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EN RIO NEGRO SE DEFIENDE EL AGUA Y LA VIDA, NO A LA MEGAMINERIA!

En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo de la Provincia de Río Negro, particularmente del de Ingeniero Jacobacci (en la Línea Sur de la provincia), frente a un emprendimiento concreto, el proyecto Calcatreu (oro y plata), localizado a unos 80 km al sur de esa ciudad, en ese entonces a manos de la empresa canadiense Aquiline Resources. El Parlamento Mapuche y los vecinos Autoconvocados denominados “La Pirita” y la Asociación Ecologista Piuké de Bariloche, fueron algunos de los actores fundamentales en esa lucha.

La campaña para la gobernación de la provincia en 2011 se dio en medio de una gran incertidumbre con relación al posicionamiento de los candidatos respecto al tema  “megaminería” y la actitud que adoptarían con relación a la ley 3981. El candidato del oficialismo en aquel momento, César Barbeito de la Unión Cívica Radical (UCR), no se pronunció públicamente al respecto. El candidato por el Frente para la Victoria (FpV), Carlos Soria, aseguró que iba a estudiar a fondo el tema “cuando fuera gobernador”, pero no se posicionó.

Quien sí habló fue Alberto Weretilneck, candidato a vicegobernador del FpV, posteriormente Gobernador provincial durante dos mandatos, hoy senador nacional por Juntos Somos Río Negro (JSRN) y líder del partido, interpretando el pensamiento de su compañero de fórmula Soria, mostrándolo contrario a la minería con uso de cianuro: “lo que habló Soria es de revisar la ley minera, que no quiere decir cambiar. La minería no sólo es el oro, Río Negro tiene una importante variedad de recursos mineros. La minería puede ser otra generadora de recursos para el Estado y de empleos. Sí a la minería bajo los parámetros medio ambientales internacionales de respeto al medio ambiente. No está dada ninguna condición para hacer minería de cielo abierto, cianuro no”.

Carlos Soria ganó la elección, con poco más del 50% de los votos y a menos de un mes de ganar la elección se pronunció abiertamente a favor de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro y mercurio. En una entrevista concedida al diario Río Negro expresó: «mientras hay un pibe cagado de hambre arriba, no voy a tener guardado el oro de Calcatreu por una cuestión ambiental». Fue así que, el 29 de diciembre de 2011, a poco de asumir Soria la gobernación se sancionó prácticamente sin discusión, y en una sesión exprés calificada por la oposición como «jueves negro», la ley 4738, derogando la 3981. Claramente, el objetivo central de la ley 4738 era la anulación de la prohibición del uso del cianuro y mercurio en la minería metalífera, y  la jugada del ya fallecido ex gobernador Soria de ocultar su posicionamiento respecto al tema marcaba como contrapartida una fuerte tendencia en los movimientos de lucha en defensa del medioambiente en nuestra provincia.

Al igual que en 2011 cuando asumió Carlos Soria, seis años más tarde cuando Alberto Weretilneck era gobernador intentó instalar una central nuclear de capitales chinos en Sierra Grande en 2017, las asambleas por el agua y la tierra retomaron la actividad que incluye la presentación de una iniciativa popular en la Legislatura para que se prohíba la megaminería a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares.

Cuando el ex gobernador Weretilneck, por entonces aliado de Mauricio Macri, anunció la instalación de una central nuclear cerca del mar, las expresiones nacieron de la zona atlántica, pasaron por los valles, la línea sur y llegaron a  la cordillera; uniendo a gran parte de la sociedad rionegrina frente a los atropellos de los negociados estatales con multinacionales de origen extranjero, tal cual pasa hace casi dos décadas bajo el paralelo 42° en la provincia vecina de Chubut.

La fuerte presión de los rionegrinos hizo que se diera por tierra el proyecto y generara ribetes negativos para Weretilneck: uno de los factores del fracaso electoral de medio término, en 2017. Como bien lo expresó a un medio nacional el ex gobernador rionegrino “cometí el error político más grande de toda mi carrera al pregonar la instalación de una central nuclear en nuestra provincia”.

El principal objetivo del proyecto de INICIATIVA POPULAR es crear un cerco contra los grandes proyectos extranjeros como Calcatreu o en Valcheta, donde se encontró uranio. Con esa impronta, el efecto expansivo y ejemplar de las manifestaciones en Chubut y su lucha por el agua que está por cumplir 18 años, llegó hasta Rio Negro y algunos actores rionegrinos ya se nuclean en las distintas regiones y demuestran que la licencia social tampoco existe.

