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EN RIO NEGRO SE DEFIENDE EL AGUA Y LA VIDA, NO A LA MEGAMINERIA!

En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo de la Provincia de Río Negro, particularmente del de Ingeniero Jacobacci (en la Línea Sur de la provincia), frente a un emprendimiento concreto, el proyecto Calcatreu (oro y plata), localizado a unos 80 km al sur de esa ciudad, en ese entonces a manos de la empresa canadiense Aquiline Resources. El Parlamento Mapuche y los vecinos Autoconvocados denominados “La Pirita” y la Asociación Ecologista Piuké de Bariloche, fueron algunos de los actores fundamentales en esa lucha.

La campaña para la gobernación de la provincia en 2011 se dio en medio de una gran incertidumbre con relación al posicionamiento de los candidatos respecto al tema  “megaminería” y la actitud que adoptarían con relación a la ley 3981. El candidato del oficialismo en aquel momento, César Barbeito de la Unión Cívica Radical (UCR), no se pronunció públicamente al respecto. El candidato por el Frente para la Victoria (FpV), Carlos Soria, aseguró que iba a estudiar a fondo el tema “cuando fuera gobernador”, pero no se posicionó.

Quien sí habló fue Alberto Weretilneck, candidato a vicegobernador del FpV, posteriormente Gobernador provincial durante dos mandatos, hoy senador nacional por Juntos Somos Río Negro (JSRN) y líder del partido, interpretando el pensamiento de su compañero de fórmula Soria, mostrándolo contrario a la minería con uso de cianuro: “lo que habló Soria es de revisar la ley minera, que no quiere decir cambiar. La minería no sólo es el oro, Río Negro tiene una importante variedad de recursos mineros. La minería puede ser otra generadora de recursos para el Estado y de empleos. Sí a la minería bajo los parámetros medio ambientales internacionales de respeto al medio ambiente. No está dada ninguna condición para hacer minería de cielo abierto, cianuro no”.

Carlos Soria ganó la elección, con poco más del 50% de los votos y a menos de un mes de ganar la elección se pronunció abiertamente a favor de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro y mercurio. En una entrevista concedida al diario Río Negro expresó: «mientras hay un pibe cagado de hambre arriba, no voy a tener guardado el oro de Calcatreu por una cuestión ambiental». Fue así que, el 29 de diciembre de 2011, a poco de asumir Soria la gobernación se sancionó prácticamente sin discusión, y en una sesión exprés calificada por la oposición como «jueves negro», la ley 4738, derogando la 3981. Claramente, el objetivo central de la ley 4738 era la anulación de la prohibición del uso del cianuro y mercurio en la minería metalífera, y  la jugada del ya fallecido ex gobernador Soria de ocultar su posicionamiento respecto al tema marcaba como contrapartida una fuerte tendencia en los movimientos de lucha en defensa del medioambiente en nuestra provincia.

Al igual que en 2011 cuando asumió Carlos Soria, seis años más tarde cuando Alberto Weretilneck era gobernador intentó instalar una central nuclear de capitales chinos en Sierra Grande en 2017, las asambleas por el agua y la tierra retomaron la actividad que incluye la presentación de una iniciativa popular en la Legislatura para que se prohíba la megaminería a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares.

Cuando el ex gobernador Weretilneck, por entonces aliado de Mauricio Macri, anunció la instalación de una central nuclear cerca del mar, las expresiones nacieron de la zona atlántica, pasaron por los valles, la línea sur y llegaron a  la cordillera; uniendo a gran parte de la sociedad rionegrina frente a los atropellos de los negociados estatales con multinacionales de origen extranjero, tal cual pasa hace casi dos décadas bajo el paralelo 42° en la provincia vecina de Chubut.

La fuerte presión de los rionegrinos hizo que se diera por tierra el proyecto y generara ribetes negativos para Weretilneck: uno de los factores del fracaso electoral de medio término, en 2017. Como bien lo expresó a un medio nacional el ex gobernador rionegrino “cometí el error político más grande de toda mi carrera al pregonar la instalación de una central nuclear en nuestra provincia”.

