EN RIO NEGRO SE DEFIENDE EL AGUA Y LA VIDA, NO A LA MEGAMINERIA!
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EN RIO NEGRO SE DEFIENDE EL AGUA Y LA VIDA, NO A LA MEGAMINERIA!

EN RIO NEGRO SE DEFIENDE EL AGUA Y LA VIDA, NO A LA MEGAMINERIA!

En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo de la Provincia de Río Negro, particularmente del de Ingeniero Jacobacci (en la Línea Sur de la provincia), frente a un emprendimiento concreto, el proyecto Calcatreu (oro y plata), localizado a unos 80 km al sur de esa ciudad, en ese entonces a manos de la empresa canadiense Aquiline Resources. El Parlamento Mapuche y los vecinos Autoconvocados denominados “La Pirita” y la Asociación Ecologista Piuké de Bariloche, fueron algunos de los actores fundamentales en esa lucha.

La campaña para la gobernación de la provincia en 2011 se dio en medio de una gran incertidumbre con relación al posicionamiento de los candidatos respecto al tema  “megaminería” y la actitud que adoptarían con relación a la ley 3981. El candidato del oficialismo en aquel momento, César Barbeito de la Unión Cívica Radical (UCR), no se pronunció públicamente al respecto. El candidato por el Frente para la Victoria (FpV), Carlos Soria, aseguró que iba a estudiar a fondo el tema “cuando fuera gobernador”, pero no se posicionó.

Quien sí habló fue Alberto Weretilneck, candidato a vicegobernador del FpV, posteriormente Gobernador provincial durante dos mandatos, hoy senador nacional por Juntos Somos Río Negro (JSRN) y líder del partido, interpretando el pensamiento de su compañero de fórmula Soria, mostrándolo contrario a la minería con uso de cianuro: “lo que habló Soria es de revisar la ley minera, que no quiere decir cambiar. La minería no sólo es el oro, Río Negro tiene una importante variedad de recursos mineros. La minería puede ser otra generadora de recursos para el Estado y de empleos. Sí a la minería bajo los parámetros medio ambientales internacionales de respeto al medio ambiente. No está dada ninguna condición para hacer minería de cielo abierto, cianuro no”.

Carlos Soria ganó la elección, con poco más del 50% de los votos y a menos de un mes de ganar la elección se pronunció abiertamente a favor de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro y mercurio. En una entrevista concedida al diario Río Negro expresó: «mientras hay un pibe cagado de hambre arriba, no voy a tener guardado el oro de Calcatreu por una cuestión ambiental». Fue así que, el 29 de diciembre de 2011, a poco de asumir Soria la gobernación se sancionó prácticamente sin discusión, y en una sesión exprés calificada por la oposición como «jueves negro», la ley 4738, derogando la 3981. Claramente, el objetivo central de la ley 4738 era la anulación de la prohibición del uso del cianuro y mercurio en la minería metalífera, y  la jugada del ya fallecido ex gobernador Soria de ocultar su posicionamiento respecto al tema marcaba como contrapartida una fuerte tendencia en los movimientos de lucha en defensa del medioambiente en nuestra provincia.

Al igual que en 2011 cuando asumió Carlos Soria, seis años más tarde cuando Alberto Weretilneck era gobernador intentó instalar una central nuclear de capitales chinos en Sierra Grande en 2017, las asambleas por el agua y la tierra retomaron la actividad que incluye la presentación de una iniciativa popular en la Legislatura para que se prohíba la megaminería a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares.

Cuando el ex gobernador Weretilneck, por entonces aliado de Mauricio Macri, anunció la instalación de una central nuclear cerca del mar, las expresiones nacieron de la zona atlántica, pasaron por los valles, la línea sur y llegaron a  la cordillera; uniendo a gran parte de la sociedad rionegrina frente a los atropellos de los negociados estatales con multinacionales de origen extranjero, tal cual pasa hace casi dos décadas bajo el paralelo 42° en la provincia vecina de Chubut.

