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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del legislador bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
La declaración jurada pedida por Marijuan apunta al segundo delito. El fiscal considera que tiene información suficiente para avanzar contra Adorni por haber mentido en sus declaraciones juradas. La decisión ahora la tiene el juez Daniel Rafecas, que debe avalar o no el pedido del fiscal.
Como contó LPO, Francisco Adorni tuvo que rectificar dos veces su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción porque no le cerraban los números. La investigación abarca el período 2023-2026 cuando antes de ser legislador fue funcionario del Ministerio de Defensa.
En la última rectificación, Adorni sostuvo que tenía menos patrimonio del que había declarado al anotar una menor valuación del 50% de su casa en City Bell, que primero valuó en 67.500.000 pesos y luego en 52.600.000.
Marijuan imputó a Adorni tras una denuncia de Marcela Pagano que detectó que el patrimonio pasó de 43.790.000 pesos en 2024 a 80.500.000 pesos en 2025. El dato que complicó al legislador es que declaró una cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones, lo que no se condice con su patrimonio.
Además, la justicia investiga las inconsistencias de los Adorni respecto a la supuesta herencia que recibieron de su padre. En su primera rectificación Francisco incluyó una herencia de 21 millones que no había dado a conocer anteriormente ante la OA, un número que los investigadores creen que es exagerado.
Guillermo Marijuan
Marijuan apunta a la omisión maliciosa de Francisco Adorni y remarca que no pudo desconocer los errores porque trabajó durante años como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y una de sus funciones estaba vinculada a la revisión de declaraciones juradas.
«De modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación», sostuvo Marijuan, que dijo que en base a los elementos recabados el hermano de Adorni es «un experto en la materia.
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