La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817.
Esta nueva edición de la Feria se desarrollará entre las 16 y las 20 horas y quienes la visiten podrán encontrar desde panificados artesanales hasta trabajos en manualidades.
La tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar. Pero la población de Esquel se informó, organizó y, en una votación histórica, el 81% dijo «No» a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Crónica de…
El futbolista reginense Germán Lanaro jugador de la U Católica, equipo tricampeón de la liga chilena volvió a jugar luego de una larga recuperación tras la lesión y posterior operación de los ligamentos de una de sus rodillas. Surgido de las inferiores del Círculo Italiano es referente del equipo chileno hace varios años, consiguió 9…
En realidad, todo tiene un poder. Todo esta compuesto por átomos y moléculas, y el poder de ellos es abismal. Por eso existe la energía atómica. Incluso las ondas tienen poder, se manifiestan y logran alterar su medio. Las palabras son ondas sonoras que se emanan, y logran alterar, si no está protegido el ambiente,…
Raramente la Filosofía habló a través de la fragilidad del filósofo o la filósofa. A la inversa, su nombre nos ha conducido hacia el amor por la sabiduría (filo-sofía), casi de una manera desinteresada o puramente abstracta. Pero nuestras vidas penden de un hilo, y si nos ocurrió una catástrofe, una pérdida, un accidente o…
Martín Llaryora encontró en la seguridad uno de los ejes para intentar perforar la resistencia que tiene el peronismo cordobés en los sectores medios de Córdoba, proclives a votar a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Por eso decidió que la flamante Ley Antibúnker tenga un protagonista indiscutido: el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que no pertenece al peronismo, que construyó su carrera política desde la oposición y cuyo apellido remite a una de las familias tradicionales de la aristocracia capitalina.
La sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos terminó así convirtiéndose en una herramienta más política que efectiva contra el narcotráfico.
Aunque la ley le otorga al Ministerio de Seguridad un rol central y podrá iniciar actuaciones de oficio o por denuncias, inspeccionar inmuebles, ordenar intimaciones a propietarios, disponer clausuras preventivas, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos y custodia perimetral, Quinteros no podrá ordenar demoliciones por decisión propia; una decisión que quedará en manos de un juez.
En el Centro Cívico la leen como una plataforma para seguir instalando a Quinteros como uno de los aspirantes del oficialismo a disputar la intendencia de Córdoba cuando concluya el mandato de Daniel Passerini.
De hecho, Llaryora se encargó personalmente de darle centralidad cuando lo sentó a su lado durante la presentación del proyecto. El gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que un punto de venta de drogas: son la expresión territorial del poder narco y el Estado debe recuperar esos espacios para devolverles tranquilidad a los vecinos, dijo.
En el Panal reconocen que la Capital sigue siendo el distrito más complejo para el oficialismo. Passerini transita el desgaste natural de la gestión municipal y todavía no aparece un heredero indiscutido dentro del peronismo. En ese escenario, el gobernador volvió a demostrar que no tiene reparos en apostar por dirigentes extrapartidarios si considera que pueden ampliar la base electoral.
Quinteros encaja perfectamente en esa lógica. Llegó al gabinete desde la oposición, sin pertenecer al PJ ni al cordobesismo tradicional. Su incorporación fue una señal de apertura política que ahora adquiere una nueva dimensión: la posibilidad de transformarse en candidato del oficialismo para la ciudad de Córdoba e intentar aligerar el peso de los 28 años de peronismo.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
