La Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel visitaron la localidad de Chelforó para interiorizarse sobre el funcionamiento del invernadero escuela que se enmarca en el programa ‘Miles de oportunidades’.
El mismo es impulsado por el Gobierno de Río Negro en conjunto con el programa Pro Huerta del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y apunta a construir invernaderos escuelas para capacitar a las familias en la construcción de esta tecnología para producir y garantizar el autoabastecimiento de alimentos frescos.
Estuvieron presentes también funcionarios de los Municipios de Godoy y Chichinales y de la Comisión de Fomento de Valle Azul, además del Coordinador del Consejo Escolar Alto Valle Este Julio Parada.
En la oportunidad fueron recibidos por el Comisionado de Chelforó Adrián Lamela. “La visita nos sirvió para intercambiar experiencias mientras aguardamos la llegada del programa al Alto Valle”, manifestó Luisa Ibarra.
La Gobernadora Arabela Carreras confirmó que el martes 22 se retomarán las clases presenciales en todas las ciudades y localidades rionegrinas. La Mandataria adelantó además que se adelantará el receso invernal una semana, comenzando el 5 de julio y se extenderá por tres semanas. Carreras anunció esta decisión a través de su cuenta de Twitter…
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.
Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.
No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.
«No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
El juez federal Ariel Lijo.
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.
La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.
No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo» Eduardo Galeano TODO PEDAZO DE PLÁSTICO CREADO, SIGUE EXISTIENDO EN ALGUNA PARTE DEL PLANETA. Sí, es difícil encarar este tema porque casi todo lo que consumimos viene envuelto en algún tipo de plástico. No voy a entrar en el detalle de los…
El juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Hugo Sigman, a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y a otros ex funcionarios y ejecutivos acusados de demorar durante la pandemia la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales en la fabricación de dosis entre 2020 y 2021.
Son en total 15 indagatorias ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que advirtió una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia, que envuelve a empresarios como Sigman y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
Stornelli señaló en su dictamen que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas Pfizer «desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido» y «se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm».
Y agregó: «Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación».
Ya en 2021, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones sobre el fiasco de su vacuna con AstraZeneca, despegándose de las demoras.
A pesar de los lucrativos negocios con el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, Sigman fue uno de los aportantes más fuertes a la campaña presidencial de Javier Milei.
Desde su posición de poder hizo un fuerte lobby durante tres años contra el tratado de patentes, debate que se arrastra hasta estos días ya que se volvió a aplazar su tratamiento en el Congreso.
La pelea por las patentes ya le había costado caro a Diana Mondino. La excanciller era partidaria de desregular y adherir a la normativa de EEUU, pero chocó con la resistencia de Javier Milei. Esa contradicción ideológica del presidente acaso estuvo motivada por los generosos aportes de campaña de los laboratorios liderados por Sigman y Sielecki.
Pero en la actualidad el gobierno de Milei se ve comprometido a tener listo el tratado antes de fin de mes en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, representa un golpe a los intereses de Sigman que, ahora, se encuentra comprometido en la Justicia por la causa de las vacunas.
«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos socios locales», dijo Stornelli
Según Stornelli, existieron «serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19».
«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos «socios locales» que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana», dijo el fiscal.
Y consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras».
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