Las Plazas de los Próceres, de los Inmigrantes y La Estación lucen desde el jueves con una renovada iluminación a partir del recambio de artefactos de sodio a modernos equipos LED.
Los trabajos se habían puesto en marcha a fines de septiembre y consistieron en la instalación de luminarias de tecnología LED de 50 Watts en las globas y de 150 Watts en las de la parte superior.
En total fueron casi 200 equipos los que se colocaron en esos espacios.
De esta manera, la gestión del Intendente Marcelo Orazi continúa trabajando para optimizar la prestación de los servicios.
El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento. El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro…
La supuestamente apolítica y proyanqui selección argentina posó ayer con una bandera: “Las Malvinas son argentinas”. Ya lo había hecho en la foto oficial en la previa del Mundial Brasil 2014, en un amistoso contra Eslovenia en La Plata, donde sostuvo una pancarta con idéntico mensaje. Aquella vez la FIFA investigó el caso basándose en su código de seguridad y la prohibición de «acciones provocadoras o agresivas». Multó a la AFA con 30.000 francos suizos (unos 33.000 dólares) y emitió una reprensión formal.
Y en este Mundial 2026, tras la victoria argentina ante Egipto en los octavos de final, se viralizó un video del equipo de Scaloni cantando “Muchachos” en el vestuario, la canción inaugurada en el Mundial Qatar 2022, que habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. La Federación Inglesa (FA) presentó un reclamo disciplinario inmediato argumentando un tinte político ofensivo. Sin embargo, la FIFA decidió desestimar el caso por completo. No aplicó multas ni sanciones: entendió que formaba parte del folklore de la celebración en un ámbito privado.
La primera regla no dicha de los mundiales no se rompió hace cuarenta años, con La Mano de D10S en el Estadio Azteca, el 22 de junio de 1986; se rompió hace sesenta años en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando el 23 de julio Antonio Rattin humilló a la corona británica al osar sentarse en la alfombra roja de la realeza y estrujar un banderín del córner, luego de una expulsión que consideró injusta, en un partido donde la selección inglesa dejó afuera a la argentina. Allí surgió el único clásico internacional: Argentina vs Inglaterra. Donde la regla no dicha es no hay clásicos internacionales, que es como decir no hay subjetividad en los partidos y también, nada en el fútbol mundialista es político.
La rivalidad histórica entre los dos países empezó mucho antes, en el siglo XIX, cuando las milicias criollas expulsaron a las tropas británicas que habían invadido Buenos Aires entre 1806 y 1807. Y se reeditó en el intento infructuoso de Gran Bretaña de colonizar la Patagonia en 1891, un tema que hoy está candente a partir de la ocupación de tierras estratégicas del sur argentino. Aunque es la ocupación de las Islas Malvinas en 1833 y sus intentos de recuperación a través de la diplomacia y la guerra fallida de la última dictadura militar en 1982 lo que hoy está en el centro del debate. Ahí entra a tallar el fútbol, un deporte creado en Inglaterra en 1857 y exportado a la Argentina por inmigrantes ingleses en 1867 (lo que vuelve más interesante la disputa: ganarle al Padre).
A la diplomacia y a la guerra hay que agregar entonces el fuerte peso simbólico de los gestos de Rattin y de Maradona que, como mencionamos, ayer replicó la Scaloneta luego de ganarle a Inglaterra 2 a 1 y convertirse en finalista de este Mundial 2026. La justicia poética funciona como acto de economía geopolítica: lo que se juega en los paratextos del partido es también económico. De hecho, la sanción que prevé la FIFA para el despliegue de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” es económica y recaería sobre la AFA. Al margen del lugar ya común, aunque no por eso menos cierto, de que el fútbol en general y los mundiales en particular son un gigantesco negocio, además de un lavado de cara para acciones en la geopolítica internacional de las sedes mundialistas. Al margen, también, de la polémica que gira alrededor de la pausa de hidratación como espacio para las apuestas online y el consumo de comida chatarra, publicitado por los propios jugadores y por una imagen generada por IA de Maradona incitando a apostar (si el Diego se levantara de la tumba).
Esas infracciones a la norma generaron cambios en las políticas de la FIFA. A partir del gesto rebelde de Rattin en 1966, para ordenar las sanciones, el árbitro inglés Ken Aston creó el sistema de tarjetas rojas y amarillas inspiradas en los colores de las luces del semáforo. Luego del gol con el puño izquierdo de Maradona, un dato no menor en este contexto, si le quitamos el aura religiosa al asunto —un gol de trampa, el ilícito (según Fernando Signorini), que el VAR hubiera anulado (y entonces quizá no ganábamos el Mundial 86, y quien dice cómo hubiese sido la historia); el robo de la billetera a los ingleses en palabras de Diego (de nuevo, economía geopolítica); un acto de revancha por los pibes de Malvinas— la FIFA comenzó a sancionar acciones dentro de la cancha como quitarse la camiseta (para evitar mensajes políticos o religiosos en las remeras interiores) y endureció los castigos por gestos provocadores a la tribuna rival, buscando aislar el juego de las tensiones del mundo real. Hoy, en Estados Unidos 2026, apuntar al cobro de un peaje financiero parece preferible a interrumpir el espectáculo y el juego. Para usar otro lugar común: el show debe continuar.
