La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817.
Esta nueva edición de la Feria se desarrollará entre las 16 y las 20 horas y quienes la visiten podrán encontrar desde panificados artesanales hasta trabajos en manualidades.
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Lula da Silva echó al embajador argentino en Brasil como parte de la decisión de reducir la relación diplomática a nivel de encargado de negocios, el mínimo posible.
La invitación a irse de Brasil del embajador argentino, Daniel Raimondi, se daba por descontada con el anuncio del martes, pero a nivel diplomático se requiere el retiro de las credenciales o la declaración como persona no grata para expulsar a un diplomático de alto nivel. Evidentemente el gobierno de Lula no quiso escalar a ese punto y le recomendó a Raimondi que vuelva a Buenos Aires.
«La Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Es una decisión unilateral que lamentamos», dijo Quirno.
El canciller argentino volvió a culpar a Lula de la escalada diplomática, aunque todo empezó con Milei yendo a San Pablo a insultarlo en un acto de campaña de Bolsonaro. El libertario volvió a atacarlo después en varias entrevistas que dio a medios argentinos.
«Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego», señaló Quirno.
Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego
«Lula ha proferido insultos a nuestro presidente, que no han sido contestados», agregó sin especificar cuáles fueron los supuestos insultos.
Daniel Raimondi.
El canciller además acusó a Lula de poner en riesgo vidas de ciudadanos argentinos cuando retiró la representación diplomática en Venezuela, una decisión que en su momento había tomado ante el asedio del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina. Sin embargo, Brasil tuvo que hacerse cargo de los intereses argentinos en Caracas cuando Milei rompió con el régimen sin medir consecuencias.
«Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida», se quejó Quirno, que luego confesó que fue una reacción de Brasil ante otro ataque de Milei.
Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida
«Eso fue resultado de una foto que reposteó el presidente de Lula con Maduro. Ahí se nos fue informado que por esa razón se retiraba la representación, yo creo que eso es un hecho mucho más grave que cualquier cosa que haya pasado», completó.
En la embajada argentina en Brasil dicen que Raimondi no fue expulsado porque para eso hay que declararlo persona no grata pero los hechos confirman que la salida fue decisión de Brasil en una crisis inédita en 203 años de historia de las relaciones bilaterales.
Para habilitar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y avanzar en la Inocencia Fiscal II, los gobernadores negociaron con el Gobierno el ingreso al temario de sesión en Diputados de un paquete de declaraciones de capitales nacionales que van desde el Cerdo Negro en Salta hasta la producción bubalina en Corrientes.
Marcela Pagano denunció que «se vendieron a cambio de los votos» un «rosario de capitales nacionales que no le cambian la vida a nadie pero sirven para que un gobernador se muestre en redes sociales».
También, aparecen otros proyectos de interés en las provincias, como en el caso de Misiones es la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, ingrediente estratégico para la elaboración del chipá, de consumo masivo y diario sobre tierra colorada.
Otra capital nacional en danza es Cerrillos, en Salta, donde se cría la raza Cerdo Negro. La distinción a la cuna de este porcino alimentado a base de bellota fue impulsada por la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Según detalló la diputada, la más beneficiada en este aspecto es Tucumán, que tendrá la Capital Nacional del Ecoturismo, San Miguel como capital simbólica cada 9 de julio y la reorganización de la Cámara Federal de Tucumán. «El bloque de Jaldo (Independencia) firmó el pedido de sesión. ¿Casualidad?», preguntó Pagano.
Si bien estas declaraciones no tienen a priori costo fiscal, tienen un peso simbólico a nivel regional y provincial que posiciona al legislador y/o gobernador que lo promueve, además de abrir la puerta a la tramitación de subsidios.
Otra capital nacional en danza es Cerrillos, en Salta, donde se cría la raza Cerdo Negro. La distinción a la cuna de este porcino alimentado a base de bellota fue impulsada por la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Quienes promueven la iniciativa destacan el sabor de las bondiolas elaboradas de forma artesanal y curadas en bodegas durante un mínimo de tres años, inspirados en el clásico jamón ibérico de bellota.
Por otro lado, aparecela declaración de la localidad correntina de Caá Catí como Capital Nacional de la Producción Bubalina. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Corrientees Diogenes Gonzalez, alineado a los Valdés.