El principal objetivo del proyecto de INICIATIVA POPULAR es crear un cerco contra los grandes proyectos extranjeros como Calcatreu o en Valcheta, donde se encontró uranio. Con esa impronta, el efecto expansivo y ejemplar de las manifestaciones en Chubut y su lucha por el agua que está por cumplir 18 años, llegó hasta Rio Negro y algunos actores rionegrinos ya se nuclean en las distintas regiones y demuestran que la licencia social tampoco existe.

“La influencia de la lucha del Chubut ha sido directa, puesto que Chubut está en lucha hace casi 20 años, en todo aspecto y sentido, nosotros nos hemos solidarizado con su lucha saliendo a la calle, generando comunicados, haciendo actividades. La solidaridad y hermandad entre las provincias existe y nutre en todo sentido”, expresó Maite Araizábal asambleísta por el agua y la tierra Fiske Menuco.

Con el  complejo panorama que se vive al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales se movilizan a lo largo y ancho de la provincia con distintas actividades y diversos objetivos. Durante los primeros días de febrero y en simultáneo se realizaron actividades en Bariloche, Fiske Menuco (Roca), Viedma/Cármen de Patagones, Las Grutas, Huahuel Niyeu (Jacobacci), Neyen Mapu (Valcheta) y Catiel; en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra el proyecto de zonificación minera del gobierno de Arcioni. Asimismo, continúan con las acciones relacionadas con la puesta en marcha de la Iniciativa Popular por la ley antimegaminería en la provincia de Río Negro.

“Se viene el sostenimiento y la difusión, el dar a conocer la iniciativa popular del proyecto antiminero en la provincia, creemos que puede ser el momento propicio de la reunión a futuro de las asambleas de la Patagonia, dado que estamos en un momento clave de la avanzada de la megaminería pero a su vez estamos en un momento clave de la resistencia de los pueblos a ese avance”, nos cuentan desde las asambleas socioambientales

Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el último Padrón Electoral. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.

“Difundir y accionar, todos los 4 de cada mes salimos a la calle en adhesión a la lucha el Chubut, y por nuestra propia lucha con acciones performáticas, artísticas, y ya se han habilitado un montón de oficinas públicas para que la ciudadanía pueda expresar su aval al proyecto de ley antiminero en la provincia de Rio Negro que fue presentado por las asambleas del Currú Leufé en diciembre del año pasado en la legislatura de la provincia”, explicó Maite Araizabal, asambleista.

En Rio Negro los altos mandos evitan opinar de la actividad, aunque tampoco se la interpela demasiado sobre esta problemática socio ambiental desde los medios provinciales. La pandemia, el inicio de clases presenciales, salud, y el incendio forestal que todavía arremete en El Bolsón a casi un mes de su inicio son los temas que predominan en la agenda. Una de las difíciles tareas que tendrán las agrupaciones y los movimientos con el apoyo de los medios alternativos será el de poner en relevancia y en agenda la problemática.

La gobernadora Arabela Carreras, cercana a la Casa Rosada desde el comienzo de la pandemia, atiende otras urgencias mientras en el Alto Valle, la Línea Sur, la Zona Andina y Atlántica se llevan adelante manifestaciones. Al igual que cuando aumentaba el rechazo al proyecto atómico del trinomio Macri-Picheto-Weretilneck, la opinión pública vuelve a debatir sobre el futuro de la región más postergada de Río Negro, la meseta conocida como Línea Sur. Y cuando la iniciativa tome fuerza y sea tangible, el lobby minero, al igual que en Chubut, intentará convencernos desde los medios comerciales oficiales que la meseta es improductiva, un desierto de nada, tierra muerta.

Debemos ser claros presagia el proyecto de Iniciativa Popular: “Aunque toda minería es extractiva, no nos oponemos a la minería en general sino a un modo particular de practicar la minería: la minería a gran escala o megaminería, a cielo abierto, y con utilización de sustancias químicas contaminantes”.