La fuerte presión de los rionegrinos hizo que se diera por tierra el proyecto y generara ribetes negativos para Weretilneck: uno de los factores del fracaso electoral de medio término, en 2017. Como bien lo expresó a un medio nacional el ex gobernador rionegrino “cometí el error político más grande de toda mi carrera al pregonar la instalación de una central nuclear en nuestra provincia”.

El principal objetivo del proyecto de INICIATIVA POPULAR es crear un cerco contra los grandes proyectos extranjeros como Calcatreu o en Valcheta, donde se encontró uranio. Con esa impronta, el efecto expansivo y ejemplar de las manifestaciones en Chubut y su lucha por el agua que está por cumplir 18 años, llegó hasta Rio Negro y algunos actores rionegrinos ya se nuclean en las distintas regiones y demuestran que la licencia social tampoco existe.

“La influencia de la lucha del Chubut ha sido directa, puesto que Chubut está en lucha hace casi 20 años, en todo aspecto y sentido, nosotros nos hemos solidarizado con su lucha saliendo a la calle, generando comunicados, haciendo actividades. La solidaridad y hermandad entre las provincias existe y nutre en todo sentido”, expresó Maite Araizábal asambleísta por el agua y la tierra Fiske Menuco.

Con el  complejo panorama que se vive al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales se movilizan a lo largo y ancho de la provincia con distintas actividades y diversos objetivos. Durante los primeros días de febrero y en simultáneo se realizaron actividades en Bariloche, Fiske Menuco (Roca), Viedma/Cármen de Patagones, Las Grutas, Huahuel Niyeu (Jacobacci), Neyen Mapu (Valcheta) y Catiel; en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra el proyecto de zonificación minera del gobierno de Arcioni. Asimismo, continúan con las acciones relacionadas con la puesta en marcha de la Iniciativa Popular por la ley antimegaminería en la provincia de Río Negro.

“Se viene el sostenimiento y la difusión, el dar a conocer la iniciativa popular del proyecto antiminero en la provincia, creemos que puede ser el momento propicio de la reunión a futuro de las asambleas de la Patagonia, dado que estamos en un momento clave de la avanzada de la megaminería pero a su vez estamos en un momento clave de la resistencia de los pueblos a ese avance”, nos cuentan desde las asambleas socioambientales

Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el último Padrón Electoral. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.

“Difundir y accionar, todos los 4 de cada mes salimos a la calle en adhesión a la lucha el Chubut, y por nuestra propia lucha con acciones performáticas, artísticas, y ya se han habilitado un montón de oficinas públicas para que la ciudadanía pueda expresar su aval al proyecto de ley antiminero en la provincia de Rio Negro que fue presentado por las asambleas del Currú Leufé en diciembre del año pasado en la legislatura de la provincia”, explicó Maite Araizabal, asambleista.

En Rio Negro los altos mandos evitan opinar de la actividad, aunque tampoco se la interpela demasiado sobre esta problemática socio ambiental desde los medios provinciales. La pandemia, el inicio de clases presenciales, salud, y el incendio forestal que todavía arremete en El Bolsón a casi un mes de su inicio son los temas que predominan en la agenda. Una de las difíciles tareas que tendrán las agrupaciones y los movimientos con el apoyo de los medios alternativos será el de poner en relevancia y en agenda la problemática.

La gobernadora Arabela Carreras, cercana a la Casa Rosada desde el comienzo de la pandemia, atiende otras urgencias mientras en el Alto Valle, la Línea Sur, la Zona Andina y Atlántica se llevan adelante manifestaciones. Al igual que cuando aumentaba el rechazo al proyecto atómico del trinomio Macri-Picheto-Weretilneck, la opinión pública vuelve a debatir sobre el futuro de la región más postergada de Río Negro, la meseta conocida como Línea Sur. Y cuando la iniciativa tome fuerza y sea tangible, el lobby minero, al igual que en Chubut, intentará convencernos desde los medios comerciales oficiales que la meseta es improductiva, un desierto de nada, tierra muerta.