Aparecen otros proyectos de interés en las provincias, como en el caso de Misiones es la rebaja del IVA para la fécula de mandioca, ingrediente estratégico para la elaboración del chipá, de consumo masivo y diario sobre tierra colorada
Como fundamento, Gonzalez expuso en su proyecto que Corrientes tiene casi la mitad del stock nacional de bubalinos y ponderó las «cualidades diferenciales» de la carne de búfalo, como «menor contenido graso, buena terneza y alto valor proteico».
También aparecen en el temario las declaraciones de capitales nacionales de la Educación (San Juan), de Aguas Frías (Santa Cruz), del Teatro (CABA), del Coleccionismo (Buenos Aires).
Pagano sostuvo que, tras exponerse que algunas provincias recibieron recursos del fondo fiduciario SisVial (Sistema Vial Integrado) días antes de votacionees clave para el Gobierno, «ahora que fueron descubiertos no pueden pagar con asfalto, cambiaron de moneda: pagan con leyes».
«El canje es este: al gobernador le dan una Capital Nacional del Cerdo Negro. A cambio, sus diputados votan que el Central no pueda asistir a su provincia ni por la ventana y que el empleo deje de ser un objetivo. Otra avivada para hambrearte», dijo la diputada.
Pagano advirtió que la reforma del BCRA prohíbe toda asistencia del Central al Tesoro, a las provincias y a los municipios y borra «empleo» y «desarrollo con equidad social» de los objetivos del Banco.
En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal II la diputada denunció la «cláusula Adorni»: «Los funcionarios quedan afuera porque el ex jefe de Gabinete y su mujer adhirieron al régimen con dólares sin declarar, investigados por enriquecimiento ilícito. Esta ley es la respuesta del gobierno a mi denuncia», sostuvo.
El Ejecutivo anticipó que La Libertad Avanza no acompañará en el Congreso las iniciativas destinadas a atender el creciente endeudamiento de los hogares argentinos. Mientras la oposición busca discutir refinanciaciones, límites a los intereses y mecanismos de alivio, el Gobierno insiste en que las deudas son apenas “acuerdos entre privados”.
Por Ignacio Fraticelli para NLI
La crisis del endeudamiento familiar llegó al Congreso y, antes de que siquiera comience formalmente el debate, el Gobierno de Milei ya decidió de qué lado estará. El vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición para aliviar la situación de las familias que no pueden afrontar sus deudas, una definición política que vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una contradicción central de su modelo económico: mientras millones de argentinos recurren al crédito para sostener consumos básicos, pagar servicios o simplemente llegar a fin de mes, la respuesta oficial consiste en negar que exista una crisis y trasladar toda la responsabilidad al individuo.
La discusión no es menor ni se reduce a una disputa parlamentaria más. En la acutalidad el problema del endeudamiento alcanza a casi 20 millones de argentinos, mientras que distintas iniciativas legislativas ponen el foco específicamente en los hogares que acumularon atrasos en préstamos, tarjetas de crédito y otros mecanismos de financiamiento. La oposición presentó decenas de proyectos con diferentes alternativas para atacar el problema, desde mecanismos de refinanciación hasta límites sobre los costos financieros, en un contexto donde la morosidad viene creciendo y el crédito dejó de funcionar para buena parte de las familias como una herramienta para proyectar consumo y pasó a convertirse en un recurso para sobrevivir.
Cuando endeudarse deja de ser una elección
Durante décadas, el acceso al crédito fue presentado como uno de los instrumentos centrales de inclusión financiera: una familia podía financiar una compra importante, afrontar una emergencia o distribuir un gasto en el tiempo. El problema aparece cuando el crédito deja de utilizarse para mejorar las condiciones de vida y empieza a utilizarse para cubrir necesidades que el ingreso corriente ya no permite afrontar. Allí la discusión deja de ser exclusivamente financiera y pasa a ser social, porque detrás de cada tarjeta impaga o préstamo refinanciado hay un hogar que perdió capacidad de compra.
Ese fenómeno explica la importancia política de los proyectos que comenzarán a discutirse en Diputados. Las propuestas opositoras buscan establecer diferentes mecanismos para evitar que una deuda originalmente manejable termine transformándose en una obligación imposible de cancelar mediante la acumulación de intereses, punitorios y refinanciaciones sucesivas. Entre las alternativas aparecen planes de reestructuración de entre 36 y 60 cuotas, reducción de intereses punitorios, límites a la proporción del ingreso familiar que puede destinarse al pago de una deuda y mecanismos para impedir determinadas formas de capitalización de intereses. También existe una iniciativa que plantea declarar una emergencia crediticia durante 24 meses y establecer herramientas específicas para el desendeudamiento.