El caso Chubut es el mejor y más claro ejemplo, una provincia agobiada y asfixiada económicamente por el mismo Estado para lograr de modo extorsivo la aceptación y el consenso social de la megamineria como salvadora de los problemas socioeconómicos que la misma cúpula dirigencial creó.

Los movimientos y organizaciones del futuro (y presente) son aquellos que se generan de manera horizontal y en forma de burbuja, de abajo hacia arriba, sin sostener ninguna estructura política que quiera apoderarse de la lucha y utilizarla a favor de intereses privados y personalísimos. La participación activa de los ciudadanos es fundamental.

La lucha del pueblo es descalza, con los pies sintiendo nuestra tierra, con brisas que nos acarician el alma y agua de río que nos lava la cara. No es de oficina, ni de corbata y mocasín, ni con agua de dispenser y aire acondicionado. Es en la calle con niñxs y abuelxs hermanados en el sentido de pertenencia.

DEFENDAMOS EL AGUA Y LA VIDA. SUMATE A LA INICIATIVA. ACERCATE Y FIRMÁ!!!

PUNTOS DE FIRMAS

NO A LA MEGAMINERÍA EN RÍO NEGRO- SUMATE A LA INICIATIVA POPULAR-

Ciudadano/a de la provincia de Río Negro, SUMATE A FIRMAR la Iniciativa Popular-Proyecto de Ley N° 1163/2020 el cual establece la prohibición de la minería metalífera contaminante en todo el territorio provincial.
¡SUMATE A DEFENDER EL AGUA Y LA VIDA!

Puntos provinciales donde se puede firmar (SE VAN A ESTAR ACTUALIZANDO CADA DÍA, SUMANDOSE LUGARES Y CIUDADES):

  • VALCHETA: en la Comisaria XV y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea Neyen Mapu)
  • JACOBACCI: en el Juzgado de Paz, Casa de Justicia y Concejo Deliberante (Contacto: EndefensadelaguaJacobacci)
  •  LAS GRUTAS: en la Comisaria N° 29 (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • SAN ANTONIO OESTE: en la Comisaría N° 10 y Juzgado de Paz (Contacto: Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas)
  • ROCAS (FISKE MENUCO): en Comisaría 3ra
  • VIEDMA: en el Juzgado de Paz (dirección: Periodistas Argentinos 56),
  • Comisaría 1 (Alem 169), Comisaría 30 (Harosteguy – Barrio Guido), Comisaría 34 (México – Barrio 20 de Junio), Subcomisaría 59 (Padre Serrano y Honorio López) y en Subcomisaría 63 (Murillo y O’Higgins)
  • FUERTE SAN JAVIER: en el Juzgado de Paz (Manzana 456 Parcela 8) y Comisaría 41 (Avenida Primera S/N)
  • BALNEARIO EL CÓNDOR: en la Comisaría 38 (Calle 69 Nº 175)
  • CIPOLLETTI: en la Comisaría 4 (Roca 550), Comisaría 24 (Barrio Dos Bosco: Peru 1035), Comisaría 32 (Mengelle 1450), Subcomisaria 79 (Manuel Estrada y Esc. Ortiz) y en el Juzgado de Paz (Sarmiento 360). En COMISARIA 7 – (CINCO SALTOS: SARMIENTO 376) y COMISARIA 46 – CTE. (CORDERO: PERITO MORENO 40)
  • VILLA MANZANO: en la Comisaría 44 (San Martín 126) (Campo Grande)
  • ING. HUERGO: Juzgado de Paz. Calle: 9 de Julio y Pte Roca.de Lunes a Viernes de 08am a 12pm.

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    Majul y la pauta cordobesa: los millones que cobra del gobierno de Llaryora

     

    Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.

    La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.

    Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.

    Pauta, relato y silencios convenientes

    Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.

    La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.

    El rol del gobierno de Llaryora

    La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.

    Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.

    Cuando la crítica se paga con fondos públicos

    El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.

    En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.

     

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