La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817.
Esta nueva edición de la Feria se desarrollará entre las 16 y las 20 horas y quienes la visiten podrán encontrar desde panificados artesanales hasta trabajos en manualidades.
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.
A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas.
A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior.
Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen.
Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar.
Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.
Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético.
Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.
La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.
«Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero.
En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano.
El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto.
Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.
Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país.
Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones.
En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.
La participación en el Concurso es gratuita y podrán participar estudiantes regulares de instituciones educativas de nivel medio, tanto privadas como públicas, de la Argentina. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. Link de inscripción en la siguiente nota.
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó por el cierre de unas 5.335 empresas en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei. Son, en promedio, 232 PyMes por mes que bajan la persiana para siempre.
López publicó una serie de datos en las redes sociales en los que se destaca que, entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5.335 empresas dejaron de operar en la provincia. Al tiempo que se registran siete meses consecutivos de cierres.
«Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país», explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.
Tal como afirma el ministro, la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).
«No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial», sostuvo López.
No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial.
Los reportes sobre los cierres de empresas se suceden a diario. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta. La empresa instalada en Pilar anunció el cierre de su planta y 80 trabajadores esperan los telegramas de despidos.
En ese distrito del norte del conurbano también cerró a finales de 2025 la empresa de porcelanatos ILVA. Durante varios días los 300 trabajadores despedidos protestaron con quema de gomas en la puerta de la fábrica.
Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.
En tanto, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. La misma suerte corrió la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.
Aunque el impacto fue generalizado, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país.
Pero la crisis no alcanza solo a las PyMES. La multinacional Lamb Weston bajó las persianas de la planta ubicada en Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.
Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía fabricante de papas fritas concentrará su producción en Mar del Plata.
Semanas atrás, el gobierno de Kicillof puso el ojo en el uso de la capacidad instalada, que cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8.
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.
Morgan Stanley puso el foco donde el Gobierno quiere mostrar resultados. El banco destacó que la Argentina pagó la deuda de enero sin sobresaltos. Pero el informe agrega una advertencia clave: la estrategia sirve en el corto plazo. Más adelante, la tensión vuelve.
El arranque de 2026 fue ordenado. En los primeros días del año, el Tesoro canceló unos USD 4.300 millones de deuda en moneda extranjera. Es cerca del 21% de los vencimientos totales del año, estimados en USD 19.900 millones. El mercado lo tenía descontado. Y se cumplió.
«El cumplimiento de las obligaciones era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por USD 3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago», señala el informe.
Según el banco, ese pago fue posible por una combinación puntual. Aporte de organismos, manejo fino de caja y el repo por USD 3.000 millones que reforzó las reservas del Banco Central. Una estrategia que tiene pocas chances de repetirse.
El informe aclara que las necesidades brutas de divisas para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. El número incluye intereses y amortizaciones de toda la deuda en moneda extranjera. Es el dato central del paper.
Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque.
De ese total, unos USD 18.900 millones corresponden a bonos duales que ajustan por dólar pero se pagan en pesos. No requieren dólares billete. Así, la necesidad efectiva baja a USD 19.900 millones. De ese monto, USD 8.700 millones son intereses y USD 11.100 millones capital.
Morgan Stanley estima que parte se puede cubrir con USD 5.000 millones de organismos multilaterales y otros USD 6.000 millones vía emisiones de deuda en moneda extranjera, tanto externas como locales. Aun así, queda un bache de unos USD 5.000 millones.
El informe señala que ese faltante debería cubrirse con compras del Tesoro al Banco Central o con operaciones financieras específicas. Ninguna de las dos opciones es neutra para las reservas. Por eso el banco es claro en su recomendación. Ve valor en posiciones de corto plazo en deuda argentina. Especialmente en los tramos que vencen con el primer trimestre del año.
«Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque», asegura el informe.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
La lógica es simple: los pagos inmediatos están cubiertos. El problema aparece más adelante. Hacia el segundo trimestre, las necesidades de dólares se vuelven más exigentes. Y las fuentes de financiamiento, más inciertas. Ahí es donde el riesgo crece.
Morgan Stanley también analiza el roll over. Señala que varios vencimientos en dólares son con el propio sector público y pueden renovarse. Incluye letras del Tesoro y compromisos con el Banco Central. Eso alivia, pero no resuelve.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
El banco ve difícil ampliar el programa con el Fondo. La deuda ya ronda los USD 57.000 millones, más de trece veces la cuota. Incluso con buena relación política, el margen es limitado.
En ese contexto, el informe deja abierta la puerta a un regreso al mercado internacional. Habla de una posible emisión antes de julio. Un bono a entre 7 y 12 años, con tasa superior al 10%. Caro, pero funcional para cubrir vencimientos.
La conclusión es prudente. Morgan Stanley reconoce que el Gobierno logró ordenar el frente inmediato. Pero advierte que la estrategia es de corto alcance.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) indicó que la nueva excepción para que los niños, niñas y adolescentes que viven con uno de sus padres puedan alternar de casa una vez por semana no es un régimen obligatorio. La titular de la SENAF, Roxana Méndez, aseguró que esto se puede dar siempre y…
El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad. Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
