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BARILOCHE, EL DESTINO DEL PAÍS MÁS BUSCADO DURANTE EL HOT SALE

Durante los tres días de promociones del Hot Sale 2021, San Carlos de Bariloche se ubicó como el destino nacional más elegido, generando buenas expectativas para lo que será la venidera temporada invernal.

Los resultados arrojados exponen que la intención por viajar se mantiene firme y las promociones, que incluyeron cuotas sin interés y vuelos y paquetes flexibles, ubicaron a la localidad andina como el primer destino más buscado por los turistas, seguido por Mendoza, Salta y El Calafate.

La subsecretaria de Turismo, Cecilia Caldelari, señaló que “esto es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia promocionando los distintos destinos rionegrinos. Además, nos da una perspectiva y visión de la demanda que puede haber para la próxima temporada. Claramente la gente busca y sigue eligiendo las actividades de nieve en los destinos de la cordillera”.

En el mismo sentido, la funcionaria ponderó que “estos eventos no solo muestran el interés de los visitantes sino también el compromiso de las agencias de viajes y OTA´s en seguir ofreciendo los productos y destinos de nuestra provincia”.

Cabe señalar, que en el marco de las acciones y gestiones constantes que realiza la provincia, la ministra de Turismo y Deporte de Río Negro, Martha Vélez, participó días atrás, del encuentro virtual del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, en el que autoridades patagónicas delinearon acciones a realizar en conjunto con el objetivo de incentivar la demanda del turismo.

Por otro parte, el trabajo de promocionar a Bariloche se encuentra a cargo del EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística), que recibe aportes del Gobierno de la provincia a través de la Ley de Promoción Turística. Este organismo potencia las acciones conjuntas del sector público y privado para seguir posicionando estratégicamente a este sobresaliente destino rionegrino.

Desde la cartera de Turismo provincial, el trabajo y las expectativas apuntan a una buena temporada de invierno y a que los destinos de la provincia vuelvan a ser elegidos por los y las visitantes, tal como sucedió durante el verano y en el marco de Semana Santa.

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

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