PorMunicipalidad Villa Regina
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Tras la suspensión el fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas, la Dirección de Cultura programó para el viernes 5 y sábado 6 el final del ciclo ‘Cine en mi barrio’.
En este caso se proyectará la película ‘El príncipe olvidado’ el viernes en la Isla 58 y el sábado en La Unión, a partir de las 21 horas.
El Gobierno oficializó este martes el ascenso de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Se trata de un exfuncionario de Mauricio Macri cuyo nombre quedó asociado a uno de los episodios más llamativos de aquella gestión: el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en efectivo dentro de un escritorio de su despacho, dinero que aseguró haber «olvidado».
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Rodrigo Alberto Sbarra quedó formalizada mediante el Decreto 579/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración de la cartera que conduce Mario Lugones tras la salida de Guido Giana. Hasta ahora, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y pasó a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura administrativa del ministerio.
El nombramiento vuelve a colocar en el centro de la escena a un funcionario cuya trayectoria política quedó marcada por un escándalo que estalló durante el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Coordinación del entonces Ministerio de Producción, una empleada encontró un sobre con 10.000 dólares guardado dentro de un escritorio que había pertenecido a Sbarra. El episodio dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.
Tal como informó oportunamente NLI en 2020, Sbarra sostuvo ante la Justicia que el dinero era de su propiedad y que simplemente se lo había «olvidado» dentro del mueble al dejar el cargo. Sin embargo, esa explicación no disipó las dudas, ya que los dólares no figuraban declarados en su patrimonio y la causa avanzó para determinar si existía un posible delito vinculado a la omisión de bienes.
La investigación judicial puso bajo la lupa la consistencia de su patrimonio, empresas y offshores y abrió interrogantes sobre el origen de ese dinero en efectivo. Aunque el exfuncionario intentó justificar la existencia de los dólares como un ahorro personal, el caso quedó instalado como uno de los símbolos de las contradicciones del discurso anticorrupción que Cambiemos exhibía durante su gestión.
Lejos de quedar relegado tras el cambio de gobierno, Sbarra fue reincorporado a la administración nacional por Milei. Primero ocupó cargos en la Jefatura de Gabinete y posteriormente desembarcó en el Ministerio de Salud, donde ahora fue promovido para administrar una de las áreas más sensibles de la cartera sanitaria.
Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una reorganización administrativa y que Sbarra continuará impulsando las políticas de modernización y desburocratización del ministerio. Sin embargo, su designación inevitablemente reactiva el recuerdo de un episodio que nunca dejó de generar cuestionamientos públicos y que, para muchos, simboliza las inconsistencias de una dirigencia que hizo bandera de la transparencia mientras algunos de sus funcionarios debían explicar la aparición de miles de dólares sin declarar.
Con este nuevo nombramiento, Milei vuelve a apoyarse en cuadros provenientes del macrismo para ocupar puestos estratégicos de la administración nacional. En este caso, la decisión adquiere una carga política adicional porque recae sobre un funcionario cuyo nombre quedó asociado a una causa judicial que puso en duda la transparencia patrimonial de uno de los hombres de confianza del gobierno de Mauricio Macri.
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La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
Los trabajadores del colectivo cinematofráfico nacional se autoconvocaron a realizar una protesta frente al INCAA para exigir la renuncia del director del Instituto, Luis Puenzo. Al respecto Javier Diment, director de cine, dió una entrevista a “Regreso 770” sobre el conflicto en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. “Hay un montón de cuestiones…