“La influencia de la lucha del Chubut ha sido directa, puesto que Chubut está en lucha hace casi 20 años, en todo aspecto y sentido, nosotros nos hemos solidarizado con su lucha saliendo a la calle, generando comunicados, haciendo actividades. La solidaridad y hermandad entre las provincias existe y nutre en todo sentido”, expresó Maite Araizábal asambleísta por el agua y la tierra Fiske Menuco.

Con el  complejo panorama que se vive al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales se movilizan a lo largo y ancho de la provincia con distintas actividades y diversos objetivos. Durante los primeros días de febrero y en simultáneo se realizaron actividades en Bariloche, Fiske Menuco (Roca), Viedma/Cármen de Patagones, Las Grutas, Huahuel Niyeu (Jacobacci), Neyen Mapu (Valcheta) y Catiel; en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra el proyecto de zonificación minera del gobierno de Arcioni. Asimismo, continúan con las acciones relacionadas con la puesta en marcha de la Iniciativa Popular por la ley antimegaminería en la provincia de Río Negro.

“Se viene el sostenimiento y la difusión, el dar a conocer la iniciativa popular del proyecto antiminero en la provincia, creemos que puede ser el momento propicio de la reunión a futuro de las asambleas de la Patagonia, dado que estamos en un momento clave de la avanzada de la megaminería pero a su vez estamos en un momento clave de la resistencia de los pueblos a ese avance”, nos cuentan desde las asambleas socioambientales

Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el último Padrón Electoral. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.

“Difundir y accionar, todos los 4 de cada mes salimos a la calle en adhesión a la lucha el Chubut, y por nuestra propia lucha con acciones performáticas, artísticas, y ya se han habilitado un montón de oficinas públicas para que la ciudadanía pueda expresar su aval al proyecto de ley antiminero en la provincia de Rio Negro que fue presentado por las asambleas del Currú Leufé en diciembre del año pasado en la legislatura de la provincia”, explicó Maite Araizabal, asambleista.

En Rio Negro los altos mandos evitan opinar de la actividad, aunque tampoco se la interpela demasiado sobre esta problemática socio ambiental desde los medios provinciales. La pandemia, el inicio de clases presenciales, salud, y el incendio forestal que todavía arremete en El Bolsón a casi un mes de su inicio son los temas que predominan en la agenda. Una de las difíciles tareas que tendrán las agrupaciones y los movimientos con el apoyo de los medios alternativos será el de poner en relevancia y en agenda la problemática.

La gobernadora Arabela Carreras, cercana a la Casa Rosada desde el comienzo de la pandemia, atiende otras urgencias mientras en el Alto Valle, la Línea Sur, la Zona Andina y Atlántica se llevan adelante manifestaciones. Al igual que cuando aumentaba el rechazo al proyecto atómico del trinomio Macri-Picheto-Weretilneck, la opinión pública vuelve a debatir sobre el futuro de la región más postergada de Río Negro, la meseta conocida como Línea Sur. Y cuando la iniciativa tome fuerza y sea tangible, el lobby minero, al igual que en Chubut, intentará convencernos desde los medios comerciales oficiales que la meseta es improductiva, un desierto de nada, tierra muerta.

Debemos ser claros presagia el proyecto de Iniciativa Popular: “Aunque toda minería es extractiva, no nos oponemos a la minería en general sino a un modo particular de practicar la minería: la minería a gran escala o megaminería, a cielo abierto, y con utilización de sustancias químicas contaminantes”.

El caso Chubut es el mejor y más claro ejemplo, una provincia agobiada y asfixiada económicamente por el mismo Estado para lograr de modo extorsivo la aceptación y el consenso social de la megamineria como salvadora de los problemas socioeconómicos que la misma cúpula dirigencial creó.

Los movimientos y organizaciones del futuro (y presente) son aquellos que se generan de manera horizontal y en forma de burbuja, de abajo hacia arriba, sin sostener ninguna estructura política que quiera apoderarse de la lucha y utilizarla a favor de intereses privados y personalísimos. La participación activa de los ciudadanos es fundamental.

La lucha del pueblo es descalza, con los pies sintiendo nuestra tierra, con brisas que nos acarician el alma y agua de río que nos lava la cara. No es de oficina, ni de corbata y mocasín, ni con agua de dispenser y aire acondicionado. Es en la calle con niñxs y abuelxs hermanados en el sentido de pertenencia.

DEFENDAMOS EL AGUA Y LA VIDA. SUMATE A LA INICIATIVA. ACERCATE Y FIRMÁ!!!

PUNTOS DE FIRMAS

NO A LA MEGAMINERÍA EN RÍO NEGRO- SUMATE A LA INICIATIVA POPULAR-

Ciudadano/a de la provincia de Río Negro, SUMATE A FIRMAR la Iniciativa Popular-Proyecto de Ley N° 1163/2020 el cual establece la prohibición de la minería metalífera contaminante en todo el territorio provincial.
¡SUMATE A DEFENDER EL AGUA Y LA VIDA!

