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AUDIENCIA ILEGÍTIMA EN AÑELO

Desde las asambleas y organizaciones ambientalistas de Río Negro y Neuquén advierten que la “audiencia convocada por la provincia de Neuquén para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur no tiene en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, no tiene real interés de promover la participación y no atiende el derecho a la consulta previa de las comunidades”, perdiendo de este modo el sentido de dicha audiencia.

La audiencia fue convocada de manera presencial en un hotel de Añelo para el jueves 20 de abril a las 10.30, es un paso necesario del proceso para avanzar con el oleoducto propuesto por YPF que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo (Nqn) y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías (RN).

Explica el comunicado emitido en las plataformas de las organizaciones y asambleas ambientales que esta “audiencia pone en debate el EIA de una parte del proyecto: evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto”. De esta manera, aseguran que “no tiene en cuenta los impactos acumulativos, ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto”. También afirman que “todavía no está concluído el trabajo de análisis del proyecto en la Costa Atlántica”.

Lo que se propone desde las asambleas, organizaciones y vecinos y vecinas de Río Negro y Neuquén mediante la presentación de distintas notas reclamando que se suspenda la audiencia en pos de que se garantice un real derecho a la participación es que la audiencia se lleve a cabo con la modalidad mixta, presencial y virtual. Dichas notas buscaban “garantizar la participación de personas que no pudieron acercarse al lugar, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a unos 700 km de donde el proyecto terminará”.

La respuesta fue desconocer el reclamo, el derecho a la participación que es una garantía constitucional y además está reconocido por acuerdos supranacionales como el Acuerdo Escazú,La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. “En todos esos acuerdos se intima a los Estados a garantizar la mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre todo en materia ambiental”, afirma el comunicado.

La audiencia convocada tampoco respeta el derecho indígena. Ya que el EIA reconoce que la traza proyectada afecta el territorio de la comunidad mapuche Lof Fvta Xayen (en el paraje Tratayen). “Pese a eso no se ha realizado la Consulta, Previa, Libre e Informada, un derecho otorgado por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, la comunidad afectada también reclamó mediante nota al ministro del área el lunes 17 de abril que suspenda el llamado a audiencia hasta que se realice la consulta en la comunidad”.

Siempre es valedero volver a remarcar como lo expresa el comunicado que “el proyecto de oleoducto y puerto no hubiera sido posible sin la apurada e ilegal modificación de la Ley 3308 de Rio Negro que defendía el Golfo de este tipo de intervenciones. Ante esa resolución legislativa distintas organizaciones presentaron en diciembre de 2022 un pedido de inconstitucionalidad ante Superior Tribunal de Justicia rionegrino del cual aún no hubo fallo. Entendemos que no existen garantías de libre proceso mientras la justicia no resuelva el pedido de inconstitucionalidad”.

Por todo eso, se reitera que la audiencia no es legal, ni legítima, ni pública, ni tiene validez. Las distintas asambleas y organizaciones ambientales invitan y convocan a la ciudadanía, vecinos y vecinas preocupados por el ambiente y el desarrollo de nuestros territorios a sumarse.

Multisectorial Golfo San Matías, APDH – Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Confederación Mapuce de Neuquen- Zonal Xawvnko – Observatorio Petrolero Sur, Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, UnTER Valle Medio, Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones. APDH Alto Valle – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa- Asamblea del Coli Leuvu de Catriel-. Asamblea por el Agua Comarca de Viedma

Fuente: Asamblea del Curru Leufu
Foto: Facebook defendamos el golfo

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    El monto más que duplica la cobertura que dio el Banco Mundial que es de USD 2.000 millones y se produce justo cuando se supo que en el gobierno de MIlei la deuda externa creció unos USD 30.000 millones, pese a que Caputo intentó dibujar ese mal dato con contabilidad creativa.

    La norma faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a definir montos, plazos, monedas, tasas, comisiones y demás condiciones de la operación. También habilita la contratación de bancos, agentes de pago, asesores legales, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios para cerrar el financiamiento.

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    La confusión tuvo un punto concreto: el decreto acepta la jurisdicción de tribunales estaduales y federales de Nueva York. Esa cláusula suele aparecer en emisiones de deuda externa y fue leída como una señal de que el Tesoro volvía al mercado internacional de bonos. La foto era tentadora para la City: bancos globales, Nueva York, dólares y baja del riesgo país.

    Pero no. La letra chica muestra una ingeniería distinta. El Gobierno no está autorizando una emisión directa de bonos soberanos entre inversores internacionales. Lo que habilita es la toma de préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales.

    La primera lectura del mercado fue optimista. En varias mesas se instaló la idea de que el Gobierno preparaba una vuelta a Wall Street. Los bonos reaccionaron en alza y el riesgo país de JP Morgan tocó los 422 puntos, un nuevo mínimo para el ciclo. Pero no, se trata de una habilitación a tomar deuda con bancos internacionales y garantías del Banco Mundial.

    Ese detalle cambia la lectura. Una cosa es que la Argentina salga sola a vender deuda en Wall Street. Otra muy distinta es que tome préstamos de bancos privados con el respaldo parcial del Banco Mundial, el BID y eventualmente la CAF. 

    Los avales son el corazón de la operación. Funcionan como un seguro parcial para los bancos que pongan los dólares. Si una porción del préstamo queda garantizada por un organismo multilateral, el riesgo baja. Y si baja el riesgo, Economía espera conseguir mejores tasas y plazos más convenientes.

    El presidente del Banco Mundial, Ajay Ganga.

    «Al principio se leyó como regreso a Wall Street por la jurisdicción Nueva York. Después, cuando se miró el decreto completo, quedó claro que era otra cosa: préstamo bancario con paraguas multilateral», dijo a LPO un operador que sigue la deuda argentina.

    El esquema ya venía siendo trabajado por el equipo económico. El Banco Mundial aprobó garantías para movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales. El BID también aprobó una garantía de hasta USD 550 millones, con capacidad para apalancar financiamiento privado adicional. La CAF aparece como otra pieza posible para completar el armado.

    Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías. 

    El objetivo del Gobierno es despejar las dudas frente al vencimiento de deuda. El 9 de julio el Tesoro deberá cancelar USD 4.300 millones. Ya tiene USD 3.680 depositados en el Banco Central. Por eso, Economía busca usar los avales multilaterales como una vía intermedia: no es una vuelta limpia a Wall Street, pero tampoco es financiamiento puramente oficial.

    Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías. Ahí se sabrá si el decreto alcanza para ordenar julio y si compra tiempo hasta una salida más amplia al mercado.

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