La Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel visitaron la localidad de Chelforó para interiorizarse sobre el funcionamiento del invernadero escuela que se enmarca en el programa ‘Miles de oportunidades’.
El mismo es impulsado por el Gobierno de Río Negro en conjunto con el programa Pro Huerta del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y apunta a construir invernaderos escuelas para capacitar a las familias en la construcción de esta tecnología para producir y garantizar el autoabastecimiento de alimentos frescos.
Estuvieron presentes también funcionarios de los Municipios de Godoy y Chichinales y de la Comisión de Fomento de Valle Azul, además del Coordinador del Consejo Escolar Alto Valle Este Julio Parada.
En la oportunidad fueron recibidos por el Comisionado de Chelforó Adrián Lamela. “La visita nos sirvió para intercambiar experiencias mientras aguardamos la llegada del programa al Alto Valle”, manifestó Luisa Ibarra.
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El municipio reginense, con Carolina Cailly como representante legal, presentó una medida cautelar ante el juzgado civil N°21 donde se solicitó el cese de la demolición de la chimenea Fioravantti, el recurso fue aceptado por la jueza Paola Santarelli, pero el trabajo realizado sobre las bases de la construcción ya no puede retrotraerse. Si bien…
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 01/2021 destinado a la contratación de servicio médico veterinario para la esterilización canina y felina. El presupuesto oficial total es de $924.000. Los profesionales interesados podrán realizar consultas y adquirir los pliegos en el Departamento de Compras ubicado en el edificio central de…
Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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