Una protesta liderada por oficiales retirados desató una fuerte tensión este lunes en Mar del Plata, donde el jefe de la departamental local, comisario mayor Cristian Fontana, fue atacado a golpes por uno de los manifestantes.
Entre los reclamos centrales, aparece la exigencia de un aumento salarial del 80%, mayor cobertura de IOMA, subir a 12 mil pesos el valor de las horas Cores (extra) y un aumento del 50% de las horas Polad (servicios adicionales).
La protesta que llegó a cortar un carril de la neurálgica avenida Independencia se hizo frente a la Comisaría Primera y tuvo como portavoz al ex jefe de la policía marplatense, Marcelo Di Pasqua, desafectado en 2017 por el gobierno de María Eugenia Vidal, acusado por el supuesto encubrimiento de un narcotraficante.
También armador local durante 2025 de «Unión y Libertad», uno de los sellos filo-libertarios que compitieron en las pasadas legislativas, Di Pasqua sostuvo a los medios locales que la protesta «no tiene banderías políticas».
Al lugar de apersonó el comisario mayor Fontana que, mientras era abordado por un grupo de familiares y retirados, fue golpeado por un manifestante.
#URGENTE Le pegaron una trompada al jefe de la Departamental de Mar del Plata, Cristian Fontana, en la movilización que realizan familiares y efectivos retirados para pedir aumentos salariales y mejores prestaciones médicas para la policía. pic.twitter.com/a53kT4tR19
La escena se da días después del fuerte conflicto que se registró en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que ceder al intenso reclamo policial, levantó sanciones contra quienes habían abandonado el servicio y otorgó subas que bordean el 50%.
En declaraciones a 0223, Di Pasqua dijo que, si bien hay puntos en común con la protesta santafesina, en Mar del Plata «no se verá afectada la seguridad» ya que la movilización la realizan principalmente familiares y policías retirados, aunque sostuvo que los efectivos «apoyan el reclamo».
La protesta tuvo como portavoz al ex jefe de la policía marplatense, Marcelo Di Pasqua, desafectado en 2017 por el gobierno de María Eugenia Vidal, acusado por el supuesto encubrimiento de un narcotraficante.
«El policía que recién ingresa cobra entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo y un comisario a cargo, alrededor de 2 millones de pesos. Esto hace que haya policías que salen a trabajar de Uber. Conozco comisarios que lo hacen», agregó.
Fuentes con llegada a los manifestantes señalaron a LPO que la escalada de las protestas dependían mucho de cómo se iba a resolver el conflicto en Santa Fe y que si en esa provincia los uniformados lograban su cometido, eso podría generar reacciones en otras jurisdicciones, como Buenos Aires.
Di Pasqua dijo que los efectivos que respaldan la protesta no aparecieron en el corte porque «no pueden levantar la voz porque son sancionados».
La última vez que se desató una protesta policial de efectivos de la Bonaerense fue el 9 de septiembre de 2020 en plena pandemia y a las puertas de la Quinta de Olivos. Por esa rebelión, en 2021 el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni desafectó a 400 policías.
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La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.
Por la Redacción de NLI
La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.
El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.
Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.
En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.
Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.
El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.
Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.
La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.
La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.
Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?
Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.
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