El Intendente Marcelo Orazi participó de la conferencia de prensa en la que se brindaron detalles del Festival de Arte enmarcado en el programa ‘Maratón Cultural’ que se realizará durante viernes, sábado y domingo en el Cine Teatro Círculo Italiano. Vale aclarar que el evento no tendrá público pero podrá ser seguido vía streaming en vivo.
En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos y la Directora de Cultura de la Municipalidad Silvia Alvarado. Estuvieron presentes además los legisladores Silvia Morales, Marcela Ávila y José Rivas.
La segunda edición del ‘Maratón Cultural’ tiene como sede a Villa Regina y consta de dos etapas: la primera, la capacitación de los hacedores culturales de la región que se realizó entre el 21 y 29 de abril, y la segunda el Festival de Arte que permitirá la puesta en escena de sus realizaciones.
Durante la conferencia, el Intendente expresó que “es muy importante que la Maratón se realice en nuestra ciudad porque fue aquí que se marcó un antes y un después en la cultura de Río Negro: aquí Ariel asumió sus funciones como Secretario de Estado, con rango ministerial. Una decisión de la Gobernadora Arabela Carreras para jerarquizar la actividad”.
“Durante el año que pasó, las actividades culturales, y también las deportivas, fueron de las que más sufrieron los efectos adversos de la pandemia, pero, paradójicamente, fue precisamente la pandemia la que nos enseñó a revalorizarlas. Durante el aislamiento anhelamos por ejemplo asistir a una clase de guitarra, o de pintura, o de canto, o, simplemente, salir a caminar”, indicó.
Además destacó que “estoy realmente orgulloso que Regina sea la sede de esta segunda edición, porque, y también me enorgullece decirlo, esta ciudad es muy rica culturalmente, por la calidad, la trayectoria y el trabajo de nuestros artistas e instituciones. También en esto quiero destacar el trabajo que viene realizando nuestra Dirección con Silvia Alvarado a la cabeza”.
Por su parte, Ávalos señaló que “Maratón Cultural le otorga a los hacedores y las hacedoras culturales la oportunidad de reencontrarse con su actividad fundamental, de tener un acompañamiento cercano del gobierno de la provincia y del municipal”.
El Festival de Arte podrá seguirse en vivo durante los tres días a través de las páginas de Facebook del Municipio, CulturaRN y por Youtube (Río Negro Cultura) a partir de las 19 horas durante viernes, sábado y domingo.
El cronograma para hoy viernes 30 es el siguiente:
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a los vecinos a visitar la Escuela Abierta en Plaza de los Próceres el próximo domingo a partir de las 19 horas. Se trata de un espacio en el que se dan a conocer las distintas propuestas de la Escuela Municipal de Arte, en…
El último martes se realizó una reunión convocada por referentes de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres. El encuentro tuvo…
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
Desde que se exhibió ese trapo maravilloso después del partido contra Inglaterra en el Mundial, distintas fuerzas políticas se hicieron eco y recuperaron el reclamo soberano por Malvinas, esa pasión que nunca nos deja. Lo que era impensable es que el Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher y quien consideraba irrelevantes a las islas, se embanderara anoche en cuanto tópico irredentista hemos sabido conseguir. Por eso, por debajo de ese humo neblinoso, debemos prestar atención a lo que viene escondido en este presente griego que parece ser la súbita conversión patriótica del presidente y de quienes ya se apresuran a no sacar los pies del plato para acompañarlo.
Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”. Durante años, muchos sostuvimos la necesidad de construir una política democrática y autocrítica sobre Malvinas. No para abandonar la reivindicación soberana, sino para fortalecerla. Porque la causa no podía seguir siendo rehén de las simplificaciones patrióticas, de los reflejos nacionalistas ni de las manipulaciones partidarias. Había que rescatarla de quienes la utilizaban como consigna vacía y devolverla al terreno de la política para construir un proyecto democrático. No imaginábamos este giro. O quizás sí. Quizás estaba contenido en algunas de las contradicciones que durante décadas intentamos señalar.
Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”.
Porque lo que aparece hoy ante nuestros ojos es una escena paradójica: una causa nacional y federal degradada una vez más; las islas objetivamente más lejos que hace algunos años; la defensa convertida en justificación para nuevas estructuras de seguridad; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la incongruencia de un presidente que durante años despreció tradiciones fundamentales de la cultura política nacional y que ahora se presenta como defensor de los intereses argentinos.
¿Defensa? Mejor Seguridad
La cuestión no es menor. Lo que se anunció en nombre de la defensa nacional obliga a formular preguntas incómodas. No solo sobre Malvinas, sino sobre el país que estamos construyendo. Porque la experiencia argentina enseña que cada vez que la palabra “seguridad” desplazó a la palabra “política”, las consecuencias fueron graves.
Durante gran parte del siglo XX la defensa nacional estuvo asociada a una idea relativamente sencilla: la protección de la soberanía frente a amenazas externas. La existencia misma de las Fuerzas Armadas se justificaba por la necesidad de defender el territorio, los recursos y la independencia nacional. Pero a partir de los años sesenta comenzó a consolidarse otro paradigma. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en el contexto de la Guerra Fría, modificó profundamente esa concepción. El problema ya no era un enemigo exterior. El enemigo estaba adentro. La amenaza dejó de identificarse con otro Estado para asociarse con conflictos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, grupos estudiantiles o cualquier actor percibido como potencialmente desestabilizador. La consecuencia fue conocida en toda América Latina. En nombre de la seguridad nacional se justificaron sistemas de vigilancia, persecución política, estados de excepción, terrorismo de Estado y dictaduras militares. La cuestión ya no era proteger a la nación sino controlar a la sociedad.
