El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero brindó detalles sobre los trabajos que se ejecutan en la calle Libertad, desde Belgrano hasta la Avenida General Paz.
La obra a cargo de la empresa Quidel se puso en marcha en enero pasado y el ritmo que lleva actualmente hace prever que se cumplirá con los tiempos estipulados en el contrato, que es de 5 meses.
“Es una obra muy esperada por toda la comunidad y también por parte del Intendente Marcelo Orazi”, manifestó Lucero en declaraciones a Mirate TV.
Sobre las características que tendrá la calle una vez finalizado el plan de trabajos, Lucero precisó que “lucirá renovada porque se recambia totalmente el asfalto, se construirá un boulevard entre General Paz y Castelli y un cordón delimitador entre Castelli y Belgrano”.
Señaló que “entre la Avenida General Paz y Castelli quedará un estacionamiento a 45º, habrá un espacio verde reducido en cada extremo del boulevar. Incluye acceso peatonal, construcción de rampas para personas con discapacidad tanto en la Libertad como en las intersecciones”.
Por otro lado, indicó que se construirá una bicisenda en todo el tramo, que tendrá un delimitador sobre la margen norte con una franja amarilla que determinará el sentido ya que tendrá doble mano.
Además se cambiará toda la luminaria a LED, desde la General Paz hasta San Martín, tanto las globas como las luces altas.
Francisco Lucero, Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina.
Los gobernadores tomaron con bronca el monto irrisorio de los fondos que el gobierno de Javier Milei giró a las provincias en concepto de ATN en marzo.
La Nación envió 47 mil millones de pesos en marzo a los gobernadores aliados, una suma que los gobernadores tachan de mínima: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos», se quejan en el entorno de uno de los mandatarios.
La semana pasada, la Rosada giró 8 mil millones a Corrientes, 7 mil millones a Mendoza 6 mil millones a Entre Ríos, como las más «beneficiadas». Hubo casos como el de Jujuy Neuquén que sólo recibieron 2000 millones. Las provincias gobernadas por opositores a Milei directamente no recibieron nada.
«No es guita, las provincias este trimestre están entre 35 y 70 mil millones abajo promedio entre las chicas, medianas y grandes», dijeron a LPO allegados a uno de los gobernadores menos perjudicados por el recorte de fondos.
Entre enero y febrero, las provincias acumulan una pérdida de 838 mil millones de pesos en términos reales respecto a lo que cobraron de coparticipación federal en relación al mismo período de 2025. Todas las provincias sufrieron una variación real negativa con un promedio del 6,9% entre los 24 distritos. Las más perjudicadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió un 8,1% respecto de enero y febrero de 2025, seguida por Córdoba, con le 7,8% y Santa Fe, con el 7,7%.
La provincia de Buenos Aires perdió un 5,9%, pero en términos nominales el monto es de 161 mil millones, casi el cuádruple del total que transfirió la Nación en ATN en marzo a la mitad de las provincias.
LPO explicó que las provincias arrastran fuertes mermas en sus ingresos tanto por la recesión, como por la caída de la recaudación, que en febrero cayó 9,5% y les hizo perder 500 mil millones en un mes. Pero en especial, las provincias sufren el corte ilegal de fondos que hizo el gobierno en concepto de educación, seguridad y la retención del impuesto a los combustibles. La Nación debe coparticipar por ley ese impuesto o dedicarlo a la construcción de rutas. No hace ni una cosa ni la otra.
Una fuerte polémica se desató en las últimas horas luego de que el ministro de Defensa avalara la interpretación británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano, una de las heridas más profundas de la guerra de Malvinas. Sus declaraciones, que califican el ataque como un “acto de guerra”, no sólo generaron rechazo inmediato, sino que volvieron a poner en discusión el alineamiento internacional del gobierno libertario y su matriz ideológica.
Por Roque Pérez para NLI
Un giro discursivo que no es aislado
El hundimiento del ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982, que dejó 323 muertos, constituye uno de los episodios más trágicos de la historia argentina reciente. Desde entonces, amplios sectores sociales, políticos y de excombatientes lo han considerado un crimen de guerra, especialmente porque el buque se encontraba fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido.
Sin embargo, el ministro eligió validar la postura británica, un gesto que no puede leerse como un hecho aislado. Se trata de una definición política que se inscribe en una lógica más amplia del oficialismo, donde la reinterpretación de hechos históricos aparece alineada con los intereses de las potencias centrales.
La lógica de alineamiento automático
El gobierno libertario ha construido, desde su llegada al poder, un esquema de política exterior basado en el alineamiento irrestricto con Estados Unidos y Europa occidental. Esta orientación no sólo se expresa en decisiones diplomáticas, sino también en el plano simbólico.
Justificar el hundimiento del Belgrano como un “acto de guerra” implica adoptar la narrativa británica en uno de los puntos más sensibles de la historia nacional. No es una discusión técnica ni jurídica: es una toma de posición sobre la soberanía argentina.
Del discurso soberano a la resignación narrativa
Durante décadas, la Argentina sostuvo una postura firme respecto a Malvinas, denunciando el ataque como ilegítimo y manteniendo la causa como política de Estado. Esa construcción fue transversal a distintos gobiernos y funcionó como uno de los pocos consensos sólidos de la democracia.
El cambio actual introduce una ruptura profunda: por primera vez en años, un funcionario de alto nivel se corre de esa línea histórica para validar, aunque sea parcialmente, la decisión británica.
Este corrimiento se inscribe en una matriz ideológica que prioriza la subordinación geopolítica por sobre la defensa de intereses nacionales, una lógica que históricamente fue definida como “cipaya”.
Un patrón que se repite en el gobierno de Milei
Las declaraciones del ministro no son un hecho aislado dentro del gobierno de Milei, sino que se suman a una serie de decisiones y posicionamientos que van en la misma dirección.
El alineamiento automático con potencias extranjeras, el desprecio por los mecanismos de integración regional y la relativización de conflictos históricos forman parte de un mismo patrón político. En ese marco, la validación del ataque al Belgrano aparece como una consecuencia lógica y no como un error individual.
Malvinas, memoria y disputa política
La causa Malvinas es mucho más que un reclamo territorial: es un eje central de la identidad nacional argentina. Por eso, cada declaración oficial sobre el tema tiene un peso político y simbólico enorme.
Cuando un ministro justifica el ataque que provocó la muerte de 323 argentinos, está interviniendo directamente en la disputa por el sentido de la historia. No se trata sólo del pasado: se trata de cómo se construye el presente y qué lugar ocupa la soberanía en ese proyecto de país.
Más que una polémica, una señal de época
Lo ocurrido en las últimas horas no es simplemente una frase desafortunada, sino la expresión de una forma de concebir el rol de la Argentina en el mundo.
Aceptar como propia la narrativa británica sobre el hundimiento del Belgrano implica un corrimiento profundo en términos políticos, históricos y simbólicos. Y en ese movimiento, queda expuesta una lógica de subordinación que atraviesa al conjunto del gobierno libertario.
La discusión, entonces, excede a un ministro y se vuelve estructural: qué modelo de país se construye cuando incluso la memoria de Malvinas empieza a ser reinterpretada desde la mirada de las potencias.
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