En su primera presentación en Diputados tras ser electa senadora, Patricia Bullrich evitó dar respuestas sobre las relaciones entre el narcotraficante Fred Machado, el diputado Espert y aportantes de su propia campaña. En lugar de detallar el Presupuesto 2026, defendió su política de “orden” y anunció un nuevo Código Penal “no garantista”.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El debut legislativo de una ministra bajo la lupa
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó este martes en la Cámara de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2026. Sin embargo, su debut como futura senadora estuvo lejos de centrarse en los números de su cartera. La funcionaria dedicó la mayor parte de su exposición a reafirmar su política represiva y a prometer que “se acabaron los piquetes”, en un discurso que buscó más impacto político que rendición de cuentas.
Con un oficialismo envalentonado tras las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza intenta ahora dilatar la discusión del Presupuesto para después del 10 de diciembre, cuando el nuevo Congreso —más favorable al gobierno— asuma sus bancas.
Pero lo que marcó la jornada fue otra cosa: Bullrich esquivó dar explicaciones sobre las relaciones entre el narcotráfico y miembros de su propio espacio político.
Fred Machado, Espert y una respuesta esquiva
El momento más tenso de la sesión llegó cuando el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, le preguntó directamente por el vínculo entre el diputado José Luis Espert y el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Castillo recordó que Espert viajó 36 veces en aviones de Machado y recibió transferencias de sociedades vinculadas al acusado. También le señaló la relación de Alejandra Bada Vázquez, aportante a la campaña de Bullrich en 2023, con el mismo entramado.
La ministra evadió la pregunta y se limitó a afirmar que Machado “no tiene una causa en Argentina” y que “está preso para extradición”. Según su relato, “no es problema nuestro”, porque “los delitos fueron cometidos fuera del país”.
Una defensa que sonó más a descargo político que a respuesta institucional, y que dejó en evidencia el doble estándar del oficialismo: mientras se jactan de “orden y justicia”, guardan silencio ante las conexiones de sus propios cuadros con redes delictivas.
“El que las hace, las paga… si no es de mi partido”
La frase con la que Castillo resumió la situación resonó fuerte en el recinto: “Si es de su partido, las zafa, no las paga”. Y es que Bullrich tampoco respondió cuando se le repreguntó sobre los informes de inteligencia elaborados durante su gestión anterior que, según ella, “debían haber sido enviados a la Justicia Electoral”.
La ministra insistió en culpar al gobierno anterior y volvió a deslindarse: “Si había un delito, debían haber denunciado en ese momento”. En el mismo tono, negó los aportes de Bada Vázquez a su campaña, calificando todo de “un invento”.
Sin embargo, los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran el nombre de la empresaria entre los aportantes, lo que deja en evidencia otra contradicción de la funcionaria.
Un nuevo Código Penal, sin garantías
En otro tramo de su exposición, Bullrich anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo Código Penal, con más de 900 artículos y penas más duras para múltiples delitos.
El texto, según adelantó, “no será garantista”, dejando clara la orientación punitiva del gobierno. Entre las modificaciones, mencionó la imprescriptibilidad de homicidios y abusos sexuales, la creación de figuras como la “porno venganza” y el endurecimiento de las sanciones por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Lo que no explicó fue cómo garantizará la transparencia en un gobierno que acumula denuncias de vínculos con financistas sospechados y empresarios investigados.
Presupuesto, postergaciones y blindaje político
La exposición de Bullrich fue más un acto de campaña que una rendición ante el Congreso. Con la discusión del Presupuesto 2026 todavía abierta, el oficialismo apuesta a postergar el dictamen hasta después del 10 de diciembre, cuando contará con una mayoría propia más cómoda.
La oposición, por su parte, busca mantener el calendario previsto y aprobar el dictamen el próximo martes 4 de noviembre.
Pero, mientras tanto, la ministra logró lo que parecía su verdadero objetivo: desviar la atención de los vínculos narcos dentro de su espacio político y vestir de “orden” lo que, en los hechos, es una gestión cada vez más opaca.
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El fiscal Franco Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, a través de un dictamen elevado al juez Sebastián Casanello, para tomarle declaración indagatoria.
El dictamen revela el entramado de corrupción a partir de la prueba recogida en los teléfonos celulares incautados, los dispositivos informáticos y documentación encontrada durante los allanamientos, en el marco de la causa que más atormentó a Karina Milei, a quien referían los audios de Spagnuolo como la beneficiaria del 3% del dinero desviado.
En el escrito, el fiscal también se reclamó la detención de Daniel Maria Garbellini, director de Acceso a la Salud del organismo, y Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios que participaban del desvío de fondos.
Lo mismo solicitó para Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, empleados de Andis, y Pablo Atchabahian, quien ocupó el cargo de Calvete entre 2018 y 2019 y formaba parte de la organización. Además, planteó la citación para que declaren otras 9 personas involucradas en la investigación.
A lo largo de 276 páginas, Picardi demuestra la intervención de lobbistas de los laboratorios y ex funcionarios de la Andis para el direccionamiento de las compras y el pago de sobreprecios. También lista audios e imágenes de chats que comprometen a las personas contra las cuales se libraron los pedidos de detención.
Incluso, llega a exponer un audio en que uno de los operadores le dice a Spagnuolo que mande un «fercho» para retirar dinero.
LPO accedió al material este viernes, luego que se levantara el secreto de sumario. La información recabada demuestra que Spagnuolo fue tomado por cámaras de monitoreo cuando ingresaba al domicilio de uno de los proveedores, el pasado 13 de agosto, con una mochila al hombro.
Según el dictamen de Picardi, «los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS». Por caso, describe que «Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje».
La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer «cinco palos» en efectivo, en pesos. «Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: «El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos».
Captura de una conversación entre Calvete y su pareja.
Picardi sostiene que existe «la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)», y considera que ese mecanismo «permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes».
Su investigación demuestra que se benefició «a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios». «Se detectó un sistema de compulsas ‘especiales’ en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de ‘competencia aparente'», notificó.
El fiscal asegura que «a cambio de asegurar,
gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos
indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando
Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes
permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la
organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a
personas con discapacidad».
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