La Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel visitaron la localidad de Chelforó para interiorizarse sobre el funcionamiento del invernadero escuela que se enmarca en el programa ‘Miles de oportunidades’.
El mismo es impulsado por el Gobierno de Río Negro en conjunto con el programa Pro Huerta del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y apunta a construir invernaderos escuelas para capacitar a las familias en la construcción de esta tecnología para producir y garantizar el autoabastecimiento de alimentos frescos.
Estuvieron presentes también funcionarios de los Municipios de Godoy y Chichinales y de la Comisión de Fomento de Valle Azul, además del Coordinador del Consejo Escolar Alto Valle Este Julio Parada.
En la oportunidad fueron recibidos por el Comisionado de Chelforó Adrián Lamela. “La visita nos sirvió para intercambiar experiencias mientras aguardamos la llegada del programa al Alto Valle”, manifestó Luisa Ibarra.
El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
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