Astroturismo: trekking bajo la luna llena – [Cloned #2033]

 

Rolando Figueroa abrió una pelea inesperada en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén acusó a una multinacional de encarecer el transporte del gas argentino hacia Chile para proteger su propio negocio de GNL en el país vecino. Aunque evitó nombrarla, el señalamiento apunta a Naturgy, el grupo que controla Gasoducto del Pacífico, la conexión que une Neuquén con la región chilena del Biobío. 

«Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país», dijo Figueroa en el Council of the Américas. 

La acusación subió de voltaje cuando el neuquino puso números sobre la mesa. «La semana que viene vamos a Chile, específicamente al Biobío. Están pagando el gas 15 dólares y lo pueden obtener a 6 con costo de transporte incluido», sostuvo. 

Figueroa no dio el nombre de la compañía, pero la descripción conduce a Naturgy. El grupo tiene el 56,7% indirecto de Gasoducto del Pacífico Argentina. Del lado argentino el caño tiene 299 kilómetros y una planta compresora de 15.400 HP. En 2025 transportó 1.747 millones de metros cúbicos hacia el mercado argentino y apenas 260 millones hacia Chile.

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La propia memoria de Naturgy reconoce que el ducto quedó adaptado para operar en forma bidireccional después de la crisis del gas argentino. La estructura societaria ayuda a entender el planteo del gobernador, aunque es más compleja que una empresa vendiéndose gas a sí misma. 

Naturgy Chile participa del transporte a través de Gasoducto del Pacífico y también tiene negocios de distribución y comercialización del otro lado de la cordillera. Controla Metrogas y Gas Sur y participa en Innergy, que abastece a industrias, distribuidoras y generadoras del Biobío. A través de Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), además, importa gas de distintos orígenes, principalmente GNL que llega desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos a la terminal de Quintero, y también gas argentino. Es decir, el grupo tiene intereses a ambos lados de la tranquera: transporte por caño y comercialización de gas importado. 

Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país. 

Hay una precisión importante. AGESA no es GasAndes. Son sociedades diferentes dentro del universo de negocios gasíferos de Naturgy Chile. Y el ducto al que apunta Figueroa por su recorrido entre Neuquén y Biobío es Gasoducto del Pacífico. GasAndes constituye otra de las conexiones que permiten exportar gas argentino a Chile. Desde la cuenca neuquina existen ambas vías para cruzar la cordillera. 

Desde la compañía pusieron la pelota del otro lado de la cancha. Fuentes de Gasoducto del Pacífico explicaron a LPO que la capacidad de caño esta disponible para la productora que lo solicite. «Tengo un restaurant con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos que tengo disponibles», ejemplificó. 

Para Neuquén no es una discusión menor: cada millón de metros cúbicos que queda atrapado por falta de mercado es producción, regalías y dólares que no entran. 

La discusión ya había aparecido con Brasil. Como reveló LPO, el CEO de TGN, Daniel Ridelener, cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para llevar la molécula de Vaca Muerta hasta el corazón industrial de San Pablo. 

«De nuestro lado lo que tenemos que lograr es llegar con un precio lo más competitivo posible, contra el precio doméstico y contra el precio internacional. Bolivia tiene una infraestructura y puede jugar con el precio todo lo que necesite. El arranque no fue bueno. Querer cobrar USD 1,9 dólares por millón de BTU para gas interrumpible no es bueno. Pero también está pasando algo parecido con actores locales, con lo cual hay que hacer una alineación de todos los actores de una larga cadena para que seamos competitivos en la exportación», dijo Reidelener. 

La lógica es la misma: Vaca Muerta puede tener uno de los gases más competitivos de la región en boca de pozo y perder esa ventaja a medida que atraviesa sucesivos peajes hasta llegar al consumidor. 

La ofensiva neuquina sobre Chile abre además una posibilidad mucho más ambiciosa. El gas podría cruzar la cordillera como molécula, aprovechar infraestructura chilena y eventualmente encontrar una salida al Pacífico. Es una alternativa que distintas compañías vienen mirando porque permitiría aprovechar activos existentes y reducir las enormes necesidades de capital que supone desarrollar desde cero una industria exportadora de GNL en la costa argentina. 

Ahí aparece la segunda pelea que atraviesa a Vaca Muerta: caño o barco. Total Energies viene defendiendo la alternativa de exportar por gasoductos hacia los países vecinos y puso el foco especialmente en Brasil. CGC, la petrolera de la familia Eurnekian, estudia una salida hacia Chile utilizando el Gasoducto Trasandino. La idea es monetizar más rápido el gas disponible utilizando conexiones regionales antes que esperar megaproyectos que requieren decenas de miles de millones de dólares. 

Del otro lado está Southern Energy LNG, que eligió el camino de la licuefacción. La compañía está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y proyecta exportar desde Río Negro mediante buques de licuefacción. Apunta a una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales en dos etapas. El proyecto busca sacar el gas argentino del tablero regional y colocarlo directamente en el mercado mundial. 

La tensión quedó expuesta este jueves en el propio Council of the Americas. En el mismo panel en el que habló Figueroa participaron Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. No representaban solamente dos empresas. Encarnaban las dos rutas que hoy compiten por el gas incremental de Vaca Muerta: utilizar los caños existentes para vender molécula a los vecinos o invertir miles de millones para enfriarla, convertirla en GNL y subirla a un barco. 

El problema argentino es que Vaca Muerta puede producir mucho más gas del que consume el país durante buena parte del año, pero necesita mercados e infraestructura para evacuarlo. La discusión dejó de ser solamente cuánto gas hay debajo de la tierra. Ahora es quién controla la puerta de salida, cuánto cobra por abrirla y hacia dónde conviene hacer correr la molécula. Por eso la acusación de Figueroa contra Naturgy toca un nervio sensible.  

Desde la oposición apuntan que el planteo de Figueroa expone además una contradicción del nuevo esquema energético. «Apenas asumió Milei, el Gobierno habilitó una recomposición del 675% en las tarifas por el transporte de gas, a la que luego se sumaron nuevas actualizaciones. Pero cuando el mismo gas tiene que cruzar la frontera, la lógica se invierte: el transporte aparece como un costo que hay que bajar para que Vaca Muerta pueda competir. Tarifas altas hacia adentro y peajes baratos hacia afuera. El modelo exportador convierte así en negociable para venderle gas a Chile un costo que para el mercado interno fue presentado como inevitable», comentó  a LPO un referente del peronismo.

 

 

El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo. 

«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía. 

Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando. 

La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios. 

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Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen. 

Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen. 

Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta. 

Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha. 

Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados. 

El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local. 

El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos. 

El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina. 

Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas. 

También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix. 

La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes. 

El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control. 

Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.

«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo. 

Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes». 

Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía. 

Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen. 

En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector. 

La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%. 

El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO. 

El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.