La Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa del empresario Javier Faroni señalado por el supuesto desvío de 42 millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyas sedes también era objeto de operativos policiales.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que lleva adelante una de las causas por las sospechas de corrupción en la AFA que sacuden a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Armella está detrás de las presuntas maniobras de
presunto lavado de dinero
de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo.
El operativo contra Faroni se da luego de que el diario La Nación revelara el desvío de al menos 42 millones de dólares desde una cuenta de la AFA a sociedades fantasma.
Faroni y sus esposa Erica Gillette son los responsables de la firma TourProdEnter LLC que la AFA designó como agente comercial y que en los últimos cuatro años acumuló más de 260 millones de dólares en bancos de EEUU. Desde allí, al menos 42 millones de dólares se desviaron a sociedades fantasmas.
Faroni es un empresario teatral que se metió en el mundo de la política y llegó a ser diputado bonaerense y director de Aerolíneas Argentinas. Desde allí tejió vínculos con el Chiqui Tapia y terminó manejando las fortunas que genera la Selección Argentina en el exterior.
Según La Nación, Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque
cuando intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Allí le informaron que tenía una prohibición de salir del país. Horas después, la Policía Federal allanó a su domicilio en El Yacht, de Nordelta, donde no se encontraba su esposa.
Armella, que estaba investigando las maniobras de Sur Finanzas con la AFA y varios clubes, amplió la investigación tras una presentación de la Procelac que aportó información sobre el supuesto desvío de fondos en EEUU.
Al mismo tiempo, el magistrado ordenó nuevos operativos en la histórica sede de la AFA de la calle y en el predio de Ezeiza.
Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas. También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de…
El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy para analizar y repasar la temporada productiva que está culminando con la cosecha de las últimas variedades de manzana. Al respecto coincidieron que la misma se desarrolló en forma satisfactoria y destacaron que en este contexto de…
Ya rige en Villa Regina el decreto 40/20 que estipula la obligatoriedad del uso de barbijos (mascarillas higiénicas/tapa bocas) para quienes deban circular en la vía púbica y no puedan guardar el distanciamiento social mínimo, para quienes se desempeñen en lugares donde se manipulen alimentos y en galpones de empaque donde deberán proveerse por sus…
La Justicia federal embargó a Lucas Llach y a Javier González Fraga por presunto fraude millonario contra el Estado en el caso Vicentín.
El juez federal Julián Ercolini imputó a Fraga y Llach, presidente y vice del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, junto a otros 16 imputados entre los que se encuentran ex funcionarios del banco y empresarios del Grupo Vicentín.
El fallo de Ercolini señala que «los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto».
Ercolni determinó que los funcionarios del Banco Nación «habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones».
También están imputados los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
Entre los ex funcionarios del Banco, Ercolini también trabó embargo e inhibió los bienes de Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).
La Municipalidad de Villa Regina recuerda las prohibiciones contempladas en el Código Nacional Electoral durante la jornada de comicios: Reuniones de electores dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no…