Tanto las declaraciones de Milei diciendo que “no hay que mezclar la hacienda”, calificando de “gestos de patrioterismo baratos, berretas” a los que reivindican la soberanía nacional del país que gobierna, o el posicionamiento opuesto de la vicepresidenta Victoria Villlarruel, hija de un militar combatiente de Malvinas, así como el pedido del primer ministro inglés Keir Starmer de que la FIFA abra una investigación a los jugadores o los titulares, o la “acusación” de los medios británicos como The Guardian, que catalogó el hecho como la exhibición de una «bandera política» («political Falklands flag«), dejan en claro que sí, que la cosa está mezclada.
Los propios jugadores refrendaron el gesto con palabras al ser consultados por la prensa luego del partido. “Y siempre serán argentinas”, dijo, por ejemplo, Lisandro Paredes. Lionel Messi saltó con todos los demás.
Otra bandera, menos viralizada, fue la que desplegó un hincha en la tribuna con la representación del mapa de las islas y la inscripción “Por siempre nuestras”.
Entonces, cada vez que alguien intenta deslindar el fútbol mundial de la economía geopolítica (Scaloni conoce bien el reglamento y sabe que habrá sanciones económicas y tirones de oreja a los jugadores), están ahí los propios futbolistas y las hinchadas y un montón de periodistas para decir que no, que todo fútbol es político, que el fútbol es mucho más que 22 sujetos corriendo detrás de una pelota (ya lo dijo el Diego) y que las rivalidades y las reivindicaciones históricas se juegan también, ahí, en las tribunas, dentro de la cancha, entre los dos arcos, sobre el pasto verde no tan inglés.
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
Los aliados empujaron este jueves al gobierno a retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la ley de manejo del fuego y la media sanción de la iniciativa de Federico Sturzenegger terminó desflecada. Pese que Patricia Bullrich logró retener el voto de los 10 radicales, los tres del PRO, los dos misioneros y la chubutense Edith Terenzi para la votación en general, ese fragmento del dictamen se desplomó por la falta de respaldo de casi todo el arco de los bloques dialoguistas, como ocurrió con el capítulo de extranjerización de la tierra.
Frente a la estampida de senadores contra el pomposo proyecto, el oficialismo tuvo que conformarse con la aprobación de los capítulos referidos a la agilización de los desalojos y el recorte de las facultades del Estado en las expropiaciones, menos de un tercio del contenido que ambicionaba el gobierno cuando lo mandó al Congreso en marzo.
El derrumbe fue tan estruendoso que el fueguino Agustín Coto anunció que La Libertad Avanza aceptaba quitar los artículos referidos al manejo del fuego y José Mayans le retrucó que retirasen la ley completa.
Bullrich se fue enterando a lo largo de la tarde cómo se le escapaban los respaldos, con el mismo efecto cascada que le hizo perder la ley de tierras. El discurso torpe de Joaquín Benegas Lynch también contribuyó a quemar los puentes con los senadores aliados, a los que el libertario entrerriano tildó de «ignorantes» y «tibios» por sucumbir ante «el show mediático» que supuestamente se montó contra la venta de terrenos a extranjeros.
Esa intervención de Benegas Lynch, que ensayó al principio de la sesión para rechazar la impugnación que presentó Juliana di Tullio para impedir que vote por conflicto de intereses ante la revelación de LPO, detonó la mayoría de los 44 que armó Bullrich durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. Si el vínculo había quedado resentido esta semana por la mala praxis de la jefa de bancada oficialista, los dichos del senador que se dedica a valuar y vender campos en su actividad privada terminaron de estallarlos.
En efecto, los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento que barría con las sanciones o limitaciones a los propietarios de hectáreas que se incendiasen para luego enajenarse. Así fueron cayendo los anuncios del radical Maximiliano Abad, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi.
Royón, en el Salón Eva Perón.
Abad explicó en su exposición que esa parte del proyecto era «regresivo» y que «la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establecen el principio de no regresión ambiental». En tanto, Royón había avisado que, más allá de los cabildeos que se produjeron durante meses en el despacho de Víctor Zimmermann en el Senado para retocar la ley, «todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y por eso votaría en contra.
La chubutense Terenzi y la tucumana Ávila, fundamentales para voltear el capítulo de tierras, también se opusieron y fastidiaron los planes del gobierno.
Los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento de Manejo del Fuego.
Finalmente, el proyecto quedó compuesto por lo que fuera el Capítulo I, referido a la Expropiación y Regularización Dominial, el Capítulo II, dedicado a los Procesos de Desalojo y el Capítulo V, sobre el Registro de la Propiedad Inmueble.
El primero fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra y el segundo cosechó 36 voluntades por la afirmativa y 33 por la negativa. Terenzi se abstuvo después de explicar que no compartía la orientación del articulado pero también advirtió que lo que se estaba legislando aplicaba solo a la Capital Federal porque el resto de las jurisdicciones tenían su propio régimen de desalojos.
La frontera es un teatro inmunológico en el que cada cuerpo es percibido como un enemigo potencial, y él y yo estamos a los dos lados en ese umbral para jugar el juego de la identidad y de la diferencia. Paul B. Preciado Paul B. Preciado nos conduce hasta los rincones menos pensados de la…
Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz. El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es…
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