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EL SILENCIO DE LOS JUSTOS

Esta crisis desatada por el coronavirus ha dejado en evidencia varias cosas.
Entre otras, que muchas personas quieren ayudar pero no encuentran el
espacio, o que somos propensos a no corroborar si la información que tenemos
y compartimos es cierta. Algunos de estos temas intentamos abordar con
PensaRegina, pero hay algo subyacente que no podemos abordar y que más
que respuestas nos trae preguntas. Deseamos visibilizarlo porque entendemos
que debe ser abordado como sociedad toda.

Si el coronavirus dejó en evidencia muchas cosas, el aislamiento social,
preventivo y obligatorio directamente nos trae cachetadas de realidades.
Algunas personas deben quedarse en su casa con acceso a compra de
mercadería, televisión, Internet
, plataformas de entretenimiento y hasta de
conocimiento para los integrantes del hogar. De gran parte de éstas personas
hemos observado quejas de porque se tiene que cumplir el aislamiento,
que ya están aburridxs, que no soportan a las personas con quienes viven o
gente que se fue a otro país en plena crisis, y lo peor, conociendo las
condiciones, hoy culpan al otrx por su situación.

Y también hay otras personas que deben quedarse en su casa, lxs invisibles de
la sociedad que no sólo no pueden acopiar alimentos
, sino que no pueden
comprarlos porque los adquirían con el mango que buscaban todos los días.
Hay niñas, niños y adolescentes que no tendrán para buscar esa tarea que se
está subiendo a las redes. ¿Está mal que se avance en plataformas? No, y hay
docentes poniéndole mucho a ésta situación, Pero, ¿qué pasa cuando el
Estado no brinda las herramientas? ¿Sabemos que hay familias que no tienen
teléfono? ¿Y que otras no tiene para hacerle una carga para navegar?
¿Sabemos que existen redes comunitarias de bajo presupuesto y que se han
implementado con éxito?

Hay mujeres que tendrán que realizar el aislamiento con su maltratador, hay
niñas y niños que lo harán con su abusador.
¿Por qué no hicimos algo antes?

Mientras antes de la cuarentena éramos todos “el campo” y se llamó a no
comercializar, hoy esas mismas patronales rurales no aportan medio kilo de
alimento para el resto de la sociedad
. Mientras a unos, algunos miembros de
fuerzas de seguridad, los acompañan hasta sus casas a otros los hacen
“bailar”. Mientras las aseguradoras y otras empresas quieren soluciones hoy,
los otros deben esperar hasta abril para recibir una ayuda para subsistir.
Mientras unos son sólo queja sin hacer nada, otros están entendiendo lo que
necesita el país con el silencio de los justos. Soportando una vez más las
diferencias de una sociedad que muchas veces no los mira. O que prefiere
saber que están mirando por la tele pero no por la ventana.

Hoy hay gente poniendo el lomo. Trabajadorxs rurales, ésa persona que trabaja
en supermercados o mercadito de barrio, trabajadores de salud pública, la
fuerza de seguridad (la que hace cumplir la ley cumpliendo ellxs mismos las
reglas, no los abusadores), transportistas, docentes que están rompiéndose la
cabeza para llevar conocimiento de otra forma a sus alumnos, voluntarixs que
están haciendo máscaras, barbijos, sábanas, y otrxs. Mucha gente que nos
demuestra que cuando queremos podemos.

Antes de que se decretara la emergencia un niño estaba pidiendo en la
Terminal de Retiro dinero para comer. Quien podía dejaba dinero en una gorrita
que tenía, era tarde. Demasiado tarde para que estuviera un niño tan chiquitito
sólo. Tenía unos pocos billetes y monedas. Varios billetes de los que tenía eran
de cinco pesos. Un billete fuera de circulación y que no le iba a servir a ése
niño para comprar la comida. Urge crear redes durante, pero cuando todo esto
pase tenemos que mirarnos otra vez
. ¿En qué nos hemos convertido?
¿Queremos el bien para todxs o conformamos a nuestra conciencia con actos
para la tribuna que no sirven?
Vos, yo, nosotrxs, no seamos más como esos
forros que dejaron un billete que no servía a un niño que pedía para poder
comer. Somos capaces de ser mucho más que eso.

Sepamos qué podemos ser. Seamos.

Escribe: Gonzalo Bon
Portada: Germán Busin

Si sufrís de violencia de género llama al 144 (Whatsapp: 11 2771 6443)

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  • Otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares a Adorni para que se compre una casa en un country

     

    Otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares a Manuel Adorni para que se pudiera comprar una casa en un country Extaltación de la Cruz cuando ya era funcionario de Javier Milei.

    Según reveló La Nación, el 15 de noviembre de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti recibiorn una crédito no bancario de Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, que prestó 15.000 dólares.

    El mismo día del crédito Angeletti adquirió la casa del country Indio Cuá que Adorni no informó en su declaración jurada. En ese momento era el secretario de Comunicación de la Nación y tampoco informó ese cambio en su patrimonio cuando asumió como jefe de gabinete a fines de 2025.

    Adorni ya había recibido 200 mil dólares de otras dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64. Consultada por La Nación, Sbabo dijo que ni lo conocía a Adorni, que usó esa plata para comprarse un departamento en Caballito por la mitad de su valor. 

    En el entorno de Karina dicen que Adorni les miente: «Tenemos miedo que aparezca más mugre»

    Adorni había informado que Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio eran sus acreedoras en su declaración jurada, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda. La Nación reveló que el monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la Oficina Anticorrupción una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (que tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

    La escribana que intervino en la operación fue Adriana Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa del countru y el departamento de Caballito.

    El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko para este miércoles como testigo.

    La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. 

     

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    FORÚNCULOS DEL ALMA O DESPUÉS DEL INCENDIO

    Si las letras también se quemaron y nos quedamos mudxs, ahora nos toca regenerar las hojas de verduzcas expectativas, las indescifrables ramificaciones de los deseos, el tronco mocho de la responsabilidad y las raíces enterradas del porvenir. Sobrevolaron helicópteros y teros, mientras alguien observaba cómo una nube embarazada de la más pura y divina agua…

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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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