Debemos ser claros presagia el proyecto de Iniciativa Popular: “Aunque toda minería es extractiva, no nos oponemos a la minería en general sino a un modo particular de practicar la minería: la minería a gran escala o megaminería, a cielo abierto, y con utilización de sustancias químicas contaminantes”.

El caso Chubut es el mejor y más claro ejemplo, una provincia agobiada y asfixiada económicamente por el mismo Estado para lograr de modo extorsivo la aceptación y el consenso social de la megamineria como salvadora de los problemas socioeconómicos que la misma cúpula dirigencial creó.

Los movimientos y organizaciones del futuro (y presente) son aquellos que se generan de manera horizontal y en forma de burbuja, de abajo hacia arriba, sin sostener ninguna estructura política que quiera apoderarse de la lucha y utilizarla a favor de intereses privados y personalísimos. La participación activa de los ciudadanos es fundamental.

La lucha del pueblo es descalza, con los pies sintiendo nuestra tierra, con brisas que nos acarician el alma y agua de río que nos lava la cara. No es de oficina, ni de corbata y mocasín, ni con agua de dispenser y aire acondicionado. Es en la calle con niñxs y abuelxs hermanados en el sentido de pertenencia.

DEFENDAMOS EL AGUA Y LA VIDA. SUMATE A LA INICIATIVA. ACERCATE Y FIRMÁ!!!

PUNTOS DE FIRMAS

NO A LA MEGAMINERÍA EN RÍO NEGRO- SUMATE A LA INICIATIVA POPULAR-

Ciudadano/a de la provincia de Río Negro, SUMATE A FIRMAR la Iniciativa Popular-Proyecto de Ley N° 1163/2020 el cual establece la prohibición de la minería metalífera contaminante en todo el territorio provincial.
¡SUMATE A DEFENDER EL AGUA Y LA VIDA!

Puntos provinciales donde se puede firmar (SE VAN A ESTAR ACTUALIZANDO CADA DÍA, SUMANDOSE LUGARES Y CIUDADES):

  • VALCHETA: en la Comisaria XV y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea Neyen Mapu)
  • JACOBACCI: en el Juzgado de Paz, Casa de Justicia y Concejo Deliberante (Contacto: EndefensadelaguaJacobacci)
  •  LAS GRUTAS: en la Comisaria N° 29 (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • SAN ANTONIO OESTE: en la Comisaría N° 10 y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • ROCAS (FISKE MENUCO): en Comisaría 3ra
  • VIEDMA: en el Juzgado de Paz (dirección: Periodistas Argentinos 56),
  • Comisaría 1 (Alem 169), Comisaría 30 (Harosteguy – Barrio Guido), Comisaría 34 (México – Barrio 20 de Junio), Subcomisaría 59 (Padre Serrano y Honorio López) y en Subcomisaría 63 (Murillo y O’Higgins)
  • FUERTE SAN JAVIER: en el Juzgado de Paz (Manzana 456 Parcela 8) y Comisaría 41 (Avenida Primera S/N)
  • BALNEARIO EL CÓNDOR: en la Comisaría 38 (Calle 69 Nº 175)
  • CIPOLLETTI: en la Comisaría 4 (Roca 550), Comisaría 24 (Barrio Dos Bosco: Peru 1035), Comisaría 32 (Mengelle 1450), Subcomisaria 79 (Manuel Estrada y Esc. Ortiz) y en el Juzgado de Paz (Sarmiento 360). En COMISARIA 7 – (CINCO SALTOS: SARMIENTO 376) y COMISARIA 46 – CTE. (CORDERO: PERITO MORENO 40)
  • VILLA MANZANO: en la Comisaría 44 (San Martín 126) (Campo Grande)
  • ING. HUERGO: Juzgado de Paz. Calle: 9 de Julio y Pte Roca.de Lunes a Viernes de 08am a 12pm.

