PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el 24 de octubre se realizará en el polideportivo Cumelen una clínica de Newcom a cargo del profesor Jony Ahumada.
La misma tendrá un costo de $1000 por persona. Los interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos 299-4220453 o 2984-692829.
Verónica Magario consiguió la presidencia de la comisión de Legislación General para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) una de las más relevantes en el manejo de los expedientes del Senado.
La comisión quedó formalmente constituída tras la publicación de un decreto que generó fuertes tensiones dentro del peronismo. En un esquema acordado por 20 de los 24 senadores de Fuerza Patria esa comisión debía quedar para Malena Galmarini, sin embargo, a último momento, Magario designó a Germán Lago, un referente del axelismo que asumió en diciembre pasado.
Lago quedó como presidente, Marcelo Leguizamón como vice y Pedro Borgini como secretario. En la votación estuvieron 10 de los 11 integrantes. El faltazo fue de Federico Fagioli, un senador que responde a Juan Grabois.
En tanto, La Cámpora marcó su descontento Magario cuando el senador Diego Videla (que participó de manera remota de la comisión) se abstuvo de votar a las autoridades. «Quiero avisar que yo me abstengo porque no era lo que se había acordado en el bloque», pudo decir Videla después de varios de minutos con problemas de sonido.
La interna del peronismo traba la definición de las comisiones en la Legislatura
El peronismo tiene quórum propio en el Senado bonaerense, sin embargo las profundas diferencias hacia del interior del bloque postergaron dos meses la conformación de las comisiones.
Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual Galmarini debía quedar al frente de Legislación General; Germán Lago al frente de Presupuesto y el camporista Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales y Acuerdo.
La crisis recrudeció esta semana cuando Magario oficializó las comisiones con cambios. Lagos pasaba a Legislación -tal cual se constituyó este viernes-, Galmarini a Asuntos Constitucionales y González Santalla a Presupuesto.
El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y algunos senadores se animan a hablar de la posibilidad de una ruptura en el bloque. Otros sectores de Fuerza Patria son más cautos y ven lejos esa pobilidad toda vez que una ruptura en la Cámara Alta generaría un efecto dominó hacia otros espacios como Diputados y los Concejos Deliberantes en los distritos.
Había expectativa respecto de lo que podía suceder con la conformación de la primera de las comisiones en disputa. Ahora, la conformación oficial de Legislación General supone que no habrá modificaciones en las otras comisiones y que Magario ganó la pulseada frente al kirchnerismo y La Cámpora.
La derrota más importante carga sobre el kirchnerismo porque González Santalla -un senador de Avellaneda muy cercano a Máximo Kirchner- venía controlando esa comisión desde hace varios años.
La avanzada de Magario sobre esa comisión clave parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof considera clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.
Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.
De acuerdo al registro realizado por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, del 1 de enero al 30 de abril de 2023 se registraron 99 femicidios, 87 femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados en nuestro país. Desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» dieron a conocer…
La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida.
El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.
El Súper RIGI abre un conflicto con los gobernadores por la quita de recaudación a provincias
Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.
Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que
ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.
Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida
Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina comparte las actividades planificadas para este fin de semana: *Tardes Dulces: Continuamos la semana de la Dulzura con la pastelería y panificación artesanal de emprendedores locales. Este viernes 9 nos acompaña Paola Pavian con panificación y repostería vegana. El sábado 10 Rosi Arrieta con chocolatería,…
Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
En plena dictadura militar, cuando cantar una consigna política podía terminar en cárcel, palazos o desapariciones, una tribuna del ascenso argentino decidió romper el miedo. El 24 de octubre de 1981, la hinchada de Nueva Chicago cantó la Marcha Peronista en un estadio de fútbol y desató una represión feroz. Cuatro décadas y media después, aquella escena sigue siendo uno de los episodios más potentes de resistencia popular nacidos desde una cancha.
Por Alcides Blanco para NLI
La Argentina de 1981 era un país atravesado por el terror estatal. Aunque la Junta Militar comenzaba a mostrar signos de desgaste, la maquinaria represiva seguía intacta. Había censura, persecución política y control sobre cualquier manifestación pública. En ese contexto, entonar la Marcha Peronista equivalía a desafiar directamente al poder militar.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Mataderos.
