Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia latente sobre las leyes que rigen nuestra sociedad, propias de un mundillo que justamente eso es lo que demanda, ignaros. Un combo que nos desangra día a día.
El estado de violencia prima. La violencia social es un estado emocional y corpóreo en nuestra comunidad, un tatoo difícil de borrar. Porque no sólo es una cuestión interna, personal; si no que también es una coacción externa instalada y apropiada.
Sin dudas que los medios, locales y nacionales, traccionan de diferentes formas en torno a esta problemática, inciden y coaccionan en muchas variables de relación con la inseguridad. Generan odio, separatismo, juzgamiento, miedo, avivan giles, sesgan, hacen sus negocios, etc. La inseguridad como tantos otros males, en nuestro país garpa y, además, corta transversalmente todos los estratos sociales y todo el territorio nacional. Nadie queda exento.
Villa Regina, como cualquier otra ciudad, no escapa del común denominador de inseguridad a nivel nacional, cosechamos lo que sembraron otros, pero nosotros regamos a diario.
Mano dura, perpetua, reinserción social, pena de muerte, entra y sale por la puerta giratoria, el fiscal no labura, el juez es amigo del dealer, la policía libera la zona… Se repite acá y en cualquier extremo del país como latiguillos vacíos.
No existe el juicio de valor sobre el libre pensamiento de cada persona, que piensa y construye una idea dentro de un contexto propio, distinto al de los demás aunque puede también, que parecido al de muchos otros.
La respuesta a todo mal siempre es la Educación, todo lo demás es transitorio, son paliativos que no erradican. Pero ¿a quién le reditúa este sacrilegio educativo? A ninguno que no quiera cambiar, a ninguno que se encuentre cómodo en esta espiral de violencia.
Este proceso de largo trecho, que no da votos y menos aún guita, sí libera a ese sector del país que se hace tangible en la voz de sus ciudadanos que no se conforman con la situación actual. A esos que no se conforman con lo que hay, a los que no se dejan vapulear, a los que no duermen entregados a la buena de un dios que hoy puede ser cualquier gil que elija disfrazarse de Moiras decidiendo sobre el destino ajeno.
La apuesta es la educación porque sin ella el camino por el que transitamos hoy, seguirá siendo lineal y sin bifurcación alguna que en el horizonte nos vislumbre una realidad, apacible y pacificadora.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante ayer el ciclo de ‘Educación vial en mi barrio’ en Villa Alberdi, con charlas destinadas a quienes necesiten obtener la primer licencia o renovar la licencia de conducir que tendrán continuidad en la jornada de hoy. La actividad se distribuye…
Eltern hatten mich 2-3 Zeichen getilgt unter anderem das recht direkt. Unter anderem sei ihr Berühmte persönlichkeit-Befindlichkeit des Kunden durch die Rührigkeit as part of angewandten 90 (neunzig) Kalendertagen im vorfeld ihr Einreichung des Auszahlungsantrags sicherlich und konnte entsprechend unserem Kontakt ihr getätigten Ihr- ferner Auszahlungen ferner ihr erhaltenen Boni geändert sie sind. Difunde esta…
Desde la Campaña #VacunateVillaRegina queremos dar a conocer puntos de cercanía a los fines de que quienes por distintas razones no hayan podido inscribirse para la vacunación contra el COVID-19 puedan realizarlo: Barrio El Sauce: quienes vivan en el barrio y puntos cercanos podrán inscribirse en el Comedor Pancito Solidario situado en calle Las Jarillas…
En Rio Negro, se licito amplias zonas de la provincia para hacer fracking y se proyecta que se extienda al resto de la provincia. También en áreas productivas, como en valle medio, el “área Chelforó”.
Con los Werthein fuera de carrera, el gobierno se enfrenta con un dilema por la concesión de Tecnópolis: entregarle el predio a dos grupos con los que está enfrentado o seguir pagando el mantenimiento que cuesta mil millones de pesos por mes.
Todo indicaba que la productora Foggia, vinculada a Mara Gornin, la mano derecha de Karina Milei iba a quedarse con la licitación en sociedad con los Werthein, pero la familia dueña de DirecTV decidió bajarse de la compulsa, como reveló en exclusiva LPO.
En pie quedaron las ofertas de La Nación y de el empresario Marcelo Fígoli. Ambos tienen una pésima relación con el gobierno libertario.
Diego Santilli buscó acercar posiciones con La Nación y apuntala la oferta del grupo. Quiere mejorar la relación con sus dueños, rota desde que Milei echó a Fernán Saguier de la residencia presidencial luego de que el dueño de La Nación se negara a echar periodistas como le reclamó el presidente. «Me tiene que pedir disculpas públicamente», suele comentar Saguier, todavía molesto por el destrato presidencial.
La licitación se volvió una pesadilla para el gobierno, que desembolsa mil millones de pesos mensuales para mantener cerrado el predio de 55 hectáreas. Hace algunos meses lo alquilaba a empresarios amigos, pero nunca llegó a cubrir el costo operativo.
Diego Santilli buscó acercar posiciones con La Nación y apuntala la oferta del grupo. Quiere mejorar la relación con sus dueños, rota desde que Milei echó a Fernán Saguier de la residencia presidencial.
Las dos ofertas que están sobre la mesa tampoco serían muy tentadoras. Al pliego de Fígoli le encontraron incumplimientos en diez de los ítems. El empresario dueño de Fénix había sido descalificado de la licitación, pero logró torcer la decisión en la Justicia.
La oferta de La Nación fue presentada de apuro después de que Clarín desistiera de participar como una unión transitoria de empresas.
La Nación tiene un especial incentivo para ganar: Live Nation, que compró la mitad del Movistar Arena semanas atrás, les habría prometido a los dueños 20 millones de dólares extra si lograban imponerse en la licitación del codiciado predio de Vicente López, ubicado junto a la General Paz.
Quienes analizaron el pliego de Tecnópolis en detalle aseguran que como a los mil millones de pesos para mantenimiento hay que sumarle al menos 650 millones mensuales de canon, no resulta tan seductor ganar la licitación, salvo que se construya un arena realmente importante.
Teconópolis cuenta en la actualidad con una suerte de recinto cerrado, pero está lejos de ser un arena de clase mundial como el que podría construirse en el predio, ubicado en el límite de la Capital y sobre la autopista con mayor conectividad del área metropolitana.
Pero esto debe pasar un filtro que hasta ahora permanece bajo el radar: cualquier reforma del predio o la organización de cualquier actividad como un recital o una feria debe contar con la autorización de Vicente López.
Desde el municipio que gobierna Soledad Martínez por ahora no quieren ni oir hablar del tena y argumentan que no tienen nada que opinar sobre una cuestión que no depende de ellos. Los intereses en juego y el rol de la hermana del Presdiente acaso explican la prudencia extrema del municipio.
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