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    La ciudad argentina que fue demolida y quedó bajo el agua

     

    La historia de Federación, la ciudad entrerriana que fue demolida y trasladada en 1979 para construir la represa de Salto Grande y terminó bajo las aguas del embalse.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hay una ciudad argentina que existe y, al mismo tiempo, dejó de existir. Tiene habitantes, calles, escuelas, comercios, una plaza, edificios públicos y una identidad propia, pero el lugar donde durante más de un siglo se desarrolló su vida cotidiana permanece bajo las aguas de un enorme lago artificial. No se trata de una leyenda ni de un pueblo abandonado: Federación, en Entre Ríos, fue literalmente trasladada para permitir la construcción del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su antiguo emplazamiento terminó inundado. Lo extraordinario es que antes de que llegara el agua, la vieja ciudad fue desmontada y demolida, mientras sus habitantes eran obligados a comenzar nuevamente sus vidas en una ciudad construida desde cero a pocos kilómetros de distancia.

    La historia comenzó mucho antes de que las topadoras entraran en escena. En 1946, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron el tratado binacional que estableció las bases para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande mediante una represa hidroeléctrica. La decisión tenía un objetivo estratégico: producir energía y aprovechar el potencial del río, pero también implicaba una consecuencia enorme para una comunidad entrerriana. La construcción del embalse significaba que la ciudad de Federación desaparecería bajo las aguas. Sin embargo, la obra no comenzó inmediatamente. Durante casi tres décadas, los habitantes vivieron con la certeza de que algún día deberían abandonar su ciudad, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sería el traslado.

    Una ciudad condenada a desaparecer

    La vieja Federación tenía una historia mucho más extensa de la que permite imaginar su actual aspecto turístico. Su origen se remontaba a los antiguos asentamientos de la zona y, después de una primera relocalización en el siglo XIX, el pueblo había crecido alrededor de la explotación forestal y de su posición estratégica sobre el río Uruguay. Durante décadas desarrolló una vida urbana propia, con escuelas, comercios, clubes, bancos, estación ferroviaria, iglesia, hospital, instituciones públicas y una intensa actividad vinculada a la madera. No era una aldea improvisada que pudiera abandonarse sin consecuencias: era una comunidad consolidada, con generaciones enteras que habían nacido, trabajado y muerto allí.

    La incertidumbre se hizo cada vez más concreta cuando comenzó finalmente la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, en 1974. Para entonces, unas 5.000 personas vivían en Federación y el destino de la ciudad estaba decidido. La futura represa necesitaba un enorme embalse y el casco urbano quedaba dentro de la superficie que sería cubierta por el agua. La alternativa fue construir una nueva ciudad en un terreno situado varios kilómetros al norte. Pero trasladar una comunidad no significa simplemente entregar nuevas casas: implicaba romper una trama urbana, separar vecinos, abandonar lugares cargados de recuerdos y decidir qué podía conservarse y qué debía desaparecer.

    La construcción de la nueva Federación comenzó finalmente en 1977 y avanzó a una velocidad extraordinaria. En apenas un par de años surgió una ciudad completamente nueva, diseñada con criterios urbanísticos modernos para la época. Se construyeron más de mil viviendas y se trazaron nuevas calles, espacios públicos y servicios. Pero aquella modernidad tenía una contracara: muchas familias debieron abandonar barrios donde habían vivido durante décadas y adaptarse a una ciudad que todavía parecía un enorme obrador. Las investigaciones sobre la relocalización muestran que incluso la distribución de las viviendas produjo conflictos y transformó las relaciones sociales de la comunidad.