A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Hasta anoche.
La Argentina conoce demasiado bien esa historia. La última dictadura fue la expresión más brutal de esa lógica. Y resulta imposible olvidar que la guerra de Malvinas fue, entre otras cosas, el intento final de aquel régimen por reconstruir una legitimidad que ya estaba agotada.
Por supuesto, la causa de Malvinas no fue una invención de la dictadura. La reivindicación argentina es anterior, legítima y ampliamente compartida. Pero precisamente por eso resulta importante distinguir entre una causa nacional y los usos políticos que pueden hacerse de ella.
A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Que el patriotismo no podía quedar monopolizado por los militares y que la causa Malvinas necesitaba más democracia y no menos. Durante más de cuarenta años, con avances y retrocesos, esa convicción pareció consolidarse.
Hasta anoche.
El Escudo de las Américas
Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar. Cuando la reivindicación de Malvinas comienza a convivir con la expansión de estructuras de seguridad, con nuevas doctrinas de vigilancia y con alianzas hemisféricas concebidas en términos de amenazas permanentes, conviene prestar atención. Eso es lo que anunció Milei la noche del 3 de septiembre.
Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar.
En marzo de este año Argentina se incorporó al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por Donald Trump y constituye un buen ejemplo de esta situación. Los anuncios supuestamente malvineros de la cadena nacional son su capítulo más reciente.
Presentada como una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, la propuesta de Trump parece responder a desafíos reales. Sin embargo, también expresa una determinada concepción del continente basada en la seguridad y que organiza la política alrededor de amenazas. Una concepción que tiende a desplazar las preguntas sobre soberanía, desarrollo, desigualdad o integración regional hacia un lenguaje centrado en el control.
La causa nacional
Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La causa Malvinas es, en esencia, una causa de descolonización. Remite a una disputa de soberanía con una potencia extranjera, al control de recursos naturales y a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Está en juego la autonomía argentina para decidir sobre su territorio y sus espacios marítimos. Sin embargo, la arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.
La arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.
Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington. Se denuncia la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y se celebra una alineación estratégica cuya principal preocupación no es la descolonización, sino la gestión hemisférica de amenazas (contra Estados Unidos). La contradicción resulta evidente. Y más aún cuando observamos el estado concreto de la cuestión Malvinas.
Desde la derrota de 1982 las islas están más lejos que nunca de nuestras posibilidades de recuperación. Las negociaciones diplomáticas se encuentran estancadas. La presencia militar británica permanece intacta. La explotación de hidrocarburos fortalece la posición económica de los isleños y del Reino Unido.
Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington.
El contexto internacional actual no ofrece señales favorables para una modificación sustancial del escenario. Frente a esa realidad, la retórica soberanista corre el riesgo de convertirse en una forma de compensación simbólica. La regla parecería ser que cuanto más lejos se encuentra el objetivo, más intensa se vuelve la apelación a lo emocional.
Épica
Es un mecanismo conocido. La política cede lugar a la épica. Los resultados concretos son reemplazados por gestos. La complejidad desaparece detrás de los aplausos. Y entonces ocurre algo todavía más preocupante. La causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.
Quien cuestiona una política específica parece cuestionar la soberanía misma. Quien formula dudas sobre una estrategia concreta es acusado de debilitar la posición nacional. La deliberación democrática se vuelve sospechosa.
Como señalamos, la causa nacional no se fortalece mediante unanimidades artificiales. Se fortalece mediante la discusión pública y el control democrático. Se nutre de políticas de Estado construidas sobre consensos amplios y no sobre adhesiones circunstanciales. La gran paradoja de este momento histórico es que la reivindicación de la soberanía parece reaparecer asociada a una tradición política que históricamente debilitó la capacidad de las sociedades para discutir libremente sus propios intereses.
Ocurre algo preocupante: la causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.
El resultado que hoy tenemos ante nuestros ojos parece condensar algunas de las peores posibilidades de la historia reciente argentina: una causa nacional y federal degradada y manipulada una vez más; las islas más lejos que nunca; la defensa convertida en argumento para ampliar mecanismos de control interno; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la paradoja de un presidente que durante años despreció la tradición nacional argentina y que ahora anuncia que defenderá los intereses nacionales.
Por eso la pregunta verdaderamente importante no es qué pensamos sobre Malvinas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos construir alrededor de Malvinas. Si queremos que la causa sirva para ampliar la participación ciudadana o para justificar nuevas formas de control. Si la defensa nacional será entendida como una política pública sometida al escrutinio democrático o como un ámbito reservado a expertos, servicios de inteligencia y estructuras de seguridad. Si aprenderemos algo de la historia reciente o si volveremos a recorrer caminos que ya conocemos demasiado bien.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios. Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han…
En tiempos de crisis económica el argentino sabe buscar opciones que colaboren con el cuidado de la economía intrafamiliar. Los vaivenes económicos a lo largo de la historia del país conformaron al sujeto argentino como un eximio buscador de variables que colaboren con el ineludible ajuste doméstico que lo lleve a llegar a fin de…
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