Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia latente sobre las leyes que rigen nuestra sociedad, propias de un mundillo que justamente eso es lo que demanda, ignaros. Un combo que nos desangra día a día.
El estado de violencia prima. La violencia social es un estado emocional y corpóreo en nuestra comunidad, un tatoo difícil de borrar. Porque no sólo es una cuestión interna, personal; si no que también es una coacción externa instalada y apropiada.
Sin dudas que los medios, locales y nacionales, traccionan de diferentes formas en torno a esta problemática, inciden y coaccionan en muchas variables de relación con la inseguridad. Generan odio, separatismo, juzgamiento, miedo, avivan giles, sesgan, hacen sus negocios, etc. La inseguridad como tantos otros males, en nuestro país garpa y, además, corta transversalmente todos los estratos sociales y todo el territorio nacional. Nadie queda exento.
Villa Regina, como cualquier otra ciudad, no escapa del común denominador de inseguridad a nivel nacional, cosechamos lo que sembraron otros, pero nosotros regamos a diario.
Mano dura, perpetua, reinserción social, pena de muerte, entra y sale por la puerta giratoria, el fiscal no labura, el juez es amigo del dealer, la policía libera la zona… Se repite acá y en cualquier extremo del país como latiguillos vacíos.
No existe el juicio de valor sobre el libre pensamiento de cada persona, que piensa y construye una idea dentro de un contexto propio, distinto al de los demás aunque puede también, que parecido al de muchos otros.
La respuesta a todo mal siempre es la Educación, todo lo demás es transitorio, son paliativos que no erradican. Pero ¿a quién le reditúa este sacrilegio educativo? A ninguno que no quiera cambiar, a ninguno que se encuentre cómodo en esta espiral de violencia.
Este proceso de largo trecho, que no da votos y menos aún guita, sí libera a ese sector del país que se hace tangible en la voz de sus ciudadanos que no se conforman con la situación actual. A esos que no se conforman con lo que hay, a los que no se dejan vapulear, a los que no duermen entregados a la buena de un dios que hoy puede ser cualquier gil que elija disfrazarse de Moiras decidiendo sobre el destino ajeno.
La apuesta es la educación porque sin ella el camino por el que transitamos hoy, seguirá siendo lineal y sin bifurcación alguna que en el horizonte nos vislumbre una realidad, apacible y pacificadora.
El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Alexandre Roig. Durante el encuentro, el Intendente puso en conocimiento de Roig la situación por la que atraviesa la Cooperativa La Reginense. Luego acordaron distintas acciones de manera que el INAES, junto con la…
La vigilia había comenzado hacía ya tres décadas, La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito venía abriendo un camino, que muchxs fuimos encontrando cada unx a su tiempo. El 8 de agosto, esa fecha que esperábamos desde que se consiguió la media sanción en diputados, nadie podrá negar que fue…
El Gobierno pagará 33 millones de dólares a la empresa privada canadiense Top Aces Corp con sede en Arizona para que capacite a los pilotos de los aviones F-16. La información fue confirmada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos pero no es el país del norte el que hará el entrenamiento sino la firma contratada.
Una importante fuente militar dijo a LPO que «en ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos».
Según este militar, el costo del entrenamiento hay que sumarlo a lo que nos cobraron por instruir a los pilotos tanto en Estados Unidos como en Dinamarca, que eso era parte del contrato de compra de los aviones, y lo que nos sale, tener a los 30 instructores daneses que tenemos viviendo en Córdoba con su familia».
«No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores», insistió.
Este militar detalla que «son los famosos contratistas de defensa de Estados Unidos que desarrolla el sistema de armas, lo operan, tienen su propio personal militar retirado que labura para ellos y después finalmente se lo vende a la fuerza. Este es un negocio privado. Estados Unidos sólo da el visto bueno para que se realice el entrenamiento, obviamente en espacio aéreo estadounidense y con militares extranjeros entrenando como tales».
En ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos
Esto abre un frente con la Armada. Un importante integrante de esa fuerza reveló a LPO que «esos 33 millones de dólares es una cifra muy cercana a los 30 millones que le habían prometido a la Armada para comprar dos Fragatas, casualmente, en Dinamarca».
«Presti les aplica mano militar a los jefes de Estado Mayor y con el jefe de la Armada no dialoga, le ordena nada más pero están todos a las puteadas porque se enteraron hoy por los diarios», aseguró.
No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores
La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar «Tape 6.5»: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.
El envió incluyó seis aviones: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004/05/07/08) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Estos aparatos reciben apoyo logístico de un Boeing 737 T-99 «Islas Malvinas» y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.
Todo esto no estuvo exento de controversias, no solo por el costo de la operación sino también porque, como adelantó LPO, no cuenta con radares para vigilar las Islas Malvinas porque Estados Unidos es aliado de Reino Unido en la OTAN.
Este medio reveló también el lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16 que dijo que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares», hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado. «Si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año», afirmó a LPO en ese momento una fuente militar.
Andamos y anduvimos dando vueltas por ahí, y entre todo el ruido de las ciudades vamos encontrando músicos que tocan a la intemperie o casi. Entonces nosotros los grabamos, u otro los graba, y juntamos esas grabaciones y las ponemos en este programa. Algunos de ellos se hicieron conocidos o medio conocidos, y pasaron a…
Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
Un caso que estalló dentro del propio organismo
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El contexto del ajuste y el significado político del escándalo
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
De la polémica al ascenso
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
La “casta” que nunca desaparece
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
Muchos buscan cual sería el concepto más poderoso de todos.Algunos dicen que es el tiempo. Ya que gracias al tiempo la semilla logra dar sus frutos. Pero los frutos si no son aprovechados, en si mismos, ¿Qué propósito cumple?.Otros dicen que lo mas poderoso no es el tiempo, si no a lo que le prestas…
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