    Antes del agua llegaron las topadoras

    El episodio más impresionante ocurrió durante los últimos meses de la vieja ciudad. Federación no fue simplemente abandonada para que el agua hiciera el resto. Antes de la inundación se demolieron buena parte de sus edificios y se desmontó el antiguo casco urbano. La investigación académica sobre el proceso enumera entre las construcciones que quedaron bajo las aguas a la sede de la Gendarmería, la plaza 9 de Julio, la Jefatura de Policía, la Municipalidad, el correo, la central telefónica, las escuelas, los bancos, los comercios tradicionales, los clubes, el cine, la estación ferroviaria y numerosos edificios que habían formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

    La imagen es difícil de imaginar hoy: una ciudad entera siendo desarmada antes de que llegara el lago. Casas, comercios y edificios públicos fueron desapareciendo mientras sus habitantes se preparaban para mudarse. La documentación oficial de la época y posteriores investigaciones describen un proceso de relocalización complejo y traumático, en el que las cuestiones legales sobre la propiedad, la adjudicación de las nuevas viviendas y la distribución de los habitantes generaron numerosos problemas. La nueva ciudad debía estar lista antes de que el embalse comenzara a cubrir definitivamente el antiguo territorio.

    El 25 de marzo de 1979 fue inaugurada oficialmente la Nueva Federación. El acto estuvo encabezado por el dictador Jorge Rafael Videla, en pleno terrorismo de Estado. Apenas unos días después, el 1° de abril, comenzó el llenado del embalse y el agua empezó a ocupar el territorio de la vieja ciudad. El lugar que había albergado a generaciones de federaenses quedó progresivamente cubierto por el lago de Salto Grande. La vieja Federación había dejado de existir como ciudad y la nueva comenzaba una historia completamente diferente.

    Una ciudad que todavía aparece debajo del lago

    La historia tiene una última vuelta extraordinaria: la vieja Federación no desapareció completamente de la memoria ni del paisaje. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, pueden volver a observarse restos del antiguo asentamiento: calles, cimientos y ruinas que permanecen debajo del lago. En julio de 2026, una bajante preventiva del embalse volvió a dejar visibles sectores de la ciudad desaparecida, permitiendo que quienes conocen su historia contemplaran nuevamente fragmentos de aquel lugar que había sido demolido décadas atrás.

    La propia existencia actual de Federación contiene una paradoja histórica todavía más profunda. La ciudad que nació como consecuencia de una relocalización traumática terminó convirtiéndose décadas después en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos. El descubrimiento de aguas termales en el subsuelo de la nueva ciudad, en la década de 1990, transformó completamente su economía y abrió una etapa de crecimiento basada en el turismo. El mismo territorio que había sido creado para reemplazar una ciudad desaparecida encontró una nueva identidad gracias a un recurso natural que nadie había previsto cuando se diseñó la nueva Federación.

    Por eso Federación es mucho más que una curiosidad histórica sobre una ciudad inundada. Su historia permite observar una de las grandes contradicciones del desarrollo argentino del siglo XX: una obra de infraestructura capaz de generar energía para millones de personas también podía significar que una comunidad entera perdiera su territorio, sus edificios y buena parte de los lugares que constituían su memoria colectiva. La vieja Federación no fue destruida por una catástrofe natural: fue deliberadamente demolida para hacer posible una obra considerada estratégica, y miles de personas tuvieron que reconstruir su vida en otro lugar. Hoy, cuando el agua baja y vuelven a aparecer sus calles y cimientos, aquella ciudad que oficialmente dejó de existir en 1979 demuestra que algunas ciudades pueden desaparecer del mapa sin desaparecer completamente de la historia.

     

  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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    «Nuestro país necesita un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución justa y equitativa de la coparticipación federal, dando respuestas a las necesidades de cada provincia y municipio», dijo el jefe comunal platense.

     La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8% 

    Alak formó parte del panel «Federalismo desde los gobiernos locales: desafíos comunes y soluciones concretas», junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez; Córdoba, Daniel Passerini; San Juan, Susana Laciar; y San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge.

    «La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8%», ratificó el jefe comunal platense.

    Durante su exposición, sostuvo que resulta necesario revisar el actual esquema de distribución de los recursos nacionales y reclamó un federalismo que contemple las necesidades y responsabilidades que afrontan los gobiernos provinciales y municipales.

    El encuentro fue organizado por el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y participaron 300 intendentes de todo el país. 

     

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