Aquella tarde, Nueva Chicago enfrentaba a Defensores de Belgrano en el viejo estadio República de Mataderos por el campeonato de Primera B. El equipo verdinegro marchaba rumbo al ascenso y el barrio respiraba clima de fiesta. Bombos, banderas y tribunas repletas convivían con una tensión permanente: la Policía controlaba cada movimiento porque el fútbol también era vigilado como espacio político.
Entonces ocurrió lo impensado.
Desde la popular comenzó a escucharse la melodía prohibida. Primero tímidamente. Después con fuerza. Miles de hinchas empezaron a cantar la Marcha Peronista en plena dictadura militar, en un país donde todavía funcionaban centros clandestinos de detención y donde el aparato represivo seguía activo sobre sindicatos, universidades y barrios populares.
Nueva Chicago no era cualquier club. La identidad del barrio de Mataderos estaba profundamente ligada al movimiento obrero y al peronismo histórico. Desde mediados del siglo XX, el club había construido una mística popular asociada a los trabajadores de frigoríficos, mercados y fábricas de la zona oeste porteña.
Por eso, lo ocurrido en 1981 no fue solamente un canto futbolero. Fue una demostración política nacida desde abajo, desde una tribuna popular que decidió desafiar el silencio impuesto por los militares.
La reacción policial fue brutal e inmediata.
Efectivos armados ingresaron a la tribuna con palos y comenzaron una represión feroz. Hubo corridas, golpes y decenas de detenidos. Según reconstrucciones posteriores, 49 hinchas terminaron arrestados y varios fueron obligados a correr esposados por las calles de Mataderos porque los patrulleros no alcanzaban para trasladarlos.
La imagen de los “presos al trote” apareció en diarios de la época y se convirtió en una postal insólita del final de la dictadura: un régimen militar aterrorizado por una canción.
Peor todavía: nueve hinchas fueron enviados a la cárcel de Devoto acusados de infringir disposiciones sobre reuniones deportivas. Uno de ellos permaneció preso durante más de un mes. Todo por cantar en una cancha.
La historia no terminó allí. Una semana después, Chicago jugó contra Atlanta y la tensión seguía intacta. La Policía esperaba una nueva provocación y preparó un operativo especial para reprimir otra vez el canto prohibido.
Pero la hinchada tenía preparada una respuesta tan simple como genial.
Desde la tribuna comenzó nuevamente la introducción musical de la Marcha Peronista. Los policías avanzaron desesperados, convencidos de que volverían a escuchar el cántico peronista. Sin embargo, cuando llegó el momento de la letra, miles de gargantas explotaron con otra canción:
“Arroz con leche, me quiero casar…”
La maniobra descolocó completamente al operativo policial. Mientras los efectivos quedaban expuestos al ridículo, la tribuna estallaba de risa y celebración. La hinchada había encontrado una forma perfecta de burlarse de la dictadura usando una canción infantil.
La escena quedó inmortalizada como uno de los episodios más creativos de resistencia cultural durante los años oscuros del terrorismo de Estado.
Con el paso del tiempo, aquella jornada adquirió una dimensión histórica mucho mayor. Lo sucedido en Mataderos demostró que el fútbol argentino nunca estuvo aislado de la realidad política y social del país. Mientras muchos dirigentes miraban para otro lado frente al horror dictatorial, sectores populares encontraron en las tribunas un espacio de identidad y resistencia.
La hinchada de Chicago hizo política cuando hacerlo podía costar la libertad. No hubo dirigentes pronunciando discursos ni estructuras partidarias organizando actos. Hubo trabajadores, vecinos e hinchas desafiando el miedo colectivo desde una popular.
A 45 años de aquella tarde, el episodio sigue funcionando como una marca profunda en la memoria futbolera y política argentina. Porque en uno de los momentos más oscuros de la historia nacional, una tribuna demostró que incluso bajo represión, censura y amenazas, todavía había quienes estaban dispuestos a cantar.
