EN PELIGRO DE EXCLUSIÓN

Hoy les hablo desde mis conocimientos como consteladora familiar.

Unos de los primeros y principales trabajos del constelador es poder reconocer, en el sistema del consultante, el excluido o lo que esté excluido. Y luego se procede a una sucesión de procesos reparadores. Y me puse a pensar desde un lugar macro, cómo todas éstas exclusiones nos afectan a nivel social y nos siguen afectando.

El holocausto fue un hecho, que la mayoría de las personas, coinciden en determinar cómo terrible e irreproducible. Y comienza con una exclusión: hacia la sociedad y religión Judía. El precio fue altísimo, muchas vidas se perdieron y las que quedaron vivieron con traumas complejos.

A nivel nacional, la dictadura militar fue un hecho muy difícil de vivir para los que les tocaron vivir este momento gris de nuestra historia. Nuevamente, comenzó con una exclusión, hacia ciertos tipos de pensamientos e ideologías políticas. Y claramente el resultado lo seguimos padeciendo todavía en la búsqueda de muchos paraderos perdidos, entre otras cosas más relacionadas a las torturas y perseguimientos.

Creo que como individuos y sociedad todavía no hemos caído en la consciencia de percibir que la exclusión, tarde o temprano, trae pérdidas y tragedias. Y que ese precio lo pagamos todos, aunque algunos quieran creer que están en la cima de una pirámide de poder, y que eso los salva de tal perjuicio. El hecho de que seas el que excluya no te salva de que te excluyan. De hecho, es muy probable que ocurra. Pues la vida es sumamente sabia, y pone ante tus ojos lo que no estás pudiendo ver en vos.

Hoy día, la exclusión sigue existiendo. Está en la acusación a los “gordos”, en el prejuicio a los “putos”, en el comentario de “negro de mierda”, en el dicho de “careta”, en el ombligo de Tini, en la palabra “bolita”, en el término “mili pili” o “tinchos”, y puedo seguir con muchos más que se usan cotidianamente.

Ojalá que con los sucesos anteriores históricos sea suficiente para comprender que la exclusión, discriminación, bullying o cualquiera sea el término que quieras ponerle, nos lleva a un caos y sufrimiento. Y comprender que no hace falta llevar el nombre de “Hitler” para catalogarte de aquel lado de la historia o de este lado. Con pronunciar una frase es suficiente. Una frase que sabes que excluye, que marca una diferencia como si esta fuera un delito.

Ya conocemos como funciona «la grieta» y qué resultados trae. ¿y si probamos algo diferente? ¿y si probamos con unir o integrar?
Nuestras palabras son unas de las herramientas más poderosas que tenemos para luchar y poder salir de esa repetición de patrones que ya dijimos no queremos “nunca más”, pero sin embargo seguimos escuchando estos tipos de comentarios.

La sensibilidad de los sucesos requiere lograr volverse hipersensible uno para entender cómo nos intersecta y lograr ver qué puedo hacer hoy por lo que ya ocurrió, y no verlo como un hecho aislado. Nada, absolutamente, nada está aislado de nada.
Abrir la consciencia requiere una predisposición responsable de parte de cada uno de nosotros.
Todo lo que decimos, aun sin consciencia alguna, repercute en la dirección de la historia. Por eso, cada uno de nosotros es sumamente importante y responsable de re-escribirla.

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    Milei y el derrumbe de la cobertura sanitaria: más de 1,2 millones de argentinos quedaron afuera del sistema

     

    La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.

    El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.

    El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo

    La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.

    Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.

    El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.

    La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.

    El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes

    Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.

    Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.

    Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.

    La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.

    Una transferencia silenciosa hacia el hospital público

    El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.

    Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.

    La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.

    Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.

    El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.

    La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.

     

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  • ATE advierte que los docentes de las Fuerzas Armadas se endeudan para sobrevivir

     

    La situación de los docentes civiles que trabajan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas es cada vez más crítica y se suma al drama económico que viene los militares activos y retirados. 

    LPO adelantó hace meses que el conflicto salarial de los docentes civiles de las Fuerzas Armadas llegó al punto que una docente cobrar poco más de 500.000 pesos y el atraso salarial alcanza el 106% respecto de otras jurisdicciones.

    Un docente afectado por la crisis dijo a LPO que «no se trata solamente de cobrar poco.Se trata de trabajar, cumplir una jornada, formar alumnos, sostener instituciones educativas y, aun así, no llegar a fin de mes».

    ATE describió en mayo la situación del sector como una verdadera «catástrofe salarial» y señaló que existen trabajadores que ni siquiera llegan al día 10 con su sueldo. También estimó una pérdida salarial cercana al 50% en el colectivo de civiles y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, Seguridad e IOSFA.

    Los docentes que trabajan para el Ejército denuncian un atraso salarial del 106% y anuncian movilización 

    El endeudamiento es otro de los drama que viven los docentes. En ese punto, denuncian que  «cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve». 

    «No hace falta ser economista para comprender el mecanismo. Cuando el salario no alcanza, el crédito deja de ser una herramienta para financiar un proyecto y se transforma en una herramienta para sobrevivir», añadió.

    Cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve

    Este docente planteó que también que «allí aparece una diferencia fundamental respecto del endeudamiento del personal militar.  Si un militar endeudado destina una parte importante de su salario al pago de créditos, la situación es grave. Pero si un docente civil que percibe alrededor de medio millón de pesos debe recurrir al mismo mecanismo para pagar alquiler, alimentos, transporte, medicamentos, servicios y gastos familiares, la deuda adquiere una dimensión mucho más destructiva sobre sus ingresos disponibles. Por eso, hablar de endeudamiento sin hablar de salarios es mirar solamente la consecuencia y ocultar la causa».

    Por último, remarca que «el docente civil quedó atrapado en el inframundo salarial. La paradoja es brutal. Las Fuerzas Armadas necesitan formar a sus futuros oficiales, suboficiales y cadetes. Para eso necesitan docentes. Profesionales que enseñan matemática, lengua, historia, idiomas, informática, ciencias, pedagogía, ingeniería y las distintas disciplinas que sostienen el sistema educativo militar».

    Bronca de los docentes de las Fuerzas Armadas con Presti por los bajos salarios 

    Sin embargo, culmina, «quienes realizan esa tarea reciben salarios que se encuentran muy por debajo de los que perciben docentes que realizan exactamente la misma función en otras jurisdicciones».

    «La morosidad es el último capítulo. Antes estuvieron la pérdida salarial, la inflación, la falta de recomposición, las paritarias insuficientes y la imposibilidad de recuperar lo perdido», concluyó.

     

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