Puntos provinciales donde se puede firmar (SE VAN A ESTAR ACTUALIZANDO CADA DÍA, SUMANDOSE LUGARES Y CIUDADES):

  • VALCHETA: en la Comisaria XV y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea Neyen Mapu)
  • JACOBACCI: en el Juzgado de Paz, Casa de Justicia y Concejo Deliberante (Contacto: EndefensadelaguaJacobacci)
  •  LAS GRUTAS: en la Comisaria N° 29 (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • SAN ANTONIO OESTE: en la Comisaría N° 10 y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • ROCAS (FISKE MENUCO): en Comisaría 3ra
  • VIEDMA: en el Juzgado de Paz (dirección: Periodistas Argentinos 56),
  • Comisaría 1 (Alem 169), Comisaría 30 (Harosteguy – Barrio Guido), Comisaría 34 (México – Barrio 20 de Junio), Subcomisaría 59 (Padre Serrano y Honorio López) y en Subcomisaría 63 (Murillo y O’Higgins)
  • FUERTE SAN JAVIER: en el Juzgado de Paz (Manzana 456 Parcela 8) y Comisaría 41 (Avenida Primera S/N)
  • BALNEARIO EL CÓNDOR: en la Comisaría 38 (Calle 69 Nº 175)
  • CIPOLLETTI: en la Comisaría 4 (Roca 550), Comisaría 24 (Barrio Dos Bosco: Peru 1035), Comisaría 32 (Mengelle 1450), Subcomisaria 79 (Manuel Estrada y Esc. Ortiz) y en el Juzgado de Paz (Sarmiento 360). En COMISARIA 7 – (CINCO SALTOS: SARMIENTO 376) y COMISARIA 46 – CTE. (CORDERO: PERITO MORENO 40)
  • VILLA MANZANO: en la Comisaría 44 (San Martín 126) (Campo Grande)
  • ING. HUERGO: Juzgado de Paz. Calle: 9 de Julio y Pte Roca.de Lunes a Viernes de 08am a 12pm.

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  • La deuda como pregunta política

     

    En entrevistas recientes, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores, mientras la morosidad de las familias argentinas alcanza niveles récord. En diálogo con LN+, planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado «pasarle la cuenta a todos los demás». Preguntó, retóricamente, si a esos deudores «alguien les puso una pistola en la cabeza» para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los «ataques del kirchnerismo». Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había usado casi la misma fórmula -«un acuerdo entre privados»- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.

    La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente. Según el Banco Central, la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%. Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.

    Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado. Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas: cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos. 

    La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.

    La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos. La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas. En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.

    En Una Historia de Como Nos Endeudamos (Siglo XXI editores) muestro que la deuda de las familias ha sido una arena fundamental a través de la cual los ciudadanos le atribuyeron crédito o culpa a los gobiernos democráticos de la Argentina desde 1983, mediando la relación entre ciudadanos y Estado y moldeando tanto las condiciones materiales como las expectativas morales y políticas con que los argentinos evaluaron a sus sucesivos gobiernos.

    Cada ciclo político desde el retorno de la democracia puede leerse en esa clave -incluido el que llevó al gobierno al actual presidente.

    Democracia indexada (1983-1989). La crisis de la deuda externa y la alta inflación marcaron el comienzo de los años ochenta en América Latina. En Argentina, la redemocratización ocurrió en ese contexto, tras la dictadura de 1976-1983. El gobierno de Raúl Alfonsín fue puesto a prueba por una ola creciente de endeudamiento hipotecario: las familias no lograban sostener los pagos a causa de la inflación, y las clases medias entraban en una espiral sin precedentes de descenso social.

    Democracia neoliberal: deuda y promesa de estabilidad (1991-2001). El plan de convertibilidad del gobierno peronista de Carlos Menem unió deuda familiar y deuda soberana: mientras la primera crecía, la segunda garantizaba la estabilización y las reformas neoliberales que ampliaron el consumo —inmuebles, electrodomésticos, autos, viajes—, financiado externamente por el Estado. La crisis de 2001 cerró el ciclo: ambos tipos de deuda se volvieron impagables y las calles se llenaron de protestas.

    Democracia posneoliberal: deuda y promesa de inclusión (2003-2015). Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina prometieron corregir los efectos del neoliberalismo, apoyados en el boom de las materias primas. La tarjeta de crédito se convirtió en pasaporte de consumo para sectores históricamente excluidos: mientras el Estado argentino pagaba su deuda soberana, nuevas deudas familiares sostenían la promesa de inclusión —un ciclo dependiente de condiciones volátiles.

