La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817.
Esta nueva edición de la Feria se desarrollará entre las 16 y las 20 horas y quienes la visiten podrán encontrar desde panificados artesanales hasta trabajos en manualidades.
La empresa estatal rionegrina firmó un contrato para construir dos radares de uso civil que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de ese país. La construcción de dos radares de uso civil por el Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap), que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
El Intendente Marcelo Orazi participó de la mesa de trabajo convocada por la Agencia de Desarrollo Económico CREAR Río Negro para compartir ejes y objetivos a desarrollar durante este año. En la oportunidad estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros. En el encuentro estuvieron presentes la Subsecretaria en Coordinación Técnica Administrativa del CREAR…
En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó en la mañana de ayer el acto por el Día de la Bandera, al cumplirse 201 años del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano. La actividad se desarrolló en la Plaza Belgrano del barrio del mismo nombre. También participaron los legisladores Marcela Ávila y Luis Albrieu, el presidente del Concejo…
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