El Gobierno, sin embargo, observa ese conjunto de propuestas desde una perspectiva completamente diferente. Ravier sostuvo que las deudas constituyen esencialmente “acuerdos entre privados” y anticipó que LLA no tendría intención de acompañar iniciativas que impliquen una intervención estatal. El argumento oficial plantea que utilizar recursos públicos para resolver obligaciones financieras privadas significaría transferir recursos de una parte de la población hacia bancos o entidades crediticias. La explicación puede parecer consistente dentro de la lógica doctrinaria libertaria, pero deja una pregunta política difícil de esquivar: ¿qué ocurre cuando las condiciones en las que se celebran esos contratos están determinadas por un mercado financiero con tasas extraordinariamente elevadas y salarios que pierden capacidad de compra?
El Estado que aparece para ajustar, pero desaparece para proteger
La discusión expone una de las características más profundas del modelo económico de Milei: el Estado es presentado como una intromisión cuando se trata de proteger al ciudadano frente a determinadas relaciones económicas, pero recupera un papel central cuando se trata de garantizar las condiciones generales del mercado. Para el Gobierno, una familia que no puede pagar un préstamo debe afrontar las consecuencias de la decisión que tomó; sin embargo, el debate sobre las condiciones concretas de ese crédito, los intereses aplicados, la capacidad real de pago del deudor y la asimetría existente entre una persona necesitada de dinero y una entidad financiera queda relegado a un segundo plano.
La paradoja resulta todavía más evidente porque el propio oficialismo reconoce que el incremento de las tasas de interés puede contribuir al deterioro de la capacidad de pago. El vocero presidencial señaló que existen diferentes factores detrás del aumento de la mora y relativizó incluso la explicación que había dado Milei sobre el endeudamiento de los hogares a partir de la compra de televisores durante el Mundial, al señalar que aquello había sido apenas un ejemplo. La aclaración es significativa porque muestra que el fenómeno es bastante más complejo que una supuesta ola de consumo irresponsable: hay familias que se endeudan porque necesitan consumir, pero también porque necesitan sostener gastos cotidianos.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó precisamente esa mirada y sostuvo que la morosidad seguirá creciendo mientras se mantenga una combinación de salarios bajos y tasas altas, rechazando la idea de que se trate simplemente de relaciones privadas desconectadas de la política económica. Su planteo apunta al núcleo del problema: si una política económica reduce el poder adquisitivo de los ingresos al mismo tiempo que encarece el financiamiento, el endeudamiento deja de ser una cuestión individual y comienza a expresar el resultado de un determinado modelo económico.
La oposición, mientras tanto, intenta convertir ese problema social en una discusión parlamentaria capaz de generar una respuesta concreta. Más de 30 iniciativas buscan abordar la situación de las familias endeudadas, en paralelo con otros proyectos que forman parte de una ofensiva legislativa que también incluye la emergencia en discapacidad y otras demandas sociales. El desafío para esos bloques será transformar la dispersión de propuestas en una alternativa que pueda reunir los votos suficientes para avanzar, pero también construir un mensaje político que dispute la interpretación oficial según la cual cada deudor es responsable individual de su situación.
Porque detrás de la discusión sobre una ley, un límite de tasas o una refinanciación existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye un país cuando millones de personas necesitan endeudarse para sostener su vida cotidiana y el Estado responde que el problema no le pertenece? El Gobierno puede definir que las deudas son contratos privados, pero no puede convertir en un asunto privado la pérdida de ingresos, el encarecimiento del crédito, la caída del consumo y la imposibilidad creciente de numerosas familias de cumplir con obligaciones que alguna vez parecieron pagables.
La decisión de Milei de no acompañar los proyectos será, por lo tanto, mucho más que una posición legislativa. Será una definición sobre qué intereses considera prioritario proteger el Estado frente a una crisis de endeudamiento que ya dejó de ser invisible. Mientras el oficialismo defiende la libertad contractual y rechaza cualquier mecanismo que pueda implicar intervención pública, millones de argentinos enfrentan una pregunta mucho más concreta y menos doctrinaria: cómo pagar lo que deben cuando el salario no alcanza. Y en esa distancia entre la teoría libertaria y la vida cotidiana de los hogares se juega buena parte de la verdadera discusión económica de la Argentina.
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