 y 22 años de prisión.
📌Hoy, las redes de trata siguen funcionando con el amparo de la «Justicia» y de eso no se habla. A las mujeres se las secuestra y se las desaparece mientras solo la lucha popular las hace visibles.
De Marita no se volvió a saber hasta el día.

Del Instagram de @cuestionatee

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  • Europa sospecha de presencia de soja transgénica en embarque argentino y crece el temor por el acuerdo comercial

     

     La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.

    El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.

    En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.

    Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.

     [Toto Caputo le dio el control de los puertos a un ex funcionario de Dietrich señalado por permitir un festival de empresas fantasmas]

    El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.

    En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.

     Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares 

    En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.

    Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.

    Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.

    En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.

    Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.

    En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.

     

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