    La deuda en la democracia promercado (2015-2019). Mauricio Macri sucedió ese ciclo con créditos hipotecarios e inclusión financiera como banderas promercado. Tras una fuerte devaluación del peso —que no evitó un nuevo préstamo del FMI—, los ingresos se evaporaron y las deudas aumentaron; pedir prestado a familiares y usar la tarjeta para comida, remedios y alquiler se volvió cada vez más habitual. El estrangulamiento de la deuda soberana y familiar catalizó el cambio de gobierno.

    Democracia bajo la pandemia y la alta inflación (2019-2023). La deuda de la pandemia y el retorno de la inflación por encima del 100% anual explican el descontento social y el apoyo creciente a la extrema derecha. A diferencia de otros países, que ampliaron la deuda pública para financiar la emergencia sanitaria, el gobierno argentino tuvo que negociar la deuda soberana heredada, lo que limitó su política asistencial —y empujó el crecimiento de la deuda familiar, orientada apenas a preservar la vida cotidiana. En ese escenario de fatiga económica y cansancio moral emergió Javier Milei, canalizando el resentimiento contra la clase política y prometiendo la liberación de la inflación y de la deuda.

    Tu deuda no es tu culpa

    En diciembre de 2023, Javier Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo marcado por el agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación aislada, ni la devaluación -era la sensación de haber hecho todo bien (trabajar, ahorrar, sacrificarse) y aun así no alcanzar; la percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo diera frutos.

    Mis investigaciones de 2023 mostraban ese estado de ánimo difundido transversalmente: quien había pedido prestado para comer y la clase media que no llegaba a fin de mes compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional -de que las deudas no eran el precio de algo, ni el escalón hacia ningún lugar, sino simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

    Argentina no está sola en este cuadro. Basta mirar a Brasil, donde en abril de 2026, por primera vez desde que el indicador se mide, más de cuatro de cada cinco familias declararon tener algún tipo de deuda. El 80,9% marcó el máximo histórico de la serie de la Encuesta de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic), realizada por la Confederación Nacional de Comercio, y no fue un pico aislado: fue el quinto mes consecutivo de récords, con el índice avanzando aún más en mayo, al 81,6%. Según el Banco Central brasileño, la porción del ingreso familiar comprometida con el pago de deudas saltó de cerca del 22% en 2019 al 29,7% a fines de 2025 —casi un tercio del presupuesto doméstico ya reservado antes de llegar a la heladera, al alquiler o a la factura de luz. Frente a ese cuadro, el gobierno federal relanzó en mayo el Novo Desenrola Brasil, un programa de renegociación de deudas para familias, estudiantes y pequeños negocios asfixiados por el crédito caro —una respuesta, se podría decir, en las antípodas de la que ensaya el gobierno argentino.

    La deuda de las familias volvió a infiltrarse en la disputa electoral brasileña, como seis años antes ya había atravesado la elección que llevó a Lula a su tercer mandato -y reaparece ahora que busca la reelección. Las finanzas domésticas ocupan un lugar cada vez más central en la política contemporánea, los ejemplos se acumulan más allá de Argentina y Brasil: difícilmente se entienda el ascenso de Gabriel Boric en Chile sin el malestar del endeudamiento exorbitante de las familias chilenas, herencia de un modelo que privatizó la educación, la salud y la previsión social y empujó al crédito a llenar el vacío dejado por el Estado. Del mismo modo, la crisis política española que proyectó a Podemos al gobierno no se explica sin las movilizaciones de hipotecados, cuya indignación contra los desalojos le dio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una centralidad que ningún partido tradicional supo anticipar.

    La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias. Es allí, en la frontera donde los significados morales y políticos del endeudamiento se encuentran con las expectativas dirigidas al Estado, donde la confianza —o la desconfianza— en la promesa democrática se decide día tras día.

    La sociología de la deuda enseña algo que la economía suele olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero, sino el momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa, el deudor que no supo administrarse, el gobierno que no controló la inflación, o el sistema que prometió lo que no podía cumplir?

    En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible: los hogares que se endeudaron para sobrevivir, que esperaron que el ajuste de Milei trajera estabilidad y ven acumularse la morosidad sin que el horizonte se abra, están en ese umbral moral en el que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político. Que el propio Presidente responda a esa pregunta diciendo que no es asunto del Estado sino «un acuerdo entre privados» no cierra la discusión: la reabre, porque son millones de hogares los que, todos los días, deciden si esa respuesta les resulta creíble o buscaran devolver a esas palabras un rechazo tan profundo como el que llevo al propio Milei a la presidencia. 

    La entrada La deuda como pregunta política se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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